La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este día su preocupación “ante la escasez de políticas públicas que permitan atender y proteger los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo durante la emergencia sanitaria decretada por la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.

Para el organismo autónomo señaló que es urgente garantizar la calidad de vida de más de 7 millones de personas que viven en México con esa condición, mediante el reconocimiento y valoración de sus necesidades.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado este 3 de diciembre, la CNDH llamó a las autoridades a “redoblar los esfuerzos para reducir las brechas que vive este sector de la población –mismas que impiden y limitan el ejercicio y goce de sus derechos y libertades fundamentales–, así como democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación, a través de la accesibilidad, asequibilidad y el uso de dispositivos para facilitar su autonomía e independencia”.

Aunado a ello, criticó que a 12 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “el Estado mexicano no ha emprendido acciones sólidas y decisivas para prevenir y abatir las barreras que limitan su participación y que se han acentuado en la presente situación”.

En un comunicado, destacó la necesidad de instrumentar políticas públicas diferenciadas que observen las necesidades y demandas de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad (habitantes de comunidades rurales y pueblos indígenas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, cuidadores primarios y mujeres con discapacidad).

Los obstáculos físicos y culturales que enfrentan las personas con discapacidad inciden negativamente en su autonomía e independencia, por lo que corresponde al Estado mexicano emprender acciones orientadas a que las personas con mayores requerimientos de apoyo tengan las mismas oportunidades, sobre todo en contextos adversos como los que hoy aquejan al país, consideró la CNDH.

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