Faltaba una docena de minutos para pasar del meridiano del día 15 de mayo de 2018, cuando llegó una mujer a la puerta del domicilio –fuera de la capital de Yucatán– presentándose como supervisora de encuestadores. No portaba ninguna insignia laboral o símbolo partidario, pero le permitimos que nos hiciera las preguntas que requería para cumplir con su responsabilidad.

Primero preguntó por nuestros nombres, los cuales escribió en su hoja de trabajo. Me permití la curiosidad de asomarme para mirar el formato, y contenía una lista de folios al costado izquierdo de donde apuntaba los nombres. Prosiguió con la segunda pregunta relacionada a nuestra edad, respondimos sin problemas. Al formular su tercera interrogante, inmediatamente cavilamos la procedencia de la mujer; ella preguntó: “¿Conocen al candidato Mauricio Sahuí?”. Nuestra respuesta fue sencilla: “Sí”. Posteriormente, cuestionó si apoyábamos a un partido político, al cual respondimos con seguridad que no somos militantes de ningún partido. Cuando pasamos a las dos últimas preguntas, el ambiente se tornó incómodo porque formuló las siguientes: “¿Apoyan a Sahuí?” y “¿apoyan al PRI [Partido Revolucionario Institucional]?”.

En el momento que terminó de expresarlas, mi esposa y yo nos miramos mutuamente con sorpresa. Esta reacción no fue por ingenuidad, sino por la manera tan directa de haber realizado la pregunta. De manera lenta pero firme, yo primero respondí negativamente y la mujer apuntó. Mi esposa contestó de la misma manera, pero la mujer pausó el movimiento de su mano para no escribir. Levantó la mirada y dijo: “No debo comentarlo, pero esta encuesta se va directamente a Mérida y los que dijeron que no apoyan a Sahuí se les dará de baja su folio y cuando ustedes soliciten algún programa social no se los aceptarán. Ahora hay apoyos de construcción de casa para quienes estuvieron apoyado al candidato”. Nuestra sorpresa se tornó ominosa. Sin embargo, no era justo descargar el enojo con esta mujer. Percibimos que su comentario fue para salvaguardar un beneficio tangible que, desde su perspectiva, resultaría deseable para cualquier persona.

No obstante, creímos necesario compartirle que la labor que le mandaron realizar sus dirigentes partidarios es un delito electoral. El sudor comenzó a descender en el rostro de la mujer, al mismo tiempo que bajaba la mirada. Prontamente, le preguntamos si sabía que este acto es un delito electoral, y el desconcierto nos invadió cuando respondió: “Sí sé que esto es un delito electoral, nos lo dijeron nuestros capacitadores”. Sobraba preguntar por qué tomó el trabajo, pues seguramente para una madre desempleada ésta es una oportunidad de empleo temporal. La mujer prefirió despedirse y salió con paso apresurado.

En efecto, este acontecimiento personal refiere a un delito electoral por condicionamiento del voto, el cual está penado por el artículo 7, fracción VII de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y para el caso de funcionarios públicos en el artículo 11, fracción II. Tanto la Constitución mexicana en el segundo párrafo del artículo 41, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21, numeral 3), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23, numeral 1, inciso b) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25, inciso b) son instrumentos jurídicos relevantes que exigen que los procesos electorales sean libres, auténticos y periódicos.

Cuando el voto es condicionado con programas sociales y cuando se utilizan personas para realizar esta actividad se ha perdido la libertad y la autenticidad del proceso. El elector no refleja su voluntad de manera cierta y positiva, porque su acción estuvo determinada por la amenaza –o advertencia– de perder o no recibir un programa gubernamental. Estas estrategias son efectivas cuando la población se encuentra en condiciones socioeconómicas precarias. Por este motivo, cuando los representantes del PRI-Yucatán advierten que tienen la seguridad de victoria o cuando proclaman: “Mi compromiso es hacer todo, todo, todo lo que me corresponda para que gané el PRI en el año 2018” –gobernador actual de Yucatán– no es para nada trivial. Cabe aclarar, que estos vicios políticos no son exclusivos de un partido político, sino también de la llamada oposición.

Otra vez, Yucatán es un tema aparte de los acontecimientos nacionales. Por un lado, esta narración no es para nada extraña en el centro del país, pero sí indignante en esta coyuntura de elecciones históricas; sin embargo, el tema de los delitos electorales en Yucatán no es de interés primordial a los intelectuales locales. Se sabe que ocurre, pero se ha naturalizado debido a la hegemonía priísta a nivel estatal y municipal. Por el otro, mientras a nivel nacional el candidato de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] no tiene quién lo detenga, en nuestra entidad la disputa se realiza entre el PRI y PAN [Partido Acción Nacional], aunque el candidato del PRI tiene la ventaja por la tradición política rural. Según Arias Consultores, en el mes de abril Mauricio Sahuí se mantiene con 44.8 por ciento, Mauricio Vila (PAN) con 29.9 por ciento y en tercer lugar Joaquín Díaz con 14.37 por ciento (Morena); en contraste con la encuesta de El Universal que coloca al PAN con 33.4 por ciento, PRI con 30.5 por ciento y Morena con 12.2 por ciento (27 de abril de 2018). Tengo que admitir que la encuesta de Arias me parece más creíble y acorde a la realidad. Por tanto, es pertinente hacerse la pregunta: ¿qué porcentaje de las preferencias del candidato del PRI y del PAN se han obtenido a través de este tipo de estrategias como la antes relatada? En Yucatán aún vivimos en un sólido bipartidismo, ni siquiera el candidato del partido Morena, que representa el cambio en esta coyuntura, está alejado de su pasado cercano panista. Como ciudadanos, supongo, deseamos que Joaquín Díaz se morenice mucho más, no viceversa.

Este es un llamado a la comentocracia yucateca: no nos enfoquemos exageradamente en los discursos y en la retórica de los candidatos –no digo que abandonemos esta tarea. En la realidad, la población rezagada en Yucatán  no necesariamente examina su voto por medio de un ejercicio de diferenciación y contraste de las propuestas, sino a través de las maquinarias clientelistas eficientes (según el Coneval, en 2016 el 41.9 por ciento está en situación de pobreza a nivel estatal). Por ende, nuestra labor es denunciar y promover la denuncia para dirigirnos hacia unas elecciones libres y auténticas. Yucatán no puede seguir con esta utopía cuando a nivel nacional se está luchando con fuerza por conseguir un proceso electoral genuino.

Ezer R May May*

*Antropólogo social e historiador

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