Los accidentes ocurridos en últimos meses a las aeronaves de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, responden a que se han dejado de aplicar las normas y manuales para la tripulación de helicópteros; también se ha dado acceso en las actividades de mantenimiento a personal inexperto y ajeno al equipo encomendado para desempeñar estas actividades.
Esto ha provocado que el peligro ronde entre los elementos de seguridad, ya que varios pilotos y tripulación han estado al borde de la muerte, luego de caer en pleno vuelo o llevar a cabo aterrizajes forzosos. En dichas aeronaves también viajan funcionarios de alto nivel de esa corporación policial.
Ejemplo de ello son los percances del 19 de febrero y el 28 de mayo pasados. La primera aeronave cayó en la Sierra de Guerrero; la segunda tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en plena ciudad de México. Ambos helicópteros quedaron en pésimas condiciones, según consta en documentos oficiales en poder de Contralínea.
Desde febrero de este año ya se había alertado al entonces comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos — cesado del cargo y sustituido por Manelich Castilla Cravioto —, de que se desarrollaban actividades que “atentan contra la seguridad del personal que opera las aeronaves y el que es transportado, así como el personal de tierra…”
Dos meses después (19 de abril) llegaba la queja de 10 servidores públicos a las oficinas de comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. En ella, se detalla del accidente ocurrido el 19 de febrero, donde resultó dañada la aeronave EC-120 Colibrí, matrícula XC-DPF, en la Sierra de Guerrero y “del cual los tripulantes salieron con vida”.
El Órgano Interno de Control de la Policía Federal ha reabierto los expedientes y ha citado a los involucrados en la operación de los helicópteros.
La carta enviada al entonces comisionado Galindo Ceballos fue presentada el 10 de febrero de 2016 —con sellos de recibido en la Oficina del Comisionado General y de la Secretaría General—. En ella se informa del ambiente laboral y profesional en el que se desarrollan las actividades de mantenimiento en el hangar de helicópteros base Contel.
Ahí se denuncia que el responsable de estas operaciones indebidas es el policía primero Mauricio Leal Díaz, director de mantenimiento, pues “ha desarrollado actividades que atentan contra la seguridad del personal que opera las aeronaves, personal que trasporta y al personal en tierra”.
Según el documento, el servidor público ha permitido, en reiteradas ocasiones, que personal ajeno a la institución realice trabajos de mantenimiento a helicópteros, usando indebidamente uniforme de la Policía Federal y “corrigiendo trabajo efectuado y obligándonos a firmar los trabajos que no fueron realizados por el personal de esta institución”.
Acusa que se ha utilizado material que no cuenta con requerimientos que establecen los manuales de mantenimiento y normas, “tal es el caso del Cesco (emplea jabón Salvo), alcohol, acetona, o metil etil ketona (thinner comercial) respondiendo a esto [ante las observaciones de los denunciantes de que se está llevando a cabo un procedimiento incorrecto]: a ti te vale madres…”.
Además, el director de Mantenimiento, “al realizar el post vuelo (inspección y revisión de reportes de las aeronaves al llegar a la base Contel) hace caso omiso de los reportes del personal que no es de su agrado, poniendo en riesgo la integridad del aeronave y del personal”.
El documento dirigido a Galindo Ceballos dice que el policía primero Mauricio Leal asigna a personal con poco conocimiento la responsabilidad de los equipos, cuando apenas han cumplido tres meses de trabajo y sin oficio de comisión; “al llegar de las comisiones debemos pasar a platicar con el encargado de mantenimiento y convenir una parte de los viáticos para que no tengamos distinciones…”.
Se afirma en las denuncias que Mauricio Leal ha actuado en contra de los servidores adscritos a la Dirección de Ala Rotativa de la Coordinación de Operaciones Aéreas a la División de Fuerzas Federales. La misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto reitera que los hechos y anomalías afectan y ponen en riesgo las operaciones de helicópteros de la Policía Federal, la vida de los funcionarios y de las tripulaciones.
Acusa también que el policía Leal autoriza a “un civil de nombre Daniel Martínez de entrar a las instalaciones, regalarle un uniforme que porta la insignia de la institución… y le autorizaba realizar trabajos en los helicópteros Black Hawk sin poseer una licencia federal y sin la certificación adecuada y sin capacitación”.
Estas quejas llegaron a la titular del área de quejas del OIC en la Policía Federal, Nayeli Lizat Maldonado Toral, por lo que se abrieron los expedientes de investigación 2016/PF/QU65 Y 21786/2016/DGDIPF/QU88.
Sin embargo, el 27 de junio pasado la misma Maldonado Toral informó mediante oficio OIC/PF/5801/2016 que se emitió el “Acuerdo de Archivo respectivo, motivo por el cual se registra el presente como total y definitivamente concluido”.
Una de las pruebas presentadas ante las autoridades que investigan las irregularidades denunciadas es la bitácora con folio 2148. En ella se da cuenta del vuelo de una de las aeronaves modelo AS-350-B3; número de serie 3216 y matrícula XCPFQ.
En la descripción de los hechos explica que el helicóptero se mantuvo hora y media en el aire y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en la zona de Xochimilco, por lo que se dañó el equipo. En él viajaban como “capitán”: Brenda González, con la licencia 24782, y Fredy Zavaleta, con la licencia 200003855.
La nota de la bitácora muestra que se trataba de un vuelo de “adiestramiento, práctica de procedimientos normales y de emergencia”. En el reporte se lee “se prendió la luz roja gobernador en vuelo, aterrizando de emergencia y resultando con daños el equipo”.
Los daños de la aeronave fueron en partes estructurales del fuselaje y componentes dinámicos, lo que dejó el helicóptero fuera de servicio por un periodo prolongado. Ahora, resguardado y “escondido” en el taller de Airbus México, antes Eurocopter.
Personal allegado a las investigaciones aseguran a Contralínea que el procedimiento de aterrizaje no fue el correcto, ya que el manual (que debieron haber consultado) indica la forma correcta de reaccionar ante el encendido rojo de gobernador.
“Resultando improcedente las acciones tomadas por la tripulación, ya que el manual de vuelo correspondiente refiere que cuando se enciende la luz roja del gobernador deberá regularse manualmente mediante la palanca de aceleración la alimentación de combustible, manteniendo en arco verde las revoluciones, y proceder a la base”, se lee en uno de los anexos del documento presentado ante el entonces comisionado general y del que tiene conocimiento el OIC.
Una de las normas que establece las especificaciones para conformar un sistema de identificación de defectos y fallas ocurridas a las aeronaves es la Norma Oficial Mexicana NOM-060-SCT3-2011, misma que a decir de los denunciantes no se ha respetado.
Esta norma aplica a todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos nacionales que efectúen operaciones en territorio nacional y en el extranjero, así como a permisionarios y operadores aéreos extranjeros que efectúen operaciones en México, y operen de conformidad con la Ley de Aviación Civil y su reglamento.
El artículo 108 del Reglamento de Ley de Aviación Civil dice a la letra: “El concesionario, permisionario u operador aéreo tiene la obligación de dar aviso a la Secretaría, en forma inmediata, de cualquier anormalidad que afecte la seguridad de las operaciones y las condiciones de aeronavegabilidad, así como proporcionar toda la información relativa a la misma que sea de su conocimiento”.
Y en el siguiente artículo del reglamento establece que todo comandante o piloto al mando de la aeronave, por razones de seguridad, después del vuelo debe “notificar al concesionario, permisionario u operador aéreo de todas las fallas o anormalidades que note o que presuma que existan en la aeronave y asentarlas en el libro de bitácora correspondiente”.
Las fallas ocurridas debieron de notificarse a la autoridad aeronáutica mediante el formato DGAC-80, que debe ser elaborado inmediatamente. En él se deben integrar los reportes a que se refieren las fallas en la estructura primaria, del sistema de control, incendio en la aeronave, en la estructura del motor y cualquier otra condición que ponga en peligro inminente para la seguridad de la aeronave.
Desde el 20 de septiembre pasado se solicitaron entrevistas con el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; así como con Víctor Peña Cañedo, encargado de la Dirección General de Supervisión y Seguridad Aérea, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Contralínea 512 / del 31 de Octubre al 5 de Noviembre 2016
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