Un nuevo megaproyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nayarit pone en alerta a la población de cinco municipios, donde habitan más de 215 mil 266 personas de las cuales más de una cuarta parte es indígena: 65 mil 179. Se trata de comunidades en donde la pobreza extrema y moderada alcanza al 50 por ciento de sus habitantes y decenas de miles viven con alimentación precaria.
Integrantes del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro –conformado por indígenas y comuneros de los municipios Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y El Nayar– temen afectaciones en la producción de alimentos, merma en la ostricultura, afectación al Área Natural Protegida de Marismas Nacionales y la desaparición de 14 sitios sagrados de coras, nayeris, y wirráricas.
Y es que de acuerdo con el documento oficial Principales proyectos estratégicos de Nayarit, elaborado por la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del estado, se proyecta una inversión de 576 millones de dólares (aproximadamente unos 7 mil 480 millones 972 mil 800 pesos).
La información del gobierno nayarita explica que en la entidad se pretende llevar a cabo 24 obras públicas, entre las que se encuentra el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. Expone que la central hidroeléctrica se llevará a cabo sobre el cauce del Río San Pedro, en los límites de los municipios de Ruiz y Rosamorada, Nayarit, a 30 kilómetros en línea recta al Noroeste de la Presa Hidroeléctrica Aguamilpa. Lo anterior no ha sido informado de manera oficial a los pueblos que resultarán afectados.
Según el documento, la hidroeléctrica Las Cruces tendría una capacidad de generación media anual total de 801 GWh (gigavatio hora). Para ello, la Comisión Federal de Electricidad “desarrolla dos alternativas de obras viables con distinto tipo de cortina de 176 metros de altura; una de concreto compactado con rodillos y la otra de enrocamiento con cara de concreto. La construcción para ambas alternativas de obras se proyecta a un plazo de 51 meses” (sic).
Las Cruces es uno de los 30 proyectos que se encuentran en un nivel de “estudio de prefactibilidad” para generar electricidad en el país, según el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026, de la Subdirección de Programación de la CFE.
Los estados involucrados en donde se contemplan las obras son: Nuevo León, una; Chihuahua, una; Veracruz/Puebla, una; Tabasco/Chiapas, una; Nayarit, una; Veracruz, dos; San Luis Potosí, dos; Chiapas, tres; Guerrero, cuatro; Jalisco, seis; y Oaxaca, ocho.
Habitantes de la zona cercana al Río San Pedro temen que esta construcción impacte negativamente en cinco municipios: Rosamorada, Tuxpan, Santiago, Ruiz y El Nayar. En ellos la población cuenta con escasos recursos económicos. En cada uno de ellos hay presencia de población indígena. Se dedican a las labores del campo y a la pesca. Además, en la zona se cuentan 14 sitios sagrados de estos poblados.
Así lo indica Marcelina López, indígena wirrárica que ha llegado a la Ciudad de México en busca de “apoyo” para lograr la suspensión definitiva de la obra: “Nosotros debemos caminar adonde puedan escuchar nuestras voces indígenas”, dice. Explica que en la zona que será afectada por la hidroeléctrica hay 14 lugares sagrados; tres de ellos son wirráricas y hay un centro ceremonial entre Nayarit, Durango y Jalisco. “No es tan fácil que puedan cambiar los lugares sagrados; son como un árbol que se encuentra enraizado”, declara.
Marcelina lamenta que luego de que la central sea concluida, “¿dónde vamos a llevar nuestras ofrendas? Directamente no nos afecta, pero sí espiritualmente, afecta nuestra cultura. Queremos el Río libre, que no nos estén invadiendo. Como mujer indígena me duele, me lastima, somos raíces de México y nos van a invadir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos consultaron como pueblos indígenas? ¿Cuál es el respeto que nos tienen? ¿Por qué nos tratan así?”, cuestiona sin que encuentre respuesta a estas mismas preguntas desde hace 2 años.
Las comunidades que se verían impactadas si se llega a realizar la construcción de la hidroeléctrica se encuentran en grados de marginación bajo y medio. Arriba del 50 por ciento de su población se considera en pobreza moderada y extrema; y en este perímetro nayarita, 65 mil 179 personas no tienen garantizada la alimentación diaria.
Santiago Ixcuintla es el municipio con más habitantes: 93 mil 74 personas; indígenas, 1 mil 165, según los Indicadores sociodemográficos de la población total y de la población indígena, 2010, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi). Su grado de marginación es medio y el 55 por ciento de los habitantes padece pobreza extrema o moderada. La carencia por acceso a la alimentación la padece el 25.2 por ciento de su población, es decir, 20 mil 157 personas, muestra el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En Ruiz, la población indígena también es dispersa y suman 3 mil 770 personas de un total de 23 mil 469, indica la Cdi. El 72.9 por ciento de la población vive en alguno de los niveles de pobreza: 51 por ciento, moderada; 21.8 por ciento, extrema, expone la Sedesol, que también indica que el 39.5 por ciento de la población municipal (7 mil 989) carecieron de alimentación diaria.
Rosamorada tiene 3 mil 260 indígenas entre sus 34 mil 393 habitantes. El grado de marginación es medio. En tanto, la Sedesol muestra que el 61.8 por ciento de la población se encuentra en pobreza moderada y extrema; 13 mil 536 de sus habitantes no tienen asegurada la alimentación diaria.
Tuxpan tiene 30 mil 30 habitantes, 236 de ellos son indígenas y el grado de marginación es “bajo”; el 54.8 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza. Ahí, 4 mil 920 personas carecieron de acceso a la alimentación, reportan las cifras de la Sedesol.
El Nayar tiene 34 mil 300 habitantes; 31 mil 86 son indígenas y el grado de marginación es “muy alto”, dice la Cdi. Éste es el municipio con mayores grados de pobreza entre sus habitantes, al tener al 91.6 por ciento en esta situación. Aquí, 18 mil 577 personas padecen hambre, según las estadísticas de 2010.
Max Moreno Torres, integrante de la Cooperativa de Boca de Camichín, miembro del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro, es otro de los pobladores que busca eco a sus peticiones en la Ciudad de México.
El hombre, dedicado a la ostricultura, comenta que San Blas será la primera comunidad que se verá afectada, y la CFE no está tomando en cuenta su actividad productiva. Él es integrante de una de las 25 cooperativas que se han conformado para el cultivo, venta y exportación de ostión en la zona de Marismas Nacionales. “Ahí, donde desemboca el Río San Pedro que pretenden represar”, lamenta.
El hombre dice que ninguna autoridad ha informado sobre la presa que quieren construir ni han solicitado opinión a las comunidades: “La información la hemos encontrado a través de otros medios y eso nos ha servido para que las comunidades del Río San Pedro nos hayamos organizado. De llegarse a construir, va a acabar con el cultivo de ostión que producimos: más de 1 mil 500 toneladas actuales, que sólo se produce ahí. Es una especie nativa”.
Expone que habrá daños irreversibles al medio ambiente porque este Río es el que baña la arteria principal de Marismas Nacionales de Nayarit y es un Área Natural Protegida. Existe un área de manglar (de las más cuidadas en México) en más de 170 mil hectáreas, además de un “sinfín” de aves migratorias. Con la construcción de la hidroeléctrica, “afectarían ese ecosistema que le da la vida a más de 25 cooperativas en el lugar”, señala Max Moreno.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, Marismas Nacionales fue decretada como Área Natural Protegida el 12 de mayo de 2010. Se trata de 133 mil 854 hectáreas que abarcan los municipios nayaritas de Acaponeta, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. Aquí “son representativas de una gran diversidad de ecosistemas como vegetación halófila, selva baja caducifolia, matorral espinoso, vegetación de dunas costeras, esteros, lagunas, marismas y manglares”.
La Comisión expone que las áreas naturales protegidas “son áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción”.
El 14 de marzo pasado, Alfonso Flores Ramírez, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas envió una carta a Humberto Marengo Mogollón, coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad en la que solicita una serie de estudios, ya que la ejecución de la obra modificará el curso hidrológico y sedimentario del Río San Pedro hacia Marismas Nacionales.
El documento –con folio SGPA/DGIRA/DG/02342 y del que Contralínea posee copia– solicita estudios geotécnico, de sismicidad, de riesgo de erosión de suelos, de calidad del agua y, además, un inventario de la flora y fauna terrestre y acuática, entre otros.
Asimismo, la CFE deberá realizar una vinculación con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y “considerando que la zona donde se desarrollará el proyecto es considerada como zona sagrada principalmente para los grupos indígenas nayeris, además de que es un área de asentamientos de poblaciones indígenas y que el proyecto desplazará a una comunidad”.
Contralínea solicitó entrevista con Humberto Marengo Mogollón, coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, a través de Gerardo Cubos, subgerente de Información. También, con Vicente Romero, secretario de Planeación y Obras del gobierno de Nayarit, a través del áreas de Comunicación Social y Prensa, a cargo de Adriana Aguilera. Al cierre de la edición, no se obtuvo respuesta.
Érika Ramírez, @erika_contra
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