Las empresas de los tres hombres más ricos del país aparecen en la lista de presuntos evasores fiscales, exhibida en el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información revela que un total de 59 compañías explotadoras de recursos minerales preciosos —de capital nacional y extranjero—, cayeron en el incumplimiento de compromisos fiscales.
Se trata de Minera Tayahua, SA de CV, propiedad de Carlos Slim Helú, que encabeza la lista de los mexicanos más ricos del país y ocupa el número 6 en la Lista multimillonarios en todo el mundo de Forbes.
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la Minera Tayahua — MTA770906UX7 — aparece entre los que debe comprobar la Administración General de Grandes Contribuyentes si llevó a cabo del pago de impuestos, pues el máximo órgano de fiscalización del país considera que puede estar entre “presuntos evasores”.
La unidad minera de Tayahua, indica su información corporativa, se encuentra en Zacatecas, de donde se explota “cuerpos de cobre primario y de zinc. El mineral explotado de esta mina es extraído y molido en una planta con capacidad de 5,500 toneladas diarias, después es distribuido en 2 circuitos de flotación, plomo-zinc y cobre-zinc”.
El informe también incluye el RFC de Minera Real de Ángeles, SA de CV, filial de Minera Frisco SAB de CV, encabezada por Slim Helú y su hijo Patrick Slim Domit.
Patricia Legarreta, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés) comenta: “Esto no es una novedad, es algo que ha venido ocurriendo desde hace varios años. La Auditoría ha estado encontrando irregularidades relacionadas con las mineras, y la Secretaría de Economía constantemente argumenta que le falta de personal y recursos para tener actualizados los expedientes y por lo tanto estar al día con requerir incluso que las empresas paguen sus impuestos”.
“Lo que es muy importante es que estamos viendo que este discurso de la atracción del inversión privada para detonar el desarrollo, al final no está beneficiando al desarrollo del país sino a los empresarios porque existe evasión y varias empresas han demandado la modificación a la Ley Minera, no quieren pagar”, dice la experta.
Las filiales de Grupo México, propiedad del segundo hombre más acaudalado, German Larrea Mota Velasco también aparece en la lista. Este empresario, con 63 años de edad, fue catalogado en la lista de Forbes como el segundo más rico del país. A finales de 2016, su fortuna estaba calculada en 13 mil 800 millones de dólares. Un año antes: 9 mil millones de dólares. Un importante crecimiento de 4 mil 800 dólares; casi el 35 por ciento.
El RFC de Buena Vista del Cobre SA de CV (MCA900621K92), e Industrial Minera México (IMM8505281U0), aparecen entre las decenas identificadas por el máximo órgano de fiscalización del país como “presuntos evasores” del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En su más reciente informe trimestral, el conglomerado minero presume que se de sus ganancias, mismas que han alcanzado los 2 mil 263 millones de dólares, 18 por ciento mayores que el último informe trimestral de 2016, debido a mayores precios del cobre.
Grupo México, indica su información corporativa, es el primer lugar de producción de cobre en México y Perú; el tercero más grande en Estados Unidos y el cuarto a nivel mundial, con “los menores costos de extracción en la industria”.
En el contexto social y ambiental, las empresas de German Larrea han provocado grandes desastres: Buena Vista del Cobre derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora y ha sido catalogada como una de las que incumplen con la legislación ambiental mexicana. Industrial Minera México tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabajadores tras la explosión de la Mina 8 “Pasta de Conchos”, hace 11 años.
La investigadora de PODER critica: “esto es una muestra más de la capacidad que tienen los grandes empresarios que pueden evadir la Ley y no pasa nada en este país. No sólo no le están aportando al país, sino que además contaminan y dañan al medio ambiente”.
Tercero en la lista de los multimillonarios mexicanos, integrante de la cúpula empresarial y de poder del país, Alberto Baillères González es dueño de otra de las compañías evidenciadas por la Auditoría como presunta evasora del pago de impuestos. Se trata de Exploraciones Mineras Peñoles, SA de CV, bajo el RFC: EMP071130FG8. También Magnelec, SA de CV, con registro MAG970115JS0 y EDM130701IC8, Exploraciones y Desarrollos Mineros Tizapa.
Baillères González, indica Forbes, acumuló hasta 2016 una fortuna de 10 mil 800 millones de dólares, misma que pasó de 6 mil 900 millones de pesos, tan sólo un año antes.
Peñoles, dice la información corporativa, fue fundada en 1887. Es uno de los principales productores de plata afinada a nivel mundial. “Se encuentra entre los principales productores mundiales de zinc afinado y sulfato de sodio. Además, es una de las empresas exportadoras más importantes de México, con más del 80 por ciento de sus ventas en el extranjero”.
Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– comenta en entrevista que la Auditoría está confirmando lo “irrisorio” que es el cobro de derechos. En 2012, recuerda, la misma auditoría dijo que era más caro recaudar lo que establecía la Ley que lo que se proponía, por lo que sugirió revisar la disposición oficial.
También, dice el especialista en el tema: “hay que revisar que la Ley Federal de Derechos establece los pagos por hectárea, no por mineral y eso es demasiado inequitativo para el país, no es lo mismo sacar arena, cemento que oro. La Ley Minera es como el pliego petitorio de los industriales de la minería”.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015 indica que el SAT deberá instruir a la Administración General de Grandes Contribuyentes para que ejerza su facultad de comprobación de 59 contribuyentes… “que cuentan con títulos de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.
El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberá pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.
El artículo 269 de la Ley indica aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.
En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.
Mayra Montserrat Eslava Galicia, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, comenta que con esto “se ve la mínima recaudación de impuestos que hay en este sector. Se ha venido fomentando el apoyo a la industria minera, para que se quede en el país; sin embargo no hay una recaudación efectiva de impuestos.
“También, vemos que la gente que trabaja para ellos y la que está a su alrededor no vive en condiciones favorables, no hay beneficio. El Estado no ha cumplido con su papel de administrar y revisar”, dice Eslava Galicia.
Además de las poderosas mineras nacionales, las de capital extranjero también han quedado mal con el pago de impuestos. Entre ellas se encuentra la Compañía Minera Cuzcatlán, subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, que a su paso por San José del Progreso, Oaxaca, ha dejado conflictividad social. El asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, opositor a esta minera se dio el 15 de marzo de 2012, en aquel municipio.
En la lista de registros fiscales también se encuentran los relacionados con Arcelormittal México, SA de CV; Mexichem Fluor, SA de CV; Minera Corner Bay, SA de CV, First Majestic Plata, SA de CV, Agnico Eagle México, SA de CV, entre otras.
La Lista de Proyectos Mineros en México con capital extranjero, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, indica que hay 947 proyectos (al 28 de febrero de 2017). En el país, indican las cifras oficiales, hay 345 compañías de Canadá (principalmente), Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Australia, China, Perú, Suiza, Japón, Irlanda, Bélgica, España, Italia y México. Los principales atractivos del país: oro, plata y cobre.
La Evaluación núm. 1579-DE “Política Pública de Minería”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela las deficiencias del sistema controlado por la Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo.
En el dictamen, el máximo órgano de fiscalización del país indica que esta dependencia “no tiene sistemas de control de la información eficientes para manejar el total de concesiones, hectáreas, toneladas de minerales explotadas, visitas de inspección, incumplimientos y sanciones, que permitan aumentar el porcentaje de derechos, además de que se otorga al titular de las concesiones la atribución de realizar el cálculo de los derechos de su concesión, así como realizar correctamente los pagos”.
El organismo encabezado por Manuel Portal Martínez documentó en el informe que del total de derechos pagados respecto del valor que representó el total de minerales explotados en el periodo 2006-2015, sólo se obtuvo el 1.3 por ciento en todo el periodo, lo que representa el 22 millones 397 mil pesos, de los 1 mil 714 millones 342 mil 700 pesos que generó la explotación de oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso, dolomita, entre otros.
En su epígrafe, el informe indica que el mismo año en que se auditó esta actividad, “México fue el primer productor de plata, el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el quinto con el mejor ambiente para hacer negocios mineros; de ahí la necesidad de garantizar su sustentabilidad, a fin de alcanzar un equilibrio económico, social y ambiental”.
El 1.3 por ciento de “ganancia” por el pago de derechos para la explotación de recursos minerales es una de las cifras más altas para la recaudación de la Hacienda Pública; hubo años fiscales en que las contribuciones ni siquiera alcanzaron el 1 por ciento.
La ASF muestra que el 2015, en que se llevó a cabo la auditoría, los derechos pagados significaron el 0.9 por ciento del valor de explotación, que alcanzó 209 millones 992 mil 800 pesos y sólo entró a las finanzas del país 1millón 965 mil 100 pesos.
En 2013 fue cuando más recursos se captaron por este concepto y apenas se alcanzaron los 2 puntos porcentuales; es decir, de los 210 millones 342 mil 300 de pesos que obtuvieron de ganancias las mineras, sólo pagaron 1 millón 965 mil 100 pesos.
Érika Ramírez
Contralínea 549 / del 24 al 30 de Julio de 2017
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