Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
Investigaciones sobre la dinámica de los movimientos sociales en el mundo para neutralizarlos y erradicarlos con el fin de garantizar la hegemonía de Estados Unidos confirman la prioridad del gobierno de ese país para desarrollar actividades de manipulación masiva.
A finales de junio pasado, medios de prensa revelaron el escandaloso experimento desarrollado en secreto por Facebook, mediante el cual manipularon las emociones de unos 700 mil usuarios de la red social para conocer cómo respondían ante noticias positivas y negativas.
El ensayo, de dudosa aceptación social, manipuló el algoritmo de selección de las noticias para observar si existe un “contagio emocional” entre las personas.
La encuesta provocó indignación en medios sociales y suscitó análisis en diarios como The New York Times y The Atlantic sobre las implicaciones éticas de manipular los comentarios de los usuarios sin su consentimiento.
Días después, el portal digital SCGNews alertó que la investigación de Facebook pudo haber contado con la colaboración del Departamento de Defensa estadunidense, que financia el denominado Proyecto Minerva, iniciativa en la cual colaboran varias universidades de aquel país.
Mediante Minerva se busca financiar investigaciones universitarias con el objetivo de entender mejor la dinámica social, cultural y política en diferentes regiones mundiales de interés estratégico.
A partir de las pesquisas, las autoridades militares de Estados Unidos pretenden estudiar desde 2008 cómo las personas se involucran en movimientos contrahegemónicos para derrocar el orden establecido a través de actos de desobediencia civil.
En este sentido enmarcan las investigaciones dentro de los llamados “estudios sobre terrorismo”, donde los seres humanos que participan en movimientos sociales son considerados como “contagiados” por vectores que propagan una enfermedad, señaló la fuente.
Para el Pentágono, quienes se oponen a la política militar estadunidense en el mundo, al sistema de justicia represivo y racista o a la concentración de la riqueza en el 1 por ciento de la población, como denuncia el movimiento de activistas Occupy Wall Street, resultan enemigos susceptibles de ser reducidos, subrayó.
A través del Proyecto Minerva, el Departamento de Defensa pagó a investigadores de la Universidad Cornell, en Nueva York, para saber cuándo los movimientos sociales alcanzan una masa crítica cuya indignación expresada en internet marque un punto de inflexión que derive hacia revueltas callejeras y amenacen los poderes fácticos.
La Universidad de Washington, por su parte, analiza movimientos a gran escala que involucren a más de 1 mil participantes en unos 58 países, a fin de entender cómo estas personas mantienen sus movimientos en marcha, detalló la publicación digital.
Argumentó que el gobierno estadunidense husmea las comunicaciones telefónicas y por internet a escala global, mientras que estudia los patrones de conglomerados humanos para atacar los posibles vectores de resistencia, que han de ser identificados y erradicados para prevenir “contagios” similares en otras sociedades y en el nivel interno.
El experimento fue desarrollado por el profesor Jeffrey Hancock, de la Universidad de Cornell, quien, según los datos que aparecen en el portal electrónico de Iniciativa Minerva, recibió en 2009 recursos del Departamento de Defensa para la investigación titulada Modelar el discurso y la dinámica social en los regímenes autoritarios.
De igual forma, el mando militar estadunidense asesora el proyecto conocido como Darpa, que registra y analiza las actividades de los usuarios de Twitter, Facebook, Pinterest, Kickstarter y otras redes sociales, a fin de controlar las emociones mediante la manipulación de noticias.
De acuerdo con revelaciones del sitio digital WashingtonsBlog.com, el Pentágono financia varios exámenes que van más allá de limitarse a monitorear lo que los usuarios expresan en sus cuentas, sino que examina cómo respondieron ante determinados hechos.
La publicación refiere que en 2011 inició el programa de Comunicación Estratégica en Medios de Comunicación Social, considerado un intento avanzado de los militares estadunidenses para mejorar el diagnóstico primario y la realización de campañas de propaganda en los medios.
Precisamente Darpa pretende desarrollar herramientas de apoyo a los esfuerzos de agencias publicitarias y el gobierno para contrarrestar mensajes contrarios a los intereses de Washington, con información que parezca creíble y objetiva, explicó la fuente.
Investigadores relacionados con el estudio comentaron que cada persona en las redes se revela como un potencial factor de influencia capaz de difundir información, por lo cual “nuestro trabajo tiene como objetivo identificar y comprometer a las personas adecuadas en el momento preciso para ayudar a propagar la información acorde a nuestro interés cuando sea preciso”.
Según la publicación digital, el Pentágono usa desde hace al menos 6 años programas de inteligencia artificial para tratar de predecir cómo reaccionará la gente a la propaganda, y estrategias para desacreditar ante la opinión pública a activistas, líderes políticos y periodistas que cuestionan con demasiada agudeza las acciones del gobierno.
Este episodio se suma a escándalos anteriores, como la participación de Facebook en el programa de espionaje masiva de la NSA, revelado en junio de 2013 por el extécnico Edward Snowden, ahora refugiado en Rusia.
Snowden ventiló cientos de miles de documentos que patentizaron cómo Washington escrutaba las comunicaciones telefónicas y por internet de ciudadanos y líderes de todo el orbe, incluidos sus principales aliados.
La agencia Associated Press (AP) ventiló semanas atrás más de 1 mil documentos que confirman la creación en 2010 de la red de comunicación promovida por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), cuyo propósito era hacerse popular entre los jóvenes cubanos y luego “empujarlos hacia la disidencia”.
AP aseguró que los usuarios nunca supieron que el proyecto de la USAID, llevado a cabo mediante empresas fachada constituidas en secreto y financiadas desde bancos extranjeros, estaba vinculado al Departamento de Estado, ni que los contratistas estadunidenses reunían sus datos personales con propósitos políticos.
No obstante, el plan oculto del gobierno estadunidense para crear un Twitter cubano resulta apenas la punta del iceberg de un amplio plan subversivo utilizando las nuevas tecnologías.
Medios de prensa cubanos comentaron que se trata de un esquema desestabilizador ya ensayado en países como Siria, Ucrania y Venezuela, donde los organismos de inteligencia estadunidenses se valen de las más sofisticadas tecnologías para influir en la población, principalmente los más jóvenes y cercanos a estas herramientas.
Con este propósito, remarcan, despliegan distintas maniobras que incluyen utilizar empresas fantasmas en terceros países, lavado de dinero y contratación de mercenarios tecnológicos disfrazados de empresarios, tanto fuera como dentro de esos países.
También despliegan operaciones que violan las leyes estadunidenses y las normas internacionales de telecomunicaciones, y utilizan para sus planes fondos clandestinos sin siquiera informar al Congreso estadunidense, añaden.
Autoridades de la isla caribeña advirtieron que tras el fracaso de Zunzuneo, la Oficina de Transmisiones para Cuba (OCB, mpor su sigla en inglés) y el llamado servicio Martinoticias, creado por Radio y Tv Martí, crearon también con fondos secretos, una red denominada Piramideo.
El nuevo proyecto facilitó a los usuarios la articulación de una red de “amigos”, y ofreció la posibilidad de que una persona enviara a los miembros de su “pirámide” un mensaje de texto masivo por teléfono celular por el valor de un solo mensaje.
La estrategia buscaba además crear una especie de canal de comunicación entre grupúsculos contrarrevolucionarios.
En estos momentos está en marcha otro programa llamado Conmotion, que arrancó en 2012 y deberá concluir en 2015, destinado a fomentar el montaje de redes inalámbricas clandestinas en Cuba, para lo cual se emplean 4.3 millones de dólares.
Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
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