Lejos de disminuir, el número de niños que son explotados en América Central cada año es mayor. Estudios de la OIT reflejan que entre más se empobrecen las sociedades, mayor es el número de niños y adolescentes que son explotados sexualmente y en trabajos de alto riesgo
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
Las redes de explotación del trabajo infantil mantienen a 168 millones de niños, cerca de 2 millones de ellos en Centroamérica, sin disfrutar de su infancia y sin esperanzas de un futuro mejor.
Seguidores de la problemática consideran que esas cifras esconden subrregistros, debido a que la mayoría de esos menores de 18 años de edad laboran en espacios hogareños, sin un sueldo formal, mientras otros asumen tareas de riesgo y por ello sus empleadores ocultan su contratación.
Los infantes explotados laboralmente –sobre todo en actividades agrícolas, minería y pornografía–, casi siempre provienen de familias con escasos recursos, hogares disfuncionales y/o son víctimas de abusos por los cuales huyen y tratan de garantizar su subsistencia por vías como esas.
Por lo general ninguno goza de buenas condiciones de trabajo y son víctimas de maltrato físico, moral o sicológico, lo cual puede causarles graves daños cuyas secuelas arrastrarán por el resto de sus vidas, refieren informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con especialistas de ese organismo, cuando de trabajo infantil se habla, deben exceptuarse algunos tipos de labores que no atentan contra la salud, desarrollo personal o educación de los niños.
Este concepto más bien se refiere a los trabajos condenables, porque perjudican el desarrollo físico y sicológico de los menores de 18 años de edad, debido a que los privan de disfrutar su adolescencia, su potencial y su dignidad.
La clasificación de la OIT está emparentada, además, con la edad mínima legal de admisión del empleo en cada país en correspondencia con el Convenio 138, de 1973; y con el 182, de 1999, relacionados con las peores formas de trabajo infantil.
En este último aspecto se reconocen labores que en sus formas más extremas implican a niños separados de sus familias en edades tempranas, esclavizados, obligados a valerse por sí en las calles de las grandes ciudades y expuestos a graves riesgos y enfermedades.
Con base en esa visión, un estudio del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, por su sigla en inglés) de la OIT detectó hace 1 año bajo esa condición cerca de 1 millón 939 mil 389 niños de 5 a 17 años en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Esos infantes trabajadores, que representan 16.2 por ciento de los casi 12 millones de menores de edad en el área, en su mayoría fungen como ayudantes de sus progenitores, por lo cual no reciben remuneración, al mismo tiempo que afrontan graves dificultades para estudiar.
El Salvador, Guatemala y Honduras, son los países más afectados por esta problemática, que contribuye a la recirculación del legado de pobreza y desequilibrio social con que carga esa región desde hace varios siglos.
Guatemala sigue siendo el país que mayor número de niños y niñas trabajadoras mantiene en la zona istmeña: más de 12 mil de ellos de apenas 5 a 6 años de edad y casi 1 millón de 7 a 14 años, asegura la Fundación Proniño. Unos 63 de cada 100 de éstos (62.8 por ciento) trabajan en la agricultura y 76 de cada 100 lo hacen sin que se les pague ni 1 centavo, porque sólo laboran para ayudar a su familia, según esa organización civil.
Además, de cada 100 niños trabajadores guatemaltecos, 16 están empleados en el comercio; 11, en fábricas o talleres; seis, en dependencias de salud –prestando servicios personales–, y tres, en la construcción.
Proniño advierte que casi todos esos infantes laboran en promedio 47 horas por semana, es decir, mucho más que los adultos si se considera la legislación guatemalteca, la cual establece 40 horas semanales para el sector público y 44 para el privado.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo de El Salvador reconoció que el año pasado 191 mil 599 menores de edad, de 5 a 17 años, realizaban alguna actividad productiva en detrimento de su desarrollo normal.
Esa cantidad representó un incremento de 3 mil 256 infantes trabajadores en relación con 2012 y englobó a 28 mil 22 menores con permisos para trabajar y 110 mil 626 en faenas peligrosas.
La Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (2009) establece como mínimo 14 años de edad para ser admitido al trabajo en suelo salvadoreño y condiciona la extensión de los avales para ello a que los empleados continúen estudios y no sean sometidos a jornadas de más de 6 horas.
Ese cuerpo jurídico suele ser desatendido por los contratistas, que abusan de la situación precaria de los menores y de la condescendencia de los padres, muchas veces obligados por tales circunstancias.
Algo similar ocurre en Honduras, donde más de 412 mil 122 seres de apenas entre 5 y 17 años de edad están empleados en la agricultura, caza, explotación de minas, construcción, movilización de carga y otras tareas riesgosas prohibidas por el Reglamento sobre Trabajo Infantil.
El Instituto Nacional de Estadísticas de este país, donde más del 75 por ciento de la población vive en la pobreza, reconoce que 72.2 por ciento de las niñas y niños trabajadores son de zonas rurales y 25.8 por ciento, del área urbana.
El Código del Trabajo de Honduras regula las horas laborales para los niños en edad escolar con la intención de que no abandonen sus estudios, mas las investigaciones reflejan que los infantes trabajadores casi nunca rebasan la enseñanza básica o primaria.
Costa Rica, pese a promoverse como abanderado en cuanto a la defensa de la niñez y contar con mayor cantidad de entidades y programas dirigidos a ese fin, igual mantiene un promedio de 47 mil 400 niñas, niños y adolescentes sometidos a distintas formas de trabajo infantil.
Autoridades del Patronato Nacional de la Infancia asociaron esa situación a que uno de cada tres infantes en ese país viven en hogares impactados por la pobreza, según el Informe del estado de la nación.
Panamá, aunque cuenta con leyes que prohíben el trabajo de los menores de 14 años de edad y también ratificó las principales convenciones internacionales en beneficio de ese segmento de la población, registró 50 mil 410 infantes en el mercado laboral en 2013.
El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General atribuyó esa incidencia a la exclusión y la pobreza, que reina en particular en las comunidades indígenas, cuyos niños son usados a veces por los traficantes de drogas y para la explotación sexual comercial.
La OIT proyecta erradicar el trabajo infantil en todo el mundo para 2020, mas el escepticismo ronda a los seguidores de la temática, porque pese a la voluntad de algunos gobiernos queda mucho por hacer para restituir derechos y garantizar la elevación de los indicadores del desarrollo.
Desde el Sistema de la Integración Centroamericana, mecanismo fundamental de cohesión en el área, surgieron en la última década varias iniciativas y llamados a trabajar en función de acabar con ese flagelo.
Entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general, deben tomar parte de la solución a un fenómeno, que sigue alejando a los menores de edad de las aulas; y, por tanto, de mejores perspectivas de desarrollo personal y social, consideran representantes de esa organización.
Directivos de la oficina regional del IPEC también abogan por la importancia de trabajar en conjunto con diferentes instituciones, sobre todo en materia de prevención, para de esa forma llegar a las metas propuestas.
Estimados de esa dependencia dan cuenta de que al menos el 17 por ciento de los niños y niñas entre 5 y 14 años están económicamente activos en diferentes sectores productivos en América Latina y el Caribe.
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Contralínea 381 / 14 de Abril al 20 de Abril
