Función Pública investiga patrimonio de García Luna y Lozoya Austin

La responsabilidad que tiene la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la estrategia para eliminar la corrupción en el gobierno federal es muy relevante y, desde Palacio Nacional, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es el principal problema a combatir. En ese sentido hay varios expedientes abiertos en esa Secretaría encargada de auditar todas las acciones de gobierno, así como de vigilar el comportamiento y actuar de los servidores públicos, sobre todo de rangos superiores.

Aunque la orden que ha salido desde la Presidencia de la República es no mirar al pasado, como una especie de perdón anticipado a todos aquellos que se sirvieron del presupuesto en gobiernos anteriores, para centrar su total atención en vigilar que la nueva administración cumpla con honradez y eficacia sus funciones, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha descubierto variaciones importantes en la evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Anteriormente, explicó una fuente que conoce el tema, no se atendían las diferencias que había en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, “todo se dejaba pasar”, principalmente a los integrantes del primer círculo de poder. “Sólo se revisaban las declaraciones patrimoniales que ordenaban desde Los Pinos, como una forma de castigo para quien caía de la gracia presidencial”.

En los casi 6 meses que López Obrador lleva en la Presidencia, son varios los expedientes abiertos en la SFP, pero lo que llama más la atención es que se hayan encontrado diferencias sustanciales en la evolución patrimonial de dos de los exfuncionarios más polémicos de gobiernos anteriores, y señalados por supuestos actos de corrupción en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por ello tiene razón el presidente de la República en calificar a la corrupción como el principal problema que aqueja al país, pues una vez que ésta empiece a disminuir, los otros problemas que también agobian a México también serán menores, entre ellos la violencia, pobreza extrema, injusticia y desigualdad.

Así que el papel que juega la SFP en la estrategia gubernamental de acabar con la corrupción es relevante, porque le toca vigilar el buen comportamiento de los servidores públicos y el uso eficiente de los recursos destinados al bienestar social.

Por ahora en el escritorio de Irma Eréndira Sandoval están dos expedientes, entre algunos otros, que involucran a dos siniestros exfuncionarios de sexenios anteriores: el de Genaro García Luna, quien después de desempeñarse en cargos directivos en el Cisen (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional) y en la PGR (Procuraduría General de la República), llegó a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno panista de Calderón. El otro es Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex en el gobierno de Enrique Peña y quien enfrenta un proceso penal por recibir supuestos sobornos de la empresa brasileña Oderbrecht.

A ambos les han encontrado significativas diferencias de bienes y dinero en sus declaraciones patrimoniales que presentaron anualmente cuando fungieron como servidores públicos.

Por ejemplo, en el expediente de García Luna habría diferencias en su evolución patrimonial que no se explican por un monto de 40 millones de pesos, aunque para este exfuncionario ya no habrá sanción alguna porque han transcurrido casi 10 años y cualquier irregularidad que haya cometido ya prescribió.

Pero no es lo mismos en el caso de Lozoya Austin, quien apenas en el sexenio pasado estuvo al frente de Pemex y aparte de su proceso penal todavía le pueden fiscal responsabilidades administrativas y penales por otros delitos.

Cambios sutiles en el discurso de López Obrador

Han sido tan sutiles algunas correcciones que se han presentado en la conferencia mañanera del presidente de la República, que pocos lo han notado. Me refiero a que el mandatario mexicano ha evitado, contra su propia voluntad, continuar las críticas en contra de medios de comunicación y columnistas y opinadores de la prensa.

Por ejemplo, ya no menciona de manera directa al diario Reforma, aunque de ves en cuando se refiere a “ese periódico conservador y de derecha” que todos ya saben cuál es, en clara alusión a su línea editorial que, según el presidente, en gobiernos anteriores era muy complaciente y ahora todo critica.

La razón de ese intento presidencial para evitar hablar de los medios de comunicación, nos explican personas cercanas a la Presidencia, obedece a que en una reunión privada que sostuvo López Obrador con el expresidente español Felipe González y el periodista del diario El País Juan Luis Cebrián, éstos le aconsejaron dejar de criticar a la prensa y permitir las máximas libertades que, aún con sus excesos en los medios de comunicación, son necesarias en cualquier democracia.

Nos dicen que el mandatario mexicano aceptó de buena gana la recomendación de las dos personalidades españolas que lo visitaron hace varios días en Palacio Nacional, pero lo que sí le cuesta mucho trabajo al presidente es dejar de señalar la existencia de periodistas “chayoteros” que en el pasado recibían canonjías de gobiernos panistas y priistas, pero que ahora como ya no se les dará “chayo”, se la pasan criticando todo lo que hace y lo que no hace el mandatario mexicano.

Sin embargo, aunque López Obrador ha dicho que tiene las pruebas de contratos firmados entre el gobierno federal con periodistas “chayoteros”, él no dará los nombres de esos columnistas que “ya no convencen ni a sus hijos” y que recibieron del gobierno contratos millonarios, porque no quiere ser irrespetuoso ni generar más linchamiento social, pero que sí entregará la lista y las pruebas de dichos contratos al Instituto Nacional de Acceso a la Información y que será responsabilidad de este órgano autónomo si los da a conocer o no. Por supuesto que esta historia continuará por la sola decisión de los involucrados.

Puntos suspensivos… Para seguir con temas de la Función Pública, nos informan que el actual coordinador de asesores de la secretaria Sandoval, Federico Huchim, podría convertirse en el próximo titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP, cargo relevante porque desde esa posición se vigila el buen cumplimiento de todos los contralores de las entidades públicas del gobierno federal… Y mientras se ajusta la plantilla laboral en la SFP, por supuesto a la baja para cumplir con el plan de austeridad y el adelgazamiento del sector público (lo cual es digno de aplaudirse), ante la disminución del grupo de vigilancia en esa Secretaría, se reportan pérdidas (robos) de equipos electrónicos (laptops) en esas oficinas públicas; además de que se han presentado algunos incidentes laborales (30) y problemas de salud de trabajadores. El malestar de los funcionarios es que la ambulancia que se tenía de manera permanente en las instalaciones de la SFP fue dada de baja junto con el equipo de auxilio médico que la tripulaba… En medio de esa austeridad en la SFP, algunos empleados preguntan por qué la secretaria se transporta en una camioneta Suburban blindada, que por cierto es la misma que ocupó el cuestionado exsecretario Virgilio Andrade cuando estuvo al frente de esa dependencia (febrero 2015-julio 2016); también le critican el cuerpo de seguridad de cinco guaruras (escoltas), aunque esto se explica por la gran inseguridad que va en aumento en la Ciudad de México.

Miguel Badillo

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