El crimen cometido por policías contra George Floyd evidenció el uso de fuerza excesiva y brutalidad en la detención de personas. Y hasta contra aquellas que no pretendieron detenerlas, como es el caso de Breonna Taylor que fue asesinada en su cama en Louisville cuándo los policías se equivocaron de dirección. También era afroamericana. Y en medio de protestas nacionales un policía acribilla por la espalda de dos tiros en la espalda a Rayshard Brooks en Atlanta.
El sistema policíaco-judicial-político decidió proteger a los policías criminales. Cuando actuaron deteniendo solamente a uno de los asesinos y no a sus cómplices, fue porque la sociedad ya estaba furiosa y protestando en varias ciudades en Estados Unidos. En Minneapolis y Saint Paul la furia se desató e incendiaron la delegación policiaca donde trabajaban los asesinos.
La fiscalía buscaba que pudiera salir libre, tal y como hacen usualmente los fiscales que actúan en complicidad con los comisarios y los sindicatos de policía. En 2017 un oficial en Arizona fue absuelto después de acribillar a un joven que estaba de rodillas. En 2020 un jefe policiaco en Dallas fue absuelto tras dispararle a un joven de 21 años. En Miami un oficial fue declarado culpable de negligencia pero absuelto de asesinar a una persona que cuidaba a una persona autista. Y en Texas la policía asesinó a una mujer acusada de cambiarse de carril sin señalar.
La Patrulla Fronteriza asesina a mexicanos y los agentes son protegidos o absueltos, y así podemos seguir una lista de 1 mil asesinatos de inocentes en manos de la policía anualmente. En Atlanta los policías protestaron por la detención de los dos policías involucrados en el asesinato de Rayshard Brooks.
En el centro de la cuestión está la llamada impunidad calificada, que según el Robert F Kennedy Human Rights se traduce en que “las principales avenidas de rendición de cuentas para las víctimas de mala conducta policial están plagadas de deficiencias institucionales, obstáculos procedimentales y altas tasas de de absolución… Entre las limitaciones de procedimiento se encuentran los límites estatutarios determinados por los estados que definen quién y cómo puede demandar, estableciendo estádares muy altos e imponiendo obstáculos. Si se otorgan daños o si hay un arreglo, el oficial muy frecuentemente es indemnizado; y si causó daños monetarios se deben pagar con recursos de los causantes… aislando a los departamentos de policía de rendición de cuentas personal”.
Un elemento que influye en este tipo de impunidad son los sindicatos de policía que protegen a los agentes criminales y frenan las reformas, como por ejemplo la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. En parte también protegen enormes presupuestos policiacos. Antes de las protestas de 2020, la policía de Los Angeles estaba a punto de recibir un gran incremento en su presupuesto, que pasaría de 1 mil 189 millones a 1 mil 860 millones anuales. El presupuesto policiaco en Nueva York se acerca a los 6 mil millones de dólares.
El que se haya recargado tanto las tareas que atiende la policía ha creado una cultura en la cual se asiste ante la policía por conflictos vecinales o para acusar de un perro sin correa, y de facto un sistema policiaco que debilita las instituciones públicas que deben atender a la sociedad. Considerando el abuso, brutalidad e impunidad, ha generado una sociedad que tiene una bota policiaca en el cuello, igual como la que asesinó a Floyd.
Los policías asesinos sabían/saben que cuentan con la complicidad del sistema, lo que les otorga total impunidad. Tal vez por eso no se tientan el corazón para, en el seno de la puritana sociedad estadounidense, mentir con todos los dientes. La versión de la Policía de Nueva York cuando un policía derribó a un activista de 75 años que protestaba, descalabrándolo y dejándolo en el suelo mientras se desangraba, fue que se resbaló. La Corte Interamericana ha definido impunidad como “la ausencia de investigación, persecución, captura, prosecución y condena de los responsables de abusos sobre los derechos humanos”.
Gran decepción se lleva la sociedad estadunidense cuando ve que la institución creada para “proteger y servir” (lema de varios cuerpos policiacos) también estila mentir cuando se trata de encubrir el abuso sobre la sociedad y la impunidad y el racismo institucionalizados. Pero las autoridades tuvieron que cambiar su versión ante las imágenes que mostraban con claridad la brutalidad.
Se explica entonces la demanda de “defund the police” manejada en las protestas, que implica quitarle a la policía fondos para ser entregados a otras instituciones que tienen mejores habilidades para atender problemas sociales. Por ejemplo, entregarle a sicólogas y trabajadoras sociales la atención de problemas de violencia familiar. A control animal para atender perros sueltos. Y sacar a la policía de las escuelas.
Esto debe completarse con la prohibición de armas de alto poder y la despenalización de las drogas para dejar de perseguir a los adictos como si fueran criminales.
Los gobiernos locales deben revisar la lista de asuntos que maneja la policía y que pueden ser mejor manejados por otras instituciones. Se demanda que parte de los fondos se destinen a salud, educación y capacitación. A elevar la calidad de vida de la población que es discriminada por su clase social, color de la piel, religión, preferencias sexuales y religiosas, etcétera.
Dejemos que los policías persigan a los delincuentes, pero evitemos que criminalicen al segmento de la sociedad que no se ajusta a su perfil racial o ideológico.
Un grupo de activistas ha declarado territorio libre de policías una zona del centro de Seattle y convertido la estación de policía en centro cultural, a lo cual Donald Trump reaccionó con ira, dejando ver que en este momento le urge derramar sangre para relanzar su deslucida campaña presidencial.
El gobierno de Minnesota pudo desactivar políticamente el conflicto pero prefirieron hacerlo por la fuerza, militarmente. Protegieron a los cómplices en ese y otros crímenes contra afroamericanos, aunque al verse desbordados por una sociedad cada día más furiosa, reaccionaron aumentando su capacidad represiva. Escalaron la represión. Presumieron que estaban armando la mayor fuerza represiva en la historia del estado. Esto incluyó la imposición de un toque de queda despreciado por los manifestantes.
Otras ciudades siguieron el pésimo ejemplo, tal vez porque no están acostumbrados a escuchar a la sociedad ni saben reaccionar ante demandas legítimas. Es el ejercicio autoritario del poder disfrazado de democracia.
Se ha impuesto la mentalidad bélica de los gobernantes. Hasta reporteros y “analistas”, por ejemplo de CNN, asumen la defensa de la represión. Alguno se hace eco del gobierno solicitando que se denuncie a la gente “culpable de transgredir el orden”, aunque había evidencias de los protestantes que frenaban a los vándalos. Fox News ha decidido destacar el vandalismo para descalificar el hartazgo social.
En el corazón del problema se encuentra el proceso de militarización de las policías locales en Estados Unidos. El gobierno federal le entregó equipo militar a cuerpos que deben prevenir y atender el delito. Con esto propició una mentalidad militarista que protege y tolera el abuso y la impunidad. Esto lo describe con pulcritud Bernard E Hartcourt (The counterrevolution. How our government went to war against its own citizens).
Hay exmilitares con PTSD (sigla de síndrome de estrés postraumático) sin habilidades policiacas y que han llevado a las calles su visión militarista. Hay policías que se niegan a vivir en las zonas que vigilan. No siempre son los mejores los que abrigan la carrera policiaca. Así se ha creado un coctel explosivo que ha medrado sobre la sociedad impunemente.
La atención militarizada a conflictos sociales aderezada con racismo provoca el aumento constante en el número de ciudadanos asesinados por policías. Y la minoría especialmente brutalizada por ese racismo es la comunidad de afroamericanos. Según Mapping Police Violence, el 99 por ciento de los asesinatos cometidos por policías de 2013 a 2019 no recibió acusación alguna. En 2019, solamente 27 días del año la policía no asesinó a nadie.
Encontraron que la violencia policiaca no es causada por el crimen violento. Sea que se alimenta a si misma, como si los policías odiaran a la sociedad. De los 1 mil 98 asesinatos por la policía en 2019, el 24 por ciento son afroamericanos aunque solamente representan el 13 por ciennto de la población.
De este cuadro concluimos que no solamente no son los mejores los que ocupan las filas de las fuerzas del “orden”, sino que carecen de entrenamiento de respeto a los derechos humanos y gozan de gran impunidad cuando agreden a inocentes.
Cualquiera que haya tratado de confrontar ese sistema policiaco es testigo de la frustración que provoca la lógica de protección corporativa. En una ocasión iniciamos una queja por brutalidad policiaca en Austin, Texas, y nos encontramos con una maraña político-administrativa para proteger a los culpables. Después de meses de brega nos cansaron y el resultado fue cero.
En Minnesota la narrativa gubernamental fue evolucionando. Primero sostuvieron que el Estado estaba bajo asalto. Evolucionó a sostener que había guerra civil, y luego entró a la búsqueda de responsables. Por supuesto, sin reconocer que el origen de la protesta eran los policías asesinos.
Así encontramos en la lista a “agitadores externos”, o sea, alguien que llegó de lejos (gente de otros estados, supremacistas blancos, antifascistas, anarquistas, rusos, Soros, y siguieron agregando culpables evitando ver hacia dentro). Esto por supuesto justificaba la respuesta militar. Aunque se abre la posibilidad de que algunos de los incitadores hayan sido agentes del gobierno, según muestra por lo menos un video. Así Trump justificó limpiar una plaza frente a la Casa Blanca con gases lacrimógenos y balas de goma para irse a tomar una foto frente a una iglesia.
Fuera del mapa gubernamental estaba la molestia de la gente, el odio de clase y de raza, el hartazgo ante el abuso policíaco y la imposición de un sistema que suprime en la práctica las libertades constitucionales. Esto es completado con el sufrimiento producido por la Covid-19, lo desalmado de los empresarios que despiden a la gente y la carga de un largo encierro que ha cobrado ahorros y posibilidad de desarrollo futuro. Los republicanos rechazan cualquier acción que atienda a la gente y no a las corporaciones y asumen como injustas e indebidas las protestas de la gente.
Las próximas elecciones presidenciales y del Congreso han influido sobre el conflicto. Los republicanos se enconchan en una política de mano dura. Guardan silencio ante el abuso y las protestas. Trump ordena a los gobernadores que militaricen sus estados, moviliza la Guardia Nacional y amenaza a la alcaldesa de Seattle a que remueva a los autonomistas o él lo hará.
Los demócratas han ido hacia los manifestantes, muestran solidaridad y simpatía, elaboraron una ley para frenar la violencia policiaca y someter a los cuerpos policiacos a controles civiles. Los republicanos promueven una versión descafeinada y Trump brinca oportunistamente con un decreto que se queda muy corto de lo que se demanda.
En parte esto sucede porque no actuó para cumplir con la sociedad sino para no seguir perdiendo espacio y en parte porque el manejo de la policía es cuestión local y se espera que los republicanos bloqueen las reformas en los estados que controlan.
Se espera que los republicanos congelen la ley demócrata en el Senado, donde tienen mayoría, como han hecho con 395 leyes aprobadas por la Cámara de Representantes. Especialmente con aquellas leyes que beneficien a la sociedad. Destaca el control de armas, o la protección para pacientes con condiciones de salud preexistentes que están bloquedas.
En Minneapolis la violencia la inició la policía (el Estado). Pretendieron calificar la respuesta social de terrorismo o provocación.
No entienden la responsabilidad del Estado, no se quieren enterar del hartazgo social, o que la mala gobernación es responsable de respuestas sociales violentas. Ante la generalización de las protestas aumentó el número de detenidos, golpeados y contagios por el Covid-19, porque la gente al parecer prefiere arriesgarse al contagio a cambio de lograr espacios de vida sin violencia policiaca.
Para que la reforma avance y se recomponga la relación entre las policías con la sociedad, se requiere entre otras: controlar las armas, despenalizar las drogas. Llevar las adicciones al terreno de la salud pública fuera del espacio policial. Esto reducirá el nivel de detenidos y encarcelados por infracciones menores, y permitirá enfrentar los linchamientos.
Desde el 27 de mayo, una mujer y cuatro hombres, entre ellos un adolescente, fueron colgados en Portland, Oregon; el Sureste de California; en Houston y en la Ciudad de New York. El joven afroamericano de 17 años fue colgado fuera de una escuela primaria en Houston.
Las agresiones de grupos extremistas como los supremacistas blancos que agreden a la sociedad se vuelven frecuentes. Este año, hasta el 1 de mayo, aun en plena pandemia, se han registrado 168 balaceras, que causaron 162 muertes y 659 heridos, en 2019 fueron 417 los incidentes.
También debe cambiar el ejercicio de la libertad de expresión consignado constitucionalmente. Ahora la gente puede hablar, quejarse y protestar siempre y cuando lo apruebe la policía. Ay, de aquel que lo haga sin permiso o rebasando los límites establecidos por la policía. Se debe ampliar el derecho a la calle. El espacio público no es del Estado, es de la sociedad.
La Iglesia Católica fue muy importante para promover las grandes marchas del 1 de mayo en 2006 a favor de la migración en Estados Unidos. Sin embargo, sus voces en contra de la discriminación y racismo institucionalizados no son potentes, aunque se dijeron ofendidos por la foto de Trump sosteniendo una Biblia frente a la iglesia.
Lo primero que dijeron es que los ofendió que no les avisaran.
Las iglesias, al igual que muchas instituciones políticas, son heterogéneas. En su seno hay corrientes y posturas, aunque en el fondo institucionalmente representan posturas conservadoras. La Teología de la Liberación, por ejemplo, fue perseguida con energía por El Vaticano, para asegurarse que no se rompa la narrativa que justifica la explotación y los compromisos con el poder político en la tierra.
En este terreno confrontar el concepto de la búsqueda de la mejoría en el otro mundo es subversivo, porque la narrativa de la sumisión y resignación sostiene el sistema de explotación, abuso y sometimiento social.
Llama la atención que la institución dominante de la fe de los afroamericanos son las iglesias cristianas llamadas protestantes, de las que hay muchas denominaciones. Algunos le reclaman a la Iglesia Católica el haber apoyado el esclavismo durante la Colonia y no están lejos de la verdad. Esa misma iglesia que determinó que los nativos carecían de alma, lo que justificaba que los conviertieran en mercancías y los esclavizaran.
Esa es, a final de cuentas, la consecuencia de La Encomienda que construyó sociedades profundamente desiguales e injustas, situación que no ha logrado derrotar el supuesto de la igualdad ante la ley preconizado por la democracia.
El Innocence project sostiene que “desde su primera interacción con la policía, las personas negras sufren discriminación y son criminalizadas desproporcionalmente en cada etapa del sistema judicial, ya sea al ser arrestado, acusado, registrado como criminal, ser condenado y sentenciado. Ser una persona negra en Estados Unidos implica, comparados con los blancos, tener siete veces más posibilidades de ser erroneamente condenado por asesinato y tres veces más para por asalto sexual. Aquellos exonerados pasaron 10.7 años tras las rejas por un crimen que no cometieron.
No obstante el nivel de abuso y la existencia de grupos civiles que luchan por corregir el elevado nivel de injusticia, es insoslayable la preeminencia política y dominio de las iglesias. Esto explica de buena manera las peculiaridades de la politización y movilización comunitaria. El camino para los líderes sociales independientes está lleno de obstáculos. Los religiosos copan la conducción comunitaria, trátese de pastores, ministros, curas, obispos, rabinos e imams.
Los pastores se apoderaron de las protestas por el asesinato de George Floyd y convirtieron la protesta en un evento religioso. El pastor –comentarista en la televisión– lanzó un par de discursos fúnebres incendiarios que fueron transmitidos en cadena nacional, pero el incendio se entierra por el himno religioso que, aunque energiza a la gente, la desactiva y desmoviliza políticamente. La película La hoguera de las vanidades, basada en un libro de Tom Wolfe, aunque es ficción, demuestra crudamente el apetito de riqueza y poder de un pastor que inflama a la comunidad para aniquilar a un banquero blanco logrando un gran efecto político.
A final de cuentas, el llamado de los pastores es el mismo de los políticos: el cambio está en las urnas. Debes ser responsable y si quieres cambiar el sistema, debes votar. Mientras, ¡a aguantar hasta la próxima elección! Y los afroamericanos votan, cuándo los dejan votar, lo que no siempre es posible debido a los esfuerzos de los republicanos por suprimir el voto.
El Muslim Public Affairs Council sostiene que en Georgia “el 70 por ciento de las solicitudes de registro para votar detenidas son de afroamericanos. En Texas fueron rechazadas con pretextos cuestionables más de 2 mil solicitudes de registro electoral de votantes potenciales. Por su parte, en North Dakota se aprobó una ley reciente dirigida a nativos americanos para identificar votantes. En Ohio, la Suprema Corte sostuvo una ley controversial que purga la lista de votantes que no votaron en dos elecciones federales. En Nevada más de 90 mil votantes fueron removidos del registro electoral por medio de un esquema de tarjeta postal no confiable. Y en Wisconsin 17 mil votantes elegibles de condados predominantemente afroamericanos fueron purgados de las listas de votantes gracias a leyes agresivas de supresión del voto”.
Los republicanos suponen que a mayor voto (premisa democrática fundamental), más posibilidades de triunfo para los demócratas. Luego entonces a suprimir ese voto posible, porque de lo que se trata es de mantener el poder y no en ser democrático, como bien dijo un expresidente mexicano: “haiga sido como haiga sido”.
No obstante el aparato antidemocrático puesto en marcha desde hace muchos años por la ingeniería republicana, gracias a la cual ganó Trump a pesar de haber perdido la elección por 3 millones de votos, los afroamericanos logran inclinar la narrativa en las campañas hacia temas que les preocupan. Una elección tras otra, como les prometen, el sistema cambia, pero para empeorar. Las medidas policiacas los asesinan y victimizan. Las judiciales los envían en grandes números a las cárceles.
De los 2.3 millones de presos en Estados Unidos, el 37 por ciento son afroamericanos no obstante ser el 13 por ciento de la población, 22 por ciento hispanos y 32 por cieto son blancos. En las cárceles se mantiene el acoso y mal trato; 1.9 millones de los presos son adictos y solamente el 11 por ciento recibe tratamiento.
Sería bueno saber cómo llega la droga a los penales, porque se supone que Estados Unidos está a salvo de la corrupción.
Los afroamericanos están condenados a los niveles más bajos del bienestar económico. Según el Pew Research Center, “En 2016, la mediana de la riqueza de los hogares blancos no hispanos fue de 171,000 [dólares], 10 veces superior al hogar de los afroamericanos (17,100)”. Esta brecha es mayor a la de 2007. Y eso que el nivel de escolaridad de los afroamericanos creció, llegando a que el 87 por ciento de mayores de 25 años cuentan con un diploma de preparatoria o equivalente. Este porcentaje es 7 por ciento menor al de los blancos no hispanos.
Al parecer el principio del avance económico con mayor nivel educativo no funciona para los afroamericanos.
Y todavía encontramos la estúpida tesis de que son flojos porque el Estado de bienestar los mantiene sin trabajar. Por cierto, esta versión imbécil se maneja ahora diciendo que con los estímulos económicos ante la pandemia de Covid-19 la gente gana más sin trabajar y por lo tanto carecen de estímulo para volver al trabajo. Este argumento profundamente racista fue demolido por el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, aunque me aclaraba un empresario que la gente no quiere volver al trabajo por miedo.
Mientras más se refuerza el liderazgo de los pastores, más se debilita el de la comunidad, se inhibe el surgimiento de líderes sociales y una agenda política radical que revierta el sistema discriminatorio y racista institucionalizado y de gran injusticia económica. Los pastores dominan los espacios públicos. Las voces que se escuchan son las de aquellos que se cuelgan en el ministro cristiano Martin Luther King y algunos que han convertido el apellido o el movimiento en franquicia.
La intuición de Trump fue perversa pero correcta. Dispersó brutalmente a los manifestantes en la Plaza Lafayette para caminar a la iglesia y enarbolar la Biblia. Invadió el terreno de la fe para desplazar a los religiosos y erigirse como el único líder político. Su acto no era sobre la religión, sino sobre liderazgo político.
Fue su intento por arrancarle a los religiosos el liderazgo político. El acto por muy hipócrita que sea fue muy audaz y los clérigos respondieron con energía. En la palestra está el control de la sociedad y muchos beneficios asociados.
Una de las mejores síntesis que he visto sobre el tema es una entrevista de Mohamed Ali (Cassius Clay) dónde indica que la religión (católica-cristiana) se volvió blanca. Jesucristo se volvió nórdico y los ángeles son blancos. El bien es blanco y el mal negro (la noción penetró la narrativa social, en Star Wars la Princesa Lea es blanca y Darth Vader es negro). De paso Ali indica que no hay razón para no conquistar hoy el bienestar que los religiosos te prometen para el otro mundo, dónde según ellos tendrás leche y miel, que de paso, indica, es un laxante.
El discurso religioso es despolitizador y desmovilizador, embauca a la gente prometiéndole un mundo mejor mientras sus líderes gozan las riquezas y mieles de este mundo y negocian con el poder por perverso que sea. ¿Quién no recuerda sin indignarse el Te Deum a favor de Augusto Pinochet, cuyo régimen con el silencio de la iglesia, produjo 27 mil 255 torturados, 2 mil 279 ejecutados, 200 mil exiliados, un número desconocido de personas detenidos ilegalmente y encerrados en centros clandestinos y el asesinato de la inteligencia chilena.
El establishment estadunidense puede dormir tranquilo: no habrá revolución ni grandes levantamientos. El saqueo y la rabia inicial de las protestas por el asesinato de Loyd –y de muchos más– se transformó y a más de 1 mes de las protestas masivas van articulando una agenda (defund the police y los radicales quieren desbandar a la policía).
Experiencias como la de Camden, Nueva Jersey, apoyan la noción de que se puede recomponer a la policía y reducir la criminalidad, y de paso, recuperar la estima social. Pero ya los religiosos se encargarán de esterilizar y guiar las protestas gracias a la despolitización y a su acceso a los medios de comunicación, y por supuesto para mantener el poder y los beneficios que da el manejo y la explotación de la fe.
En agosto convocan a marchar sobre Washington y llaman a votar en noviembre, y lo harán los que puedan y posiblemente saquen a Trump de la Presidencia.
Un experto pronostica que Biden recibirá 6 millones de votos más que Trump en contra de los 3 millones de ventaja que recibió Hillary Clinton; queda la duda si acaso podrán nivelar el terreno para derrotar al racismo que estó incrustado en la sique estadunidense y en la convicción de que se puede matar afroamericanos solamente porque el color de su piel es distinto.
El terreno entre la política y la sociedad no es parejo, aunque la irrupción de la tecnología en la política inclina la balanza un poco a favor de la sociedad, y lo ha hecho de la forma más inesperada posible haciendo evidente el abuso y la agresión. La imagen del policía arrodillado durante 8 minutos 46 segundos sobre el cuello de Floyd fue el detonador que logró la detención de los asesinos de Minneapolis.
Ha motivado la movilización social y ampliado la denuncia sobre la brutalidad policial en Estados Unidos. Puede ser un factor que limite la impunidad, aunque todavía no hemos llegado al punto de ver la justicia en acción. Mucha gente espera con impaciencia el resultado del juicio contra Derek Chauvin (el asesino de Minneapolis) que está recluido en una cárcel de máxima seguridad, seguramente para que los presos no lo maten.
Hoy cualquiera camina con una cámara y una grabadora e imprime conductas indebidas. Así se ha documentado la conducta abusiva de personas a las que en México se les ha asignado sarcásticamente el título Lord o Lady. Igualmente se ha documentado el abuso gubernamental y policiaco.
Cada vez con más frecuencia, esos videos encuentran el camino del internet y llegan a circular profusamente (se hacen virales). En muchos casos la consecuencia es la vergüenza de los descubiertos, pero en el caso de la policía y el gobierno, como son desvergonzados, la denuncia pública no es suficiente todavía para derrotar a la complicidad que garantiza impunidad y los blinda sobre las consecuencias pertinentes.
Las policías deben ser sujetas a ser transparentes y a la rendición de cuentas, pero también lo deben ser los políticos que dan órdenes perversas dirigiendo a las fuerzas policiacas para que se comporten como bestias de ataque, trátese de gasear manifestantes, dispararles balas de goma o usar cañones de agua y hasta asesinar a manifestantes en plazas públicas. Y por supuestamente aquellos que entregan/venden a personas inocentes al crimen organizado, o que reprimen las demandas legítimas de la gente.
Debe actuarse contra la impunidad sin distingo de nivel político, así se trate de gobernadores que buscan evadir la crítica social y política al tolerar y ordenar la brutalidad policiaca y la violación de los derechos humanos, y se escuden tras historiadores que están acostumbrados a alquilar la pluma a favor del poder.
La protesta individual es poco efectiva. Aquel que sigue los procedimientos establecidos por las policías se topa con el muro de la impunidad. Por eso, la evidencia presentada por cámaras que han documentado innumerables casos de abuso que muchos han sufrido en carne propia ayudó a despertar la protesta masiva contra el racismo institucionalizado en Estados Unidos.
En el ataque a la violencia y la brutalidad policiaca, México camina atrás y muy lento, aunque no se pierde la esperanza que se despierte la sensibilidad gubernamental ante las evidencias crecientes de una policía descontrolada y criminalizada. Es aún posible que prevalezca la lógica de la impunidad y complicidad. Las “fuerzas del orden” trabajan para el poder y no para proteger a la sociedad.
Por desgracia hasta ahora los que avanzan son los vándalos que distorsionan la esencia de las protestas, como vimos con las marchas de las mujeres. Estos rufianes se agazapan tras intentos de disrupción política e intentos de desestabilización que generan turbulencia.
El gobierno mexicano puede y debe aprender mucho de las protestas y demandas en Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con la militarización de las fuerzas policiacas. Tomando en cuenta que las policías mexicanas son corruptas, encubridoras, abusivas, están asociadas en muchos casos con criminales y enfrentan a la sociedad como víctimas posibles y enemigos potenciales. Hasta ahora las medidas correctivas han fracasado y en muchas partes la calidad de la policía se ha empeorado.
El Ejército ha determinado estratégicamente que todo el país son enemigos potenciales y no consideran que hay zonas de amortiguamiento. Por eso aíslan zonas completas del país y escudándose en una ley de armas que seguramente no han leído, imponen estados de sitio, para desde sus retenes invadir espacios privados y pisotear la libertad y dignidad de los ciudadanos, cosa que también hacen diversas policías como medio para extorsionar.
El camino de la Guardia Nacional sigue una lógica militar. El Congreso aprobó una ley que autoriza involucrar a las fuerzas militares en tareas policiacas. Esto preconiza una repetición o continuación del desastre ya sufrido y se crea un círculo vicioso que lleva del abuso a la protesta a más abuso. En México se institucionalizó el abuso y el terror, mientras que el racismo se deja sentir cotidianamente sin que la lucha contra él se alcance a colar en las agendas de gobierno.
No se ha transferido infraestructura, equipamiento y al parecer mentalidad militar a las policías locales o estatales. Pero sin eso son abusivos, brutales, racistas agrediendo a los pueblos nativos y la gente de piel oscura. Pero además no parece ser necesario porque la estrategia parece ser desplazar a las policías locales debido a su corrupción e incompetencia, militarizando de facto una cuestión policíaca por medio de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina. Esto reproduce la esencia del calderonato, cuyo resultado fue cientos de miles de muertos, cientos de miles de desplazados y decenas de miles de desaparecidos. Nadie ha compilado el dato sobre el robo realizado por los militares y policías federales en esos años, aunque hay evidencia anecdótica sobre camionetas policíacas cargadas de mercancía robada.
La estrategia de incrementar el potencial destructivo/represivo de las fuerzas militares sin establecer mecanismos de rendición de cuentas conlleva el riesgo de un incremento del abuso como sucedió en los años del Calderonato y el Peñismo. Así, la fortuna que se gasta anualmente en seguridad pública no solamente no logra que se proteja a la sociedad, sino que se va por el caño de la corrupción. De 2006 al 2020 el país ha destinado alrededor de 2 billones de pesos a seguridad. El delito le cuesta a la sociedad casi 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) anualmente y la sensación de inseguridad de la gente no mejora. Todo mundo conoce a alguien o ha sido víctima de alguno de los más de 33 millones de delitos cometidos anualmente.
Esperemos que el hambre y el desempleo imperantes crónicos agravados por la pandemia de Covid-19 en México no se vuelquen al saqueo y que no se enfrenten con estrategias militares como sucede en Estados Unidos.
Samuel Schmidt*
*politólogo y visiting scholar en la Universidad de Texas, en Austin
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