Alain Badiou, filósofo francés, dijo recientemente: “Las crisis siempre son resueltas mediante medidas antisociales y antipopulares que pueden ser especialmente duras. Así es como el capitalismo controla la situación. El problema del capitalismo es cómo conseguir que estas medidas sean aceptadas. Para ello, se emplea la violencia”.
Llámense programas ortodoxos de estabilización –el enfoque monetarista tradicional–, que generalmente van de la mano con las reformas estructurales neoliberales, y sean impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; o sean adaptados voluntariamente, en una especie de síndrome de Estocolmo, como lo hicieron Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray en 2015 y 2016, en respuesta a la crisis del mercado petrolero iniciada en 2014; o como lo hace su nueva alma gemela, el derechista Mauricio Macri, recién encaramado en el gobierno argentino.
Llámense programas heterodoxos de estabilización, o enfoque monetarista para una economía abierta, que introducen algunos cambios en el fracasado modelo anterior –y que, de todos modos, continúa aplicándose–, pero manteniendo su esencia fondomonetarista y arrojando los mismos resultados. Como los que fueron aplicados en las décadas de 1980 y 1990 por Carlos Salinas y Pedro Aspe, Alberto Fujimori, Carlos Menem o Fernando Collor de Mello, entre otros regímenes calificados como “burocrático-autoritarios” –que, en la mayoría de los casos, sustituyeron a las sangrientas dictaduras militares–, travestidos de “civiles-democráticos”, o “democracias” neoliberales, si se prefiere.
Todas esas políticas guardan los mismos dogmas ideológicos de la tradición de Chicago –Milton Friedman, Robert Lucas, Theodore Schultz, Gary Becker, Lars P Hansen, por citar a algunos de ellos–, los cuales son seguidos dogmáticamente por los tecnócratas criollos, moldeados en Chicago, Harvard, Massachusetts, Stanford, Columbia y sus escuelitas de párvulos locales (“kindergartens”, si se prefiere), como son el Instituto Tecnológico Autónomo de México o el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el caso de nuestro país.
Todas comparten dogmática y empíricamente las mismas recetas económicas anticrisis: los programas de choque y de ajuste estructural. Emplean métodos persuasivos como estrategia disciplinaria para tratar de garantizar la implantación de esas medidas y la continuidad y la supervivencia del modelo neoliberal antisocial: la violencia económica –el miedo a perder el empleo para facilitar el desempleo de otros, la contención y el recorte de salarios, prestaciones sociales y gasto público de bienestar, el aumento de precios e impuestos–, jurídica y política –la conculcación de derecho, la justicia arbitraria, la represión, el encarcelamiento, la desaparición, la paz de los sepulcros–.
Esas prácticas son moneda de uso corriente de las dictaduras militares o de las casquivanas “democracias” cosméticas como la mexicana, que no logran maquillar las orejas autoritarias. Simples espectros de las cada vez más deslavadas “democracias” burguesas occidentales –recuérdese la manera en que se ha administrado la austeridad fiscal en Europa en este decenio, a menudo por medio de procónsules–, y de los fundamentos teóricos de esa forma de gobierno.
Sólo con el terrorismo de Estado puede generarse la conmoción y la parálisis social. Se puede obligar a las mayorías a aceptar y soportar cotidiana y silenciosamente las agresiones neoliberales; a tragar la píldora amarga de los ajustes sin grandes aspavientos, ya sean impuestos por decreto o legitimadas por un Congreso y un poder judicial subordinados al Ejecutivo y los organismos internacionales, expresiones de la degradación republicana.
Pero la resignación alcanzada por ese medio suele ser temporal. A cada tanto estalla la cólera, desobediencia y rebelión ante la injusticia, como recuerda el estadunidense Barrington Moore, así como el cobro de facturas que han derrumbado a dictaduras y democracias formales.
No puede ser de otra manera ante gobiernos que abandonan rápidamente el canto de la sirena reformista y del bienestar, y usan la traición como principio político (Y Roucaute y D Jeambar, Elogio de la traición). ¿Quién puede seducir a los votantes y ascender al poder con la falsía descubierta, sin mentir, sin ocultar sus fines antipopulares? Ellos se han convertido en los gerentes del neoliberalismo y de políticas de “consolidación” o ajuste fiscal que sólo benefician a una minoría oligárquica, al gran capital local y trasnacional, sus socios de la corrupción, el saqueo de los bienes del país y el millonario festín de las privatizaciones. Han optado por un proyecto que sacrifica los intereses nacionales, impone el modelo de la derrota, de las relaciones carnales y el sometimiento frente al capitalismo global, que arrojan como saldos países devastados y millones de víctimas sociales.
Cuando se ejerce un poder omnívoro pueden aplicarse medidas antisociales y antipopulares, como señalara Badiou. En algunos casos, como en México, sin necesidad de disparar un solo tiro.
Cuando la política económica ubica la defensa del valor de la moneda y el control de la inflación como sus objetivos centrales, por definición, bajo el canon monetarista, ésta exige que las variables de ajuste sean la contención salarial y de la demanda (consumo e inversión), así como la austeridad fiscal, la reducción o eliminación de su déficit fiscal.
En un régimen de “libre” flotación y sin un precio definido de la paridad cambiaria como el que exististe en México desde 1995, después del desastre ocasionado por el esquema de microdevaluaciones anunciadas por Carlos Salinas y Pedro Aspe, la estabilidad de la moneda es determinada por el estado de ánimo de los especuladores, o el “mercado” como se dice técnicamente, por la oferta y la demanda de monedas, por la libre entrada y salida de capitales.
En la práctica, empero, la Comisión de Cambios, integrada por el banco central y la Secretaría de Hacienda, utiliza un esquema sucio. Es decir, cuando dicha Comisión considera necesario, “en momentos de extrema volatilidad, y casi siempre con un esquema predeterminado, el Banco de México, por instrucciones de la Comisión de Cambios” interviene “para restaurar el orden de los mercados, pero nunca para determinar una paridad específica” (Banxico dixit).
¿Cómo mete la mano para tratar se contener los ataques de pánico que cíclicamente sufren los especuladores ante el temor de la escasez de divisas (ya sea real; su menor ingreso debido a la caída de los ingresos petroleros, la salida de capitales que supera a su ingreso –inversión extranjera directa y financiera–, sus fugas, las inversiones externas empresariales, baja del endeudamiento foráneo– o especulativa (ganar con la compra venta), y que dejan a la moneda como si fuera víctima de un ataque de epilepsia, al borde del colapso macrodevaluatorio?
Básicamente arrojarles dólares a los demandantes ávidos. A través de la compra-venta de divisas de las reservas internacionales (subasta de dólares estadunidenses, la moneda hegemónica a la que está subordinada el peso mexicano), o el cambio en su tasa de interés de referencia. Nunca con el control de cambios, por ejemplo, que atentaría contra el catecismo neoliberal.
Aunque se dice que no busca una cotización determinada, sí trata de mantener un rango determinado en las depreciaciones del peso frente al dólar: alrededor de 1.5 por ciento en un día, unos 24 centavos para la paridad estimada para 2016.
La estabilidad cambiaria es vital para la meta de precios que desde 2002 fue fijada en 3 por ciento anual, +/-1 punto porcentual; y, a su vez, el nivel de la inflación es fundamental para aquel objetivo.
En 2015 Hacienda estimó una paridad media nominal de 13 pesos por dólar (pd), contra la de 13 pd de 2014, lo que implicaba un atraso de 0.8 por ciento. En realidad pasó de 13.31 pd a 15.88 pd, un devaluación de 19.26 por ciento. Pero no importa porque no existe una paridad definida. La inflación fue de 2.13 por ciento. En 2014 había sido de 4.08 por ciento.
Para 2016 la meta del tipo de cambio medio se programó que pasara de 15.60 pd a 15.90 pd. Pero para la primera mitad de febrero promedió 18.02 pd, 13.6 por ciento más de su cierre efectivo de 2015.
Pero tampoco interesa por la razón citada anteriormente.
Sólo falta ver cómo afectará el nivel general de la inflación esperada (3 por ciento), dada la masiva importación de bienes y servicios —aunque los precios ya muerden rabiosamente los bolsillos de las mayorías—, el costo del crédito, la inversión productiva y el crecimiento económico.
La contención salarial y de la demanda desinflacionaria está dada con el alza del primero en sólo 2.94 pesos más diarios. El aumento de las tasas de interés reforzará la medida al afectar a quienes se ven obligados a usar el crédito para compensar la miseria de sus ingresos.
“¿Cómo es posible desplegar una política fuerte contra la desigualdad sin tener organizaciones sindicales poderosas”, pues “jamás se logró vencer al corporativismo” estatal?”, se preguntaba en 2014 el recién fallecido Adolfo Sánchez Rebolledo
La pieza fundamental del programa de estabilización son las finanzas públicas: reducir el déficit presupuestario. La estrategia peñista-videgaryana es sencilla: el aumento de impuestos al consumo y de los precios de los bienes y servicios públicos (la insultante baja en las gasolinas y la electricidad sólo prepara su próxima alza), el recorte del gasto social y de inversión productiva, la desaparición de parte de su estructura central, las privatizaciones de empresas y sectores estratégicos, el despido de empleados públicos.
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Como manda el canon antisocial de la ortodoxia fondomonetarista en épocas de apremios fiscales como el derrumbe de los precios del petróleo. Aunque sea recesivo, apuñale el corazón de las mayorías y escupa copiosamente una mayor cantidad de pobres y miserables.
Una historia tediosamente conocida.
Antes que los organismos multilaterales le pusieran la pistola de la austeridad fiscal en la cabeza de los peñistas, éstos prefirieron ponérsela y disparar en la testa de las mayorías, y premiar a quienes les gusta a dichos organismos. Son buenos y conmovedores aprendices.
Un poder absolutista del Ejecutivo puede aplicar el cuchillo de la austeridad como en la mantequilla cuando controla al Legislativo, el cual no representa a sus votantes y que, por ello, no le inspira confianza ni respecto por haberse convertido en una corporación de clepto-profesionales que no reconocen ideología y sólo defiende sus privilegios.
El 2015 representó el retorno del tiempo del ajuste fiscal como divisa.
El recorte en el gasto por 124 mil millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del PIB, y que en febrero de ese año Merrill Lynch calificó como “potente señal de responsabilidad fiscal, reforzada por un déficit fiscal menor al esperado en 2014”, no impidió que el gasto total del sector público aumentara en 363.9 mil millones de pesos (mmp) más, sin descontar la inflación, con relación a 2014, al pasar de 4.528 billones de pesos (bp) a 4.892 bp, 5.2 por ciento más en términos reales, según datos de Hacienda.
Ello pese a que, finalmente, los precios del crudo de exportación se desplomaron de 85.48 dólares por barril (db) a 43.29 db entre 2014 y 2015; es decir, en 42.19 db o 49.4 por ciento, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que implicó que e valor de sus exportaciones cayeran de 41.2 mil millones de dólares (mmd) a 21.2 mmd, 20 mmd menos o 48.6 por ciento.
Fiscalmente, lo anterior provocó una pérdida de ingresos petroleros del sector público por 379.6 mmp; 13.7 mmp correspondieron a Pemex y 366 mmp al gobierno federal, equivalentes a 32.9 por ciento, 5.7 por ciento y 48.5 por ciento menos, en términos reales, respectivamente.
Originalmente, se planeó un balance público (incluye el presupuestario y el de entidades bajo control presupuestal indirecto) deficitario por 21 mmp más respecto de 2014 (pasaría de 620.4 mmp a 641.5 mmp). Si descuenta la inflación, sería igual al del año anterior, y con relación al producto interno bruto (PIB) bajaría de 3.6 por ciento a 3.5 por ciento. El balance presupuestario –incluye al gobierno federal y organismos y empresas de control presupuestal directa como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)– se programó con los mismos datos.
No obstante, al cierre de 2015 el déficit público subió de 543.1 mmp a 637.6 mmp, 94.6 mmp más, 14.3 por ciento en términos reales. Pasó de 3.2 por ciento del PIB a 3.5 por ciento. El déficit presupuestario pasó de 545 mmp a 627 mmp, 82 mmp más o 12 por ciento. El saldo negativo del gobierno federal se incrementó de 487 mmp a 548 mmp, en 61 mmp, 9.6 por ciento real más; pasó de 2.3 por ciento a 3 por ciento del PIB.
La información de Hacienda arroja detalles interesantes.
Por ejemplo, aunque los ingresos presupuestarios petroleros se desplomaron dramáticamente en 2015 y superaron más que proporcionalmente los esperados por Hacienda, se planeó una baja por 50 mmp, 7.2 por ciento menos en términos reales y los del gobierno federal 68 mmp, 11.2 por ciento menos. Así, los ingresos totales apenas aumentarían 1 por ciento realmente, 170 mmp nominales.
Cerrado el año las cuentas fueron las siguientes: el total de los ingresos petroleros cayó en 380 mmp y los del gobierno federal en 366 mmp, 33 por ciento y 48 menos en términos reales.
Sin embargo, los ingresos totales presupuestarios reales, que se esperaba que sólo aumentaran 1 por ciento realmente (en 170 mmp), afectados por la caída de los petroprecios fiscales, en realidad crecieron en 4.2 por ciento (281mmp más), gracias a la mejoría de la captación en el impuesto a la renta (ISR) , pero sobre todo al llamado “gasolinazo”, la tasa especial a las gasolinas y diésel que en ese año proporcionó el equivalente a 18 por ciento del total del ISR y el 31 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA).
De otra manera: el “gasolinazo”, calificado como regresivo, por gravar como iguales a desiguales, y porque los desiguales tienen escasas o nulas posibilidades de deducirlos fiscalmente, aportó 220 mmp, equivalente a 84 por ciento de los recursos adicionales proporcionados por el ISR (263 mmp), y 5.5 veces más a los adicionales aportados por el IVA (40 mmp).
Además de ser antisocial y rentablemente fiscal el “gasolinazo” evidenció que el “libre mercado” sólo existe para las necesidades de los neoliberales mexicanos. En los países importadores netos de hidrocarburos, como Estados Unidos, la baja de los precios del crudo benefició a los consumidores porque cayeron las tarifas de las gasolinas. En México, en cambio, se desafió la “ley de la gravedad” del “mercado libre”: éstos subieron; y su insultante baja en el inicio de 2016 demuestra que el “libre mercado” se ajusta con reglas veleidosas.
Aún con el recorte, el gasto neto total presupuestario, sin descontar la inflación, pasó de 4.5 bp en 2014 a 4.9 bp en 2015. Aumentó en 364 mmp, 5.2 por ciento real más. El programable (excluye el costo financiero de la deuda pública, las participaciones de los estados y los adeudos fiscales) aumentó de 3.6 bp a 3,8 bp, 248 mmp más, 4.1 por ciento realmente. En ambos casos superó al presupuestado inicialmente, ya que, cada uno debería crecer realmente en 0.9 por ciento y 0.3 por ciento. Los egresos del gobierno federal aumentaron 269 mmp, 7.9 por ciento real más.
Es loable que, en épocas críticas, la cobija del gasto crezca en lugar de encogerse.
Por desgracia, nunca es lo suficientemente grande para cobijar todo lo que se necesita y siempre tiene que sacrificarse algunas partes, ya sea por la falta de anchura, porque siempre habrá áreas privilegiadas o por “razones e intereses de estado.
En épocas fiscalmente críticas, siempre se protege algo.
Por ejemplo, el pago puntual del costo financiero de la deuda pública (interna y externa y el rescate bancario), como símbolo sagrado del cumplimiento escrupuloso de los compromisos contraídos, y garante de la confianza de los acreedores. Aunque se vacíen los bolsillos del deudor, la familia quede en harapos y hambrienta.
En 2015 dicho costo aumentó en 62 mmp para ubicarse en 408 mmp. En 2012 se pagaron 305 mmp. Fue el pago más alto desde 1977 y, quizá histórico, a precios corrientes.
El total de 2015 superó al gasto programable destinado a vivienda y servicios a la comunidad (331 mmp), a la protección ambiental (27 mmp), a la cultura y recreación (27 mmp), al sector agropecuario (95 mmp), y es ligeramente menor al destinado a la inversión pública, sin contar a Pemex (467 mmp) o a salud (500 mmp).
Si se elimina la inflación, el costo fue de 344 mmp, a precios de diciembre de 2010. El más alto desde 1990, cuando fue de 523 mmp reales.
Sólo el pago de intereses de la deuda interna y externa pasó de 292 mmp en 2012 a 400 mmp en 2015.
Tampoco se podía descuidar al ejecutivo, su coordinador de la política de gobierno y sus consejeros jurídicos, aunque gobiernen y se coordine mal y para la oligarquía interna y externa, y los consejos sean torcidos.
Mucho menos a los ramos de justicia, seguridad nacional y asuntos de orden público y de seguridad interna (la Marina, Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y Gobernación). Pese a que la justicia sea tan injusta como siempre, la inseguridad sea una industria a pleno empleo, el país se haya convertido en una tumba de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión para decenas de miles de personas y asesinadas, anónimas o conocidas, y desaparecidas, más los que se acumulen diariamente, y el estado ayude en la contabilidad con su guerra de limpieza social.
Esa seguridad ha sido eficaz en contra de los descontentos del modelo.
Esos fueron algunos de los renglones abrigados. (Véase cuadros anexos)
Entre los que quedaron medio desnudos y cada vez más harapientos se pueden citar al gasto programable en protección ambiental, apoyo agropecuario, vivienda y servicios a la comunidad, protección social, energía (Pemex y la CFE) y transporte, entre otros. A ellos se les redujo o se les contrajo en diversos grados con relación a 2014.
Sin importar de que con ello se sacrifique el presente y el futuro de México, la inversión productiva se redujo en 47 mmp, 8.3 por ciento en términos reales. Si se excluye a Pemex, se contrajo en 1.9 por ciento.
Los renglones más afectados fueron el ambiental, el energético, el agropecuario, la cultura, la educación y la tecnología.
Pero Peña Nieto y Videgaray muy bien pueden emular al actor mexicano Arturo de Córdova: “Eso no tiene la menor importancia”.
Porque ofrece la coartada para abrir más la puerta a la privatización de las áreas del estado. Ellas son jugosas, turbias y o legalizadas, con tráficos de influencias, con sobrecostos y obras de dudosa calidad, entre otras minucias.
Por ejemplo, Juan Armando Hinojosa, dueño Higa, el que le prestó helicópteros y aviones al priísmo durante la campaña presidencial de Peña Nieto, para que ésta fuera más cómoda, el de las modestas casas de Peña Nieto y su consorte y la de Videgaray, el ganador de obras como el aeropuerto de Toluca realizadas durante el peñismo caciquil, ganó la ampliación del hangar presidencial, por concesión directa y un pecio de 23 por ciento mayor al planeado. (Milenio, 5 de noviembre de 2015).
Qué puede decirse de la española OHL, que se dice que impone sobreprecios y paga sobornos (regeneracion.mx/escandalo-en-ohl-por-sobornos-pagados-en-mexico), que gana y gana obras, que eleva los cobros en las carreteras concesionadas como se le pega la gana (acaba de subirlos para el viaducto elevado bicentenario y el circuito exterior mexiquense en tres veces que la inflación registrada en 2015).
Marcos Chávez*
*Analista económico
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ECONÓMICO]
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