En medio de severos rechazos internacionales, el presidente de Bolivia promulgó la nueva ley de coca. Mientras Morales defiende el incremento de cultivos legales, los críticos apuntan que es un incentivo para las mafias del narcotráfico

La Paz. El gobierno de Bolivia cambia la política de producción de la hoja de coca mantenida por casi 3 décadas, con una nueva ley que permite incrementar los cultivos legales de 12 mil a 22 mil hectáreas, mientras voces independientes y de oposición alertan que la medida fortalecerá al narcotráfico.

Desde 1988, la extensión autorizada para el cultivo del vegetal, conocido por su nombre científico de Erithroxilum, ascendía hasta 12 mil hectáreas, de acuerdo con la Ley 1.008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de julio de ese año, una norma en sintonía con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

Esa Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaba el camino de una progresiva extinción de la hoja de coca para fines de masticación (acullico), una práctica tradicional entre pueblos indígenas andinos, muy fomentada en tiempos de la Colonia española, cuando miles de nativos eran forzados a explotar minerales en profundos socavones, apenas alimentados con hojas de coca.

En Bolivia, el consumo tradicional de la hoja de coca siguió un comportamiento inverso, de crecimiento, y según la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, actualmente unos 3.3 millones de los 11 millones de habitantes consumen el vegetal mediante usos tradicionales.

Con esos datos justificó la aprobación final, el 24 de febrero, de la nueva Ley General de la Coca en las dos cámaras de la Asamblea Plurinacional Legislativa, promulgada por el presidente Evo Morales el pasado miércoles 8 de marzo.

El mandatario emergió a la palestra pública como líder de los siete sindicatos de cultivadores de la hoja de coca en la región central del Chapare, en el departamento de Cochabamba, en medio de la lucha de varios gobiernos conservadores para erradicar el cultivo, en cumplimiento de la Ley 1.008 y la Convención.

La lucha de este dirigente aymara contra la ley, que sirvió para un duro combate contra el cultivo de las fuerzas antidrogas, apoyadas por los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), lo catapultó como figura popular y luego política, hasta alcanzar la Presidencia en enero de 2006.

Montaño estima que la producción anual asciende a 30 mil 900 toneladas métricas, y de ellas 24 mil 785 toneladas serán empleadas en usos medicinales, en consumo mediante infusiones y rituales, argumentó. El resto, calculado en 6 mil 115 toneladas, será destinado a la industrialización, investigación y exportación, asegura.

En una evaluación del cumplimiento de la Convención de 1961, el médico e investigador Franklin Alcaraz comentó a IPS que en América del Sur sólo Ecuador consiguió erradicar la costumbre de masticación de la hoja de coca.

Desde la sociedad civil, medio centenar de  intelectuales publicaron el 28 de febrero una carta pública titulada “Rechazo público a la Ley General de la Coca”, donde afirman que “esta norma estaría  poniendo a disposición del narcotráfico más de 11 mil toneladas métricas anuales de hoja de coca, que resultan del rendimiento promedio de las 8 mil  hectáreas que otorga la ley a los productores”.

Bolivia fue uno de los 73 Estados firmantes de la Convención de 1961 que en el inciso E del párrafo segundo del artículo 49, declara prohibida la masticación de la hoja de coca en los siguientes 25 años, a partir de la aplicación del acuerdo, en 1964.

En enero de 2013, Bolivia recuperó el derecho al masticado tradicional de la coca al obtener una reserva a la Convención de 1961. Su pedido solo fue rechazado por 15 de 183 miembros de la ONU, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, México y Rusia.

En una comunicación de enero de 2014, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino De Leo, puntualizó que “la reserva (del masticado) sólo se aplica al territorio nacional”.

La nueva ley deroga los primeros 31 artículos de la norma de 1988 y legaliza 22 mil hectáreas para la plantación, 10 mil más que el actual.

En la práctica, la nueva superficie legal sería sólo ligeramente superior a las 20 mil 200 hectáreas de cultivo que cuantificó en 2015 la UNODC, según divulgó en julio de 2016 en un informe sobre el país.

El presidente Morales ha defendido el incremento de cultivos legales y reiteró el interés de llevar a la práctica un viejo proyecto de industrialización de la hoja de coca.

El 28 de febrero, el mandatario enarboló la nueva ley como una reivindicación frente a las políticas de los gobiernos conservadores, a los que acusó de apoyar una satanización y penalización del masticado de coca en el ámbito internacional.

Montaño, por su parte, afirmó que en 2006, al comienzo del gobierno de Morales, la extensión de cultivos en el Chapare ascendía a 17 mil hectáreas. Diez años después, la UNODC registró sólo 6 mil hectáreas de producción cocalera.

La reducción durante el gobierno de Morales fue concertada y sin violencia, remarcó, para significar que durante los gobiernos conservadores se impuso la represión que “generó sangre y luto”.

La sanción de la ley por el parlamento estuvo precedida por violentas protestas y por plantones ante las sedes de los poderes públicos de productores de coca asentados en la región semitropical del departamento de La Paz, conocida como zona tradicional del vegetal.

Entre el viernes 17 y el jueves 23 de febrero, centenares de manifestantes cercaron la Plaza Murillo de la Paz, donde están instalados los edificios principales del Poder Ejecutivo y el Legislativo, y presionaron para obtener 300 hectáreas adicionales a las 14 mil hectáreas cultivadas en los Yungas, en esa zona tradicional.

Se estima que en esa zona hay 33 mil productores cocaleros, que se suman a los 45 mil del Chapare.

En medio de choques con la policía, destrucción de bienes públicos y el arresto de hasta 143 dirigentes, se abrió una negociación con el gobierno que terminó cediendo a sus demandas.

La solución también permitió a los cultivadores instalados en la zona del Chapare, obtener una extensión adicional de 1 mil 700 hectáreas, a las actuales 6 mil registradas y monitoreadas por UNODC.

El analista en temas políticos Julio Aliaga Lairana aseguró a IPS que el uso tradicional solo demanda 6 mil hectáreas en lugar de las 22 mil que se dispone a legalizar el gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Saca la cifra de 6 mil hectáreas de un estudio realizado por la Unión Europea sobre la demanda en este país de hojas de coca para consumo en infusiones, masticado y rituales en este país, que no es mencionado por las autoridades y la mayoritaria bancada legislativa del MAS.

“Bolivia tiene un excedente muy grande de coca que se va al narcotráfico. La cocaína termina en África, Europa y Rusia; y en el nuevo mercado colosal de China”, anotó.

El jefe de la opositora y centro izquierdista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, cuestionó que se incremente la superficie cultivada legalmente en 80 por ciento. La medida, arguyó a IPS, “es una señal muy clara de apostar por el incremento de la producción de estupefacientes”.

La nueva política respecto al vegetal “será indefendible en las organizaciones multilaterales de control de drogas”, ya que la UNODC certificó que “94 por ciento de la producción de coca del Chapare va a la producción de cocaína”, criticó.

A su juicio,  la nueva ley representa un incentivo para las mafias del narcotráfico a comercializar droga en Bolivia, “con la consabida violencia que va ligada a ese comercio”.

Franz Chávez/IPS

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Contralínea 530 / del 12 al 18 de Marzo 2017