El conflicto entre el Comité de Inteligencia del Senado estadunidense y la CIA deja al descubierto la decadencia moral y la impunidad de la Agencia Central de Inteligencia. Confirmado, que desde la administración de George Bush se erigieron cárceles clandestinas y se estableció la tortura como “método” de trabajo cotidiano

Luis Beatón/Prensa Latina

La controversia que enfrenta al Comité de Inteligencia del Senado, la Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) evidencia un interés marcado del espionaje estadunidense de ocultar su oscuro pasado de cárceles clandestinas, torturas e interrogatorios abusivos de prisioneros en busca de “informaciones útiles” para luchar contra el terrorismo.

Según Tim Weiner, un exreportero de seguridad nacional para The New York Times y autor del libro Legado de cenizas: la historia de la CIA, 5 años de frustración estallaron cuando la senadora Dianne Feinstein puso a la entidad en la palestra por algunas de sus prácticas.

Feinstein acusó a la Agencia de mentir, engañar y de robar para bloquear un informe de 6 mil 300 páginas sobre sus prisiones secretas y la tortura, que aún no ha sido publicado.

Según la parlamentaria demócrata por California, la entidad estaba espiando al personal del Comité de Inteligencia del Senado para cubrir sus propias fechorías.

Durante más de 5 años, una cortina de humo cubrió la prácticas de los espías estadunidenses, y pese a la reacción interna y externa contra la tortura de prisioneros en cárceles secretas, poco se avanzó en su conocimiento, incluso los propios congresistas en Washington desconocen hasta dónde llegó la brutalidad en algunos interrogatorios.

“Tres exdirectores de la CIA, junto con sus jefes contraterrorismo y consejeros, han manchado nuestro honor nacional con la realización del programa de prisiones secretas y sus intentos de ocultar sus secuelas”, indicó Weiner en un comentario que publicó en el diario digital Político.

Desde hace mucho tiempo debieron realizarse audiencias públicas sobre lo que sucedía en el interior de las prisiones secretas, un programa autorizado por el entonces presidente George W Bush poco después de los ataques del 11 de septiembre y prohibido por su sucesor Barack Obama, cuando asumió el cargo en enero de 2009.

La revisión de estas prácticas por el Comité de Inteligencia durante 5 años, ahora crea un ambiente de confrontación en Washington, donde incluso algunos medios acusan a la Casa Blanca de ocultar informes que darían luz a la actuación del espionaje y la aplicación de tortura.

Feinstein ha destapado un verdadero avispero en el Capitolio, pues la acusación de que la agencia espió computadoras del Congreso supone una violación de la ley y la Constitución, con el fin de obstruir un informe que pudiera ser muy revelador de hasta dónde llegan los espías para lograr sus fines.

La búsqueda en archivos de computadora sin orden judicial supone una violación de la Cuarta Enmienda y rompe directrices de la propia Agencia que, según Weiner, no debe actuar como policía secreta en Estados Unidos.

Por otra parte, algunos analistas consideran que la telaraña es bien densa e involucra a muchos funcionarios interesados en que no salga a la luz pública el informe del Senado, el cual pondría en crisis a una de las más viejas agencias del espionaje del país.

El autor de Legado de cenizas: la historia de la CIA opina que hay dos alternativas en este caso: se permite el obstruccionismo, del pasado y del presente, o son llamados los jefes de la Agencia a testificar bajo juramento, en público, y explicar el resumen ejecutivo del informe.

Agrega que la lista de testigos debe comenzar con los exdirectores de la CIA George Tenet, Porter Goss y Michael Hayden, que sirvieron bajo la administración de Bush, época en la cual se crearon las cárceles secretas y se entronizó la tortura como un método de trabajo.

El siguiente paso, plantea, debería ser José Rodríguez, quien era el jefe de servicio clandestino de la CIA en 2005, cuando fue ordenada la destrucción de las cintas de video de las prisiones secretas donde se torturaba.

Para analistas y expertos, la labor de inteligencia en la lucha antiterrorista ha sido manipulada a fin de engañar, lo que pudiera desenmascarar argumentos esgrimidos de que con la tortura se obtenían informaciones útiles.

En su artículo, Weiner señala que la CIA quiere pasar la página de este capítulo inédito de su historia pero, subraya, no se puede pasar la página si no se ha aireado el material.

También en una entrevista con la CNN, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Diputados, el republicano Mike Rogers, calificó la situación de preocupante y abogó por llegar al fondo del problema.

Mientras crece la controversia, que incluye a influyentes demócratas y republicanos, el senador Lindsey Graham llamó a una reorganización en la CIA si se validan las afirmaciones de Feinstein de que los funcionarios de la Agencia obstruían su investigación.

Asimismo, un artículo del diario The New York Times sobre las acusaciones de Feinstein aseguró que la actuación de la Agencia ya era bastante escandalosa en la historia de la detención ilegal, la tortura y los duros interrogatorios de sospechosos de terrorismo.

El diario neoyorquino dio gran valor a la exposición de la senadora, porque ésta fue de mucho apoyo a las agencias de espionaje y a la ampliación de sus poderes, posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Detalló Feinstein elementos que indican que la entidad maniobró para obstaculizar la investigación del Comité, después de que los senadores descubrieron la destrucción de cintas de video de los interrogatorios durante la Presidencia de George W Bush.

Los interrogatorios incluían una variedad de métodos brutales, algunos de los cuales, como el llamado submarino (introducir la cabeza de un reo en un tanque con agua para causar la sensación de ahogamiento) en particular, eran inequívocamente tortura, precisa el rotativo neoyorquino.

Análisis de medios de prensa y legisladores locales estiman que los esfuerzos de la CIA, además de ocultar las violaciones legales, intentan impedir un mayor descrédito de sus actividades, amparadas en la presunta búsqueda de “informaciones útiles”, aunque para ello tengan que torturar.

Contralínea 379 / 30 de marzo al 5 de abri