El pasado miércoles 8 de agosto en la madrugada la maestra Elba Esther Gordillo y sus abogados lograron la libertad, luego de casi 6 años en proceso por los delitos de crimen organizado y defraudación fiscal. Sorpresivamente, nos encontramos que no hubo suficientes pruebas para mantenerla en arresto domiciliario, cuando por más de 5 años se insistió en ello.

En marzo de 2013 en el número 235 de esta prestigiada revista, publiqué un artículo intitulado “La misma historia”, referente a la detención de la maestra, como se le conoce. Comentaba que Enrique Peña Nieto decidió quitar por la vía jurídica a la entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, toda vez que había una gran oposición a la reforma educativa.

Cuando se dieron los hechos, actores como el Partido Acción Nacional exigieron que el juicio se llevara sin tintes políticos, que era lo que indicaba la acción del gobierno. El ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador mencionó que el presidente Peña había actuado de esa manera para ganar credibilidad. En este caso, señalé que más bien era quitarse un estorbo de encima.

Hice referencia que en algunos sexenios (priístas) se había actuado de esta manera contra líderes sindicales y funcionarios públicos. Miguel de la Madrid metió a la cárcel a Jorge Díaz Serrano por el caso de la adquisición de barcos petroleros; Carlos Salinas de Gortari a la Quina (líder de los petroleros) porque apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas; Ernesto Zedillo hizo lo mismo con Raúl Salinas por un supuesto fraude a la Conasupo y Peña Nieto a Elba Esther, por los delitos mencionados. En todos los casos, los afectados gozaron de privilegios en prisión. La diferencia de Elba es que sólo estuvo 4 días tras las rejas: más de 2 años en la torre médica de Tepepan; año y medio en el Hospital Ángeles de Interlomas y el resto en su departamento de lujo de Polanco.

Siguiendo la lógica historia del país, se supone que el próximo presidente si hubiera sido priísta y la votación hubiera sido muy cerrada, para ganar credibilidad se hubiera congratulado dándole la libertad absoluta a la maestra, en los 3 primeros meses de 2019.

Sin embargo, considero que al ganar Andrés Manuel no iba a suceder de esta manera por la inconformidad de la sociedad. Entonces, lo que tenía que hacer el actual gobierno era declarar que no habían pruebas suficientes para mantenerla en prisión (que ya no estaba) por delitos que se fueron sobresayendo.

Si Andrés Manuel siguiera la misma historia, que no lo iba a hacer, para ganar credibilidad tendría que solicitar modificar el artículo 108 Constitucional y meter a la cárcel a Peña Nieto, lo cual políticamente no conviene para la incipiente democracia del país. Aunque sería bueno que lo hiciera y que fuera sujeto a la amnistía, para que la sociedad quedara conforme. Motivos no faltan para enjuiciar al presidente saliente por actos de corrupción. El futuro presidente no necesitaba hacer este tipo de acciones porque el 1 de julio la sociedad le dio esa credibilidad y legitimidad.

Lo interesante es que había que enmendar la plana: si la metiste a la cárcel por motivos políticos sácala también por motivos políticos. Elba Esther ya no es un estorbo, aunque no le apuesto a que se retire de la política. La estrategia del próximo gobierno en materia educativa es, como ha mencionado, revocar la reforma, y no creo que abiertamente nadie esté en contra.

Veamos, jurídicamente hablando, por qué había deficiencias para comprobar los delitos imputados. Primero, crimen organizado: para que esto se presentara, debieron haber indiciado a más personas, entre ellos expresidentes de la República, el líder sindical de la SNTE, los secretarios de Hacienda y Crédito Público que solaparon que los recursos públicos se le asignaran a gastos personales de la señora, a los dirigentes priístas que durante años permitieron las irregularidades en el sindicato, mientras se apoyó al gobierno. Si no había terceras personas acusadas, obviamente no se podía configurar el delito de crimen organizado.

Segundo, la defraudación fiscal: aún cuando la hubieran comprobado, no era motivo para pasarse detenida más de 5 años, pues hubiera salido bajo fianza si se hubiera reparado el daño. Pero por el uso de recursos públicos para cuestiones de tipo personal, la mayoría de los líderes sindicales deberían estar en la cárcel acusados de peculado. Lo grave es que se siguen encubriendo esas prácticas, que esperemos que con el nuevo gobierno se terminen.

El presidente Peña no hubiera completado su show sexenal si no permitía que los delitos imputados a Elba Esther se borraran en la madrugada del día miércoles. No me arriesgaré a decir que hubo acuerdo entre bambalinas, aunque muchos especialistas en materia jurídica así lo vean. Pero tampoco me atrevo a decir que no lo hubo.

Hay una máxima jurídica que dice: “si acusas lo tienes que comprobar”. Tampoco puedo decir que hubo injusticia mantenerla detenida, porque, sin justificarlo, son gajes del oficio político y los que están inmersos en él de antemano lo saben.

Óscar Enrique Díaz Santos*

*Doctor en Economía por la UNAM y especialista en gasto público y presupuesto

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