El aumento en el precio de la gasolina “inquieta”, desalienta y desestabiliza (todavía más) al sector más desprotegido del país: el campo. En él, viven en condiciones vulnerabilidad más de 24.5 millones de personas. Ahí, la pobreza abunda y se expande, como una mala hierba, consecuencia de la lenta burocracia, los aumentos en el precio de la gasolina y la inequidad en la distribución de los apoyos oficiales.
Y es que a partir del primer mes de 2017 se impuso el incremento en el precio de entre el 14 y 20 por ciento para las gasolinas y el diésel, situación que continuará a lo largo del año.
El 27 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el aumento para las gasolinas Magna (14.2 por ciento), Premium (20.1 por ciento) y el diésel (16.5 por ciento), sobre el precio máximo observado en diciembre de 2016. El 3 de febrero próximo, el alza será del 8 por ciento.
Este encarecimiento en el combustible ha dejado mucha inquietud entre los productores del sector agropecuario, pues “pega” directamente en los insumos más importantes que utilizan: el diésel es el combustible con que se trabajan las tierras, y “prácticamente todas las actividades se llevan conforme a este insumo: la siembra, la rastra, el arado, el cultivo, la cosecha”, comenta en entrevista Carlos Matuk López de Nava, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Durango.
Para mitigar el impacto en campo mexicano, el secretario de Agricultura, Eduardo Calzada Rovirosa, anunció la inversión de 4 mil millones de pesos en los programas diésel agropecuario y diésel pesquero, suspendido con la entrada de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo federal.
Sin embargo, la burocracia con la que son distribuidos los apoyos y la lentitud en la entrega de los mismos, desalienta a los líderes de las organizaciones campesinas, que cada año se manifiestan a las afueras de la sede nacional de la Sagarpa; así como de las sedes locales.
El representante de los productores en Durango de uno de los brazos políticos del gobierno en turno dice que es indispensable que quienes no tienen un tractor y maquilan, ver cómo les va a beneficiar el incentivo y aquellos que tienen su “tractorcito”, que el programa sea eficiente, llegue en tiempo y lo tengan en disposición y se perciba el apoyo gubernamental.
Con una racha de baja productividad, los productores duranguenses (como la mayoría en el país) han tenido que soportar la lentitud de la burocracia, pese a que la tierra no espera y avanza en su ciclo de producción.
“Los programas no están en tiempo, no operan de la forma en que de momento requiere el productor para comprar las semillas, insecticida, los insumos requeridos; pero finalmente llegan. A eso se suman las afectaciones por el cambio climático. En Durango, el 80 por ciento de las tierras son temporaleras, dependemos del clima, las precipitaciones, por eso es indispensable agilizar los procesos en la entrega de los apoyos”, comenta López de Nava.
Ante el incremento en el precio del combustible, los impactos en la economía familiar podrían alcanzar hasta un 40 por ciento en el encarecimiento de los productos de primera necesidad alimentaria: leche, carne de res, carne de puerco, pollo, huevo, maíz (tortilla) y frijol, advierte la organización campesina El Barzón Nacional.
Del análisis La canasta básica tendrá un incremento del 40 por ciento por alza de combustibles, elaborado por la organización que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, se desprende que el producto más encarecido será el kilo de carne de cerdo, al pasar de 169.95 pesos a 237.93 pesos (un 67.98 por ciento) de 2016 a 2017.
El kilo de carne de res (bistec) pasaría de 146.17 pesos a 204.64; lo que significa el 58.47 por ciento. En tanto que el tercer producto con más incrementos sería la carne de pollo (pechuga con hueso) pasaría de 67.63 pesos a 94.68 pesos durante el mismo periodo contemplado.
Los cálculos aproximados que hace El Barzón indican que de 556.85 pesos que se pagaban por un kilo de trigo, arroz, res, cerdo, pollo, leche, huevos, frijol y maíz, pasará a un estimado de 779.59 pesos.
El documento consigna que, con estos aumentos, la población que se encuentra en pobreza alimentaria “verá afectaciones no sólo en los alimentos, sino también en toda la cadena de consumo, lo que elevará aún más el costo de vida”.
Desafortunadamente, los gobiernos de México han sido incapaces de aprovechar la riqueza nacional para construir una economía que permita generar empleos dignos y suficientes para los mexicanos en nuestro propio territorio, indicó Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de El Barzón.
El líder de los campesinos enfatiza que esta situación se ha agravado en los últimos sexenios, pues se “ha dejado de lado el interés de los mexicanos y, en un ambiente de corrupción y derroche, se ha puesto mayor atención en beneficiar a una minoría, abriendo las puertas a la inversión foránea en áreas estratégicas, renunciando a su obligación de administrar responsablemente los recursos del país en beneficio de los mexicanos”.
Contralínea se ha encargado de documentar que los beneficios y apoyos que están destinados al campo mexicano, millones son destinados a grandes empresas y trasnacionales del sector.
Muestra de ello, son los más de 1 mil 300 millones de pesos entregados mediante “cadenas de valor” denominadas agroclúster y agroparques, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre ellas, la empresa SuKarne, del empresario y amigo del presidente, Jesús Vizcarra Calderón.
También, han subsidiado a grandes en la comercialización del maíz, como Cargill, principal beneficiaria del programa Incentivos para administración de riesgos de mercado, padrón participantes a marzo 2016, con 154 millones 671 mil 575 pesos.
Así como a Minsa, la segunda compañía más importante en la elaboración de harina de maíz, con 57 millones 651 mil 887 pesos y Bachoco, el gigante comercializador de pollo en el país, se benefició con 18 millones 702 mil 930 pesos, indican los padrones oficiales (Contralínea 499).
Los montos asignados por la dependencia que encabeza José Calzada Rovirosa también registran a Minsa, la segunda compañía más importante en la elaboración de harina de maíz, con 57 millones 651 mil 887 pesos. A Graneros San Juan, SPR de RI, con apoyos por 42 millones 470 mil 496 pesos. Sabritas obtuvo 4 millones 533 mil 746 pesos y Bachoco,
En este contexto, las cifras del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013- 2018 indican que en México existen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales, “de las cuales 3.9 millones se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos; 442 mil 400 unidades económicas rurales se encuentran en transición, dejando de ser de subsistencia para incursionar al mercado y registrar ventas anuales promedio de 73 mil 931 pesos”.
El PSDAPA 2013-2018 es contundente, indica que “en el campo mexicano existe un segmento comercial altamente competitivo con empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares anuales. En contraste, la gran mayoría de las unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo”.
Además de las modificaciones hechas a los precios de los combustibles en este año fiscal, los productores del campo mexicano perciben un nuevo embate; ahora político y comercial con la llegada de Donald Trump al poder en la presidencia estadunidense.
Si bien, los productores han solicitado renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, en su mayoría, se habían negado a que México entrara al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), la firma o renegociación de estos acuerdos coloca al sector en una mayor vulnerabilidad.
La permanencia de México en el TLCAN, pactado en 1994, ha dejado en desventaja comercial a los productores nacionales. “Como es sabido, nos hemos opuesto al TLCAN y ese tratado debe ser renegociado, sustituido por otro acuerdo comercial y de cooperación para el desarrollo que se establezca en condiciones de igualdad, equidad y de respeto a la soberanía nacional, dice en entrevista Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Es necesario, dice el director de la ANEC, que en el caso de la agricultura se otorgue un tratamiento especial y diferenciado. Este debe permitir el establecimiento de una administración de la importación y exportación de alimentos que esparza los precios de soporte a la agricultura y se reestablezcan las reservas públicas de alimentos.
La protección a la agricultura, comenta Suárez Carrera, “debe verse como un sector de importancia múltiple, no solamente económica sino social, cultural. También, en términos de seguridad nacional; que permita lograr una autosuficiencia alimentaria, incrementar el empleo local, reactivar las actividades económicas en el sector primario y abastecer al mercado interno para enfrentar la gran volatilidad de los mercados, derivados de la devaluación de los precios internacionales, el calentamiento climático global y de las amenazas de carácter político y proteccionista de Trump”.
Érika Ramírez
Contralínea 525 / del 05 al 11 de Febrero 2017
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