En Alemania se desarrolla un singular juicio contra altos ejecutivos de una de las más grandes empresas armamentistas del mundo, la corporación Heckler & Koch. La razón: haber suministrado armas a entidades mexicanas que el país europeo considera territorios en conflicto armado, a los cuales prohibió venderles.

De acuerdo con el diario Reforma, los fiscales de esa nación presentaron cargos el 15 de mayo pasado contra seis empleados de la compañía alemana, por el presunto tráfico ilegal de artefactos de fuego a varios estados mexicanos caracterizados por la violencia armada.

Entre esas entidades destaca Guerrero porque, según los fiscales, las armas vendidas entre 2006 y 2009 a la mexicana Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) terminaron involucradas en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (el 26 de septiembre de 2014).

Aunque en una primera audiencia los ejecutivos responsabilizaron a la Sedena del destino del armamento, el caso Heckler & Koch es relevante no sólo por las sanciones que se esperan, sino sobre todo porque puede visibilizar el sufrimiento de millones de mexicanos derivado del comercio irresponsable de armas a nivel internacional, en el contexto particular de la “guerra” contra el narcotráfico.

Estados Unidos, el país que más armas le vende a México

En ese comercio irresponsable Estados Unidos juega un papel fundamental: su industria es una de las principales proveedoras de la Sedena, pero lamentablemente no es la única. En la lista de facilitadores de armamento también están Israel, Sudáfrica, Bélgica, Suiza, República Checa, España, Italia, Brasil, Uruguay, Canadá, Turquía y, por supuesto, Alemania.

Este último es el único país que busca condenar el flujo indiscriminado de armas de fuego, causante de más de 250 mil asesinatos de civiles en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. Ello, sin que formalmente México esté en un conflicto armado.

Según informes de la Sedena, entre las empresas estadunidenses beneficiadas con contratos para venta de armas están: US Ordnance, Inc; Eurosports, Llc; Colt Defense, Llc; MLM International Corporation; Dillon Aero, Inc; Abrams Airborne Manufacturing, Inc; RM Equipment, Inc; Combinet Systems, Inc; Barret Fierarms Manufacturing, Inc; Knigts Armament Company, Llc; Nammo Talley, Inc; y United Tactical Systems, Llc.

Además, Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; y Winchester Division Olin, Corp.

Otras corporaciones que surten armas a la Sedena son las belgas Fabrique Nationale Herstal, SA, y Browning, SA; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; las alemanas Heckler & Koch, Gmbh, y Carl Walther, Gmbh; la suiza Sig Sauer, Inc; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS, y Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA, y Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA, y Rizzini, SRL.

En la lista figuran también la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.

Antiética venta de armas

La venta indiscriminada de armamento a un país con tan altos niveles de violencia es, por lo menos, antiética. Y es que ningún otro Estado como el mexicano ilustra la crisis de violencia generada por el comercio legal de armas.

Crisis que ha sido denunciada y condenada por instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Geneva Academy for International Humanitarian Law and Human Rights y el International Institute for Strategic Studies (IISS).

En marzo pasado, la Geneva Academy señaló que la violencia en México es comparable a la de un conflicto armado no internacional; y, en septiembre de 2017, el IISS lo ubicó como el segundo territorio de conflicto más mortal en el mundo, sólo después de Siria. No obstante, 1 mes después, ese Instituto detectó fallas metodológicas en su evaluación, pero reiteró que este país se encontraba en los 10 conflictos más mortíferos del planeta sin revelar la posición que ocupa.

De los saldos de la violencia armada son responsables no sólo los gobiernos mexicanos y el crimen organizado, sino también la industria armamentista internacional y los países que permiten esos “negocios” a costa de la vida y la integridad humana.

Negocios altamente rentables, pues en el contexto de la estrategia contra el narcotráfico, las fabricantes y comerciantes de armas han vendido centenas de artefactos a la Sedena que nutren a militares, marinos y policías.

La “guerra” contra el narco –que les deja ganancias multimillonarias– es la misma que desató la militarización del país y la violencia extrema que enfrentamos desde 2007, sin que alguna de esas compañías haya limitado sus ventas.

Peor aún, en el caso que se juzga en tribunales alemanes, Heckler & Koch violó la ley que le impedía vender armas bajo el argumento de no ser culpable de su empleo final. Y aunque esta omisión ya se juzga, también es un hecho que la justicia alemana llega tarde: después de por lo menos un crimen de lesa humanidad, como es el de los normalistas.

Por esta omisión, Alemania –como el resto de países proveedores– es responsable de la crisis humanitaria, que no sólo se refleja en los miles de civiles asesinados, sino también en el indeterminado número de heridos por armas de fuego y víctimas de abusos por parte de actores estatales y no estatales armados.

Entre ellas, las más de 270 mil personas desplazadas forzosamente; las decenas de víctimas de desaparición y desaparición forzada; además de las miles de personas que viven bajo el asedio de grupos armados.

Ante esta terrible realidad, México debe ser catalogado como un país en conflicto armado y la industria internacional, obligada a cesar la venta de armas a la Sedena.

Nancy Flores/Primera de dos partes

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