El pasado 3 de febrero se activó la alerta AMBER Michoacán para localizar a Josely M, una niña de 11 años que se encontraba en un evento público, en la comunidad de Tarimbaro, de aquel estado. La pequeña vestía con una blusa blanca de puntos negros, un pantalón rosa y calzaba zapatos tipo escolar. A las tres de la tarde se le perdió el rastro.
La madrugada siguiente, su cuerpo delgado fue hallado inerte en el domicilio de un conocido. Reportes de prensa indican que se trataba del hermano de su padrastro, quien había atacado sexualmente a la niña y la había asfixiado. Josely es el ejemplo de que ser mujer representa un riesgo para la vida, en México; y ser mujer menor de 17 años incrementa el peligro.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que 2018 cerró con 834 víctimas de feminicidio, más del doble de las registradas en 2015, cuando la cifra ascendía a 407 víctimas.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alerta sobre el incremento de los feminicidios infantiles, sin que exista una política estado eficiente para su atención y prevención.
“En 2016 los feminicidios de niñas y adolescentes crecieron 6 por ciento, respecto a 2015; 22.6 por ciento en 2017, respecto a 2016; en 2018, el incremento porcentual es de 32.3 por ciento respecto a 2017”, expone el experto.
“El ritmo de crecimiento de los feminicidios de las niñas y las adolescentes es más acelerado respecto al de las mujeres de 18 años y más”, comenta el integrante del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés), capítulo México.
El feminicidio es “una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, así como una de las manifestaciones más extremas de discriminación y violencia contra ellas.
“El odio, la discriminación y la violencia tienen su expresión por medio de las formas brutales en las que los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres adultas son sometidos, y de esta forma se evidencia el odio y desprecio hacia ellas”, indica la Guía metodológica para la elaboración de peritajes antropológicos, psicosociales y socioculturales en casos de feminicidio en México, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Este clima de violencia ha dejado “desolación; tristeza; dolor; hogares vacíos; madres, padres, hijos, hijas, en el desamparo. Por eso, es importante entender por qué somos organizaciones que llevamos muchos años trabajando para que cese la violencia contra las mujeres y se garanticen los derechos humanos de las niñas… se trata no solamente de feminicidios sino de desaparición de mujeres y niñas”, dice María de la Luz Estrada, fundadora y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En las redes sociales se compartía la imagen de Camila, la primera niña en desaparecer en 2019. Sus padres la perdieron de vista la víspera del año nuevo. Ella se divertía, como muchos pequeños, afuera de su casa con juegos pirotécnicos.
Contaba con nueve años de edad y era habitante de Valle de Chalco, Estado de México, entidad que ocupa el primer lugar en feminicidios en todo el país. Su cuerpo fue hallado, sin vida, durante las primeras horas del primer día del año, en un lote baldío cercano a su área de juego.
Su nombre ha ingresado a las listas de centenas de mujeres que son asesinadas cada año en el Estado de México. Justo en 2018, esta entidad tuvo los mayores niveles de violencia feminicida, con 14 asesinatos; le siguió Chihuahua con 10 feminicidios contra niñas y adolescentes, y finalmente Nuevo León con ocho homicidios por razones de género, indican las cifras del SESNSP.
Los registros institucionales indican que no hubo mes en que no ocurriera un feminicidio cometido contra menores de edad (en un rango de cero a 17 años). El mes más terrible para las niñas y jóvenes fue julio, cuando se registraron 10 feminicidios.
Datos del SESNSP revelan que le sigue junio, con nueve feminicidios en menores; en mayo, septiembre y octubre, hubo ocho, respectivamente; en enero, febrero y agosto, seis, cada mes; en tanto que en marzo, abril, noviembre y diciembre, hubo cinco feminicidios, por el mismo periodo.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim expone la delicadeza del tema: en el país hay 3.6 niños asesinados por día y cuatro desaparecidos, consecuencia de una crisis de derechos humanos en el país; “lo que significa que el Estado mexicano y sus instituciones no tienen la capacidad de proteger la vida, integridad y libertad de sus habitantes”.
Un segundo elemento, explica Pérez García en entrevista, son las altas tasas de impunidad, “por cada 100 delitos denunciados, en las carpetas de investigación, sólo tres alcanzan algún tipo de sentencia, sin analizarlas en términos de calidad”.
El tercer elemento, añade el titular de la Redim, tiene que ver con la “falta de políticas de Estado. Tenemos un nuevo gobierno que está reinventando al país por completo y todo lo que se medio ha avanzado en años anteriores, con muchas dificultades, queda borrado de un día a otro”.
Los feminicidios en menores de 17 años, se enmarcan en un contexto de violencia contra la mujer, que dejó un saldo de 834 víctimas de feminicidio, según cifras oficiales.
En este contexto, el informe Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), del SESNSP, ubica 100 los municipios en donde las autoridades han registrado mayor número de feminicidios en el país.
La larga lista la encabezan cinco municipios: Juárez, en Chihuahua, 28; Culiacán, Sinaloa, 28; Monterrey, Nuevo León, 19; Acapulco de Juárez, Guerrero, 14; y Ecatepec de Morelos, Estado de México, 14.
Los municipios donde hubo menos registros de estos delitos, fueron: Taxco de Alarcón, Tlacoachistlahuaca, en Guerrero; Pachuca de Soto, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca y, en Hidalgo; así como El Salto, Jalisco, con dos feminicidios en cada uno, durante 2018.
María de la Luz Estrada Mendoza, fundadora y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, comenta que hay un reconocimiento de que las alertas de género “han sido un mecanismo de materializar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero se requiere de la voluntad política de entrar de fondo a lo que está generando estas expresiones, estas agresiones y violencia extrema contra la mujer”.
Añade que se “han creado las medidas, lo que no se ha podido y ha sido la batalla es cómo se están implementando y eso requiere de una atención urgente de las 18 declaratorias en los 17 estados del país”.
Para la defensora de derechos humanos, el Estado ha invisibilizado y reducido el feminicidio al grado que “del 4 por ciento de los asesinatos de mujeres que se reconocen como feminicidio, la mayoría están ubicados en el ámbito familiar, dejándolos en la impunidad. El resto, se cometen en el ámbito comunitario por diversas estructuras criminales, estamos hablando de bandas delictivas, grupos mucho más estructurados.
“Vemos un contexto de simulación de las autoridades, al no tener datos reales, al querer disfrazar crímenes, invisibilizan”, asevera Estrada Mendoza.
“La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo”, expone el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) en su portal.
En el Estado de México, primer lugar en feminicidios, 11 municipios cuentan con alerta de violencia de género: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
De la información oficial se desprende que el estado con más alertas es Michoacán, con 14, en los municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.
En tanto que Veracruz, se declaró con alerta de violencia de género el 13 de diciembre de 2017, “por agravio comparado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
En tanto que hay procedimientos de solicitud de alerta en Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas, indica el INM.
La Alerta AMBER (sigla en inglés de America’s Missing: Broadcasting Emergency Response) es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos. Cuando se reporta la desaparición de un niño o una niña, la declaratoria de la Alerta AMBER ejecuta un plan de acción entre autoridades y sociedad para recuperar al menor de edad desaparecido. Se aplica en aproximadamente 20 países desde 1996.
La sigla AMBER originalmente hizo referencia a Amber Hagerman, una niña de 12 años de edad, víctima de secuestro y asesinato en enero de 1996, en Texas, Estados Unidos.
El sistema basa sus acciones bajo la premisa de que las primeras horas, luego de una desaparición, son vitales para recuperar a los desaparecidos. Por ello la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como televisión, radio, mensajes de texto, correo electrónico, pantallas electrónicas, redes sociales, entre otras; a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles.
Cada país e incluso cada estado o municipios cuentan con sus propias normas de activación.
Érika Ramírez
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