Cuando parecía que la entrega del petróleo mexicano a las trasnacionales no podía ser más descarada, llega la cuarta licitación de la Ronda Uno. Con ésta, a las empresas que operan en Estados Unidos les bastará cruzar la línea fronteriza para obtener bloques que en ese país sólo conseguirían en decenas de subastas. El dinero por esta licitación –que viola la nueva ley– llegará, si acaso, hasta en dos generaciones
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La principal característica de la cuarta licitación es que el gobierno abarata todavía más los bloques que ofrece a las grandes empresas extranjeras, únicas que podrán participar en esta subasta. Cualquier ciudadano que consulte la página www.ronda1.gob.mx podrá comprobar que les condona –o mejor dicho, les regala– uno de los pagos que según la legislación deberían hacer los contratistas para adquirir las “áreas contractuales”. Asimismo les otorga otras facilidades en los contratos, llegando a extremos que no se habían visto ni en los de los más pobres y sometidos países africanos. Las enumeramos a continuación.
- Otra vez renuncia al pago llamado “bono a la firma”, un componente distintivo del modelo del contrato de licencia.
- Amplía la superficie de la licitación, modificando la formulada originalmente, en 2014.
- Amplía las dimensiones de cada área contractual: ahora hay seis con más de 2 mil kilómetros cuadrados y una con más de 3 mil. En otras palabras, lo que Enrique Peña ofrece equivale a más de 100 veces el tamaño de las áreas de Estados Unidos. Es decir, a las empresas que ya operan en ese sector les bastará con cruzar la línea fronteriza para que aquí obtengan bloques que en el país vecino sólo conseguirían en decenas de subastas.
- Amplía los plazos para el inicio de actividades ahora en espera de que el mercado internacional vuelva a reanimarse y mejoren los precios. Los contratistas podrán disponer de 4 años para realizar “estudios” e iniciar producción hasta 2021, plazo que podría diferirse hasta 2024.
Peña anunciaba que en su sexenio tendría más ingresos. Sin embargo, en las nuevas condiciones serán sus nietos los que recojan los supuestos grandes flujos de recursos fiscales por la explotación del petróleo de las aguas profundas.
Estas cuatro características serían suficientes para concluir que el objetivo de lograr producción nueva y más recursos fiscales ha sido abandonado. Ahora de lo que se trata es de entregar los bloques.
Entregar bloques violentando la legislación
El viraje del gobierno de Peña implica que hicieron a un lado la legislación que el mismo gobierno, en un golpe al Poder Legislativo, asestó en 2013: el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional votada el 13 de diciembre y las leyes reglamentarias de agosto de 2014. Concretamente el artículo 6, fracción 1, apartado A, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece el “bono a la firma” como la primera de las contraprestaciones a favor del Estado en los contratos de licencia. Y el artículo 7 de la misma Ley establece con toda claridad: “…El bono a la firma será determinado por la Secretaría de Hacienda para cada contrato y su monto, así como sus condiciones de pago, se incluirán en las bases de la licitación para su adjudicación… Dicho bono será pagado en efectivo por el contratista al Estado mexicano a través del Fondo Mexicano del Petróleo”.
Repetimos lo que dice la Ley: “El bono a la firma será determinado para cada contrato”. Para una mejor y más amplia explicación véase el artículo de Fluvio Ruiz Alarcón que circula en la más importante zona petrolera del Sureste, publicado en el diario Presente de Villahermosa, Tabasco, y reproducido por otros medios en Ciudad del Carmen, Campeche.
Pasemos a continuación a examinar el problema del tamaño de los bloques y del conjunto de kilómetros cuadrados que se pretende licitar, otra de las “flexibilizaciones” realizadas para garantizar el “éxito”, mejorar la “competitividad” o evitar que los bloques queden desiertos.
El mapa 1 muestra las áreas contractuales en Perdido propuestas inicialmente.
Seguramente pasaron largas jornadas cavilando la ubicación de los bloques y sus dimensiones; en algún momento consideraron un diseño que incluía al pozo Supremus y colocaba al pozo Vasto-1 en el límite de una de las áreas.
Finalmente en el mapa 3 se ilustra las áreas definitivas entre las que el bloque 1, segmentado en dos fracciones, tiene una longitud de más de 100 kilómetros cercano al paralelo 26 grados Norte. Ello indica las esperanzas de que se descubra algún yacimiento transfronterizo.
El mismo mapa 3 presenta la extensión a licitar que suma en total 8 mil 218 kilómetros cuadrados.
Para ofrecer referencias que permitan al lector hacer algunas comparaciones, recordemos que la parte que pertenece a Estados Unidos del Cinturón Perdido tiene una extensión de 3 mil kilómetros cuadrados, es decir, en un sólo evento Peña Nieto licitará lo que en el país vecino fue licitando a lo largo de 20 años. (El dato sobre la extensión del área yanqui puede verse en el artículo de Joseph C Fiduk, et al, “The Perdido Fold Belt, Northwestern Deep Gulf of Mexico…”, publicado en el Boletín de la Asociación Americana de Geólogos, Volumen 83, número 4, abril de 1999, páginas 578-612.)
La ampliación del área en conjunto y de los bloques es también evidente en la Cuenca Salina, pero omitiremos los mapas porque creemos que con lo ya escrito el tema queda explicado y, además, el lector puede consultarlos fácilmente en la página www.ronda1.gob.mx ya citada.
Producción para 2030
Los plazos para esperar resultados se cuentan a partir de lo que se llama “la fecha efectiva”, que corresponde a la firma del contrato. A partir de la misma el contratista dispondrá de 6 meses para presentar un “plan de exploración”. Una vez aprobado comenzará el llamado “periodo inicial” que tendrá una duración de 4 años contados a partir de la fecha efectiva.
Así, suponiendo que ésta comience en diciembre de 2016, concluiría en diciembre de 2020, en el que podría culminar el Programa Mínimo de Trabajo; pero el clausulado permite al contratista solicitar una prórroga llamada “primer periodo adicional de exploración”, de tal manera que eventualmente hasta diciembre de 2023; es decir que el desarrollo de algún campo podría iniciarse al finalizar el sexenio del sucesor de Peña Nieto.
Para finalizar digamos que quienes han leído el engorroso paquete de información con las bases de la licitación y el modelo de contrato coinciden que las grandes empresas no dejarán de aprovechar esta ganga inigualable y aún así no falta quien todavía manifieste algunas dudas sobre aspectos como la complejidad geológica en las cuencas Perdido y Salina, o sobre aspectos geopolíticos como el de si Estados Unidos permitirá que empresas chinas se instalen cerca de la frontera México-Estados Unidos en el Golfo de México.
Recordemos que los chinos han emplazado un grupo de 100 de sus expertos en geociencias estudiando la posibilidad de entrar a México. Desde luego, ya están en tierra, ¿pero cerca de la frontera marítima? Cuando gobernaba en el país vecino uno de los Bush no les permitieron la compra de los bloques 901 y 903 contiguos a la línea fronteriza, donde se ubican los pozos Trident. En suma, por todo lo que se decidirá en 2016, será un año muy importante que de alguna forma impactará en el curso futuro de este país.
Fabio Barbosa*
*Economista y maestro en historia de México; especialista en industria energética; investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: PETROLERO]
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Contralínea 475 / del 15 al 20 de Febrero 2016
