Los gritos se ahogaban entre las sábanas, después de un ¡cállese, deje de pujar, todavía no es tiempo! Los dolores venían cada vez más intensos, también la sensación de parir. Su útero se dilataba, las contracciones se intensificaban. Las luces de la habitación compartida, apagadas.
Alicia Iveth Baeza Nader se erguía sobre una de las camillas del hospital capitalino Doctor Belisario Domínguez. Eran las 6 de la mañana del 28 de abril. Su hija llegó a las 32 semanas de embarazo. La madre empezó el trabajo de parto sola, guiada por la naturaleza de su cuerpo y su experiencia materna. “Ya no aguantaba, sentía ganas de hacer del baño, me enderecé un poco y pujé para tener a la bebé en la camilla”, relata.
Las doctoras que estaban asignadas para su atención llegaron hasta que escucharon el llanto de la recién nacida, “se quedaron viendo, levantaron los hombros y una de ellas pidió que se preparara la sala de partos, sólo para verificar que no se hubiera quedado la placenta dentro. Fueron por las tijeras para cortar el cordón umbilical y una sábana para cubrir a la bebé”, cuenta la mujer de 33 años.
Desde la madrugada del 27 de abril había empezado a arrojar líquido amniótico y a sentir molestias, pero tuvo que esperar el amanecer “porque no teníamos con quien dejar a nuestros hijos”. A las 8 de la mañana de ese día comenzó el viacrucis hospitalario en espera de atención. El parto se anunciaba inesperadamente. Nacería la quinta hija de Alicia y Alfredo Rivera Salazar.
En esta etapa de la gestación, los pulmones de la bebé no se habían fortalecido y poco a poco se le agotaba el líquido amniótico que la mantenía viva.
Este podría ser uno de los casos de violencia obstétrica que ocurren en el país constante e impunemente. También de negligencia médica, la misma que ha sido documentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en hospitales adscritos al sistema de salud local o por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
El informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) indica en su informe Violencia Obstétrica, negación de acceso y mala atención del parto, que ésta “es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género:
“Durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción para obtener su ‘consentimiento’, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.
En el documento de GIRE se identifican dos modalidades de violencia obstétrica. “Por un lado, la física, que se configura cuando se realizan prácticas invasivas y suministro de medicación no justificadas por el estado de salud, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico. Por otro lado, la dimensión psicológica, que incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminación, humillación, cuando se pide asesoramiento o se requiere atención en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende también la omisión de información para la mujer y sus familiares sobre la evolución de su parto”.
El primer sitio al que acudieron Alicia y Alfredo fue el Hospital General Doctor Manuel Gea González, adscrito a la Secretaría de Salud del gobierno federal. Ahí la recibieron, revisaron y le informaron que ya tenía ruptura de membranas. No podía ser atendida porque no había lugar para un bebé prematuro. Le pidieron que fuera al hospital asignado en su centro de salud.
Fue al centro de salud, le dieron un pase para acudir al Hospital Materno Infantil Topilejo, donde fue revisada por tercera ocasión, era el tercer tacto vaginal que le practican, en apenas unas horas.
También le informaron que no la pueden atender porque no contaban con Unidad de Cuidados Intensivos, y la sugerencia fue que acudiera al Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, a la unidad de ginecología y
Ya en el hospital, adscrito a la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, es explorada por cuarta ocasión. El fluido líquido que protegía a la bebé se agotaba. “Cuando llegué al Belisario Domínguez, al medio día, la de trabajo social me dijo que me iban a recibir, pero que no había lugar para atenderme, sólo me iban a tener en observación porque estaba todo saturado para el nacimiento de un niño prematuro, me buscarían un traslado.
“La doctora que me revisó confirmó que tenía ruptura de membranas y llevaba tres centímetros de dilatación. Entonces te vamos a atender aquí, pero aquí no te vas a aliviar, te van a buscar traslado a otro hospital. Fueron unas enfermeras a canalizarme y a ponerme una inyección para reforzar los pulmones de la bebé”, relata.
Las horas para Alicia fueron eternas, la dejaron en la cama asignada, “nadie pasaba a verme, las enfermeras y doctores se paseaban por los pasillos con bolsas de la tienda, se la pasaban comiendo. Escuché que me estaban buscando un traslado, pero sólo fueron comentarios”, dice.
Frente a ella, enfermeros sentados en una camilla miraban su celular; mientras, decían cosas obscenas. “En ningún momento fueron a verme, a ver cómo estaba, ni cómo me sentía”, acusa.
Los movimientos de su bebé comenzaban a espaciarse y a ser más débiles, “sé que son síntomas de alarma”, comenta. Pidió que llamaran a una doctora porque se sentía mal y la bebé ya no se “meneaba”. También, “pedí que si ya no iban a hacer nada que llamaran a mi esposo para que me sacara de ahí”, estaba desesperada.
Mientas esperaba el traslado, le practicaron un ultrasonido para ver cómo se encontraba la bebé. La doctora que le hizo el estudio le informó que su hija ya estaba mal, que ya no tenía líquido. Después, “me dejaron en un pasillo sola, en lo que llegaba el camillero por mí”, relata Alicia, madre de cuatro hijos.
Ya en su habitación llamó a una doctora, le comentó lo que le habían dicho en el ultrasonido.
—“¡No, no, no! Tu bebé hace un tapón con el que guarda líquido y aguanta, de todos modos te voy a poner un aparato para escuchar los latidos. ¡Ahí está, si se escucha! Se fue”, recuerda Alicia.
Mientras Alicia paría sin atención, su esposo había pasado horas en busca de que la trasladaran al primer hospital del que la habían rechazado, pues se había conseguido un espacio para atenderla a ella y a su hija.
Alfredo Rivera Salazar es el esposo de Alicia, de oficio taxista, padre de 2 niños y gemelas. Él permanecía en la sala de espera, acompañado de su hermano, esperaba sin recibir informes, “yo le preguntaba a la trabajadora social que qué pasaba. Le di los datos de Alicia y me di cuenta que ni siquiera estaba registrada”.
El hermano de Alfredo había conseguido que Alicia fuera recibida en el hospital federal, después de varias llamadas. Sin embargo, el espacio fue ocupado por otra paciente, pues se había hecho tarde y ya no la podían esperar.
A las 10 de la mañana del 28 de abril, Alfredo fue informado del nacimiento de su hija, una pequeña de 43 centímetros y apenas un kilo y medio de peso.
“Pregunté que si podía pasar a ver a mi hija, me dijeron que mejor fuera a trabajo social a tramitar el pase para pasar a la visita de las 4 de la tarde. Vi a mi hija, estaba aparentemente bien porque nadie me dijo lo contrario, aunque tenía unos aparatos para respirar”, relata.
El 29 abril fue notificado de que la pequeña estaba delicada, que un día antes, a las 11 de la noche, había sufrido un paro cardiaco; otro, a las 8 de la mañana y un tercero minutos después. “Su corazón estaba muy cansado y ya no aguantó, falleció”, dijo la médico encargada de darle la noticia.
“Quería saber el motivo real del fallecimiento de mi hija y me dijo: su hija falleció debido a que permaneció más de 24 horas dentro del vientre de su mamá con la fuente reventada y sin líquido, de ahí se desencadenó todo lo demás…”.
En 2015, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico concluyó con 11 mil 529 quejas, de las cuales se desprenden: accidentes e incidentes, 101; atención de parto y puerperio inmediato, 132; auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 228; deficiencias administrativas, 945; diagnóstico, 4 mil 237; relación médico-paciente, 2 mil 516; tratamiento médico, 1 mil 225 y tratamiento quirúrgico 2 mil 145.
De las Quejas concluidas por principales motivos según entidad federativa relacionada, se desprende que en la Ciudad de México se registraron 7 mil 461, siendo la entidad con más denuncias presentadas; le sigue el Estado de México, con 1 mil 914 y San Luis Potosí y Tlaxcala con 163.
El documento Quejas concluidas por institución médica relacionada indica que el sector público es el que más quejas registró ese año con un total de 1 mil 389. De éstas, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 1 mil 187; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 161; Petróleos Mexicanos, 27; Secretaría de Marina, cinco y la Secretaría de la Defensa Nacional, nueve.
El segundo grupo es el que no cuenta con seguridad social y acude a los servicios de los Hospitales Federales de la Secretaría de Salud, con 63 quejas concluidas; en tanto, 67 se registraron en los Servicios Estatales de Salud.
Uno de los consejeros de la Conamed, el doctor Nicolás Bañuelos Delgado publicó en un texto bajo el título Mala Práctica, que la negligencia médica es el acto en que un prestador de servicios de salud incurre en descuido de precauciones y atenciones calificadas como necesarias en la actividad profesional médica. “Se habla de negligencia cuando a pesar del conocimiento de lo que debe hacerse no se aplica y se provoca un daño”.
La negligencia médica que padecieron Alicia y su hija se evidencia en la hoja de egreso expedida, con los sellos de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, bajo el expediente 105368.
En ella se indica que Alicia ingresó al hospital con 32.1 semanas de gestación, al servicio de ginecología en unidad tocoquirúrgica “por haber presentado ruptura de membranas”.
“Se ingresa y se le informa al familiar que no había espacio físico para la atención de productos prematuros en la unidad y que al ingresarla se buscará traslado a unidad de apoyo, a lo cual el familiar acepta”, se lee en el documento.
La hoja médica indica que durante la estancia de Alicia “se inicia esquema de maduración pulmonar, a lo cual sólo completa dos dosis, se toma registro cardiográfico…, se inicia tratamiento antibiótico profiláctico, se deja a libre evolución, ya que es una paciente no candidata a uteroinhibición [inhibir las contracciones]. En lo que se busca traslado a unidad de apoyo, el cual se cancela a las 23 horas por parte de la unidad de apoyo. Se continúa en búsqueda de otra unidad de apoyo y no se concreta el traslado. A las 6 horas, completa la dilatación y borramiento se ‘atiende’ parto obteniendo un producto femenino con Apgar 8/6 [examen clínico que se realiza al recién nacido después del parto], peso 1500 gramos.
La hoja fue expedida el 29 de abril pasado, el mismo día que le entregaron el cuerpo de su pequeña hija.
El caso de Alicia fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y es llevado por el tercer visitador…, informó a Contralínea Guillermo Gómez Gómez, director general de comunicación social de la institución.
El vocero indicó que en tanto no se concluya la investigación no se puede hablar al respecto; sin embargo, comentó que otros casos que involucran a la Secretaría de Salud han sido concluidos y se han hecho acreedores de la Recomendación 5/2014.
La Recomendación 5/2014 hace mención de “Mala práctica médica, en los que personal médico y de enfermería al realizar sus actividades, en algunos casos, ocasionaron innecesariamente dolores o sufrimientos graves, físicos y mentales a niños y niñas, y en otros la muerte”.
Entre las personas agraviadas fueron niñas y niños, así como una mujer embarazada, usuarios de los hospitales pediátricos, hospitales materno infantiles y centros de salud del Distrito Federal.
La encargada de velar por los derechos humanos en la capital del país consideró que los derechos violentados fueron: “Derecho a una vida libre de violencia, en relación al derecho de las personas a no ser víctimas de violencia institucional en el ámbito de la salud. Derecho a la vida en relación con el más alto nivel posible de salud y el derecho a la supervivencia y desarrollo y el derecho a la integridad personal, en relación a no ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Érika Ramírez
Contralínea 493 / del 20 al 25 de Junio 2016
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