Uno de los proyectos de transparencia más ambiciosos del gobierno federal, la plataforma Nómina Transparente, se ha quedado corto: como en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, deja fuera de la rendición de cuentas áreas relacionadas con la seguridad.

También garantiza opacidad al llamado brazo comercial de Petróleos Mexicanos (Pemex), que desde el gobierno de Carlos Salinas opera en el país y en el extranjero, incluidos paraísos fiscales, con una red paralela de empresas “privadas” de papel –sin oficinas ni empleados– constituidas con recursos públicos y manejadas por empleados de la petrolera.

Y es que resulta que la plataforma no incluye las nóminas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Seguridad Pública, así como de PMI Comercio Internacional.

La plataforma fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de abril, quien aseguró que en los anteriores gobiernos “me consta que no se podía saber: no se tenía una nómina del gobierno y no se podía saber a ciencia cierta cuánto ganaban los servidores públicos”.

No obstante, por las omisiones en el portal, tampoco es posible conocer cuánto ganan militares, marinos, funcionarios del área de inteligencia civil ni de quienes están adscritos a PMI Comercio Internacional, aún considerada como empresa “privada”, pese a ser una filial y estar encargada de todas las operaciones financieras y comerciales de Pemex en el extranjero: compra-venta de crudo y productos petrolíferos, contratación y manejo de deuda en mercados internacionales e incluso contrataciones y convenios –sin licitación de por medio– con trasnacionales para que den servicios a la petrolera.

Los datos censurados

Una búsqueda en la plataforma basta para comprobar que en el caso de la Secretaría de Marina se incluyen datos de sólo 1 mil 542 efectivos, pero no se transparenta el sueldo del secretario almirante José Rafael Ojeda Durán, ni del resto: más de 52 mil elementos adscritos a esta institución.

Además, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los únicos funcionarios de los que se da cuenta son de sus titulares: Francisco Alfonso Durazo Montaño, quien gana un “sueldo neto estimado” de 107 mil 283 pesos mensuales, y Santiago Nieto Castillo, 103 mil 877 pesos al mes.

Pero en los casos de la Secretaría de la Defensa, del CNI y de PMI Comercio Internacional definitivamente no hay información: ni si quiera se revelan los ingresos de quienes las encabezan.

Ello, a pesar de que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval –quien gana un estimado de 107 mil 283 pesos netos al mes–, dijo en la conferencia mañanera del 15 de abril que la plataforma “tiene que ver con nuestra voluntad de transparentar absolutamente todo en la vida pública de nuestro país”.

La funcionaria aseguró que ese portal “transparenta más de 1.4 millones de personas servidoras públicas pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal; esto es además de casi 2 millones de maestros en más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas que están también dependiendo del presupuesto federal”.

Nada dijo de las instituciones y dependencias de las que no se da cuenta ni las razones por las cuales se ha omitido esa información, o si se incluirá en el futuro.

El problema con esta ausencia es que se termina operando como en las pasadas administraciones priístas y panistas, que impulsaron las plataformas Portal de Obligaciones de Transparencia y Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

Éstas acababan omitiendo los directorios y sueldos de áreas de inteligencia –el Cisen y la UIF– y de la filial PMI Comercio Internacional, por considerarla sujeto no obligado de la Ley de Transparencia por ser una empresa “privada” y no una paraestatal. Pero sí daban cuenta de los directorios de Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública, con excepción de sus áreas de inteligencia.

Ahora –por lo menos en este arranque: el gobierno se comprometió a actualizar la base de datos cada 15 días–, la plataforma de López Obrador incluso garantiza opacidad a las funciones de seguridad.

Además, se continúa con la tendencia de opacidad en el brazo comercial de Pemex: a la fecha, la petrolera no ha hecho público ni siquiera quién es su titular ni qué oficinas en el extranjero continúan abiertas y a cargo de quiénes; tampoco ha transparentado cuántos funcionarios integran su nómina, quiénes son los recientemente contratados y quiénes permanecen en sus puestos a pesar del cambio de gobierno.

Esperemos que, en la próxima actualización de esta base de datos, el gobierno verdaderamente marque una diferencia con sus antecesores y transparente todas las nóminas para que la sociedad conozca en manos de quiénes está la seguridad y cuánto cuesta eso; asimismo, sepa con certeza quiénes operan los negocios de Pemex en el extranjero.

Nancy Flores

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