Una de las principales zonas de captación de agua en Morelia se ve amenazada por un proyecto de infraestructura, impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón; se trata del Libramiento Sur de Morelia. La empresa que mayores recursos ha recibido por el trazo carretero es Tradeco, a la cual se le han suministrado más de 148 millones de pesos. Esta misma empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2016.
Y es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el proyecto calderonista (suspendido temporalmente) no contaba con el “derecho de vía”, permiso requerido para iniciar con la obra.
Por tal motivo, el máximo órgano de fiscalización del país llevó a cabo una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria”, ante el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que realice las investigaciones pertinentes y se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron el inicio de las obras del proyecto del Libramiento Sur en el ramal Camelinas sin contar con la Liberación de los Derechos de Vía”.
En la revisión de la documentación que hizo el persona a cargo del auditor Manuel Portal Martínez, para acreditar el orden de los predios, se detectó que el Centro SCT Michoacán entregó el que corresponde al proyecto estatal Carretera Amalia Solórzano Bravo-Calle Baltazar Echave kilómetro 0+500 a 4+500”, en la localidad de Morelia, y no a los trabajos de los contratos en revisión, “por lo que la entidad fiscalizada no acreditó la regularización de la liberación de los derechos de vía para el proyecto en revisión…”.
Otro de los hallazgos en la Auditoría de Inversiones Físicas foliada bajo el expediente 15-0-09100-04-0373, que promueve el ejercicio de responsabilidades en contra de servidores públicos, corresponde a la licitación y adjudicación del contrato de obra pública 201516CEA011W002015 –asignada a la empresa Constructora Feluxa, SA de CV–, “derivado de la terminación anticipada del contrato de obra pública 2-P-CE-A-591-W-0-2, sin haberse actualizado la volumetría del catálogo de conceptos de este último, y sin haber descontado el volumen de los trabajos realizados en el subtramo del km 0+200 al km 1+380”.
Moctezuma Madrigal Mercado, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, dice en entrevista con Contralínea que este proyecto federal implica el impacto de una zona megadiversa de la región, donde habitan más de 1 mil 100 especies de flora y fauna. Es una zona de captación de agua, hídricamente muy importante: “Nos da el 40 por ciento del agua que consumimos en la ciudad; de hecho, hace unos días brotó el escándalo de que la Laguna de Cuitzeo, un afluente de agua muy importante de la ciudad, se está secando y trayendo problemas de salud a varios pueblos circunvecinos”.
El economista y defensor ambiental añade que la zona es muy importante porque en caso de urbanizarse, se estarán perdiendo dos especies en peligro de extinción muy importantes; una de ellas, la salamandra de río michoacana, que es endémica y única en el mundo.
A ello se suma que el Instituto Nacional de Antropología e Historia indica que derivado del crecimiento poblacional y la extensión de desarrollos habitacionales en la zona suroriente de Morelia, “se ha proyectado por el gobierno federal la creación de una vialidad denominada Libramiento Sur, la cual intersecta en una zona a los vestigios del acueducto de Morelia del siglo XVIII”.
Por su parte el Estudio geológico-geotécnico del ramal Camelias del Libramiento Sur de Morelia, elaborado por la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México– alerta que los cortes 1 y 2 que se realizarán en la obra se encuentran sobre “rocas de baja resistencia” y hay un “alto riesgo de inestabilidad y erosión” (Contralínea, 463).
Madrigal Mercado enfatiza en que se trata de una zona de alto riesgo: tanto, que la obra se empezó a construir en 2012 y en más de 6 años sólo lleva un avance de poco más del 20 por ciento. “Ahí la pregunta es: ¿la SCT no sabía, no tenía estudios previos de que la zona era complicada o simplemente licita para dar contratos a los amigos en turno?”.
En noviembre de 2015, el máximo órgano de fiscalización del país informó al Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma –organización que pretende proteger el territorio– que la información proporcionada se había considerado para las investigaciones que se llevaban a cabo.
En el informe de la Auditoría también se observan afectaciones a los recursos públicos, hasta por 9 millones 130 mil 699 pesos que podrían significar un daño patrimonial, por del anticipo no amortizado en el contrato 2-P-CE-A-591-W-0-2.
El contrato corresponde a Grupo Rymsa Infraestructura Carretera y R&M Constructores y fue pactado para la construcción de diversas obras en el kilómetro 0+200 al kilómetro 3+500, en varios subtramos, en el estado de Michoacán.
La ASF detalla que el 28 de julio de 2015 la SCT levantó conjuntamente con la contratista el acta circunstanciada de terminación anticipada del contrato de obra pública 2-P-CE-A-591-W-0-2, “debido a los conflictos sociales en la zona”.
En el acta se señala que se tenía un pago pendiente a favor de la contratista de 575 mil 500 pesos, y un saldo a favor de la dependencia de 9 millones 130 mil 700 pesos por concepto del anticipo no amortizado, y se acordó que el finiquito de obra se realizaría el 31 de agosto de 2015.
Sin embargo, “el Centro SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes] Michoacán no acreditó documentalmente que a la fecha de esta revisión (agosto 2016) hubiera realizado el finiquito de la obra con la contratista, aunado a que no exigió el reintegro del saldo a su favor por un importe de 8 millones 555 mil 200 pesos, ni informó a su Órgano Interno de Control de la resolución por la terminación anticipada”.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 exhibe los montos comprometidos para la realización de esta obra, inaugurada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, pese a la oposición de organizaciones y sociedad civil.
Y es que este proyecto significaría la entrega de 566 millones 562 mil 500 pesos a contratistas que realizarían: construcción, obras de drenaje, pasos vehiculares, pavimentación, entre otros.
Tradeco Infraestructura, SA de CV, obtuvo el monto más alto del resto de las empresas, con 148 millones 675 mil 800 pesos, por la “construcción del túnel del Libramiento Sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, subtramo del kilómetro 1+380 al kilómetro 1+820, incluyendo sus accesos, en el estado de Michoacán”.
Le sigue Saro Infraestructura, SA de CV, con 136 millones 344 mil 900 pesos por la construcción de un paso vehicular del Libramiento Norte de Morelia mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obra complementaria, obra inducida, estructuras y señalamientos vertical y horizontal ubicados en el kilómetro 22+060, denominado “Pedregal”, en el estado de Michoacán; así como por los mismos trabajos realizados en el kilómetro 24+460, denominado “Realito”.
Constructora Eunice, SA de CV, fue la tercera empresa a la que se le asignaron mayores recursos de esta obra, con 97 millones 467 mil 700 pesos, por la construcción de un paso inferior vehicular de la misma obra en el kilómetro 25+500, denominado “Mil Cumbres”.
Biec, Servicios Profesionales de la Construcción, S.A. de C.V., se encargó de otro paso vehicular en el kilómetro 21+300, denominado “Central”, el cual fue presupuestado en 87 millones 992 mil 700 pesos, bajo el contrato 2014-16-CE-A-002-W-00-2014, de obra pública.
Con respecto a Tradeco, la ASF también señala que no se acreditó documentalmente el impacto económico en los trabajos de excavación en el túnel para cada tipo de condición geotécnica; ya que se constató en la visita al sitio de los trabajos que la excavación en el túnel se viene realizando por medios mecánicos y no conforme al alcance de los precios unitarios.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 también evidencia que la vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental venció el día 16 de septiembre del año pasado.
En su visita a México, Michel Forst, relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que había recibido información sobre el impacto que las acciones de muchas compañías han tenido sobre las comunidades alrededor del país y cómo algunas compañías podrían haber afectado de manera adversa los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos.
Entre los reportes se encuentran compañías que están trabajando en minería, construcción, infraestructura, energía, telecomunicaciones, seguridad privada, transporte y medios.
El relator de la ONU asentó en su Informe que las compañías públicas y privadas deben respetar los derechos humanos, los principios reconocidos internacionalmente sobre los derechos comerciales y humanos. “las compañías deben abstenerse de acciones que puedan afectar de manera negativa el gozo de los derechos de cualquier manera”.
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CAPITALES]
Contralínea 534 / del 10 al 16 de Abril 2017
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