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Amado Yáñez Osuna, su hermano Carlos Daniel y sus socios Martín Díaz Álvarez, Oliver Fernández Mena, Hermilo Escobedo Obrador y Francisco Javier Rodríguez Borgio habrían constituido una red criminal para supuestamente lavar dinero del narcotráfico y del tráfico de hidrocarburos robados a Petróleos Mexicanos (Pemex), revelan los primeros resultados de la investigación conjunta de la Procuraduría General de la República (PGR) y los órganos de inteligencia del Estado mexicano.
Según las autoridades federales, el origen del dinero sería, por una parte, el narcotráfico ligado al Cártel del Golfo; y, por otra, el tráfico de combustibles robados a la paraestatal.
Respecto de este último ilícito, la indagatoria revela que los empresarios habrían participado directamente en una organización criminal más amplia. También, que habrían utilizado las más de 60 gasolineras que posee Rodríguez Borgio a lo largo del país –por medio de su Grupo Gasolinero Mexicano– para distribuir los productos saqueados a Pemex.
Además de estos delitos, los seis empresarios son investigados por evasión fiscal, fraude financiero y cohecho. Así, todos sus negocios y cuentas bancarias son escrutados a profundidad por la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Como se recordará, el pasado 28 de febrero, Oceanografía fue asegurada por conductas fraudulentas en créditos concedidos por Banamex, filial del estadunidense Citigroup, por 360 millones de dólares. Desde entonces, la naviera quedó bajo disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y el acto se derivó de una averiguación previa cuyo antecedente fue la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública el 11 de febrero.
Como parte de las investigaciones judiciales, se descubrió que la empresa fue contratada irregularmente por Pemex desde 2001, vía cohecho y tráfico de influencias, tal como lo ha revelado Contralínea.
Actualmente, además del expediente específico de Oceanografía, la PGR mantiene abiertas las averiguaciones previas PGR/SEIDOIACJUEIORPIFAMl74/ 2013 y APIPGR/QROIQRO-IV/090/2012. En este contexto se dio el arraigo del empresario Amado Yáñez Osuna y las órdenes de presentación contra Martín Díaz y Rodríguez Borgio, actualmente prófugos.
El otrora amigo del primer círculo presidencial, Amado Yáñez Osuna, ha perdido no sólo la libertad, sino el control económico y político del que antes gozaba. Ahora, la PGR busca fincarle responsabilidades por los delitos de fraude financiero, lavado de dinero y crimen organizado.
Según el expediente, sus empresas Sea Horse Miami, Inc; Con-Dive, Llc; Sea Horse Marine, Inc; OSA International, Llc, constituidas en Estados Unidos, están vinculadas a Mindy Kay McGilvrey, “una operadora al servicio de ese Cártel que instrumentó una extensa red de empresas para el lavado de dinero, utilizando sobre todo compañías de bienes raíces, fundamentalmente del estado de Texas, aunque también de otras partes de ese país”.
Mindy fue detenida en 2011 junto con otras 14 personas durante un operativo realizado por la Agencia Antidrogas en contra del Cártel del Golfo. Le fueron asegurados 40 millones de dólares, seis automóviles de diversas marcas y 11 propiedades. En 2012, fue sentenciada y recluida en una cárcel de Bryan, Texas.
La investigación conjunta refiere que, antes de su detención, Mindy tuvo una “estrecha relación personal y de negocios” con Amado Yáñez, con quien se vinculó en 2004. Como su operadora en Estados Unidos, estructuró las cuatro empresas a las cuales el empresario arraigado envió millones de dólares, y con las que adquirió varias propiedades, además de diversos barcos que posteriormente Oceanografía arrendó a Pemex.
Actualmente, las cuatro compañías son también investigadas por la Comisión de Valores y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Esta última, ya comparte información con la PGR “para determinar si en esas empresas de Amado Yáñez hubo recursos procedentes del Cártel del Golfo, por conducto de la operadora Mindy Kay McGilvrey”.
Uno de los principales implicados en la serie de ilícitos que investigan las autoridades federales en torno al caso Oceanografía es Martín Díaz Álvarez . Del operador financiero de Amado Yáñez Osuna y supuesto accionista de la naviera, el expediente al que se tuvo acceso apunta que antes de asociarse con Yáñez Osuna fungió como director general de Ixe Casa de Bolsa, consejero de Latin Financial Services, Llc, y consultor de Latin América Mover Services, Llc.
Los datos recabados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada desde 2013 refieren que el empresario sería responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo, evasión fiscal y delincuencia organizada.
Según la indagatoria, el primo de Francisco Gil Díaz –titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de Vicente Fox– formaría parte junto con otros empresarios de una red que compra y distribuye en sus gasolineras combustibles robados a Pemex por cárteles dedicados a la ordeña de los ductos de la paraestatal, ubicados fundamentalmente en los municipios de San Juan del Río y Huimilpan, Querétaro.
A Díaz Álvarez se le ubica como el principal artífice de la reestructuración financiera de Oceanografía, “realizada durante el gobierno de Vicente Fox y para la cual contó con el apoyo de su primo Francisco Gil Díaz, entonces titular de la SHCP, quien brindó todo tipo de facilidades a esta empresa para sanear sus finanzas y saldar diversos adeudos fiscales que arrastraba desde hacía algún tiempo”.
El análisis que realizan conjuntamente las autoridades federales refiere que Díaz Álvarez está casado con Gloria Pérez Jácome –hija del exsenador Dionisio Pérez Jácome– conductora y presentadora de Tv Azteca. Ésta es hermana de Dionisio Pérez Jácome Friscione, coordinador de Asesores de Felipe Calderón, exsubsecretario de Egresos de la SHCP, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, y actual representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En la red de venta y distribución de combustibles robados a Pemex, el expediente ubica a Martín Díaz Álvarez como socio del empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, presidente del Grupo Gasolinero Mexicano.
Dicho Grupo opera más de 60 gasolineras en diversas entidades del país, a través de las cuales se distribuirían los combustibles ordeñados directamente de los ductos de la paraestatal.
La investigación indica que “se han obtenido pruebas sólidas en contra de Martín Díaz Álvarez y de Francisco Javier Rodríguez Borgio por su participación en esta red delictiva, razón por la cual ya se libró en su contra una orden de búsqueda y presentación, ya que ambos se dieron a la fuga ante el avance de esta indagatoria”.
Los nombres de ambos fueron descubiertos en la averiguación previa APIPGR/QROIQRO-IV/090/ 2012, iniciada en febrero de 2012 contra “una extensa banda” dedicada al robo y ordeña de los ductos de Pemex, los cuales vendían posteriormente a distintos empresarios de gasolineras, entre los que se encuentran Díaz Álvarez y Rodríguez Borgio.
Pero no es el único delito por el cual se persigue a Rodríguez Borgio: éste enfrenta una orden de aprehensión por haber falsificado una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con la que estaría operando algunos de sus casinos y centros de apuestas. Estos hechos están consignados en la causa penal 324/2012 del Juzgado 22 Penal del Distrito Federal.
Ante estas evidencias, la PGR investiga desde hace algunos meses si parte de las utilidades obtenidas por la venta de combustibles robados a Pemex fueron canalizadas a otras empresas de Rodríguez Borgio, como los casinos Big Bola y Libertad Servicios Financieros, que opera la Caja Libertad.
Sobre esta última, la indagatoria señala que su socio Martín Díaz Álvarez ha fungido como presidente del Consejo de Administración, cargo al que renunció el 1 de marzo de 2014 mediante un escrito dirigido a dicho Consejo en virtud de que se encuentra prófugo, “habiéndosele ubicado recientemente en Madrid [España]”.
Los primeros resultados de la investigación conjunta refieren que Rodríguez Borgio tiene vínculos directos con Oceanografía, pues a través de dos de sus empresas (GGM Energy y GGM Shipping) ha sido proveedor durante muchos años de esa compañía: les arrendaba barcos para el transporte de personal y de combustible, que a su vez la empresa de Yáñez Osuna rentaba a Pemex.
Aunado a esto, Rodríguez Borgio es socio de Amado Yáñez y Martín Díaz Álvarez en el equipo Gallos Blancos de Querétaro, de la Liga MX de México, “razón por la cual la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera investigan actualmente si Rodríguez Borgio utilizó recursos de procedencia ilícita en este equipo de futbol”.
De acuerdo con el expediente, Rodríguez Borgio también habría financiado con recursos económicos y materiales campañas político-electorales de dos políticos del Partido Acción Nacional en Querétaro.
También el extenista Oliver Fernández Mena, miembro del Consejo de Administración del Grupo Aknuuk, SA de CV, y dueño del 5 por ciento de las acciones de Oceanografía es investigado no sólo por su relación con la naviera de Amado Yáñez, sino por sus demás actividades empresariales.
A pesar de que el empresario declaró haber sido estafado por Amado Yáñez Osuna y de que intentó desmarcarse del caso de corrupción, tráfico de influencias y fraude financiero de Oceanografía, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera llevan a cabo una revisión minuciosa de sus otras empresas englobadas en el Grupo OFEM, entre las cuales destaca Crédito Maestro.
Otro socios de Oceanografía a quienes las autoridades federales buscan fincar cargos penales son Carlos Daniel Yáñez Osuna, hermano de Amado, quien posee el 0.03 por ciento de las acciones de Oceanografía; y Hermilo Escobedo Obrador, supuesto pariente de Andrés Manuel López Obrador, apoderado y director de Logística de la naviera, a quien se le identifica en el expediente como “parte fundamental del entramado de corrupción que se investiga”.
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