Más de 4 mil personas privadas de su libertad que podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía no han podido hacerlo, “pues aún persisten muchos obstáculos para su eficacia, señaló Fátima Gamboa, codirectora de la asociación Equis, Justicia para las Mujeres.
Al presentar el chatbot Libertad –plataforma automatizada que genera formatos para solicitar amnistía a través de Whatsapp y Facebook Messenger–, agregó que tanto la ley como su comisión en la Secretaría de Gobernación (Segob) han funcionado con opacidad y desinformación.
Gamboa señaló que la Comisión de Amnistía, presidida por la Segob, opera bajo mecanismos opacos y sin mecanismos de transparencia o rendición de cuentas. “No sabemos previamente cuándo sesionan, los temas que se están discutiendo, los acuerdos y las resoluciones de sus reuniones. Sus audiencias no son públicas, no son transparentes y no cuentas con las versiones estenográficas de las reuniones”.
La codirectora de Equis acusó que hay desinformación en el número de solicitudes de amnistía, porque en el Segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se indicó que se analizaron y dictaminaron 956 solitudes, mientras que la Segob anunció en octubre de 2020 un registro de 762, para después, en diciembre referir sólo 622.
“Sabemos que la Comisión únicamente ha sesionado dos veces y que existen requisitos y documentos que se les imponen de más, o como una carga excesiva, a las personas que están privadas de la libertad. También sabemos que a más de 8 meses de haber sido aprobada la amnistía, además de Domitila y Aracely, ninguna mujer ha sido liberada”, dijo Fátima Gamboa.
Por su parte, María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta, agregó que en la Ley de Amnistía no existen datos certeros acerca de los delitos y las personas a beneficiar, lo cual imposibilita contrastar la actuación de la Comisión de Amnistía con la realidad.
“Si la amnistía la obtienen 100 personas, 500 o 1 mil, no podemos afirmar si son muchas o poquitas”, dijo. Y subrayó, además, que en 2020 hubo una cifra récord de personas ingresadas a prisión en el contexto de la pandemia.
“No podemos tener por un lado una Ley de Amnistía y por otro lado seguir imponiendo la prisión preventiva, señaló Sirvent. Y es que, destacó, la legislación debe ir emparejada con un cambio de lógica en el Sistema de Justicia Penal, porque el impacto no será el esperado si se conserva un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Amnistía el 11 de diciembre de 2019, con 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones; mientras que el Senado de la República lo hizo el 20 de abril de 2020, con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones. (Con información de Lenin Patiño)