En el nivel nacional, Guerrero es la entidad que registra las tasas más altas de homicidios dolosos; también destaca entre las de mayor incidencia de secuestros. A partir de 2011, las extorsiones y los robos violentos de vehículos en el estado repuntaron. Pese a ello, el gobierno estatal registró un subejercicio del 53.4 por ciento del recurso federal transferido en 2013 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, detectó la Auditoría Superior de la Federación
Al menos desde 1997, Guerrero se ha distinguido por ser una de las entidades con los mayores índices delictivos en el país, particularmente por el número de homicidios dolosos que registra.
Como consta en las estadísticas de averiguaciones previas del fuero común concentradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde entonces a la fecha se han perpetrado 24 mil 2 de estos crímenes en el territorio dividido en 81 municipios.
Los niveles de violencia, lejos de disminuir, se acrecientan. Tanto que durante los últimos 4 años, correspondientes a las gestiones de Ángel Heladio Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, la tasa de homicidios dolosos en Guerrero han superado la de cualquier otra entidad de la República Mexicana: 66.01 por cada 100 mil habitantes para 2012; 59.22, en 2013; 42.69, en 2014; y 22.48, de enero a mayo de 2015.
Durante el mandato de Aguirre Rivero, quien fue depuesto de su cargo en octubre de 2014 y remplazado por Ortega Martínez en carácter de gobernador interino, se han cometido en territorio guerrerense 8 mil 871 homicidios dolosos, en promedio cuatro cada día.
Fue a partir de 2009, con Zeferino Torreblanca Galindo al mando, que estos crímenes empezaron a contarse por miles. De 2003 a 2008, la cifra anual no fue mayor de 951. Si bien entre 1997 y 2002, la estadística por año se ubicó por arriba de 1 mil 35, nunca antes había superado los 2 mil registros. Esto ocurrió en 2011, 2012 y 2013, años en los que se cometieron 2 mil 158, 2 mil 310 y 2 mil 87 homicidios dolosos, respectivamente.
El secuestro es otro de los delitos que repuntó en la entidad a partir de 2011. El registro más elevado de los 14 años previos data de 1997 cuando se contabilizaron 59 casos. En 2011, sin embargo, el panorama cambió: 137 secuestros constan en las averiguaciones previas de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Un año después, la cifra fue de 165; en 2013, de 207; en 2014, de 110; y de enero a mayo de 2015, de 37. Estos números han posicionado a Guerrero entre las entidades con más incidencia de secuestros.
Las extorsiones y los robos violentos de automóviles también han venido en ascenso, según consta en la estadística oficial. En 2011, se denunciaron 85 extorsiones y 1 mil 587 robos de vehículo con violencia, respecto de los 53 y 631 del año anterior.
A los altos niveles de delincuencia que imperan en la única entidad del país nombrada en honor a un presidente de México, Vicente Guerrero Saldaña, se suma la elevada presencia de cárteles, células y pandillas vinculadas con el narcotráfico. Como lo reveló este semanario (Contralínea 407), con base en un mapa elaborado por la Procuraduría General de la República, 26 de las 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos que operan en México tienen sede en Guerrero. Destacan, Los Zetas, el Cártel del Pacífico, Los Caballeros Templarios, el Cártel de la Barbie y el de los Beltrán Leyva.
Subejercicio de 53.4 del presupuesto para seguridad
No obstante el panorama expuesto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da indicios de la ineficiente gestión por parte del gobierno de Guerrero de los recursos que la Federación le otorga para, entre otras labores, la formación, evaluación y equipamiento del personal a cargo de la seguridad pública en la entidad.
En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados concluye que para el ejercicio fiscal 2013 las autoridades guerrerenses omitieron ejercer el 53.4 por ciento de los dineros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (Fasp), que son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas locales para tareas específicas de seguridad pública.
Es así que de los 235 millones 900 mil 600 pesos que la gestión del entonces gobernador Aguirre Rivero recibió para tal fin (monto que representa el 9.3 por ciento del presupuesto total que el gobierno estatal destina para seguridad pública), sólo se ejercieron 109 millones 979 mil 100 pesos.
Asimismo, quedaron sin ocuparse 4 millones 942 mil pesos, suma que se deriva de rendimientos financieros.
Un subejercicio como el que se observa para el Fasp evidencia la incapacidad de ejercer plenamente el dinero etiquetado e implica que el dinero destinado para tal o cual obra o programa se pierda.
En 2014, el gobierno de Guerrero intentó enmendar camino. Reprogramó, al 31 de diciembre de 2013, un total de 58 millones 140 mil 500 pesos, acción que justificó por “ampliación y disminución a las metas originales” y “cambios en los bienes originalmente solicitados”.
Las reprogramaciones a las metas originales, que representaron el 24.6 por ciento del monto del Fasp, se aplicaron específicamente a los programas Prioridad Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, y Procuración e Impartición de Justicia.
En el transcurso de la auditoría en cuestión y a petición expresa del máximo órgano de fiscalización del país, la administración estatal justificó la reprogramación de 52 millones 696 mil 900 pesos, al presentar los oficios de autorización expedidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). No obstante, quedaron pendientes de aclarar 5 millones 443 mil 700 pesos, mismos que no contaron con la validación del SESNSP, lo que derivó en una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por parte de los auditores.
A junio de 2014, el total de recursos gastados del Fasp fue 182 millones 485 mil 300 pesos, con lo que el subejercicio registrado al cierre de 2013 disminuyó. Entonces era del 53.4 por ciento; al final quedó en 22.6 por ciento.
El subejercicio en cuestión implicó para el gobierno de Guerrero una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria más, a través de la cual se le solicita investigar y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que no ejercieron 53 millones 415 mil 300 pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad más los 4 millones 942 mil pesos de rendimientos financieros, lo que da un total de 58 millones 357 mil 300 pesos.
Daño a la hacienda pública por más de 7 millones de pesos
La ASF verificó la gestión de 188 millones 888 mil 400 pesos, muestra que representa el 80.1 por ciento de los 235 millones 900 mil 600 pesos trasferidos a las arcas públicas de Guerrero por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Distrito Federal.
A partir de su revisión, el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública determinó que existe un probable daño a la hacienda pública federal por 7 millones 445 mil 600 pesos, importe que equivale al 3.9 por ciento de la muestra auditada.
El daño en cuestión, detalla la entidad presidida por Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, se desprende de diversas inobservancias de la normativa en la materia, principalmente en obra pública y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Del total de 7 millones 445 mil 600 pesos, 2 millones 774 mil 987 pesos se derivan de equipo médico y de laboratorio que no se encuentran en uso, así como de dos vehículos que son utilizados para fines distintos a los programados; 1 millón 923 mil 642 pesos de la compra de municiones, cartuchos, armas cortas, armas largas y cargadores a la Secretaría de la Defensa Nacional, mismos que al cierre de la auditoría no habían sido entregados; 1 millón 473 mil 940 pesos, de la falta de amortización del anticipo otorgado la obra Ampliación del Centro de Readaptación Social de Iguala; 755 mil 180 pesos, de la pena que debió aplicarse por el atraso de 212 días naturales de la obra con número de contrato PJE-TSJ-OP-09/2013; 447 mil 500 pesos, de la pena que debió aplicarse por el retraso de 49 días naturales en la instalación de un equipo de huella balística; y 70 mil 387 pesos, por no haber aplicado los recursos reintegrados a la cuenta del Fasp como consecuencia de una diferencia monetaria entre lo pagado contra lo ejecutado respecto de la obra PJE-TSJ-OP-09/2013.
En las conclusiones de su Informe, los auditores a cargo de la fiscalización de los dineros del Fasp aclaran que, como consecuencia de la información brindada por el gobierno de Guerrero, se determinaron recuperaciones por 7 millones 445 mil 600 pesos. De estos, 70 mil 400 pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, se recobraron en el transcurso de la revisión, y 7 millones 375 mil 200 pesos corresponden a recuperaciones probables.
Gestión ineficiente y opaca
El gobierno de Guerrero debió aplicar 11 mil 741 certificaciones al personal del sistema de seguridad pública, pero sólo cumplió con 7 mil 489, es decir, con el 68 por ciento.
Debió, asimismo, construir diversas salas de ejecución del Nuevo Sistema de Justicia Penal y ampliar otras para juicios orales; no obstante, sólo reportó un avance del 58.3 por ciento.
El cumplimiento de las metas fijadas en los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también fue incompleto: de 87 por ciento para el Porcentaje de Eficiencia en las Metas de Profesionalización de las Corporaciones Policiales y de 64 por ciento para el Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización.
Por falta de controles, las metas previstas en el Cuadro de Montos del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación celebrado con el Secretariado Ejecutivo fueron igualmente insatisfechas.
Las autoridades de esta entidad también faltaron a sus obligaciones de transparencia respecto de la gestión del Fasp: no entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dos de los 12 informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, además de que la información que presentaron careció de la calidad y congruencia.
Aunado a lo anterior, en 2013, el año de la fiscalización, los índices delictivos en la entidad presentaron variaciones al alza respecto de 2012, de acuerdo con la información que el gobierno de Guerrero proporcionó a los auditores: el robo a bancos se incrementó en 650 por ciento, la extorsión en 30.8, el secuestro en 22.5 y el robo a negocios en 12.6.
La ASF, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, concluye que el gobierno de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fasp, apegada a la normativa que regula su ejercicio, lo que repercutió en el cumplimiento cabal de los objetivos y metas trazadas.
Contralínea solicitó entrevista con el gobierno del estado para conocer los procesos para solventar las observaciones realizadas por la ASF al desempeño de los funcionarios. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Flor Goche, @flor_contra
[RENDICIÓN DE CUENTAS]
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Contralínea 445 / del 13 al 19 de Julio 2015
