Padre, hijo y sobrinos han sido marcados por la corrupción, el abuso y procesos penales. La familia Gil Díaz puede describir así su propia historia: hacer negocios sucios con y desde el poder. Éste es sólo un buen ejemplo de burócratas y privados que se han servido del poder y se han enriquecido ilícitamente –por lo menos en los últimos 30 años de administraciones priístas y panistas–, además de heredar ese vicio de corrupción a la familia para apoderarse de dinero público.

Este caso de la familia Gil Díaz confirma por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta tantas resistencias para romper con ese régimen corrupto que cuenta con una sólida estructura y que se niega a perder los privilegios obtenidos en varias décadas, tiempo en el que millones de mexicanos quedaron atrapados en la pobreza, la inseguridad, la injusticia, la desigualdad y la violencia.

Claramente se trata de una herencia de corrupción, en donde el padre, Francisco Gil Díaz, abusó como secretario de Hacienda durante el gobierno panista de Vicente Fox Quezada, al disponer de miles de millones de pesos de dinero público para su beneficio personal, en un entramado financiero creado por él –en colusión con el panista Santiago Creel Miranda, exsecretario de Gobernación– a través de la empresa “privada” Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA) y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, en los cuales recaudaba recursos públicos por el cobro del derecho de trámite aduanero y disponía de ese dinero como si fuera privado. El abuso y el cinismo como regla de vida.

El hijo, Gonzalo Gil White, accionista de la empresa petrolera Oro Negro, creada ex profeso para rentarle plataformas a Petróleos Mexicanos (Pemex), es prófugo de la justicia por los delitos de abuso de confianza e indebido manejo de recursos.

Gil White vio una oportunidad de negocios en Pemex para continuar con la herencia de su padre (Francisco Gil Díaz) de servirse de recursos públicos mediante negocios con la principal empresa del Estado, cuando al frente de ésta se encontraba precisamente Emilio Lozoya Austin, quien también es prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción.

Desde su escondite, apenas la semana pasada Gonzalo Gil afirmaba en un desplegado, pagado en la prensa mexicana, que ni su empresa Oro Negro ni sus directivos han cometido acto ilícito alguno en perjuicio de accionistas, inversionistas y acreedores.

El sobrino de Gil Díaz, José Antonio Cañedo White, también tiene orden de aprehensión por su participación en la empresa Oro Negro.

Otro sobrino, Martín Díaz Gil, también se ha visto envuelto en casos de fraudes y corrupción, vinculado primero con Amado Yáñez en la empresa Oceanografía, que hacía negocios con Pemex, y que enfrenta demandas de Banamex. Además, también está involucrado en el fraude de Caja Libertad, que mantiene al abogado Juan Collado en prisión.

Gil Díaz: el caso ISOSA

En esta columna se publicó cómo fue la participación de Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda, secretarios de Hacienda y de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, en la constitución de los fideicomisos Aduanas I y II, así como las empresas ISOSA, ISSA y COSISA, las cuales sirvieron al gobierno de Fox Quesada como caja chica para disponer de recursos fuera del presupuesto y, lo mejor, sin tener que reportarlo a la Secretaría de la Función Pública y mucho menos al Congreso.

Oficio de papel documentó en el gobierno de Vicente Fox el manejo irregular y poco claro de miles de millones de pesos correspondientes a fondos públicos. La misma Auditoría Superior de la Federación reportaría que en los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Aduanas 1 número 954-8 (constituido en Nacional Financiera por Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda) se guardaba un saldo de 6 mil 374.8 millones de pesos, producto del cobro del derecho de trámite aduanero (DTA) a exportadores e importadores.

Aún más, de acuerdo con información del Órgano Interno de Control de Nafin, dicha cifra de fondos públicos se elevó en el primer trimestre de 2004 a más de 7 mil millones de pesos, dinero que Gil Díaz nunca transfirió a la Tesorería de la Federación.

Al cierre del gobierno de Vicente Fox, el patrimonio del Fideicomiso 954-8, coloquialmente conocido como Aduanas I, ascendía a casi 20 mil millones de pesos, dinero que era utilizado de forma discrecional por el entonces secretario de Hacienda Gil Díaz, quien en su calidad de subsecretario de Ingresos en 1993 lo constituyó con carácter de privado para evitar regulación alguna.

Se trata de una oscura historia de corrupción que quedó impune a pesar del daño patrimonial en contra del erario, por unos 9 mil 347 millones de pesos, según lo documentado por la Auditoría Superior de la Federación.

Miguel Badillo

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