Sin control ni supervisión del gasto público por cientos de miles de millones de pesos en la compra de equipo militar y policial, así como obras y servicios públicos sin licitar, además de salarios excesivos que rebasan el sueldo del presidente, los órganos de inteligencia y seguridad del Estado han sido ineficientes y omisos para prevenir y atender los principales problemas sociales, como se revela en la propia Agenda Nacional de Riesgos (ANR), documento confidencial elaborado por el gobierno federal y resguardado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano que desparecerá por su incapacidad y negligencia para atender los riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

Esa Agenda, correspondiente a 2017, establece los 10 principales “peligros” para la nación, de los cuales destaca la delincuencia organizada trasnacional, los ataques cibernéticos, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, la vulnerabilidad fronteriza, los grupos armados y la migración, problemas que identifica como “factores que pueden vulnerar el pleno desarrollo de la nación” y “que buscan atentar contra los objetivos e intereses nacionales”.

Esa Agenda Nacional de Riesgos identifica al Cisen con la “responsabilidad de establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad del Estado Mexicano”, circunstancia que por los vicios, abusos y corruptelas de ese órgano de inteligencia se ha perdido, de tal manera que su desaparición es un acto de justicia que responde a una demanda popular.

Ante ello, integrantes del gabinete que gobernará el país los próximos 6 años han anunciado la desaparición del Cisen, principal órgano de inteligencia que ha sido utilizado por el gobierno para el espionaje político en contra de grupos de oposición, movimientos sociales e incluso periodistas.

Ese Centro será sustituido por una Agencia Nacional de Seguridad, la cual concentraría la información y todo el trabajo de los distintos órganos de inteligencia del país –aquí se involucra a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República­–, con el propósito de ser eficientes y resguardar la seguridad del Estado, rendir cuentas y evitar despilfarros desmedidos de recursos públicos.

Esto ha generado de inmediato duras críticas de algunos especialistas y expertos en la materia, así como de muchos opinadores, quienes han calificado esta propuesta como un retroceso y una vulnerabilidad para el Estado. Lo extraño es que la mayoría de estos “críticos” ha guardado silencio ante los pésimos resultados de ese órgano de inteligencia viciado que ha dejado de ser útil a México, sin descontar la enorme carga presupuestal que representa.

Lo que se necesita entonces es ordenar a todos los centros de investigación e inteligencia del país para ser más eficientes, cruzar información para evitar duplicidades, retomar su objetivo primordial que es atender y prevenir los riesgos a la seguridad nacional, dejar de espiar, perseguir y acosar a luchadores sociales, políticos, opositores, empresarios incómodos, activistas y periodistas, además de ser austeros y más eficientes en el gasto público.

El Cisen también tiene como función “alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de los mexicanos, así como el desarrollo económico, social y político del país”.

Investigaciones de Oficio de papel han dado cuenta de cómo el Cisen mantiene una nómina de 3 mil 500 empleados, de los cuales unos 40 ocupan los cargos más importantes en su estructura, aunque varios de ellos carecen de experiencia profesional.

Con el organigrama del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano, clasificado como documento confidencial, se pudieron conocer los nombres y los elevados salarios de quienes tienen la facultad de espiar a los mexicanos, sufragados con recursos públicos y considerados entre los gastos más opacos de la administración federal.

Para esa cúpula privilegiada del Cisen, los salarios oscilan entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil pesos anuales, es decir entre un 90 y 140 por ciento más de lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador que deberán ganar los servidores públicos al año, en un país donde la miseria y la pobreza extrema se extiende por todo el territorio. Se debe acabar con esa burocracia privilegiada.

La opacidad de este órgano de inteligencia llegó al absurdo de que, desde su creación el 13 de febrero de 1989, los mexicanos no conocíamos quiénes eran los funcionarios que ocupan los 40 cargos más importantes en su estructura y mucho menos el salario que perciben, a pesar de que éste proviene de recursos públicos y oscila para cada uno de ellos entre los 160 mil y 200 mil pesos mensuales, más un bono por riesgo de trabajo correspondiente al 30 por ciento adicional al salario, con lo cual la burocracia del Cisen rebasa el sueldo del presidente de la República.

En la página en internet de este órgano de seguridad nacional se lee: “es un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho”. Si ese órgano de inteligencia hubiera cumplido con sus funciones, el país tendría menos problemas.

Por ser un ente de seguridad nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, sus 3 mil 500 trabajadores son de confianza, no hay sindicato y tampoco personal operativo.

En las tres últimas administraciones federales, con Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) como presidentes, el Cisen prácticamente fue desmantelado en su función primordial de salvaguardar la seguridad del Estado y se convirtió en un centro de espionaje de comunicaciones, vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y cumpleaños dentro de sus propias instalaciones.

Debido a que dos secretarías de Estado –Función Pública y Hacienda y Crédito Público– son las responsables de aprobar el presupuesto del Cisen, la estructura de éste se mueve sin organización ni control, lo que deriva en una descomposición y desorden hacia su interior.

Fuentes internas de ese órgano de seguridad explican que actualmente se recluta y selecciona a personal que carece de un perfil adecuado para el puesto que debe desempeñar. Con un estancamiento de 18 años, este Centro acumula personal anquilosado, que por muchos años no recibió capacitación alguna y tampoco realiza las funciones inherentes a su responsabilidad.

En los exámenes de control de confianza que se aplica al personal, de cada 10 trabajadores sólo aprueban dos, aunque en sus informes oficiales el Cisen asegure que todos sus empleados son confiables sin importar la eficiencia y eficacia en su desempeño. Esto nos lleva a considerar que serán contados los agentes del Cisen que serán nuevamente recontratados en el próximo gobierno y los demás deberán irse a su casa.

Puntos suspensivos… De las muchas medidas y acciones anunciadas por quienes gobernarán el país a partir del 1 de diciembre, una de las que ha causado más conmoción es la de reducción salarial de un 50 por ciento para todos aquellos que ganen más de 1 millón de pesos mensuales. Y se entiende este malestar porque a nadie le gusta que le toquen su salario cuando éste es a la baja. Sin embargo, debemos considerar que el cambio de funcionarios pasará por secretarios de Estado, directores generales de paraestatales u órganos descentralizados, subsecretarios, directores generales y hasta algunos directores de área y jefes de departamento, por lo cual debe dejar de preocuparse nuestra actual burocracia de mandos medios y superiores porque no les reducirán a ellos sus ingresos, sino que se irán a su casa y serán contratados quienes estén dispuestos a vivir con un salario austero y justo, en donde aprendan a someterse a la transparencia y a la rendición de cuentas… En ese mismo sentido, llama la atención las protestas de un loco y un borracho que se resisten a perder sus canonjías que ellos mismos autorizaron cuando ocuparon la Presidencia de la República, y que actualmente le cuesta al erario poco más de 5 millones de pesos por cada expresidente. Con esas acciones, los mexicanos podremos ver por fin algo de justicia con esos holgazanes, quienes no sólo deben perder sus pensiones sino que deben irse a prisión por todas las corruptelas que cometieron durante los años que gobernaron el país… Otros burócratas privilegiados que de inmediato protestaron por la intención de López Obrador de reducir el salario a los servidores públicos fueron los ministros de la Corte en voz de su presidente Luis María Aguilar, a quienes sólo basta decirles que cumplan la ley y lo que la Constitución mandata de que ningún burócrata puede ganar más que el presidente de la República, así que los 11 ministros vayan despidiéndose de sus 600 mil pesos mensuales y de los multimillonarios fideicomisos que manejan porque les va a llegar la austeridad en la que ya vivimos 100 millones de mexicanos.

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