Randy Saborit Mora/Prensa Latina
Guatemala, Guatemala. A 1 año de la sentencia a 80 años contra el exdictador Efraín Ríos Montt, el pueblo ixil aún espera justicia en ese caso, pues la Corte de Constitucionalidad decidió anular la condena.
El denominado Triángulo Ixil abarca los municipios de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el noroccidental departamento de Quiché, castigados por militares durante el mandato de Ríos Montt (1982-1983), uno de los periodos más violentos del conflicto armado interno (1960-1996), como ha confirmado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El grupo ixil está asentado en la región de igual nombre, donde el Ministerio Público constató la matanza de 1 mil 771 indígenas de esa etnia a manos del Ejército durante el régimen del mencionado exgeneral golpista.
Considerada una de las poblaciones étnicas menos numerosas de Centroamérica, por lo menos 95 mil individuos integran el grupo ixil, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Casi una decena de organizaciones –la mayoría internacionales– rechazaron la resolución del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que ordena a Barrios dejar de ejercer su profesión durante 1 año.
Ese juzgado tomó en cuenta una denuncia presentada por el abogado Moisés Galindo, defensor del exgeneral José Rodríguez, en la cual expone que el 19 de marzo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de éste.
Galindo discrepó de la decisión del juzgado, y en consecuencia acusó a la togada ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.
“Nos preocupa que dichas acciones se sumen a una larga lista de ataques, amenazas e intimidación sufridas por la jueza Barrios, como resultado de su participación en varios juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado interno (1960-1996)”, expresó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Para la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el fallo del mencionado Tribunal sugiere la existencia de un pacto de impunidad en Guatemala entre diferentes sectores para evitar que se sigan dando avances en la justicia transicional y en otros campos de la justicia. En opinión del director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, se trata de un pacto para reforzar la impunidad, el cual se inició con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (en febrero pasado), la cual recortó el periodo constitucional de la exfiscal general, Claudia Paz y Paz.
Sobre el tema también se pronunciaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, la Fundación para el Debido Proceso, Iniciativa Projusticia de la Sociedad Abierta, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la fundación guatemalteca Myrna Mack.
Disímiles entrelíneas podrían leerse de este caso, que se decodifica mejor al tomar en cuenta lo expresado al respecto por Barrios al diario local La Hora: “Se me está castigando por ser una juez honrada y por no plegarme al sistema”.
No había que ser profeta para saber que la exfiscal general Claudia Paz sería excluida de la nómina de seis candidatos a ese cargo, de los cuales el presidente Otto Pérez Molina escogió a Thelma Aldana.
Cinco organizaciones regionales e internacionales manifestaron en un comunicado su preocupación por las inconsistencias e irregularidades observadas durante el proceso de selección al respecto.
Los firmantes fueron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, la Fundación para el Debido Proceso, la Iniciativa Projusticia de la Sociedad Abierta y la Plataforma Internacional contra la Impunidad.
Causa sorpresa y extrañeza, precisaron, que –al concluir el proceso de análisis de los postulantes– dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre los evaluados.
El mandatario Pérez Molina seleccionó a la nueva fiscal general entre los seis candidatos escogidos, con quienes se reunió para conocer sus respectivos planes de trabajo.
La Corte de Constitucionalidad otorgó en febrero pasado un amparo provisional al abogado Ricardo Sagastume, quien alegó que Paz debía concluir su mandato en mayo, basado en la Ley Orgánica del Ministerio Público (legislación de menor peso con respecto de la Carta Magna), según la cual el cambio de mando de esa responsabilidad debía hacerse este mes.
Los logros de la gestión de Paz han sido reconocidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, instancia de la ONU que trabaja en este país desde 2007.
Consultada por Prensa Latina sobre los resultados alcanzados desde diciembre de 2010, asevera que se avanzó en el combate de la criminalidad organizada, en especial contra el narcotráfico, mientras se detuvieron a varios de los más grandes capos para extraditarlos o juzgarlos en Guatemala.
También expone que se ha aumentado la confianza en la justicia porque hay mayores índices de denuncia en ciertos delitos y se ha avanzado en el esclarecimiento de hechos violentos al pasar de un 5 a un 30 por ciento de casos resueltos si se comparan las estadísticas al respecto de 2010 y 2013.
La primera mujer designada como fiscal general en Guatemala fue juramentada en diciembre de 2010 por el mandatario Álvaro Colom (2008-2012).
Más de un centenar de ixiles, supervivientes de la Guerra Civil guatemalteca, dieron fe de asesinatos y violaciones cometidas por uniformados de marzo de 1982 a agosto 1983, cuando gobernó de facto Ríos Montt.
Varios deponentes declararon el año pasado ante el Tribunal A de Mayor Riesgo sobre la política de tierra arrasada, la persecución, la quema de viviendas y pertenencias, y demás crímenes ocurridos durante la dictadura de Ríos Montt.
Bajo condición de anonimato, una decena de mujeres de Nebaj, San Juan Cotzal y Chapul atestiguaron sobre las violaciones a las que fueron sometidas por fuerzas represivas durante el gobierno golpista de Ríos Montt.
Una de ellas aseguró que los soldados le dijeron que su presidente, Ríos Montt, había expresado que los ixiles se fueran “a la basura por colaborar con la guerrilla”. Otra, sostuvo que había niñas y las violaron también, mientras recordó que a una señora la colocaron en un palo y la mataron. Una manifestante evocó que cuando los uniformados llegaron a su casa la sacaron a ella, a una vecina y a su mamá, a quien violaron y la llevaron como si fuera un perro muerto.
Por su parte, Tiburcio Utuy, de 70 años, afirmó que los militares le quemaron el estómago, los testículos y lo dejaron hasta sin dientes durante una paliza.
Entretanto, Francisco Velasco aseguró que a una de sus hijas, menor de edad, los soldados “le abrieron el pecho y le sacaron el corazón”. También el alto tribunal conoció peritajes que sustentaron la acusación presentada por la Fiscalía contra Ríos Montt y su antiguo jefe de inteligencia militar, José Rodríguez.
La jurista española Paloma Soria explicó que la violencia sexual perpetrada por un alto número de soldados durante la contienda de 36 años fue masiva y sistemática en contra de mujeres indígenas.
Por su parte, el historiador Ángel Valdés explicó que la destrucción del maíz por parte del Ejército constituyó un elemento que atentó contra su cultura.
El matemático Patrick Donnell mostró una ecuación que evidenció que de marzo de 1982 a agosto de 1983 la institución castrense ejecutó al 5 por ciento de la población ixil.
Hasta el 5 de enero de 2015 tendrán que esperar las víctimas de matanzas contra indígenas mayas ixiles para que Ríos Montt y José Rodríguez declaren nuevamente ante la justicia guatemalteca.
Estos son algunos elementos que demuestran cuán difícil resulta en esta nación aplicar la justicia para todos por igual sin importar el cargo que hayan ostentado en el pasado.
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