Por décadas, el presupuesto público –y especialmente el de los programas sociales– se ha manejado de forma discrecional, en beneficio de intereses políticos, económicos e incluso de corrupción, como ocurría con los llamados moches en la Cámara de Diputados.

El problema es que no sólo son los moches, sino que son centenas de casos en cada sexenio y, para muestra, los escándalos de la exsecretaria Rosario Robles durante su paso por las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano.

Por ello es imprescindible que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frene este tipo de abusos en todas las áreas de gobierno, porque cuando el presupuesto se maneja de forma discrecional –incluso cuando se asigna sin intereses perversos, pero sin atender criterios claros y sobre todo justos– el Estado incumple con sus objetivos de generar bienestar común.

No está demás decir que en el caso de los programas sociales es aún peor, porque esos recursos siempre buscan beneficiar a los más necesitados, sea con ayudas directas o indirectas que les permitan superar su situación de pobreza y marginación.

Por ello, una de las lecciones que debe tomar en cuenta el gobierno es la del pésimo manejo del presupuesto del programa Escuelas al CIEN. Pues, aunque éste tiene por objeto cerrar las brechas de desigualdad al mejorar la mala calidad de aulas y espacios educativos en todo el país, priorizando las zonas marginadas, en la práctica benefició sobre todo a entidades federativas con niveles de marginación bajos o muy bajos.

El estudio Rezago en infraestructura educativa de nivel básico en México. Indicadores y gasto público de 2013 a 2018, del Instituto Belisario Domínguez, revela que la entidad con más recursos asignados fue el Estado de México, a pesar de que ahí los indicadores de rezago social y de infraestructura educativa son bajos.

“La distribución de recursos efectuada por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa a los Centros de Trabajo por entidad federativa muestra que, para el periodo 2015 a 2018, al Estado de México se le asignaron 2 mil 318.4 millones de pesos”, indica el análisis elaborado por las investigadoras Alejandra Huerta y Sandra Oralia Maya.

También revela que en el quinto lugar por importancia de montos se ubicó Nuevo León, considerada una de las entidades más prósperas del país. De hecho, su rezago social ­–según las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– y su Índice de Rezago de Infraestructura Educativa Básica son bajos, advierte el análisis.

Para privilegiar a los estados con más necesidad en infraestructura educativa y marginación social, esos dos criterios debían haber regido la asignación presupuestal, pero no fue así. Evidencia de ello es que el gobierno priísta en el Estado de México fuera el que más recursos obtuvo y también que en los primeros cinco figurara Nuevo León.

Por debajo del primer lugar y antes del quinto se ubicaron Chiapas, Puebla y Oaxaca, con 1 mil 781.3 millones de pesos; 1 mil 626.6 millones, y 1 mil 470.2 millones, respectivamente.

Según el estudio del Instituto Belisario Domínguez, las tres entidades presentaron un rezago social de muy alto a alto, pero sólo en dos de ellas el índice de rezago en infraestructura educativa también fue alto: Chiapas y Oaxaca. Y es que el caso de Puebla está clasificado como bajo, por lo que tampoco cumplía con ambos criterios.

De acuerdo con el análisis, las 32 entidades federativas recibieron presupuesto de Escuelas al CIEN. Pero la discrecionalidad en su asignación permitió privilegiar a quienes menos lo necesitaban.

El estudio indica que a esos primeros cinco les siguieron Guanajuato, con un presupuesto de 1 mil 196.7 millones de pesos, y con un grado de marginación y de falta de infraestructura medio; Veracruz, con 1 mil 138 millones, con rezago muy alto; Michoacán, 1 mil 61.4 millones de pesos y con rezago alto; Quintana Roo, con 1 mil 52.4 pesos, y con rezago bajo.

A la lista se sumaron: Ciudad de México, con 1 mil 31.8 millones, con rezago muy bajo; Guerrero, 975.5 millones de pesos, con rezago social y de infraestructura educativa muy alto. Además, con rezagos bajos: Sonora, con 778.6 millones; Chihuahua, 753.7 millones; Sinaloa, 748.7 millones, y Jalisco 744.3 millones de pesos.

Por debajo de éstos se ubicaron las asignaciones para Tabasco, con 711 millones de pesos y con rezago medio; Hidalgo, 669.7 millones, con  rezago alto; San Luis Potosí, 665.4 millones, con rezago alto; Querétaro, con 629.4 millones, con rezago bajo; Baja California, 580.6 millones, con rezago bajo; Yucatán, 542.3 millones, con rezago alto; Nayarit, 509.1 millones de pesos, con rezago medio; Zacatecas, 502.4 millones de pesos y con rezago bajo.

Finalmente estuvieron Morelos, con 472 millones, y rezago bajo; Tamaulipas, 463.1 millones, rezago bajo; Durango, 455.9 millones y rezago medio; Baja California Sur, 454 millones y riesgo bajo; Campeche, 435.3 millones y rezago alto; Coahuila, 369.5 millones y rezago muy bajo; Tlaxcala, 368.9 millones, con rezago medio; Aguascalientes, 347.1 millones, con rezago muy bajo; y Colima, con 327.8 millones de pesos y rezago social y de infraestructura bajos.

El estudio señala que “de manera agregada por entidad federativa, la asignación de los mayores recursos la obtuvieron estados con un índice de rezago social bajo y muy bajo (53.1 por ciento del total), mientras que el 15.6 por ciento de los estados presentaron un rezago social medio y únicamente el 31.3 por ciento fueron estados que tuvieron un rezago social alto y muy alto”.

Agrega que, a nivel municipal, en el mismo periodo 2015-2018 se asignaron recursos para 1 mil 860 municipios, de un total de 2 mil 446, lo que representa un 75.7 por ciento de cobertura.

Sin embargo, “la focalización de los recursos para aquéllos con un rezago social alto y muy alto fue de 484 municipios (26 por ciento); asimismo, se observa que los mayores recursos asignados fueron para municipios con un Índice de Rezago de Infraestructura de medio a bajo, y con un rezago social muy bajo, contrario a lo que se esperaba”.

En sus conclusiones, el estudio observa que “algunos de los municipios con los montos mayores asignados se localizan en Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Guanajuato y Durango, principalmente. Esta distribución de recursos no parece destinar más recursos a los estados del Sur, donde se habían identificado las necesidades más apremiantes de infraestructura, aunque también en algunos municipios del Norte se observa un déficit en infraestructura”.

Al cierre del sexenio peñista así fue la distribución de los recursos para paliar la marginalidad y reducir la brecha de desigualdad. Veamos si el gobierno de López Obrador aprende la lección y actúa con justicia.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]