La captura de al menos 12 agentes de la policía estatal —algunos de los cuales forman parte de un Grupo Elite de Operaciones Especiales (Gopes), entrenado y “supervisada” por Estados Unidos— por la presunta participación en la matanza de 19 personas en el municipio de Camargo el 22 de enero, es sumamente preocupante y evidencia la violencia sistemática dirigida a los más vulnerables en zonas donde opera la delincuencia organizada, advierte la organización no gubernamental Insight Crime.

“Es muy preocupante que estén implicados en la masacre y en el posterior intento de encubrimiento varios agentes que son integrantes de una unidad élite de Operaciones Especiales, entrenada y supervisada por Estados Unidos”, subraya la fundación dedicada al estudio de la principal amenaza de la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.

El Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), una fuerza de reacción tipo antidisturbios creada a mediados de 2020 para ejecutar operativos de seguridad de alto perfil contra los grupos criminales organizados, reemplazó al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET).

Al CAIET se le había acusado de su propia cuota de graves abusos también. En septiembre de 2019, miembros de esa fuerza se vieron implicados en el secuestro y golpiza a ocho personas, a quienes obligaron a vestirse de sicarios y luego ejecutaron y pusieron armas en las manos para simular un tiroteo.

Poco después de eso, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca –acusado de nexos con el narcotráfico y actualmente investigado por sospechas de lavado de dinero– se reunió con representantes del gobierno estadunidense para hablar de una mayor cooperación en seguridad contra los grupos del crimen organizado que actúan en la frontera mexicano-estadunidense.

Otras unidades mexicanas investigadas por organismos estadunidenses también han recibido fuertes críticas. Por ejemplo, la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) de la policía federal resultó implicada en la entrega de información sensible a organizaciones narcotraficantes y la protección de miembros de las mismas a cambio de sobornos. El excomandante de la SIU, Iván Reyes Arzate fue detenido en abril de 2017 y posteriormente imputado por conspiración con drogas y filtración de inteligencia confidencial.

No es la primera vez que los migrantes se topan con violencia extrema en Tamaulipas. En 2010, 72 de ellos, de Centro y Sur América principalmente, recibieron tiros de gracia y fueron dejados en un rancho de propiedad de los temidos Zetas, en lo que se conoce como la Masacre de San Fernando. Un año después, ocurrió otra masacre, en la que 193 personas fueron sacadas de unos autobuses, asesinadas y enterradas en fosas comunes.

El testimonio documentado por los grupos de derechos humanos en la región fronteriza ha implicado anteriormente a funcionarios de gobierno, como agentes de la policía municipal, autoridades migratorias y la Secretaría de Marina (Semar) en crímenes violentos contra ciudadanos locales y migrantes.

Las autoridades descubrieron a las víctimas el 22 de enero en dos vehículos incinerados en la frontera entre México y Estados Unidos. Les habían disparado y asesinado antes de calcinar sus restos y abandonarlos. Hasta el momento, los funcionarios de gobierno solo han logrado identificar a siete víctimas: dos mexicanos y cinco migrantes guatemaltecos, quienes viajaban por el país en dirección a Estados Unidos, indica Insight Crime.

Las nuevas masacres ponen de relieve cuánta corrupción e inseguridad hay en las regiones fronterizas. Este caso, además, ocurre en un momento en que las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos atraviesan por un momento especial difícil.