A 3 años de su inicio, la reforma energética de Enrique Peña Nieto ha fracasado. Este gobierno ha entrado a su segunda mitad y, al repasar las licitaciones efectuadas y las nuevas empresas operando los campos, puede concluirse que es imposible que esta última inserción del capital privado extranjero y nacional pueda revertir la caída de la extracción de hidrocarburos en México.
Lo anterior considerando los objetivos del propio gobierno. Al atender los intereses nacionales, la política petrolera no puede medirse por los volúmenes extraídos y entregados al extranjero a precios envilecidos. Lo que se requiere es utilizar los recursos para desarrollo regional, que puede lograrse con el incremento en proveeduría de bienes y servicios, especialmente contratando a las pequeñas y medianas empresas que pueden proveer de calzado, ropa, refacciones, transporte y otros servicios e incluso recibir adiestramiento para que participen en insumos cada vez más sofisticados.
Desde luego una política petrolera que atienda los intereses nacionales, se mediría por el incremento de los volúmenes que se transforman en bienes industrializados refinados y petroquímicos.
La reforma actual está empeñada en impulsar solamente la rama extractiva. Lo único que ha sido exitoso es el saqueo que puede medirse por el incremento de la deuda de Pemex que, en los 3 años del gobierno de Enrique Peña, la incrementó en cuatro veces, afectando a las pequeñas y medianas empresas, con resultados catastróficos para centros petroleros como Ciudad del Carmen y Poza Rica.
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Todo mundo coincide en que el fracaso de la reforma obedece a la crisis de los precios en el mercado internacional, pero tenemos que reflexionar que precisamente ello demuestra el fracaso del extrativismo, política que coloca al país inerme, indefenso ante los vaivenes del mercado, incapaces de ninguna medida para amortiguar sus efectos, imposibilitados hasta para observar que hoy mismo, en otros países, se emprenden medidas para agregar valor a la materia prima y defender parte del empleo.
Lo que se necesita entonces, es un cambio a fondo, y esto sólo se lograría modificando ciento por ciento la política de Peña.
A la mitad del sexenio es pertinente un balance de la que fue considerada la más importante de las reformas: la energética. Ofrecemos algunos indicadores que permitan medir la distancia entre los objetivos quinquenales y la realidad a la fecha, en un intento de cuantificar los resultados en:
Enrique Peña pretende licitar 107 mil millones de “recursos prospectivos”, mientras que el capital privado sólo ha aceptado el 1 por ciento.
El documento Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 2015-2019 –publicado por la Secretaría de Energía en 2015 y cuya lectura consideramos imprescindible para todos los mexicanos– revela las pretensiones de realizar en un quinquenio, cuatro rondas y licitar recursos de hidrocarburos por un volumen de más de 107 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que estima se encuentran en una extensión de más de 178 mil kilómetros cuadrados, contabilizando incluso segmentos de la Planicie Abisal del Golfo de México.
Es necesario adelantar un comentario inicial: las reservas probadas actuales de nuestro país ascienden a la fecha, según nuestras estimaciones, a unos 8 mil millones de barriles de aceite (omitiendo la argucia de utilizar cifras de petróleo crudo equivalente); así, la pretensión de licitar más de 100 mil millones de barriles implica que los asesores de Peña tienen la idea verdaderamente absurda de que en el subsuelo del país existe un potencial más de 10 veces mayor.
¿Cuánto han logrado licitar?
La licitación 1, efectuada el 15 de julio de 2015, ha sido la única que ha ofrecido áreas de exploración. Como se sabe, fue desairada y el gobierno sólo ha podido licitar 604 millones de “recursos prospectivos”; respecto del objetivo quinquenal de 107 mil millones, es apenas el 0.57 por ciento, es decir, menos del 1 por ciento.
Ante este resultado, en las dos siguientes subastas ofreció campos con reservas probadas; en la tercera licitación ofreció incluso campos que se encuentran en producción.
La información de que se subastarían este tipo de campos fue conocida hasta que toda la legislación había sido aprobada y la reforma ya se encontraba en la etapa de las primeras licitaciones. Es decir, fue un madruguete, un ardid, porque cuando se inició la propaganda sobre la reforma, se aseguraba que el capital privado no venía a desplazar a Pemex sino a ampliar las operaciones en nuevas áreas que requerían tecnologías de las que la empresa estatal carecía.
Más tarde, en la tercera licitación, cuya subasta se realizó el 15 de diciembre de 2015, el gobierno intentó entregar 25 campos; seis meses más tarde ha tenido que reconocer que 25 por ciento de los supuestos contratistas ya se “arrepintieron” y, a la fecha, sólo ha podido firmar 19 contratos.
Como no les cobró bono a la firma, regalándoles dólares que no son del gobierno y violentando sus propias leyes que acababan de imponer, además de que les concedió toda la columna geológica, hubo un amontonamiento de pequeñas empresas, algunas creadas pocos días antes y esa licitación aparentemente fue la más exitosa, pero tampoco se ha revelado información de lo que realmente ocurrió en ella.
Para contar con cifras que puedan entrar en la definición de la Sener como “áreas de extracción”, sumamos las reservas probadas, probables y posibles licitadas en las subastas 2 y 3. Nuestra suma: 479 Millones de barriles de reservas 3P, efectivamente licitadas es el 0.7 por ciento de los 68 mil 205 millones, objetivo del Plan Quinquenal.
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Sumando los kilómetros cuadrados efectivamente aceptados por los contratistas, en las tres licitaciones tenemos mil 533 kilómetros cuadrados, los que, respecto a los 178 mil 554 kilómetros cuadrados del Plan Quinquenal, son el 0.85 por ciento, otra vez ni siquiera el uno por ciento respecto a las expectativas del gobierno de Peña.
Otra manera de expresar los resultados a la fecha es sumando el número de bloques licitados y compararlos con el número total que establece como objetivo del citado Plan Quinquenal.
El documento señala que su objetivo es licitar 914 áreas. A la fecha sólo ha logrado, en las tres licitaciones, que el capital privado acepte 24 bloques, es decir el 2.6 por ciento (Véase la tercera columna del cuadro anterior número 5.)
Se propone entregar 244 campos y a a fecha ha licitado el 10 por ciento.
Otra comparación podría ser contando el número de campos. El Plan Quinquenal se propone licitar 244 campos y a la fecha sólo ha conseguido traspasar seis en la licitación dos y 19 en la tercera; en total 25, es decir un 10.2 por ciento.
La expresión más evidente del fracaso es la imposibilidad de elevar la producción.
Al comenzar el sexenio de Peña Nieto, la extracción en 2012 fue, en promedio, 2 millones 548 mil barriles diarios; tres años después se ubica en 2 millones 214 mil barriles; es decir, cada año está perdiendo más de 100 mil barriles, y de mantenerse esta tasa de declinación, el sexenio terminará en 2018 debajo de 2 millones de barriles al día.
La política petrolera durante el gobierno de Peña Nieto ha acentuado los rasgos depredadores, limitando inversiones necesarias en mantenimiento. La caída de precios también ha provocado suspensión de proyectos; la producción de los CIEPS también se ha reducido; de modo tal que el gobierno inició una nueva etapa de acelerada declinación de la extracción.
¿Las licitaciones 2 y 3 elevarán a producción?
La primera licitación sólo logró que un consorcio encabezado por la extraña empresa Sierra Oil ganara dos bloques para exploración, pero ni siquiera ha comenzado trabajos de sísmica, por lo que cualquier pronóstico de producción carecería de sustento.
Como adelantamos, el fracaso de ese primer evento provocó que, ante el temor de quedarse con los bloques desiertos, el gobierno iniciara un proceso de “flexibilización” de los términos y condiciones contractuales; la segunda licitación ofreció campos con cifras elevadas de reservas probadas que, según la información oficial, lograría elevar la producción en 90 mil barriles diarios. Posiblemente en tres o cuatro años los italianos de ENI por un lado y el consorcio Fieldwood Energy y Petrobal, que ganaron los bloques 1, 2 y 4, con cinco campos en total, inicien actividades en este mismo sexenio, e incrementen la extracción.
La tercera licitación corresponde a 19 campos maduros, algunos en producción, otros cerrados desde hacía años. Los trabajos de rehabilitación que podrían elevar su producción actual, implican inversiones elevadas que, de prolongarse la crisis de los precios impedirán su realización. Pero aún en el supuesto de que todos sean exitosos, lo que podrían aportar a la declinante extracción aceitera mexicana es 35 mil barriles diarios, según las estimaciones oficiales, esa proyección, a pesar de su modestia, tiene escasas posibilidades de cumplirse.
Adicionalmente, en esa tercera licitación se observaron extraños fenómenos, como una competencia exagerada ofreciendo tasas muy elevadas de regalías para el gobierno, lo que ha suscitado temores de que algunos contratistas intenten renegociar o abandonar sus bloques, todo lo cual presagia que, lo que parecía la más exitosa licitación, se les seguirá desmoronando.
Una primera aproximación a las causas del fracaso.
Una primera explicación es que el desplome de los precios obligó a la Secretaría de Energía a modificar el calendario original de las licitaciones.
El siguiente cuadro ilustra los cambios.
Fabio Barbosa
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ENERGÉTICO]
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