En 2015 se erogarán 153 mil 419 millones 650 mil pesos de gasto federal para la función de seguridad pública, 3 mil 573 millones 270 mil pesos más que en 2014. Aunque el incremento con respecto del año pasado fue de 2.38 por ciento, entre 2006 (cuando el monto asignado para dicha función fue de 50 mil 936 millones 250 mil pesos) y 2015 el aumento ha sido de 301.19 por ciento.
Lo anterior lo revela el estudio El presupuesto público federal para la función seguridad pública 2014-2015, elaborado por el maestro en economía Reyes Tépach, investigador parlamentario adscrito a la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.
Para el doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador y catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), no existe razón alguna para que el presupuesto destinado en México a la seguridad pública se incremente.
“En unos años podrán decir [las autoridades]: ‘nos hemos gastado 1 mil millones más’; pero eso no incide en nada en materia de seguridad: la policía seguirá igual y los resultados nunca serán los que la ciudadanía demanda; no necesitamos gastar más, necesitamos gastar eficientemente”, señala el maestro en ciencias penales por el Inacipe y maestro en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
El monto total destinado a la función de seguridad pública autorizado por el Poder Legislativo se erogará a través de dos poderes federales y un órgano autónomo, y dos fondos federales aplicados por los gobiernos estatales y municipales. Se trata del Poder Ejecutivo federal, el Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones de Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).
El 89.34 por ciento se destinará al gasto corriente (servicios personales, gastos administrativos y subsidios) y el 10.66 por ciento al gasto de capital (infraestructura y modernización de equipos). Es decir, 137 mil 60 millones 270 mil pesos se destinarán a sueldos y prestaciones de seguridad social de los funcionarios; papelería y equipos de cómputo, y ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos. Mientras, 16 mil 359 millones 380 mil pesos se utilizarán para la adquisición de patrullas, armamentos de vanguardia, medios de comunicación móvil, tecnologías para la policía investigadora, construcción de infraestructura para la ampliación de los centros de readaptación social y de juzgados para la administración de justicia.
El porcentaje destinado a gasto corriente aumentó para el presente ejercicio fiscal en detrimento del gasto de capital. Mientras que en 2014 el 87.84 por ciento de los recursos se destinó a gasto de capital y el 12.16 por ciento a gasto corriente, para el presente año la relación es de 89.34 y 10.66 por ciento. Lo anterior constituye “uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en seguridad pública”, dice en el estudio el investigador Reyes Tépach.
El gasto para seguridad pública que ejercerá el Poder Judicial de la Federación asciende a 44 mil 52 millones. Todos los recursos se erogarán a través del Consejo de la Judicatura Federal.
Por su parte, el Poder Ejecutivo federal ejercerá 87 mil 857 millones 830 mil pesos a través de seis dependencias: la Secretaría de la Defensa Nacional (3 mil 426 millones 790 mil pesos), la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2 mil 630 millones 210 mil pesos), la Secretaría de Gobernación (64 mil 771 millones 340 mil pesos) y la Procuraduría General de la República (17 mil 29 millones 490 mil pesos).
Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios alcanzarán los 20 mil 43 millones 750 mil pesos. A través del FASP se destinarán 8 mil 190 millones 960 mil pesos y por medio del Fortamun 11 mil 852 millones 780 mil pesos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos contará con un presupuesto para 2015 de 1 mil 465 millones 960 mil pesos.
Aunque el grueso del presupuesto que erogará la Secretaría de la Defensa Nacional es de la función de seguridad nacional (59 mil 616 millones 110 mil pesos, ver Contralínea 424), la dependencia cuenta además con recursos para la función de seguridad pública: 3 mil 426 millones 790 mil pesos.
El presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional para la función de seguridad pública se erogará a través de cinco unidades responsables. En el desglose, presentado en el estudio del economista Reyes Tépach, se establece que la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa gastará 2 mil 690 millones 440 mil pesos; la Procuraduría General de Justicia Militar, 278 millones 940 mil pesos; la Dirección General de Justicia Militar, 215 millones 770 mil pesos; la Dirección General de Derechos Humanos, 127 millones 980 mil pesos, y la Presidencia del Supremo Tribunal Militar, 113 millones 660 mil pesos.
Es decir, los gastos en materia de seguridad pública de la Defensa se circunscriben a los tribunales militares, en los que también se juzgan a los efectivos de la Secretaría de Marina.
Para el Ramo de Provisiones Salariales y Económicas, el aumento de su presupuesto para 2015 fue de 1 mil millones de pesos. Todos los recursos se ejercerán por medio de la Unidad de Política y Control Presupuestario, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el presente año dispondrá de 2 mil 630 millones 210 mil pesos contra los 1 mil 630 millones 210 mil pesos del año pasado. El aumento fue en 61.34 por ciento.
El mayor presupuesto para la función de seguridad pública será ejercido por la Secretaría de Gobernación a través de 38 unidades responsables. Destacan los aumentos para este año en 154.37 por ciento para la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad (gastará 194 millones 610 mil pesos contra los 76 millones 510 mil pesos del año pasado) y en 45.18 por ciento para la Dirección General de Plataforma México (en 2015 erogará 1 mil 238 millones 850 mil pesos mientras que en 2014 ejerció 853 millones 310 mil pesos).
Monte Alejandro Rubido García es, desde el 20 de marzo de 2014, el comisionado nacional de Seguridad. En cuanto a Plataforma México, el nombre de su director se mantiene bajo reserva. Se trata de un sistema de inteligencia, interventor de comunicaciones telefónicas y de internet, que además almacena y organiza la información recopilada.
La Policía Federal ejercerá 25 mil 599 millones 640 mil pesos, 3 mil 557 millones 890 mil pesos más que el año pasado (incremento de 16.14 por ciento); Prevención y Readaptación Social (organismo administrativo desconcentrado de la Comisión Nacional de Seguridad encargado de los centros de detención), 20 mil 118 millones 680 mil pesos; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 8 mil 346 millones 830 mil pesos, y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, 2 mil 743 millones 560 mil pesos.
Además, 1 mil 966 millones 80 mil pesos para el Instituto Nacional de Migración; 1 mil 640 millones 140 mil pesos para el Servicios de Protección Federal; 1 mil 117 millones 660 mil pesos para la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; 252 millones 20 mil pesos para la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; 197 millones 920 mil pesos para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 154 millones 600 mil pesos para la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, y 150 millones 950 mil pesos para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Otras 24 coordinaciones, direcciones y unidades de la Secretaría de Gobernación ejercerán en 2015 un total de 1 mil 49 millones 820 mil pesos.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ejercerá los 17 mil 29 millones 490 mil pesos a través de 112 unidades responsables de gasto: 80 coordinaciones, subprocuradurías, direcciones, unidades, policías, fiscalías e institutos, y 32 delegaciones de la dependencia en las entidades de la República.
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales erogará en 2015 un total de 2 mil 690 millones 810 mil pesos; la Policía Federal Ministerial dispondrá de 2 mil 394 millones 160 mil; la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 1 mil 639 millones 740 mil; y la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 1 mil 118 millones 520 mil pesos.
Además, a la Coordinación General de Servicios Periciales le fueron asignados 958 millones 510 mil pesos; a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, 783 millones 550 mil pesos; a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, 755 millones 960 mil pesos, y a la Dirección General de Servicios Aéreos, 627 millones 460 mil pesos. Esta última vio reducirse su presupuesto en 273.59 por ciento con respecto del año pasado, cuando recibió 901 millones 50 mil pesos.
Las demás unidades responsables de ejercer el gasto dispondrán de un total de 4 mil 574 millones 30 mil pesos. Destaca que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas sufrió una reducción de su presupuesto en 63.5 por ciento. En 2015 dispondrá de 14 millones 680 mil pesos contra los 40 millones 210 mil que ejerció en 2014. Además, se canceló el ciento por ciento del presupuesto para la Coordinación General de Información y Análisis Financiero. El año pasado había ejercido 42 millones 980 mil pesos.
Las delegaciones de la PGR en las 32 entidades de la República Mexicana ejercerán, por su parte, un total de 1 mil 486 millones 760 mil pesos. La del Distrito Federal contará con 120 millones 420 mil pesos; la de Jalisco, 85 millones 700 mil; la de Baja California, 74 millones 130 mil; la de Veracruz, 66 millones 560 mil, y la de Chihuahua, 65 millones 460 mil pesos.
A través de 18 unidades responsables del gasto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejercerá 1 mil 465 millones 960 mil pesos.
La Oficialía Mayor –a la que se le asignó un incremento del 10.3 por ciento con respecto del año pasado– gastará 460 millones 380 mil pesos. Por su parte, la Primera Visitaduría General –con un incremento del 11.7 por ciento– dispondrá de 206 millones 120 mil pesos.
Con respecto de las entidades de la República Mexicana que mayores recursos recibirán a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Estado de México se encuentra en primer lugar, con 626 millones 530 mil pesos.
En segundo lugar se encuentra el Distrito Federal, con 497 millones 120 mil; seguido por Veracruz, con 382 millones 20 mil; Jalisco, 363 millones 580 mil, y Chiapas, con 332 millones 880 mil pesos. En total, las 32 entidades recibirán por medio de este programa 8 mil 190 millones 960 mil pesos.
Además, por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se ejercerán 11 mil 852 millones 780 mil pesos. De nueva cuenta, el Estado de México es el que encabeza la lista de las entidades que mayor recursos recibirán: 1 mil 630 millones 610 mil pesos. El Distrito Federal contará con 982 millones 70 mil pesos. Veracruz, 782 millones 810 mil pesos. Puebla, 601 millones 230 mil pesos. Guanajuato, 565 millones 610 mil pesos.
Así, el gobierno de Eruviel Ávila dispondrá de, al menos, 2 mil 257 millones 140 mil pesos de recursos federales para la función de seguridad pública. Otras entidades con altos índices de violencia, como Tamaulipas, apenas recibirán 638 millones 400 mil pesos.
De todas las corporaciones policiacas que existen en México sólo la Policía Municipal es reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegura el maestro Martín Barrón.
El también doctorante en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana explica que, según la Constitución, los tres niveles de gobierno cuentan con sus respectivas Fuerzas para garantizar la seguridad.
De acuerdo con la Carta Magna, las Fuerzas Armadas Permanentes (Ejército Mexicano, Armada de México y Fuerza Aérea Mexicana) tienen como comandante supremo al titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Se trata del nivel federal de gobierno. Y el ámbito de acción de estas fuerzas es la defensa exterior y la seguridad nacional.
La propia Constitución, y las constituciones de los estados de la República, señalan que la Guardia Nacional estará a cargo de los gobernadores de las entidades federativas. Se trata del nivel estatal de gobierno. Y el ámbito de acción de esta Guardia es de la seguridad interior. Sin embargo, ignorando lo que señala la ley suprema de México, lo que se tiene actualmente son policías estatales y desde 1917 el Congreso de la Unión no ha expedido lo que la propia Constitución señala: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional. “El Poder Legislativo se ha tardado casi 100 años en promulgar algo que le mandata la propia Constitución”, subraya Barrón Cruz.
Finalmente se encuentran las policías municipales, las únicas que reconoce la Constitución. Éstas deben estar bajo el mando del presidente municipal. Su ámbito de acción es local y tienen como encargo garantizar la seguridad pública.
“Y esto que está establecido en la Ley suprema de México no se aplica. Se ignora totalmente. Estos principios no se aplican y, por eso, tenemos un desorden en materia de seguridad. No hay claridad de lo que se debe hacer.”
Barrón lamenta que, además, las policías que existen no tengan claridad sobre sus funciones y métodos. En el país se han mezclado los tipos de policías y ni siquiera existe de manera clara un perfil. “Diríamos que la policía que se tienen en México es de tipo autoritario”.
Así está claro que no importa cuánto se gaste, siempre habrá un tipo de policía que no es confiable, concluye.
Fases de la seguridad pública, por poderes y dependencias responsables
I. Prevención del delito. Poder Ejecutivo: Secretaría de Gobernación-Policía Federal
II. Procuración de justicia. Poder Ejecutivo: Procuraduría General de la República-Policía Federal Ministerial
III. Administración de justicia. Poder Judicial-tribunales de justicia
IV. Sanción y reinserción social. Poder Ejecutivo: Secretaría de Gobernación-sistema penitenciario
*Observancia de los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (órgano autónomo)
Zósimo Camacho, @zosimo_contra
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