La embestida estadunidense contra el gobierno de Venezuela ha llegado al extremo de sabotear el Sistema Eléctrico Nacional de esa nación, como parte de una desesperada estrategia para crear un conflicto social que lleve a la imposición de Juan Guaidó. Esto, sin mediar un proceso democrático ni un solo voto a su favor. Desde Washington se están agrediendo los derechos humanos y políticos de todo un país, aplicando de manera intimidatoria un abierto y descarado intervencionismo.

En su perversidad, el plan incluye además el recrudecimiento de bloqueos a Cuba y a las empresas, instituciones bancarias y países que tengan relaciones financieras y comerciales con la República Bolivariana, que desde hace 20 años enfrenta toda una seria de agresiones e intentos de golpes de Estado por el hecho de oponerse a entregar el petróleo y las riquezas naturales de los venezolanos a las multinacionales.

Los sabotajes contra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), y los ataques a 150 subestaciones no son obra de la casualidad ni la inexistente omisión del gobierno de Nicolás Maduro sino parte de una orquestada estrategia para dejar sin energía eléctrica a 18 estados de ese país y tener la excusa para decretar una alerta nacional que justifique una intervención armada en Venezuela. Quienes diseñaron tal esquema de averías sabían perfectamente que “Guri” genera más del 60 por ciento de la electricidad que se consume en ese país.

En el paquete de los recurrentes sabotajes se incluyen los ataques mediáticos tales como la supuesta muerte de 17 pacientes en los hospitales por falta de energía eléctrica; semanas atrás se había manipulado la versión del incendió de unidades que transportaban supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, registrado en la frontera con Colombia, país usado por los Estados Unidos como trampolín y base de operaciones para atacar al gobierno de Maduro.

Videos analizados a detalles por diarios como The New York Times concluyeron que uno de los camiones incendiados fue a consecuencia de una bomba molotov arrojada por un opositor a las fuerzas de seguridad venezolana; después de que Guaidó y sus seguidores difundieron a los medios la versión de que pacientes morían en los nosocomios venezolanos, agencias como Ap y otras más corroboraron que el trágico escenario no era tal.

Una y otra vez queda al descubierto la manipulación que los medios internacionales y de la oligarquía venezolana vienen realizando con el objetivo de fabricar una supuesta situación de incapacidad y desgobierno. De lo que se trata es de justificar una intervención militar desde el exterior que no sería otra cosa más que un golpe de Estado, en contra de la soberanía de un país.

Para enfrentar el generalizado apagón, el presidente Nicolás Maduro implementó medidas de contingencia para enfrentarlo de la mejor manera y ordenó aumentar la vigilancia en el funcionamiento de los servicios médicos; garantizar el gasa comunal en los hogares; abastecer de agua a las colonias y comunidades con camiones cisterna y asegurar el reparto de alimentos básicos por conducto del Comité de Abastecimiento y Producción.

Curiosamente y en medio de esta proyectada desestabilización, el Departamento de Estado del gobierno norteamericano anunció que implementará una cláusula que permita a los cubano-estadunidenses, cuyos bienes fueron nacionalizados en la Isla tras el triunfo de la revolución, en 1959, entablar demandas contras las empresas o personas que hoy se beneficias o usufructúan esas propiedades.

Debemos señalar que dentro de los ataques a Cuba y el renovado boicot en su contra, se han incluido falsas versiones sobre la presencia de 25 mil de sus soldados en suelo venezolano. De igual forma, la lista de empresas coaccionadas a no tener tratos comerciales con la nación caribeña se ha incrementado, pretextando su apoyo al pueblo venezolano.

Desde Washington no sólo se pretende inferir ataques internos a servicios básicos como la electricidad para derrocar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro sino aislarlo del resto del mundo y de sus aliados comerciales. Estados Unidos está presionando a países como la India para que deje de comprar petróleo a Venezuela; como cliente, la India es el segundo comprador más importante pues paga en efectivo el crudo venezolano.

Además, como parte del hostigamiento financiero al gobierno de Maduro, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, anunció el pasado 8 de marzo que Venezuela deberá pagar 8 mil 700 millones de dólares a la petrolera estadounidense Conoco Phillips, por la expropiación realizada por el presidente Hugo Chávez, en 2007.

Aunque tal veredicto se considera un triunfo del gobierno bolivariano pues la firma exigía una compensación de 30 mil millones de dólares no se descarta que se exija el pago de manera inmediata en el momento en que los organismos financieros y el gobierno norteamericano tienen bloqueado en lo financiero al presidente Maduro.

Los países del continente y sus gobiernos deben tomar conciencia de que sumarse a la defensa del pueblo de Venezuela y su soberanía, es vital para salvaguardar la propia. Donald Trump y sus funcionarios han llegado al exceso de utilizar a Guaidó como instrumento para una intervención golpista de la que ninguna nación está a salvo, de no plegarse a los intereses del gobierno estadunidense.

Contrario a la reiterada versión de los medios internacionales, Venezuela no es una economía en quiebra sino un país agredido y boicoteado por los organismos financieros de la oligarquía internacional, la misma que desde hace décadas viene frenado el desarrollo de los países pobres con los altos intereses a los servicios de sus impagables deudas externas.

Juan Guaidó, la marioneta de Trump se ha encargado poner en evidencia la estrategia intervencionista al señalar en las calles de Caracas que está favor de usar una fuerza extranjera para deponer a Maduro, pasando por alto la decisión mayoritaria de los venezolanos, expresada en las urnas. Y eso en cualquier lugar del planeta se llama traición a la patria, amén de un atentado a la democracia.

Martín Esparza Flores*

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

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