Carmen Esquivel/Prensa Latina
París, Francia. La Unión Europea y Estados Unidos negocian un acuerdo trasatlántico para crear la zona de libre comercio más grande del mundo, pero la falta de transparencia en el proceso genera preocupación sobre los riesgos de un acuerdo que impactará en todos los sectores.
El plan comenzó a gestarse en julio de 2013 y, según sus promotores, cuando se concrete la alianza abarcará un mercado con 800 millones de personas, 50 por ciento del producto interno bruto y el 30 por ciento del comercio mundiales.
Hasta ahora las tratativas tienen lugar en un completo hermetismo y las partes se niegan a informar detalles del contenido de las negociaciones; sin embargo, ello no ha impedido que algunos de los puntos controversiales salgan a la luz.
Uno de los más polémicos es el relacionado con la creación de un tribunal arbitral privado, por medio del cual los grandes grupos multinacionales podrían llevar ante la justicia a un Estado si consideran que las políticas comerciales existentes allí perjudican sus intereses.
Esa corte “despojará a los países de su capacidad de decidir sobre sus propias normas internas”, advirtió la senadora del gubernamental Partido Socialista francés Marie-Noelle Lienemann.
Otro de los riesgos del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés) es el desmantelamiento del sistema fitosanitario europeo y de las garantías de protección al consumidor, advirtieron ecologistas.
Productos del país norteño como la carne de vacunos inyectados con hormonas y antibióticos, el pollo lavado con una solución de cloro o el maíz transgénico Monsanto podrían arribar fácilmente al mercado de la Unión Europea con la reducción de aranceles y la eliminación de las barreras aduanales.
Si bien los impulsores de ese pacto insisten en que las normas de regulación de la Unión Europea se mantendrán al margen del Acuerdo, en la práctica eso no ocurrirá, debido, precisamente, a la creación del tribunal supranacional para resolver diferendos comerciales, señaló el eurodiputado ecologista José Bové.
De acuerdo con Bové, las grandes corporaciones avícolas estadunidenses, como la Tyson Foods, podrán atacar a los países de la Unión Europea si consideran que están violando su derecho a competir en ese mercado y obligarlos a comercializar sus productos.
Más de 150 organizaciones sociales, reunidas en el colectivo Stop TTIP, opinan también que el acuerdo socavará los pilares del modelo social europeo.
La escasa protección de los trabajadores en Estados Unidos, país que se ha negado a ratificar varios convenios internacionales, generará una competencia desleal de consecuencias negativas para el empleo, los derechos laborales y los salarios de los europeos, advirtieron.
Uno de los reclamos insistentes de la sociedad civil es la publicación del mandato de negociación confiado a la Comisión Europea para la creación de la zona de libre comercio.
“Esas conversaciones opacas se desarrollan a espaldas de los pueblos de Europa y América del Norte”, denunció la organización No al Gran Mercado Trasatlántico.
Incluso el recién electo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un partidario e impulsor del Acuerdo, abogó por una mayor transparencia y advirtió que si no se publican los documentos pertinentes el tratado fracasará ante la opinión pública, el Parlamento Europeo y ante los parlamentos nacionales.
Pero el reclamo no ha tenido eco en los jefes de ambos lados del Océano Atlántico, que del 14 al 18 de julio efectuaron la sexta ronda sobre el tema en Bruselas, Bélgica.
Las discusiones estuvieron centradas en nueve sectores, entre ellos la industria automovilística, los productos químicos, farmacéuticos, textiles y el material médico.
En el aspecto energético, la demanda de Europa de abrir un capítulo particular respecto a la explotación y exportación del gas de esquisto todavía no se ha zanjado, dijo el representante estadunidense Dan Mullaney.
Sobre la demanda de algunos sectores de que se dé a conocer el contenido de lo abordado, el representante estadunidense respondió que “nosotros no hacemos público el texto preciso de las conversaciones”.
Washington y la Unión Europea esperan cerrar el año próximo el TTIP. De acuerdo con la Comisión Europea, el Acuerdo permitirá incrementar el producto interno bruto y generar nuevas fuentes de empleo en el viejo continente. Sin embargo, estudios realizados por organizaciones independientes indican lo contrario.
Según la Fundación Austriaca para la Investigación y el Desarrollo, la disminución de los derechos de aduanas provocará una pérdida de 20 mil millones de euros para el presupuesto europeo en el curso de 1 década.
Los Estados miembros deberán encontrar 1 mil 400 millones de euros por año para hacer frente a los gastos del desempleo, añadió la Fundación, y advirtió que entre 430 mil y 1 millón de personas deberán cambiar de trabajo a causa de las reestructuraciones necesarias.
El secretismo con el cual se negocia el también conocido como Tafta (Transatlantic Free Trade Area) ha impedido una mayor movilización popular, considera la doctora en ciencias políticas y escritora franco-estadunidense Susan George.
La también exvicepresidenta de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) advirtió que las conversaciones sobre el Tafta son antidemocráticas, porque ni siquiera los diputados del Parlamento Europeo disponen de los documentos.
Al hermetismo del Tafta se unen las revelaciones hechas el año pasado por el exanalista estadunidense Edward Snowden sobre el espionaje masivo de Estados Unidos a los ciudadanos y las instituciones europeas.
Ello explica en buena medida el recelo en varios sectores de la población europea de asociarse por medio del Tratado Trasatlántico a un país que ha mostrado poco respeto hacia los asuntos internos de las naciones.
Carmen Esquivel/Prensa Latina
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