Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
Guatemala, Guatemala. Poco después del escándalo por el éxodo masivo de niños y niñas hacia Estados Unidos, las alarmas vuelven a dispararse en Guatemala por los abusos sexuales y explotación que cayeron sobre algunos de esos infantes.
Investigaciones periodísticas develaron la triste realidad en que quedaron sumergidos algunos de esos menores de 18 años en la supuesta tierra prometida y ello motivó la reacción inmediata del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
El titular de esa cartera, Carlos Raúl Morales, pidió al gobierno de Estados Unidos investigar los crímenes contra una veintena de infantes y adolescentes migrantes, cometidos supuestamente por familiares y personas adultas a quienes los encomendó el Departamento de Salud y Asistencia Social.
De igual modo, solicitó “que los responsables de cometer estos delitos sean presentados ante las autoridades correspondientes, deduciendo, conforme a la ley, las responsabilidades en cada caso”.
El canciller recomendó a los connacionales denunciar cualquier caso de abuso del cual tengan conocimiento y reiteró el compromiso de velar por el respeto a los derechos fundamentales de todo guatemalteco que radique en el exterior, independientemente de su condición migratoria.
Tales pronunciamientos parten del presupuesto de que los casos denunciados no son más que “la punta del iceberg”, como declaró la directora de investigaciones del Centro FXB para la Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Jacqueline Bhabha.
Según un estudio de Associated Press, es difícil determinar el número exacto de menores migrantes sometidos a abusos entre los 89 mil que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre de 2013, debido a que buena parte de ellos no fueron localizados en pesquisas realizadas.
Sin embargo, las indagaciones permitieron demostrar que, al menos, en más de 20 casos de niños colocados en viviendas, éstos fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados.
“Él le dijo a las autoridades que me iba a llevar a la escuela, que me iba a dar de comer y vestir, pero eso no fue así, para nada”, contó Velasco y aseguró que en ese apartamento estaban otras nueve personas a las cuales su pariente les exigía pagar la renta bajo amenaza de que si trataban de huir serían castigados.
Incluso, el hombre advirtió a la familia en Guatemala que si no le enviaban dinero botaría al niño de la casa, pero por suerte éste logró escapar y llegó a una iglesia, donde uno de los feligreses se convirtió en su representante legal.
Otro guatemalteco, de 17 años, fue asignado a la casa del hermano de un amigo en Alabama, donde era obligado a trabajar en un restaurante 12 horas al día.
Mientras, dos hondureñas, una de 14 años de edad y otra de 17, fueron obligadas por su padrastro a trabajar en un bar dado a la prostitución en Florida y a laborar en un restaurante de noche, limpiar casas los fines de semana, y a estar encerradas en la casa de su tía en Texas, de manera respectiva.
Paralelo a estos abusos la mayoría de los ubicados por el estudio fueron violados por familiares, o por otros individuos vinculados a los adultos patrocinantes, acorde con exámenes de sicólogos y con abogados.
“Jamás permitiríamos que esto le ocurriera a niños estadunidenses”, expresó Bhabhaa, en alusión a la exhaustiva revisión obligatoria que en casos de infantes estadunidenses exige la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Asistencia Social a los potenciales padres adoptivos.
Sin embargo, en la misma medida en que creció la afluencia de niños que huían de la violencia en Centroamérica, las autoridades de Estados Unidos dejaron de cumplir con las políticas de protección de menores y colocaron a algunos de éstos en hogares sin el debido proceso.
De acuerdo con los investigadores, correos electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción emitidos en los últimos 3 años dan fe de esto.
Funcionarios y contratistas del Departamento de Salud y Asistencia Social de Estados Unidos dejaron de tomar las huellas dactilares a los adultos que deseaban adoptar niños, y en abril de 2014 suspendieron la solicitud de partidas de nacimiento originales como verificación de la identidad de los patrocinadores.
Para el mes de mayo también desestimaron el completamiento de los formularios con la información personal de los solicitantes y después, la revisión de sus prontuarios criminales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés).
Con estas modificaciones afloraron los abusos de los cuales contratistas y activistas sociales habían advertido desde inicios de 2012, tras detectar la existencia de “patrocinadores falsos” en Colorado, Iowa y Minnesota, los cuales trataban de adoptar varios niños a la vez, sin parentesco entre sí.
Paralelo a esto, televisoras y medios impresos de habla hispana mostraron en estos años más de una vez denuncias de maltratado contra los menores recluidos en los albergues improvisados, donde eran alojados los que llegaban del centro del continente en tanto se definía su situación.
En medio de todo ello, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) cuestionó como gran parte del debate sobre los niños se centraba en las causas del aumento de la migración, sin considerar la otra cara fea del fenómeno.
Durante mucho tiempo los centroamericanos transitaron por México con la esperanza de ingresar a Estados Unidos para huir de la pobreza y la violencia, y buena parte de éstos fueron víctimas de grupos criminales y de autoridades mexicanas, recordó.
Sin embargo, en el último lustro la situación empeoró significativamente, porque la delincuencia organizada los considera presa fácil para el secuestro, la trata de personas, la extorsión y otros delitos, advirtió WOLA.
Defensores de migrantes y de las libertades civiles en Estados Unidos denunciaron, además, que en este periodo decenas de menores fueron víctimas de asaltos, abusos sexuales, golpizas, insultos y encadenamientos, por parte incluso de agentes de la Patrulla Fronteriza.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona informó de abusos contra la niñez recluida en cinco centros temporales de detención en ese estado del Suroeste estadunidense.
“Los menores están siendo abusados sexual y físicamente, con agresiones verbales; no les dan tratamiento médico y obviamente están en condiciones terribles e inhumanas. Es un problema documentado por años”, aseveró la directora del grupo, Alessandra Soler.
Con tales antecedentes, poco extraña la proliferación de testimonios acusadores de algunos de los cientos de infantes y adolescentes centroamericanos que lograron quedarse en la tierra prometida por obra y gracia de parientes o supuestas personas interesadas en hacer caridad.
Más bien, estos anuncios obligan a ubicarse en un contexto mundial donde la esclavitud continúa latente, muy vinculada al tráfico de personas, y están expandidos por muchas partes el uso y abuso de la mano de obra infantil.
Según la Organización Internacional del Trabajo, suman más de 20.9 millones las víctimas de la trata de seres humanos y ésta es la tercera actividad ilícita más rentable a nivel mundial por detrás del tráfico de drogas y armas.
El 98 por ciento de quienes caen en estas redes son víctimas del comercio sexual, mientras otros son explotados en diferentes laborales o en forma de servidumbre doméstica, por sólo citar algunas.
La organización humanitaria Free the Slaves considera que las personas sometidas a múltiples formas de sumisión en este siglo representan más del doble de las arrancadas de África en los 3 siglos de mayor tráfico de esclavos. En nuestro tiempo “los propietarios de esclavos disfrutan de todas las ventajas de la propiedad sin asumir ningún deber. De hecho, la falta de propiedad legal es un privilegio para quienes, adquiriendo el control absoluto de lo que poseen, quedan exentos de cualquier responsabilidad”, opina la agrupación.
Particularmente, en Estados Unidos las redes del tráfico humano propician la entrada anual de casi 18 mil personas para ser sometidas, vendidas u obligadas a prostituirse, asegura la Organización de Naciones Unidas.
De hecho, la Oficina de Reubicación de Refugiados admitió que fue notificada desde julio de que varios patrocinadores y cómplices suyos orquestaban una red de tráfico de personas en Ohio, donde seis menores centroamericanos eran obligados a trabajar en polleras 12 horas al día bajo amenaza de muerte.
Los comerciantes de humanos en ese país explotan la desesperación, la vulnerabilidad, la pobreza y las escasas perspectivas de vida, reconocen expertos y manifiestan su preocupación por una niñez vulnerable que llega a tocar la puerta de una casa tenebrosa con la esperanza de una vida mejor.
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
TEXTOS RELACIONADOS:
Contralínea 479 / del 14 al 19 de Marzo, 2016
Ultraprocesados, fraude alimentario causante de cáncer Darren García, diciembre 21, 2024 Casi una tercera parte…
Casi una tercera parte de las calorías ingeridas por la población mexicana es de productos…
El 3 de diciembre, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial de…
La Habana, Cuba. El año 2024 concluye para Alemania con muchas oportunidades perdidas: desde la…
Ciudad de Panamá, Panamá. El 5 de mayo de 2024, se realizaron en Panamá comicios…
Puerto Príncipe, Haití. La próxima Cumbre India-Comunidad del Caribe (Caricom) será celebrada en 2025 en…
Esta web usa cookies.