En los 9 meses del actual gobierno, el contexto de extrema violencia e impunidad no ha cambiado para los periodistas. A ello se suman las agresiones verbales del presidente López Obrador, así como la asignación discrecional del gasto publicitario. Expertos señalan que en acceso a la información también hay un retroceso

El gobierno de la llamada “cuarta transformación” no ha logrado instrumentar cambios de fondo para garantizar la libertad de expresión y el derecho humano a la información. Tampoco ha establecido criterios claros para asignar los recursos públicos destinados a publicidad oficial, lo que termina en un gasto discrecional como en el pasado, consideran expertos consultados por Contralínea.

En el caso de la seguridad de la prensa, el contexto es muy difícil. En lo que va de 2019, México ha registrado el 30 por ciento de los asesinatos de periodistas en todo el mundo, lamenta Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica. Señala que la impunidad asciende a más del 90 por ciento de los casos, de tal forma que ambos flagelos –violencia e impunidad– han alcanzado los peores índices a nivel mundial.

Aunado a ello, agrega, “el discurso estigmatizante del presidente no aporta nada en el país más violento y mortal para la prensa”. La abogada experta en temas de derechos humanos se refiere a los calificativos –“chayoteros”, “fifís”, “conservadores”, entre otros– usados por el jefe de Estado durante sus conferencias de prensa y mítines.

Para la doctora Issa Luna Pla, coordinadora del Área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la relación entre López Obrador y la prensa “ha sido tensa en muchos momentos. Una relación donde también no se le ha reconocido al periodismo su extraordinaria labor en la democracia, labor que ha desarrollado en toda la historia de México, no solamente en su gobierno, sino como en la forma en la cual ha contribuido incluso para que el presidente haya llegado a serlo”.

Ataques verbales, vulneraciones reales

La violencia que mata y desaparece periodistas, que los agrede en la calle, no ha frenado este tipo de discursos que se hacen desde Palacio Nacional. Para Jacinto Rodríguez, periodista y escritor, “lo que vemos es a un presidente al que no le gusta la prensa incómoda”. López Obrador, explica, determina, “dependiendo de lo que él quiere ver”, quién es una prensa buena y quién no lo es.

“No está en la naturaleza del poder político en México reconocer la necesidad de una prensa crítica como una herramienta básica para la democracia, más allá de si un medio es más ‘amarillista’ o si otro medio es ‘más crítico’, más allá de toda la gama de medios”, comenta el autor de Los archivos prohibidos de la prensa y el poder.

Para Justine Dupuy, coordinadora del programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, el presidente “nutre un discurso deslegitimador”. El odio contra la prensa y los periodistas no es una situación exclusiva de México sino que se inserta en una tendencia mundial: “es más fácil descalificarlos que enfrentar realmente los cuestionamientos”, comenta en entrevista.

La maestra en periodismo por la Universidad de Estrasburgo, Francia, considera que “el presidente no tiene que olvidar que las voces críticas son fundamentales para la rendición de cuentas y una democracia fuerte. Y son fundamentales para el combate a la corrupción, como lo hemos visto en los últimos años. El presidente debería verlos como aliados de las causas que debe defender”.

Pero no todos observan negativamente estos discursos. Consultado por Contralínea, Rafael Barajas, el caricaturista y activista político más conocido como Fisgón, considera que los términos usados por el mandatario cumplen con definir a una prensa que tiene una intencionalidad específica: obedecer a los intereses de grupos de poder. “Y no es una declaración de guerra”.

Al respecto, Blanca Montoya, psicóloga y autora del libro El dominio mediático, comenta: “Lo que no se nombra no existe y es importante que Andrés haya nombrado a esta prensa fifí como lo que realmente es. En nuestro lenguaje han borrado la palabra ‘imperio’, por ejemplo, pero nosotros a todas luces estamos bajo un imperio”.

Por su parte, la abogada Sara Mendiola explica que desde la década de 1960 “la sociedad concibe en su imaginario a la prensa como aliada y servil del poder”. Pero detalla que después de la década de 1980 nació una prensa crítica y de investigación. “La prensa se empieza a separar del poder, empieza a cuestionarlo, y es precisamente esa prensa la que está siendo mayormente agredida en la actualidad”.

Por el contrario, Jacinto Rodríguez y Sara Mendiola –entrevistados por separado– coinciden en que las palabras no son inofensivas y, más allá del discurso, sí contribuyen al clima de inseguridad y violencia que vive este gremio. “Le resta valor a tu trabajo, y eso te vuelve todavía más vulnerable frente a otros grupos”, comenta el periodista.

Al respecto, la directora de Propuesta Cívica considera que lo peligroso de las palabras es su capacidad de crear imaginarios y realidades sociales. Ejemplifica que en Sinaloa, específicamente en Culiacán y Mazatlán, los presidentes municipales han empezado a repetir estos discursos estigmatizantes. “Y advertimos que durante 2019 se ha agravado la agresión a la prensa en estos municipios”, detalla Mendiola.

Menos publicidad, misma discrecionalidad

Otro aspecto a considerar en la relación de la prensa con el nuevo gobierno es el gasto en publicidad oficial. En cumplimiento con una promesa de campaña se ha disminuido el monto asignado para este fin, pero no se ha reparado en el fondo del asunto: la ambigüedad de los criterios de entrega y la discrecionalidad que esto propicia.

“Desde Fundar no vemos mal que se haya limitado el gasto porque era excesivo. Sin embargo, no es suficiente reducir sino repensar la política de comunicación social del gobierno. No avanzaron al establecimiento de reglas claras, de criterios claros, objetivos transparentes, de cómo se debe asignar esta publicidad oficial”, señala Justine Dupuy.

Fundar junto con otras organizaciones reunidas en el colectivo Medios Libres han solicitado al gobierno federal y al Congreso que abrogue la Ley General de Comunicación Social. “La vemos regresiva y no aporta soluciones a los problemas que se han detectado en el gasto de la publicidad oficial”, comenta Justine Dupuy. En su lugar, Medios Libres ha propuesto la Ley General de Publicidad Oficial que sí contempla criterios más específicos para la asignación.

Jacinto Rodríguez señala en que el problema es que el gobierno sigue controlando el dinero. “No soltaron los recursos. Algo que para mí hubiera dado un gran salto es que no fueran ellos quienes designaran esas cantidades sino algún grupo independiente: académicos, intelectuales, los que quieras. Se hace en otros países”.

Agrega: “tendrían que tener claro qué es lo que se entiende por publicidad oficial y a partir de allí diseñar todas las formas de distribución”. En su opinión, se deben crear modelos de distribución más justos y coherentes con lo que el Estado desea difundir. Entre otras cosas, plantea tener en cuenta a los medios pequeños que no tienen tirajes de miles pero que llegan a comunidades vulnerables.

La abogada Sara Mendiola recuerda que las promesas de campaña incluían modificaciones legislativas para que se realizara una asignación más equitativa. A la fecha, sin embargo, considera que han dejado de lado la iniciativa de ley que ha propuesto la sociedad civil. “El gobierno no le ha querido entrar a eso porque la parte económica es un medio de control del estado para controlar información”.

Considera que “lo que se busca aquí es que no solamente sea a los medios que tengan un mayor alcance, un mayor impacto. Porque entonces los que tienen poco alcance se siguen quedando en desventaja. Pero sí se tendría que apoyar medios que están haciendo periodismo de investigación. Porque hoy y el día de mañana, lo que va a sostener al periodismo, a pesar de que exista tanta agresión en nuestro país, es el periodismo de investigación”.

Mendiola reconoce que es difícil que un Estado apoye el periodismo de investigación porque precisamente éste los fiscaliza e investiga continuamente. Sin embargo cree que sería “un criterio muy sano de asignación” ya que “se tiene que pensar en el derecho al acceso a la información es de todas y todos los mexicanos”.

La directora de Propuesta Cívica también observa que es necesario distinguir entre propietarios de medios de comunicación, “gente con poder y mucha capacidad económica”, y periodistas, quienes incluso en tiempos del derroche publicitario vivían en condiciones de precariedad. Es el otro lado de la moneda, comenta, porque no cuentan con ninguna seguridad social y hacen un trabajo riesgoso en las condiciones más indignas. “Este tipo de esquemas, de estructuras que se sostienen y que se mantienen en el Estado mexicano, y que el gobierno las está reproduciendo, permiten que los periodistas sigan en riesgo”, señala.

El peor momento para el acceso a la información

En el derecho a saber las cosas no son mejores. “Los archivos pasan hoy por su peor momento: se están cerrando y se están reservando expedientes que ya eran versiones públicas. Para mí es otro ejemplo de cómo para este gobierno una cosa es el discurso y otra lo que está pasando abajo”, señala Jacinto Rodríguez, quien recurre constantemente a estos documentos para sus investigaciones.

Explica que “no hay una naturaleza de transparencia ni del presente hacia el futuro ni hacia el pasado”. Él, de forma específica, consultaba los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y reconoce que entre 2002 y 2015 había un acceso más directo a estos documentos. Hoy todo es a través de solicitudes de información y la entrega de información llega a tardar más de medio año, lamenta.

En estos 10 meses de gobierno, el presidente López Obrador ha señalado continuamente un desempeño deficiente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) porque “en época de mayor corrupción no vieron nada, se hicieron de la vista gorda”. Aunque dijo que no iba a desaparecer, sí solicitó una reducción presupuestal para este organismo.

En entrevista, Jacqueline Peschard –excomisionada presidenta del Inai entre 2009 y 2013– lamenta un juicio “tan drástico y tan severo” por parte del Ejecutivo y señala que esto “habla de que no hay una comprensión de lo que ha significado el acceso a la información y la existencia de un órgano garante del ejercicio de este derecho”.

Peschard defiende que “se ha ganado muchísimo y eso se puede ver en buena parte de las investigaciones que hay en el país, que están basadas en el acceso a la información. Además, la corrupción se nos ha presentado a los ojos de los mexicanos gracias a que ha habido transparencia”.

Para Sara Mendiola, lo que ocurre parece un “juego perverso” entre instituciones. “Por un lado, a nivel normativo, tenemos una buena ley. Lo que pasa es que en la práctica son mecanismos demasiado complejos y las autoridades dan la vuelta a la información. Se vuelve un laberinto totalmente desgastado. Por otro lado tenemos estudios que advierten y que identifican una serie de declaraciones falsas en las llamadas ‘mañaneras’. Datos falsos, datos inexistentes”.

Y concluye: “Decir que él tiene sus propias cifras, sus propios números y porcentajes no es válido y tampoco lo es que las instituciones no nos den un acceso fácil, simplificado, a obtener esa información de esos datos, de esos números, de esos porcentajes. Eso se vuelve un juego perverso entre las instituciones porque por ningún lado estamos teniendo acceso a una información oportuna y veraz”.

Para Jacinto Rodríguez todo esto es parte del modelo denominado “cuarta transformación”: “Al rey no le gusta que le digan que está desnudo con investigaciones actuales ni con información que pueden tener de otras vías como el Inai”.

Marcial Yangali

[INVESTIGACIÓN] [MEDIOS] [D] [SEMANA]