Sean Buchanan/IPS
Londres, Inglaterra. Más de 75 por ciento de las reuniones que los funcionarios de la Comisión Europea y sus asesores más cercanos mantienen con grupos de presión son con representantes de empresas privadas, según un análisis difundido el 24 de junio pasado por Transparencia Internacional.
La conclusión fue revelada por EU Integrity Watch, una nueva herramienta de Transparencia Internacional para monitorear el lobby que “trabaja con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder, los sobornos y los pactos secretos”.
La evaluación actual de la influencia que mantienen los grupos de presión en Bruselas, Bélgica, sucede a un informe que Transparencia Internacional publicó en abril sobre el cabildeo en Europa y que analiza el lobby en 19 países europeos y en las tres instituciones de la Unión Europea, compuesta por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el ministerial Consejo.
En ese momento, Elena Panfilova, vicepresidenta de Transparencia Internacional, dijo que “en los últimos 5 años, los dirigentes europeos tomaron decisiones económicas difíciles que tuvieron grandes consecuencias… Los ciudadanos tienen que saber que los tomadores de decisiones actuaron en interés del público, no en interés de unos pocos”.
El nuevo análisis de Transparencia Internacional revela que, de las más de 4 mil 300 reuniones de cabildeo declaradas por los funcionarios de nivel superior de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, entre diciembre de 2014 y junio de 2015, más del 75 por ciento se mantuvieron con grupos de presión empresariales.
Sólo 18 por ciento de esas reuniones se realizaron con organizaciones no gubernamentales, 4 por ciento con centros de investigación y 2 por ciento con autoridades locales.
El lobby de las corporaciones Google, General Electric y Airbus fue de los más activos, y las dos primeras están entre las que más gastan en Bruselas. Cada una declaró un presupuesto destinado al cabildeo en la Unión Europea de unos 3.5 millones de euros al año.
De las 7 mil 908 organizaciones que se inscribieron voluntariamente en el Registro de Transparencia, que comprende a los grupos de presión de la Unión Europea, 4 mil 879 buscan influir en las decisiones políticas del bloque en representación de intereses empresariales.
Las compañías transnacionales Exxon Mobil, Shell y Microsoft dedican los mayores presupuestos al lobby, entre 4.5 millones y 5 millones de euros anuales, según sus propias declaraciones al Registro.
“La evidencia de los últimos 6 meses sugiere que hay un fuerte vínculo entre la cantidad de dinero que gastas y el número de reuniones que recibes. Las organizaciones con los mayores presupuestos reciben mucho acceso, sobre todo en las carteras financieras, digitales y de la energía”, explicó Daniel Freund, de Transparencia Internacional Unión Europea (TI UE).
Según TI UE, el lobby empresarial presta la mayor atención a las carteras del clima y la energía (con 487 reuniones), empleo y crecimiento (398), economía digital (366) y mercados financieros (295).
Los comisionados a cargo de las tres últimas, el finlandés Jyrki Katainen, el británico Jonathan Hill y el alemán Günther Oettinger tuvieron una cantidad particularmente baja de reuniones con la sociedad civil (tres, tres y dos, respectivamente), lo que representa entre 4 y 8 por ciento del total de las reuniones que declararon.
Mientras que las grandes organizaciones no gubernamentales internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza y Greenpeace, están entre las 10 de organizaciones con mayor cantidad de reuniones, Transparencia Internacional destacó que los encuentros con la sociedad civil suelen celebrarse en mesas redondas con varios participantes a la vez.
En noviembre de 2014, el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean Claude Juncker, dio instrucciones sobre los métodos de trabajo internos.
“Mientras que el contacto con las partes interesadas es una parte natural e importante de la labor de un miembro de la Comisión, todos esos contactos deben llevarse a cabo con transparencia y [se] debe tratar de garantizar un adecuado equilibrio y representatividad en las reuniones”, señaló.
Los funcionarios de nivel inferior, como el equipo que negocia la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos, no están cubiertos.
“La Comisión Europea debería ser felicitada por prestar esta perspectiva del lobby ante los funcionarios de alto nivel, pero esto es sólo una parte del panorama”, sostuvo Carl Dolan, director de TI UE.
“Los funcionarios tienen reuniones de cabildeo en todos los niveles y se necesita una mayor transparencia para tranquilizar a la opinión pública sobre la integridad de la formulación de políticas de la Unión Europea”, añadió.
TI UE también encontró que muchas organizaciones siguen ausentes del registro, incluso 14 de los 20 mayores bufetes jurídicos del mundo con oficinas en Bruselas, como Clifford Chance, White & Case o Sidley Austin. Once de esas 14 firmas sí están registradas como grupos de presión en Washington, donde el registro es obligatorio.
“Mucha de la información que los cabilderos presentan voluntariamente con el registro del lobby es inexacta, incompleta, o simplemente sin sentido”, aseguró Freund. Más de 60 por ciento de las organizaciones que hicieron lobby ante la Comisión Europea sobre el TTIP no declararon correctamente esas actividades, agregó.
Además, en el amplio paquete de reformas de los servicios financieros, titulado Unión de los mercados de capitales, muchos bancos, entre ellos HSBC, BNP Paribas y Lloyds, que mantuvieron reuniones con funcionarios europeos sobre este tema, no declararon en el registro su actividad en este ámbito.
El análisis de EU Integrity Watch también reveló cientos de declaraciones completamente sin sentido, ya que algunas organizaciones afirman que gastaron más de 100 millones de euros en el lobby ante el bloque o que mantienen a decenas de miles de personas dedicadas al cabildeo, lo que confirma la necesidad de controles más sistemáticos por parte de la Comisión y, en última instancia, un registro obligatorio. (Traducción de Álvaro Queiruga)
Sean Buchanan/IPS
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