Además del fraude a Banamex, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Oceanografía por el agravio a la empresa Exincomer, SA de CV. Y es que el propietario de esta última, Juan Carlos Velázquez Rivas, denunció que Amado Yáñez Osuna invadió y explotó en forma ilegal un terreno de 12 mil metros cuadrados en donde operaba su negocio en el Parque Industrial Pesquero Laguna Azul, de Ciudad del Carmen, Campeche.
Los afectados han interpuesto denuncias desde hace más de 1 década ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por las concesiones violentadas por la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam); ante la PGR, por despojo y delitos continuados, asociación delictuosa y lavado de dinero; así como ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Presidencia de la República. Y han obtenido en algunos casos sentencias firmes que no han sido ejecutadas por presiones del gobierno de Campeche, indican.
Jorge Márquez, director corporativo de empresas y activos financieros del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), declara –en entrevista con Contralínea– que en medio del escándalo de corrupción que protagoniza Oceanografía han surgido diversas anomalías que en su momento deberán atender y resolver la PGR y el Sae, en función de sus respectivas competencias, por lo que invita a los empresarios agraviados a acercarse a la Procuraduría a efecto de conocer sus demandas.
Del adeudo de Oceanografía a la Apicam por más de 40 millones de pesos por servicios no pagados, el funcionario dijo que la empresa tendrá que responder de ello ante las autoridades correspondientes, pues el Sae se limita sólo al pago de los salarios de 7 mil trabajadores, a efecto de que no se detenga la operación de la empresa intervenida por el gobierno federal.
Desde 1996, refiere Carlos Velázquez, la Apicam “de manera arbitraria” autorizó la explotación de las instalaciones de Exincomer a Oceanografía, con lo que consumó el despojo de una porción de los terrenos a través del Fondecorp e inició un proceso de revocación de la concesión sin el debido procedimiento; también permitió la instalación de puestos comerciales y el retiro de la cerca perimetral que delimitaba la zona federal concesionada, con lo cual obstaculizó las maniobras de carga y descarga hacia el mar.
“No sabemos bajo qué figura legal entregó la Apicam la zona federal a Oceanografía y a la empresa Ingeniería Subacuática, con lo cual inhabilitó nuestras operaciones en esa área, denominada Dársena 3 con muelle, mediante la ocupación de guardias de seguridad privada y el subsecuente usufructo de nuestras instalaciones con embarcaciones de ambas empresas y maniobras de carga y descarga en la zona del muelle”, denuncia Carlos Velázquez.
El abuso de poder de la Apicam, prosigue el empresario, “se ve reflejado en el oficio API-GC-DA-0169/2001 del 18 de mayo de 2001, en el que el gerente de la administración portuaria me informa que debía desalojar la fracción A, del lote 1, manzana K, porque así se lo había solicitado el supuesto propietario de ese terreno y que, según él, habíamos invadido, sin considerar que desde 1992 tenemos la posesión del mismo y los documentos que avalan la concesión”.
El abogado de Exincomer, Alejandro Donis Castro, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, en contra de Juan José Poeta Ruiz y de César Israel Lechuga Arroyo, gerente y subdirector jurídico de la Apicam, respectivamente.
Argumenta el litigante que la empresa Exincomer fue despojada del lote 1, manzana K, de la calle Uno Sur, esquina Avenida Central, ubicada en el Desarrollo Pesquero Laguna Azul en Ciudad del Carmen, Campeche, pese a que ha tenido la posesión del inmueble desde 1992, cuenta con la concesión respectiva de la SCT y el contrato de compra-venta con Banobras, lo cual quedó asentado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1994.
Donis Castro explica que si bien Banobras en ese año demandó a Exincomer la rescisión del contrato de compra-venta ante el juez Trigésimo Noveno en Materia Civil del Distrito Federal, la empresa demandada promovió una reconversión, donde demandó el otorgamiento y firma de escritura que la acredita como legítima propietaria del predio, reconversión que fue declarada procedente y se condenó a Banobras al referido otorgamiento y firma de la escritura correspondiente, mediante sentencia del 23 de enero de 1997.
Es el caso, dice, que el despojo de la propiedad de Exincomer se fraguó el 7 de diciembre de 2011, a través del gerente de la Apicam, una vez que recibió de Banobras la responsabilidad del conjunto de inmuebles que operan en el desarrollo pesquero, para entregárselo, “en calidad de rentado”, a personal de Oceanografía, empresa que de inmediato rotuló la propiedad, la cercó y metió vigilantes uniformados de la administración portuaria para custodiar el lugar.
A nombre de Oceanografía, SA de CV, se acreditaron Homero Terán Baroña y Manuel Lozano Pérez, quienes argumentaron que tenían órdenes del dueño de la empresa, Amado Yáñez Osuna, de tomar posesión del inmueble, toda vez que había celebrado un contrato de arrendamiento con el gerente de la administración portuaria, Juan José Poeta Ruiz, y el subdirector jurídico, César Israel Lechuga Arroyo.
El 17 de julio de 2012, la Secretaría de la Contraloría de Campeche resolvió que, de acuerdo con el Órgano Interno de Control de la Apicam, el lote 1, manzana K, de la calle Uno Sur, esquina con la Avenida Central del recinto portuario, “no está comprendido dentro del polígono concesionado a la Apicam, no se ha dado ninguna instrucción para la elaboración de un contrato con la empresa Oceanografía”, lo cual, argumenta Carlos Velázquez, fue una burda maniobra para deslindar a ambos funcionaros.
De tal manera que, dice Donis Castro, desde el 11 de diciembre de 2011, a los auténticos propietarios del terreno se les prohíbe la entrada al inmueble, contrario a lo que establece la Ley de Puertos vigente; misma que obliga a la Apicam, como órgano administrador de las instalaciones del puerto pesquero, a custodiar, vigilar, dar seguridad y proteger a las empresas asentadas en la zona para su buen funcionamiento y desempeño.
La Apicam y el gobierno de Campeche reconocieron que Oceanografía les adeuda más de 40 millones de pesos y pretenden que los pague el Sae, deuda que es imposible que se generara, ya que la Apicam está obligada –por su título de concesión, leyes y reglamentos– a cobrar de forma inmediata los servicios que presta para garantizar la infraestructura de los puertos.
No obstante, en este Oceanografía, con el apoyo de la Apicam, realizó más de 19 mil operaciones sin obtener las constancias de liberación para navegar, con lo cual la operadora de puertos incumplió la ley y sus obligaciones establecidas en su título de concesión, la cual debió haber sido revocada por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes.
La Apicam, SA de CV, cotiza en la bolsa de valores con el aval del gobierno de Campeche, a través de la calificadora internacional HR Ratings, como consta en la dirección electrónica www.hrratings.com/pdf/0%20 APICAM%20CBE%20P$450.0m%20Calif%20Inicial%204%20RB%20VF3.pdf, en la cual se lee: “HR Ratings asignó la calificación crediticia, en escala local, de ‘HR AA (E)’ al crédito bancario estructurado, celebrado entre la Administración Portuaria Integral del estado de Campeche con el Banco Nacional de México [Banamex] por un monto inicial de 450 millones de pesos. La contratación de dicho crédito se realizó al amparo del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F/0009, el cual tiene como fuente principal de ingresos los recursos generados por la tarifa de puerto variable del Sistema Costa Afuera. La operación cuenta con una fuente de pago alterna que es igual al 4 por ciento del Fondo General de Participaciones Mensual (FGP) del estado de Campeche”.
Es decir, la principal fuente de pago del crédito contratado con Banamex representa el ciento por ciento de los ingresos del Sistema Costa Afuera de las monoboyas del Puerto de Cayo Arcas (1997), Ta’Kuntah (2007) y Yúum-K’aak-Náab (2008). Dichos ingresos deben incluir el impuesto al valor agregado y la contraprestación que se transfiere a la federación.
La fuente secundaria de pago es equivalente al 4 por ciento mensual del Fondo General de Participaciones del estado de Campeche, garantía que se utilizará en el caso de que la primera fuente de pago y el fondo de reserva no sean suficientes para cubrir con las obligaciones derivadas del crédito.
Establece que se realizarán 180 amortizaciones mensuales, consecutivas y decrecientes a una tasa de 0.5 por ciento mensual. El primer pago de capital se realizó en agosto de 2011 y el último se realizará en 2026. Los intereses ordinarios serán en función del saldo insoluto de la deuda y se calcularán a razón de la tasa que resulte de sumar la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más una sobretasa ajustada al grado de riesgo de la estruct
La Apicam se obliga a mantener y constituir dentro del patrimonio del fideicomiso un fondo de reserva mientras cualquier cantidad pagadera permanezca insoluta. El fondo de reserva deberá contar con un saldo objetivo equivalente al 4 por ciento del monto dispuesto del crédito. Es decir, que se mantendrán 18 millones de pesos de manera mensual. Esta cantidad representa en promedio 6.1 por el servicio de la deuda durante la vigencia del crédito.
La estructura del crédito involucra a Banamex como fideicomisario en primer lugar; al estado de Campeche como fideicomisario en segundo lugar, y uno de los fideicomitentes (debido a la afectación de un porcentaje del Fondo General de Participaciones), adicionalmente se constituye como obligado subsidiario y limitado; la Apicam como fideicomisario en tercer lugar y como fideicomitente por la aportación de los ingresos del Sistema Costa Afuera; y Evercore, Casa de Bolsa, SA de CV, División Fiduciaria, como fiduciario.
El fideicomiso F/0009 tiene como fin administrar ciertos ingresos afectados, presentes y futuros, tanto de la Apicam como del gobierno del estado. Lo anterior, con el objetivo de que el fiduciario cuente con todas las facultades legales necesarias para el cumplimiento de los fines estipulados, entre ellos el pago de las obligaciones financieras generadas por la contratación del crédito bancario.
El 30 de noviembre de 2010, el secretario de Finanzas de Campeche autorizó a la Apicam la contratación de financiamientos por 450 millones de pesos. El Decreto 86, publicado el 23 de diciembre de 2010 por el Congreso del estado, autorizó la contratación del crédito por la Apicam, la constitución del fideicomiso y la afectación del 4 por ciento del Fondo General de Participaciones estatal como fuente alterna de pago. Adicionalmente, en dicho decreto se estableció que el destino del crédito sería inversión pública productiva consistente en la ampliación de los puertos de Seybaplaya y de Isla del Carmen.
Existen varias causas que puedan activar un evento de vencimiento anticipado. Entre las más importantes están: que la Apicam no cumpla con sus obligaciones; en caso de que la calificación crediticia con cualquier agencia calificadora sea menor a “BBB” o su equivalente en escala local, y si el porcentaje de las participaciones fideicomitidas durante la vigencia del contrato de crédito representa menos del 4 por ciento del Fondo General de Participaciones, que corresponden al estado de Campeche.
En medio del escándalo de Oceanografía, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) emitió un comunicado titulado “Evento relevante de calificadoras”, donde reconoce la calificación de la Apicam y el gobierno de Campeche como relevante, según se describe en la dirección electrónica de la BMV: www.bmv.com.mx/ eventoca/eventoca_507510_1.pdf.
La Bolsa Mexicana de Valores, dice Carlos Velázquez, manda una señal inequívoca de fortaleza de la Apicam sobre la deuda de Oceanografía por 50 millones de pesos, calificación que en realidad está incumpliendo al no depositar de forma inmediata los recursos conforme al fideicomiso y desvío de recursos a Oceanografía.
“La casa de bolsa que aparece en la calificadora, que involucra prácticamente a todos los estados del país, denominada Protego Casa de Bolsa, SA de CV, cuyo socio es Carlos Salinas de Gortari, se fundó bajo el liderazgo de Pedro Aspe. Otra casualidad es que este grupo está ligado como dueño de los principales barcos de Oceanografía”, agrega.
El objeto de la Apicam es la explotación y administración de los puertos de Campeche, fomento de las inversiones de los particulares regulados por la SCT y obtención de una cuota por la contraprestación de lo concesionado, siendo obligación del concesionado invertir en el mantenimiento, conservación y mejoras del área concesionada con recursos propios generados por su explotación.
Lo anterior nos lleva a preguntar, dice Velázquez, por qué el gobierno federal asignó presupuesto a la SCT para los puertos de Campeche si éstos están concesionados a la Apicam, además de que ésta ya contaba con fondos para su operación mediante el crédito de Banamex por 450 millones de pesos, así como fondos del erario con partidas específicas para la ampliación de los puertos de Seybaplaya y de Isla del Carmen.
Asimismo, el crédito del fideicomiso con la casa de bolsa y banco, con recursos etiquetados de igual manera para la ampliación de los puertos de Seybaplaya y de Isla del Carmen y que cuentan con el aval del gobierno de Campeche, no incluye lo que recauda la Apicam por concepto de explotación de los puertos concesionados, de más de 300 millones al año, según sus propias declaraciones.
Luego del homenaje que se realizó para conmemorar el natalicio de Benito Juárez (el pasado 21 de marzo), el gobernador priísta de Campeche, Fernando Ortega Bernés, señaló ante los medios de comunicación ahí presentes que la Secretaría de Finanzas y la Apicam pusieron en marcha los procesos para el cobro de los 40 millones de pesos por el arrendamiento del 30 por ciento del espacio del puerto industrial Isla del Carmen.
“Quiero expresar que independientemente de las múltiples obligaciones que están identificadas, por el incumplimiento de esa empresa, están en marcha procesos que seguramente serán reinvidicatorios, y en ese sentido estamos atentos tanto en la Secretaría de Finanzas como en la Administración Portuaria Integral”, indicó, de acuerdo con una nota del diario Por Esto, del 22 de marzo pasado.
Apicam, según su director general, David Uribe Haydar, reconoció el adeudo de Oceanografía de poco más de 40 millones de pesos y dijo que “nunca nos hemos demorado, la labor de cobranza la hemos hecho […]. En cuanto a la documentación de nosotros, todo está debidamente soportado”, señaló una nota del periódico Tabasco Hoy de la misma fecha.
Sin embargo, meses antes esa deuda había sido negociada con el consentimiento del gobernador del estado, acusó el secretario general del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Luis Alonso García Hernández. Este arreglo –precisó– se había dado en función del robo de una maquinaria propiedad de la empresa petrolera, la cual estaba en el puerto al momento de ser sustraída, en septiembre de 2013.
En el hurto, que fue grabado por las cámaras de seguridad de Oceanografía, se implica a Juan José Boeta Rosiñol, coordinador general de Infraestructura; a Gilberto Federico Espinosa Peña, jefe de Departamento de Proyectos, y a César Israel Lechuga Arroyo, subdirector Jurídico, los tres de la Apicam, aseveró García.
Contralínea solicitó entrevista con el gobernador del estado de Campeche, Fernando Ortega Bernés, para conocer su opinión ante las irregularidades cometidas por Ocenografía que involucran a su administración. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
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