El director de Pemex Exploración y Producción asegura estar tranquilo: “Podrían cesarme porque no se aguante la presión política, pero no porque haya corrupción de mi parte”. Miguel Ángel Lozada Aguilar podría ser el primer alto funcionario en caer por la política anticorrupción de López Obrador.

“Tabasco es un pueblo chico y todos nos conocemos. Aquí está toda mi historia, cómo vivo. Yo no tengo dinero y la gente lo sabe. Siempre he luchado: yo soy mi tarjeta [de presentación]”, asegura en entrevista el ingeniero Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), la principal subsidiaria de Petróleos Mexicanos con 50 mil trabajadores bajo su mando.

De la noche a la mañana, su vida dio un vuelco: su nombre figuró en la prensa nacional como uno de los tres funcionarios que habrían participado en el supuesto desvío de recursos públicos para universidades desde la petrolera. Luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó: “Si están involucrados en la ‘estafa maestra’, no tienen por qué trabajar en este gobierno”.

—Usted podría ser el primer alto funcionario que López Obrador corra. ¿Está preocupado?

—Podrían cesarme porque no se aguante la presión política, pero no porque haya corrupción de mi parte.

No obstante, el ingeniero Lozada Aguilar sabe que es cuestión de horas para que se determine su situación y el panorama para él no es halagüeño.

Tras el escándalo mediático, el ingeniero Octavio Romero Oropeza –director de Pemex– lo mandó llamar y le solicitó una tarjeta informativa donde puntualmente explicara su participación en los contratos con universidades cuando se desempeñó como administrador del Activo Integral Cantarell.

De inmediato, la Secretaría de la Función Pública abrió –por segunda ocasión, pero esta vez con carácter de urgente– una investigación sobre este asunto.

“Los convenios son una excepción a la licitación y se estableció así [este mecanismo] para fortalecer a las universidades e institutos educativos y de investigación. Todas las instituciones participaban en estos convenios que instituyó el gobierno de Vicente Fox, y Pemex no fue la excepción.”

De acuerdo con el semanario Proceso, en 2012 Lozada Aguilar autorizó uno –el 422082806– de nueve convenios con la Universidad Popular de la Chontalpa (Upch), en Cárdenas, Tabasco, presuntamente irregulares porque se hicieron subcontrataciones y eso estaba prohibido en el contrato.

Con el objetivo de brindar el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos, el convenio fue revisado 2 años después por la Auditoría Superior de la Federación e involucrado en “un entramado ilegal [de convenios] en el que la empresa [Pemex] eludió los procesos de las licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en muchos casos no existieron” (Neldy San Martín, “Nuevos funcionarios de Pemex implicados en la Estafa Maestra y Odebrecht”, 21 de enero).

—¿Usted no observó nada: alguna irregularidad?

—No. Yo firmé el contrato porque eran mis atribuciones. Había un supervisor para ese convenio que hacía todas las órdenes y daba seguimiento, pero no era yo. Además, en Pemex hay miles de contratos y éste solo es uno –cuyo costo, admite, fue de 143 millones de pesos.

—¿Habría alguna omisión de su parte?

—Mi caso lo pueden revisar: no hay nada. Esto viene de una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación. El auditor observó que la Universidad había subcontratado gente. Pero eso fue de la Universidad y nosotros no tenemos nada que ver con su administración. Nosotros cumplimos, Pemex tiene todo el soporte: cada convenio tenía un supervisor de contrato y, en este caso, el trabajo sí se entregó. Sólo fue el tema de las subcontrataciones.

—¿Pemex tenía que supervisar que el contrato se cumpliera como se acordó y no lo hizo?

—No. La Universidad fue la que cometió esa falta, ellos sabían que no podían subcontratar y lo hicieron, por eso la Universidad fue auditada y a mí ni siquiera me citaron.

Aparentemente tranquilo, el ingeniero Lozada explica que en Cantarell había 150 contratos de este tipo, mínimo: el presupuesto era de 40 mil millones de pesos para contratos y servicios, que incluyen los de perforación.

Por ello, insiste: “No hay nada: la Auditoría Superior le mandó al Órgano Interno de Control que revisara y no encontró nada. Normalmente cuando el Área de Responsabilidades del OIC encuentra algo llama a los servidores públicos; pero a mí no me llamaron. Además, nosotros tenemos todo, el Libro blanco, y no hay nada. Pueden buscar miles de cosas pero en Pemex no hay nada. Nosotros sí recibimos los estudios de cada convenio”.

Lozada Aguilar desliza la sospecha del origen de este escándalo mediático: “esto sale porque estamos tocando muchos intereses”.

Agrega: “Las presiones son muy fuertes. Soy responsable de muchas cosas: a mí me tocó correr a todos los altos funcionarios que estaban aquí antes [en el gobierno de Enrique Peña]. Estamos tocando muchos intereses: todo el presupuesto se ha recortado, se fusionaron áreas, se bajaron los sueldos en 40 por ciento. Los directivos y gerentes ya no tenemos vehículos”.

Y es que con el cambio de gobierno y la ascensión del ingeniero Lozada, de PEP salieron José Luis Fong Aguilar, quien fuera subdirector de la Región Sur; Rodrigo Hernández Gómez, subdirector de Servicios a Proyectos; Eduardo Zavala Nácer, gerente de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Regiones Marina; José Antonio Escalera Alcocer, director de Exploración; Octavio Barrera Torres, subdirector de Mantenimiento y Confiabilidad.

“Estos cargos [las direcciones en Pemex] tienen una connotación política. No estoy preocupado porque no tengo nada. Lo único que me preocupa es que todo se desvirtúe, todo lo que he hecho, todo mi trabajo de estos 36 años.”

En entrevista con Contralínea, el ingeniero cuenta cómo supo del escándalo: “Me enteré de esto porque mi esposa compra siempre la revista Proceso. Entonces el domingo que fue a misa leyó la noticia y de inmediato me llamó. Mi hija que no vive aquí también me habló, me dijo: ‘no puede ser que por esto se manche toda tu carrera’”.

—¿Qué le dijo el director de Pemex?

—Me dio toda la confianza pero también me dijo que si hay algo, si encuentran algo, me voy. Estoy tranquilo porque no se va a probar nada. Pero si no puedo tener la autoridad moral ya no le entro, así no juego. Vivo al día: mis dos hijas tienen que trabajar, mi madre fue esposa de un petrolero y depende de la pensión que le da Pemex.

—¿Hizo pública su declaración patrimonial?

—Hace años sí pero, por lo difícil que está la situación de seguridad, en Pemex nos recomendaron no hacerla pública. Pero este año sí lo pienso hacer. Vivo al día: debo a la tarjeta [de crédito] 350 mil pesos por un tema familiar: uno de mis hermanos tuvo una urgencia y le presté ese dinero. No tengo mucho: una casita en la colonia Deportiva que me costó 350 mil pesos y para comprarla saqué un crédito en Pemex; tengo otro departamento en Mérida del cual sólo he pagado el 35 por ciento de su valor; y una casita pequeñita en Puebla. Además, mis padres me heredaron un terreno de 1 hectárea. Y mis vehículos los compré con créditos de Pemex.

—¿Cuentas en Suiza, en paraísos fiscales?

El ingeniero ríe y, al mismo tiempo, niega con la cabeza. Luego responde: “No. Si tuviera eso ya no estaría viviendo aquí. No estaría luchando, trabajando”.

Nacido en 1961, durante su carrera en la petrolera, Lozada Aguilar ha sido subdirector de Aseguramiento Tecnológico; subdirector interino de Desarrollo de Campos; gerente de la Unidad de Negocios de Cantarell; coordinador de Diseño de la Unidad de Negocios de Cantarell y líder del Grupo Estratégico de la Unidad de Negocios de Cantarell.

Cuatro meses antes de las elecciones presidenciales empezó a trabajar intensamente con el equipo de López Obrador: “Desde marzo [de 2018] empecé a reunirme con el ingeniero Oropeza”. Poco a poco, Lozada ganó la confianza de quienes asumirían el control del país. Ahora, su futuro profesional depende de una auditoría.

Nancy Flores

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