La corrupción que metió a Guatemala en una crisis general abre la oportunidad para los pueblos indígenas y mestizos: impulsan una auténtica fundación (o refundación) de un Estado plurinacional. Las elites, expectantes
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
Guatemala, Guatemala. La perspectiva de recomponer un país donde la corrupción rebalsó los límites de lo imaginable reaviva el interés de varios sectores sociales en impulsar la transformación profunda del Estado en Guatemala, pero desde los pueblos.
De acuerdo con el coordinador del Observatorio Indígena Nacional y de la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas (Renoj), Mario Itzep, de lo que se trata es de contar en este proyecto por igual con las opiniones de mujeres y hombres, indígenas, ladinos, mestizos, dirigentes campesinos y otros grupos.
“La elite económica guatemalteca falló en su intento de crear y rectorar al Estado”, afirma en conversación sostenida con Prensa Latina. Reflexiona acerca de la tesis en torno al colapso de esta institución en el país, por la corrupción desbordada pero también por la impunidad acumulada.
Comenta que por esa razón lo que buscan desde el Movimiento Poder Ciudadano, desde la Renoj y desde el Observatorio Indígena Nacional es fundar un nuevo Estado, plural e incluyente.
“La propuesta que algunos hacen de refundar suena como ponerle un parche a un Estado que no está funcionando, cuando en realidad lo que hace falta es suplantarlo por uno que realmente responda a la mayoría de los guatemaltecos”, subraya.
Porque para Itzep, Guatemala es un Estado fallido, que excluye de todos sus posibles beneficios a los pueblos indígenas mayas, a los garífunas y a los xincas.
Los datos acopiados a través de diferentes mediciones por el Instituto Nacional de Estadísticas son elocuentes, argumenta y hace notar de manera particular lo ilustrativo de los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2014).
“Esos estudios prueban que la pobreza va en aumento en Guatemala y sobre todo abarca a los departamentos del altiplano y el norte, donde se concentra la mayor cantidad de población indígena”, remarca.
Desde el Mapa de Pobreza Rural de 2011 los departamentos de Alta Verapaz y Sololá, cuya población originaria ronda el 95 por ciento, exhibían las más altas tasas de pobreza en el área rural y urbana mientras que en Escuintla (Sur) y El Progreso (centro) estaban las tasas más bajas.
Para la Encovi 2014, la pobreza ascendió de 51.2 a 59.3 puntos porcentuales –8.1 puntos con respecto al 2006–, 9.6 millones de personas de los 16.1 millones habitantes del país.
Mas en cuanto al desglose por sectores esa investigación mostró al 79.2 por ciento de los indígenas sujetos a la pobreza, lo que equivale a un incremento de 1.9 puntos porcentuales respecto a 2006, y a una cifra 1.7 veces mayor que el 46.6 por ciento reflejado por la población no indígena.
En tanto los departamentos con índices de precariedad superiores continuaron siendo Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán, con 83.1 por ciento, 80.9 por ciento y 77.5 por ciento, de manera respectiva.
Por oposición, los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla registraron los niveles más bajos de pobreza: 33.3 por ciento, 41.1 por ciento y 52.9 por ciento, respectivamente.
Peor todavía, en enero de 2016 la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia reconoció que la pobreza extrema avanzó 9.1 por ciento y que del 52.8 por ciento del total nacional impactado por este flagelo en todas sus formas, 39.8 por ciento son indígenas y apenas 13 por ciento no indígenas.
A juicio del dirigente maya quiché, la gran paradoja es que los departamentos poblados por indígenas son los más favorecidos por la naturaleza en cuanto a la presencia de minerales, bosques, ríos, biodiversidad y otros bienes comunes.
En éstos están instalados la mayoría de los megaproyectos extractivos de las grandes empresas transnacionales y nacionales que saquean las riquezas del país, pero sin generar beneficios para esas poblaciones, acota.
“Asimismo estos territorios son los que aportan la mayor cantidad de migrantes y, por consiguiente, hacia sus habitantes vienen casi todas las transferencias de dinero que constituyen si no el primero, el segundo renglón de la economía guatemalteca”, agrega.
“Pero los indígenas son doblemente explotados, por quienes a través de las cuotas impositivas por los envíos y cobros de estos en el país, aprovechan la afluencia de esos recursos para multiplicar sus riquezas”, consideró.
Itzep convino con quienes aseguran que en Guatemala la ausencia del Estado en las comunidades implica un reflejo del racismo estructural, que redunda en pésimas condiciones en las escuelas, en la disminución de la cobertura de la enseñanza, los servicios de salud, la infraestructura vial y otros.
“Guatemala ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en 1996, que protege los derechos colectivos de nuestros pueblos a la consulta libre e informada en apego a nuestros intereses”, rememora.
No obstante, asevera, “el Estado es el primero en violar ese instrumento jurídico y los gobiernos igual, por cuanto avalan la construcción de megaproyectos sin considerar la opinión de las comunidades en esos territorios”.
Menciona los procesos de consulta desarrollados por los pueblos indígenas en apego a sus costumbres, cuyos resultados fueron desconocidos por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justica al declararlas no vinculantes.
Y es que, a su juicio, “en Guatemala existen dos sistemas judiciales: uno para los ricos y otro para los pobres”.
“La élite económica ha cooptado el Estado para establecer sus propias reglas”, ratifica y especifica que con el objetivo de revertir esa situación la propuesta de fundar un nuevo Estado que defienden contempla cuatro ejes esenciales: la justicia, la economía, el territorio y la política.
“Pretendemos que se reconozca de una vez el sistema jurídico de los pueblos indígenas o los prevalecientes en cada uno de los territorios; pero a la vez que cuando el Estado imparta justicia en éstos, lo haga en el idioma mayoritario”, abunda.
“Pedimos, además, que la carrera judicial contemple como obligatorio el conocer un idioma ancestral, más allá del español, y que las resoluciones sean emitidas en éste y en el idioma propio del lugar donde se imparte justicia”, añade.
También reafirma que “la cuestión económica está ligada a la tradición indígena, apegada a un modelo de desarrollo colectivo, sobre la base del respecto a los derechos económicos y sociales de los pueblos o lo que conocemos como Utz Kâ’asumal o Vivir Bien”.
“Eso es igual a vivir en plenitud con la Madre Naturaleza, con la Madre Tierra, con el agua y todos los seres vivos, que a fin de cuentas es la forma de ver desarrollo para los indígenas y no a costa de atentar contra esos elementos fundamentales”, recalca.
Por otra parte está el tema del territorio, que en estrecha relación con el anterior, alude al vínculo entre los pueblos, al destierro del racismo estructural, a la aceptación de los modelos económicos y de vida de los indígenas en cada uno de sus territorios, así como de la igualdad de éstos con ladinos y mestizos, según el entrevistado.
“La Constitución Política acumula más de 30 años y aunque su artículo 70 posibilitaba desarrollar leyes con carácter constitucional, eso nunca se cumplió, por eso hablamos de una reforma profunda de la ley electoral y de resarcir la gran deuda política con los pueblos originarios”, expone, a propósito del cuarto eje.
“Queremos reconstruir nuestro país, el Estado, e impulsar un modo de convivir más armónico entre los pueblos. No se trata de una revancha o una venganza luego de más de 500 años de explotación”, enfatiza.
“Somos una Guatemala diversa en cultura, en idiomas y en pueblos, y lo que queremos es armonizar intereses”, concluye.
Desde el Secretariado Nacional de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG), su representante, Juan Ramón Ruiz, también es partidario de implementar transformaciones estructurales al Estado de Guatemala.
Si bien el politólogo recurre al apelativo refundación, en diálogo con Prensa Latina, insiste en que estos cambios deben tener como base lo descrito en los Acuerdos Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmados en 1995 y que formaron parte de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, los cuales marcaron el fin al conflicto armado interno 1 año después.
“Ese documento rector define el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe que debe asumir el Estado en Guatemala”, especifica Ruiz. De igual modo conviene en que la eventual aplicación de ese programa “debe ser discutido y consensuado con el pueblo, con las naciones indígenas, con las organizaciones populares y sociales históricas, y con las surgidas a raíz de la indignación y de la lucha contra la corrupción e impunidad”.
“Planteamos que esa debe ser la base amplia de una gran plataforma social, donde quepamos todos: fuerzas históricas de la izquierda revolucionaria y las nuevas fuerzas sociales y populares”, indica.
Ruiz cuestiona otros proyectos individuales de esa naturaleza y desmarca a su organización política del presentado el 17 de mayo de 2016 por el expresidente Elías Serrano en Panamá, junto a figuras reconocidas por su trayectoria revolucionaria, pero también con personas de dudosa reputación.
“No pertenecemos a ese proyecto. No conocemos oficialmente la propuesta en su integralidad”, reconoce e insiste en que la UNRG sólo concibe la transformación del Estado en apego a la Proclama Unitaria de las Organizaciones Revolucionarias, firmada en 1982.
El pacto, rubricado por dirigentes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), dio por sentada la “unidad producto de las abnegadas luchas, sufrimientos sin límites y experiencias del pueblo”.
“Que es una unidad para defendernos de la explotación, de la opresión, de la discriminación y de la brutal represión que sufrimos, que es una unidad para luchar por medio de la guerra popular revolucionaria, para vencer a nuestros enemigos, tomar el poder e instaurar un gobierno revolucionario, patriótico, popular y democrático”, delimita.
Pese a los años transcurridos y a ciertos progresos en cuanto a los derechos humanos, económicos y sociales de la población, parecieran intactas otras situaciones que quedaron plasmadas en ese texto y que mantienen latente el deseo de muchas personas de ver de una vez un giro en Guatemala.
A tono con ello es probable que por mucho tiempo prosiga el debate en torno a la refundación o fundación del Estado, en la misma proporción en que cobren fuerzas iniciativas como la impulsada por el Movimiento Poder Ciudadano, la Renoj y el Observatorio Indígena Nacional.
Según la dirigencia de ese bloque, el foro Hacia la Transformación Profunda del Estado desde los Pueblos: Construyamos la Guatemala Plurinacional, fue apenas el inicio de un ciclo de eventos de este tipo que tendrán lugar en nueve de los 22 departamentos del país.
El debate celebrado el 22 de junio en el capitalino hotel Royal Palace devino ensayo de lo que debe acontecer otra vez en el departamento de Guatemala, en Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Totonicapán, Sololá, Santa Rosa y Chimaltenango.
Durante su desarrollo los participantes mostraron unidad de criterios en cuanto a la necesidad de construir un Estado que haga honor a lo que es realmente este país: plurinacional, rico y diverso desde distintos puntos de vista.
“El Estado desde que nació fue cooptado, el panorama mundial ha cambiado, y Guatemala ha iniciado el camino para el cambio. La transformación del Estado es cuestión política”, reconoce el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), uno de los expositores en el cónclave.
Al mismo tiempo que otros participantes sugieren construir un Estado con principio de representatividad y capaz de articular un movimiento plural desde los pueblos mayas, xinkas, garifuna y mestizo o ladino, mediante un pacto político social.
“El Estado siembre ha tenido dueño y eso lo sabemos quiénes son, ahora es cómo nos unimos para transitar de un Estado a un Estado Plurinacional”, señalaron algunos de los presentes.
En tanto otros dejaron ver su convicción en que “para construir un nuevo Estado, debe ser tomado el Congreso de la República por los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud. Necesitamos una limpia del Congreso de la República”.
Mientras que el Movimiento Poder Ciudadano persuadía a través de sus redes de que “no son las elites ni los diputados los que van a construir la transformación del Estado, son los pueblos y las comunidades las que van a transformarlo”.
Para los promotores de este movimiento la esperanza es que como en ese foro inicial, delegados de todos los sectores ofrezcan sus puntos de vista y con ello puedan sistematizar diversas propuestas desde el pueblo, pero sobre todo crear la plataforma política requerida para proseguir el batallar hacia un cambio real en el statu quo en Guatemala
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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Contralínea 495 / del 04 al 09 de Julio 2016
