Tragedia en Virgen de la Asunción o la limpieza social en Guatemala

El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que derivó en la muerte de 40 adolescentes y jóvenes, revela una serie de abusos atribuibles al Estado guatemalteco. Hasta 80 por ciento de menores de edad, víctimas de maltrato físico y sicológico en la región

Isabel Soto Mayedo/

Guatemala. La memoria es necia: se empeña en recordar, y establece paralelos entre dos casos que conmocionaron por la desidia estatal y el uso del terror contra jóvenes para acallar protestas en Guatemala y en Honduras.

Los incendios en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (San José Pinula, 2017) y en la Granja Penal de Comayagua (Honduras, 2012) tuvieron un saldo de muerte bien disparejo, pero en ambos casos quedaron sepultados por las llamas menores de edad y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Aunque el primero estaba concebido para dar protección a niños de la calle, víctimas de violencia en sus hogares, huérfanos, discapacitados o en situación de conflicto, funcionaba como reclusorio. En éste, los internos eran torturados, violados y hasta explotados sexualmente.

Reiteradas denuncias de periodistas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales sugieren que buena parte de los trabajadores del hospicio tenían de todo menos formación o vocación pedagógica, y los métodos que empleaban poco distaban de los de los vigilantes en la cárcel hondureña.

Esas incongruencias y la desatención estatal a las alertas están en el sustrato de la tragedia acaecida en el centro guatemalteco de acogida el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; pero también en la registrada en el reclusorio del país vecino un 15 de febrero, poco después de cerrar el Día de San Valentín o del Amor y la Amistad.

Tanto en uno como en otro caso corrieron por las redes sociales imágenes de cadáveres calcinados, así como declaraciones de funcionarios y testimonios de sobrevivientes, que despertaron el recelo acerca de la posible culpabilidad directa en lo ocurrido de agentes policiales.

“Empezamos a gritarles a los policías de que nos movieran, que nos estábamos quemando, y pues ellos dijeron que no les importaba… No nos querían abrir. Ya no me acuerdo de más; sólo me acuerdo que una compañera se estaba quemando, estaba ardiendo en llamas, y me pidió ayuda. Me desmayé, y ya no pude ver nada.

“Cuando desperté estaba la mitad del cuerpo afuera y la cabeza adentro. Hice todo lo que puede para levantarme y caminar, pero los policías ahí mismo me empezaron a pegar, viendo que yo me estaba quemando y me estaba ahogando.

“Pero ellos me dijeron que no me podía ir de allí, y me empezaron a pegar. Luego unos monitores me echaron agua porque me estaba quemando, y luego me desmayé, y ya cuando desperté estaba aquí en el hospital”, contó una de las niñas que quedó con vida tras el siniestro en el hogar Virgen de la Asunción.

Mientras, en la cárcel de Comayagua murieron cerca de 400 personas, la mayoría menores de 23 años de edad, algunos condenados por varios delitos, pero decenas de ellos recluidos por sus padres para que “se enmendaran” y otros bajo sospecha de ser pandilleros, sin haber sido juzgados por un tribunal.

Informes del Centro de Investigación Periodística (Ciper) mostraron en ese contexto los testimonios de reclusos que sobrevivieron y que nunca olvidarán los gritos de ¡Fuego! ¡Llavero! ¡Se está incendiando! ¡Sáquennos! ¡No nos dejen morir! ¡Nos estamos quemando! ¡Vengan a abrir!”

La tragedia carcelaria más grave de la historia en América Latina y la tercera de su tipo en ese país, confirmó problemas de vieja data en Honduras: el hacinamiento y la crítica situación del sistema carcelario en el país más violento del planeta (86 homicidios por cada 100 mil habitantes, indica la Organización de las Naciones Unisdas).

Según la publicación Proceso Digital, en su edición del 16 de febrero de 2012, el penal de Comayagua alojaba a más de 850 privados de la libertad, lo que superaba en 212.5 por ciento su capacidad, y las denuncias respecto a ello nunca fueron atendidas por el gobierno.

Datos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública de esa nación redujeron a 377 la cantidad de muertos por el fuego en el lugar, mientras que la publicación aseguraba que los fallecidos rondaban los 382.

La confusión en las cifras poco reduce el impacto de imágenes desgarradoras tomadas en el presidio, de cadáveres calcinados de reclusos abrazados a los barrotes de sus celdas, en un intento desesperado por escapar de las llamas, en medio de gritos desesperados por una llave que nunca vino.

En el Virgen de la Asunción estaban hacinados 748 menores de 23 años de edad, pese a que la capacidad era para 400, según informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos guatemalteca y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Allí, 19 adolescentes y jóvenes guatemaltecas murieron tras gritar, desesperadas, en medio de las llamas, y la llave sólo apareció cuando ya era tarde para ellas y hasta para las 21 que fallecieron con posterioridad en hospitales por el impacto recibido en medio del fuego.

Quemaduras, asfixia e intoxicación causaron el deceso de todas, precisó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y explicó que queda por precisar, mediante exámenes toxicológicos, si las fallecidas habían ingerido alcohol, drogas, sedantes o cualquier otra sustancia previamente.

Al mismo tiempo deberá determinarse si para alentar las llamas se usó queroseno u otro material inflamable, en medio de las dudas respecto a lo acontecido en el albergue de San José Pinula, al suroeste de la capital de Guatemala.

Los rostros de policías agrediendo a las niñas en fotos, los datos aportados por el Inacif, investigaciones periodísticas y los testimonios de sobrevivientes, de bomberos, de familiares de las víctimas, de extrabajadores del hogar y de funcionarios citados al Congreso parecen poco a las autoridades.

Hasta el 19 de marzo apenas fueron detenidas tres personas vinculadas a la tragedia: el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas; la exsubsecretaria Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.

Los tres fueron conducidos a prisión preventiva por homicidio culposo y otros delitos, mas quienes escucharon los gritos de auxilio y se negaron a abrirles la puerta a las chicas continúan en las calles, quizás paseando con sus familias.

Entre ellos, guardias o monitores en el albergue estatal para menores de edad, que más de una vez las golpearon, violaron y llevaron a otros hombres de manera forzada para que las abusaran a cambio de dinero, acorde con los testimonios de anteriores recluidos en el identificado con el eufemismo Hogar Seguro.

Atroces abusos

Los estereotipos que priman en estas sociedades patriarcales, adultocéntricas y militarizadas, sobre todo respecto a adolescentes y jóvenes en situación de conflicto son esgrimidos para justificar la aplicación de fuerza contra ellos y, probablemente, conspiran a favor de los culpables.

Según una encuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Unicef, palabras soeces, miradas torcidas y correctivos físicos violentos son los métodos más socorridos por los adultos en esta región para “imponer disciplina” a los infantes.

Los mayores de edad admiten tales comportamientos porque consideran que este es efectivo si se pretende lograr la mejor educación e inserción social de la niñez, mostró el sondeo de opinión, que abarcó a 16 países latinoamericanos y caribeños.

Asimismo reflejó que el maltrato físico y sicológico a este sector etario alcanza el 80 por ciento en algunos territorios y llega hasta el castigo corporal, empero la ausencia de una metodología homologada para medir las formas de abuso impidió precisar cifras comparables entre las distintas naciones.

La Organización Mundial de la Salud opina que el maltrato infantil en esta parte del mundo está vinculado al nacimiento de más de 11.4 millones de bebés por año, muchos indeseados por la criminalización del aborto, condenados a sobrevivir en la pobreza y sujetos a patrones de conducta agresiva.

En tanto el Unicef reitera que la violencia infringida a niñas, niños y adolescentes se registra casi siempre en las casas, a manos de sus padres, cuidadores y familiares, aunque igual se replica en instituciones del Estado carentes de protocolos para contratar a los encargados de cuidar a los menores.

Especialistas refieren que tales fallos crean el caldo de cultivo para la depresión infantil, enfermedad sicológica asociada a la autoeliminación, aunque puede recurrirse a la huida cuanto ésta es descartada.

Probar suerte lejos de casa es lo que anima cada día a miles de infantes y adolescentes a salir solos a un mundo cooptado por narcotraficantes, tratantes de personas, proxenetas, pederastas, traficantes de órganos y otros, si se consideran los informes de múltiples organismos internacionales.

La corrupción imperante y las debilidades en el marco jurídico amparan a estos criminales, en tanto defensores de derechos humanos insisten en que debe terminar la propensión a colocar a los niños en el centro de campañas preelectorales para luego excluirlos de planes favorables a su desarrollo.

En el triángulo Norte de Centroamérica la desidia estatal hacia la niñez y la juventud acumula larga data y en algunos momentos de la historia llegó a extremos en el orden represivo, a veces desde las sombras y otras a cara descubierta, pero casi siempre con la complicidad de las fuerzas en el poder.

Hace más de 1 década las alarmas están encendidas por el accionar criminal de los denominados grupos de limpieza social en Guatemala, Honduras y El Salvador, so pretexto de acabar con la violencia.

En este lapso esas fuerzas paramilitares ejecutaron extrajudicialmente a miles de menores en situación de abandono en las calles o sospechosos de ser pandilleros o delincuentes; como en décadas anteriores habían torturado, desaparecido o masacrado a presuntos izquierdistas.

Paralelo a esto, los gobiernos de los tres países manejaron argumentos similares para justificar estrategias represivas como la Mano Dura, Súper Mano Dura, La Escoba, Tolerancia Cero y otras, durante cuya aplicación miles de adolescentes y jóvenes fueron encarcelados, sin ser procesados judicialmente.

Tatuajes y otras señales que pudieran sugerir la pertenencia a una pandilla o a una mara bastaban para el arresto e internamiento en reclusorios superpoblados, con delincuentes comunes, en sociedades donde sobran los estereotipos respecto a los menores de edad en conflicto con la ley o en la calle.

Activistas sociales, políticos, sindicalistas, académicos y otros sectores, sugirieron en este ámbito adoptar políticas preventivas para contrarrestar la criminalidad y lograr la inserción de los jóvenes, mediante estrategias educativas masivas y el fomento de empleos dignos.

Al mismo tiempo evidenciaron la ineficacia de los sistemas judiciales y la impunidad reinante en estos territorios y hasta mencionaron la existencia de un plan premeditado desde las élites, en el que participaban fuerzas de seguridad y policías con el consentimiento de sus superiores.

Múltiples comunicados de la organización humanitaria Casa Alianza reflejaron que cada día varios niños y jóvenes de la calle eran atacados y asesinados con armas de fuego desde autos en marcha, y en el peor de los casos secuestrados y ejecutados extrajudicialmente en lugares apartados.

“Las autoridades no investigan, porque no les interesa”, expresó el entonces director regional de la agrupación, Bruce Harris, e hizo notar que nunca se había dado una violencia tan fuerte contra los niños de la calle como a partir de 2003.

“Lo más triste es que también la sociedad desecha a estos niños e indigentes, porque cuando uno de ellos muere, quienes lo acompañan son otros jóvenes de la calle”, añadió en declaraciones a periodistas.

Para los menores, mujeres y hombres, ingresados en el albergue Virgen de la Asunción, en la aldea El Platanar, de San José Pinula, la situación no era muy distinta, salvo que se suponía que el Estado los había acogido para darles protección frente a esas amenazas.

Sin embargo, posterior al incendio del 8 de marzo muchas voces gritaron que lo ocurrido con esos adolescentes y jóvenes fue un crimen de Estado.

Tras un intento de fuga por los abusos en el lugar, el jefe de la comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, Wilson López, llamó al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para advertirle de la situación, pero el mandatario sólo se limitó a enviar a 250 policías que se quedaron vigilando el hogar toda la noche.

Las sobrevivientes concordaron en que los uniformados recuperaron a la mayoría de los amotinados y los regresaron a empujones al centro, incluso a punta de pistola en la cabeza, y que ahí los rodearon, los golpearon, les rociaron con un líquido irritante para los ojos y después los encerraron bajo llave.

Los varones quedaron en un auditorio, las niñas en un aula sin sanitarios, sin sábanas y con apenas unas colchonetas para dormir, que al otro día usaron como parabán para hacer sus necesidades fisiológicas ante la negativa de dejarlas salir.

El fuego supuestamente fue provocado por una de ellas para llamar la atención o eliminar la fetidez causada por esas urgencias, pero nada justifica que ante la salida del humo y de los gritos de socorro no se abriera la puerta detrás de la cual muchas se consumieron y otras quedaron marcadas para siempre.

Todavía queda la esperanza de que la justicia por fin caiga contra quienes provocaron los gritos de “Viólenos aquí, delante de todos. Vengan a violarnos pues, si eso quieren otra vez”, con los cuales también inundaron el aire las víctimas esa mañana del 8 de marzo, inolvidable en Guatemala.

Mientras, el jefe de Estado repite que las niñas eran muy agresivas y que se amotinaron, insatisfechas por la comida.

“Se les pidió a las personas que las mantuvieran separadas porque muchas de estas menores tenían conflicto con la ley, algún tipo de carácter violento, y lo que se pretendía es que no hubiera una tragedia como la que se vivió.

“La tenencia de los menores en un lugar específico estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias, incluida la llave”, espetó Morales, ahora denunciado ante el Ministerio Público por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina

[LÍNEA GLOBAL]

Contralínea 535 / del 17 al 23 de Abril 2017