La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que los procesos judiciales en contra de dos adolescentes que habrían violado sexualmente a dos niños, de 9 y 11 años, en un refugio de la panista Rosa María de la Garza Ramírez (mejor conocida como Rosi Orozco), permanecen radicados en el Estado de México, y no en la Ciudad de México donde ocurrieron los hechos. Ello, como parte del influyentismo que ejerce la exlegisladora para que se juzgue a modo este caso que involucra a su organización Comisión Unidos Vs Trata.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra en retiro expuso que, a propósito de lo denunciado por Contralínea, se abrieron dos carpetas de investigación en contra de los jóvenes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México –a cargo de Alejandro Jaime Gómez Sánchez–, porque “los hechos se desarrollaron en aquella entidad”.
A decir de la secretaria, se trata de los refugios “Casa sobre la Piedra” (Casa sobre la Roca), de la señora Rosi Orozco, y las autoridades que han dado seguimiento al proceso son la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Procuraduría Federal para la Protección de niñas, niños y adolescentes.
Sánchez Cordero detalló que en “la situación jurídica, las carpetas han sido iniciadas y se integraron en la Fiscalía General del Estado de México, ya que de acuerdo con las entrevistas realizadas a las víctimas, los hecho se desarrollaron en esa entidad”.
En su edición 734 Contralínea publicó que las declaraciones de uno de los menores indican que “los hechos sucedieron en ambas ubicaciones de la Ciudad de México, información que también ratifican las víctimas ante la defensora pública Nancy Carbajal, ante el DIF y ministerios públicos, así como la declaración de la madre de uno de los agresores, Yolanda Orona, quien señala que su hijo le dijo que los hechos sucedieron en la casa de Cuajimalpa.
“A pesar de todas esas evidencias, ni la presidenta del refugio Comisión Unidos Vs Trata ni nadie de su equipo aparecen en el expediente con alguna responsabilidad por el daño ocasionado a las víctimas, ni tampoco como responsables por los otros dos menores agresores que también vivían en el refugio y que debieron estar bajo algún protocolo de atención y vigilancia”.
Esta mañana, la secretaria de Gobernación agregó que “existen ya dos adolescentes vinculados a proceso… En esta situación, ya tenemos una ruta de trabajo, nos hemos entrevistado con los periodistas, concretamente, yo me entrevisté con Miguel Badillo para ver toda la información que ellos tenían y, además, coordinarnos también para mejorar la operación de los refugios, tanto de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) y el DIF de la capital del país”.
Destacó que “no hemos olvidado este caso”, que se encuentran en el proceso de las investigaciones y el penal que ya se ha instaurado. Indicó que los adolescentes que “cometieron agravio de estos dos menores este delito de violación equiparada, ya se encuentran en centros de internamiento”.
Desde Palacio Nacional, la ministra en retiro dijo que se revisará la normativa que tienen la Segob y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, como también en otras instancias del gobierno federal y de los estatales, “que nos pueden permitir tener una intervención como estado mexicano en las condiciones en que se prestan estos servicios por parte de estas organizaciones sociales, en razón de que necesitan mayor vigilancia y mayor supervisión en los servicios prestados”.
