La letalidad del crimen organizado –capaz de derribar helicópteros, sostener enfrentamientos por horas y causar mermas severas a la milicia y las policías– se alimenta no sólo del tráfico ilegal de armas –provenientes sobre todo de Estados Unidos–, sino también de las propias corporaciones del Estado mexicano.
Instituciones estatales y federales –entre las que destacan la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– han reportado como perdidas o robadas 15 mil 163 armas de fuego largas y cortas, entre enero de 2006 y noviembre de 2017.
La información –revelada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– indica que, de ese total, 13 mil 596 fueron sustraídas o “extraviadas” durante la llamada “guerra” contra el narcotráfico: entre enero de 2007 y noviembre de 2017.
Muchas de las armas que se pierden en las policías municipales, estatales e instituciones federales son decomisadas de facto por las organizaciones criminales, o de plano vendidas por los propios servidores públicos al crimen organizado, considera el académico Jorge Retana Yarto, experto en seguridad nacional.
Los datos oficiales indican que de las más de 15 mil armas extraviadas, 11 mil 455 eran cortas y 3 mil 708, largas. “Hay casos en los que se tiene que considerar seriamente que se trata de una sustracción deliberada de armas de servicio, cortas y largas, para venderlas a particulares, incluso a la delincuencia organizada”, indica a Contralínea el doctor en antropología Carlos Antonio Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Difícilmente un particular ajeno a ese tipo de actividades delictivas daría algún uso a un arma larga automática o semiautomática, agrega el también autor de los libros Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, y El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática.
La constante pérdida de armamento deja al descubierto la debilidad en la mayoría de las corporaciones encargadas de la seguridad en el país: según el registro de la Sedena, las 32 entidades federativas y las cuatro dependencias federales incluidas en el recuento han incurrido en esta irregularidad y en más de una ocasión.
Más aún, por el número de armas extraviadas o robadas sobresalen dos instituciones federales y siete gobiernos estatales, al sumar pérdidas o hurtos por 9 mil 135 artefactos de fuego; es decir, en conjunto concentran el 60.2 por ciento del total de bajas registradas en los 12 años reportados.
Se trata de la PGR y la Policía Federal, así como de los gobiernos de la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México, entidades que además son identificadas entre las más violentas del país.
En primer lugar se encuentra el gobierno capitalino, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de esa entidad han reportado 2 mil 59 armas extraviadas o robadas entre enero de 2006 y noviembre de 2017, indica la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a la solicitud de información 0000700203917 hecha por Contralínea.
Le siguen las corporaciones de Guerrero, con 1 mil 732 pistolas y fusiles extraviados o saqueados en instalaciones tanto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil como de la Fiscalía General de Justicia.
En tercer lugar se encuentra la PGR, actualmente encabezada por el abogado Alberto Elías Beltrán, pues ha perdido o le han robado 1 mil 231 armas cortas y largas en el mismo periodo, que comprende los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, así como el último año de la gestión de Vicente Fox.
La Policía Federal es la cuarta institución a la que más armamento le ha sido atracado, al sumar 1 mil 39 artefactos en los 12 años. Le siguen la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, con 795; las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Michoacán, con 608; de Sinaloa, con 606; de Tamaulipas, con 553; y del Estado de México, con 512.
A esta última entidad se le deben añadir las 10 armas robadas a la policía estatal la madrugada del 5 de diciembre de 2017, ya en el gobierno del priísta Alfredo del Mazo, en un módulo ubicado en el municipio de Jilotepec.
Para el doctor Carlos Flores, “la continuidad en las pérdidas en algunas instituciones muestra la inexistencia o deficiencia en la aplicación de protocolos de resguardo de este equipo”.
A pesar de tener una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de posesión de armas de fuego, el Estado mexicano no tiene control sobre este tema como tampoco lo tiene respecto de los elementos que generan violencia, en especial de las organizaciones criminales, considera el maestro Jorge Retana.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asegura que la cifra real de armamento perdido o robado en instituciones públicas superaría las 20 mil unidades, pues en muchos casos no se reportan las sustracciones.
Y es que el registro depende de la información que “de buena fe” dan las entidades federativas e instituciones federales a la Sedena. Aunado a ello, lejos está de ser exhaustivo: omite consignar las unidades perdidas o sustraídas ilegalmente en las policías municipales –donde radicaría el más grave problema– y en las propias Fuerzas Armadas.
Al menos en la primera dependencia sí hay evidencias de que ello ocurre: entre 2012 y 2015, a los militares les robaron nueve armas de fuego y perdieron otras cuatro, refiere la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000700181315.
Y en el tema de los municipios la situación es mucho peor. Ejemplo de ello son las 69 armas robadas a mediados de septiembre de 2017 en un módulo de la policía municipal de Querétaro. Para ese año (enero-noviembre), el informe de la Sedena sólo da cuenta de 34 armas cortas y 35 largas que se extraviaron o robaron en la estatal Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Casos similares se registraron en dos municipios del Estado de México: ese mismo mes fueron saqueadas 24 unidades de distintos calibres en el módulo de Xalostoc, perteneciente a la policía municipal de Ecatepec; y 2 meses antes, en julio, fueron sustraídos nueve fusiles Mosbert y 20 pistolas calibre .9 de la presidencia municipal de Jaltenco.
Los tres hechos fueron consignados en la prensa nacional pero ninguno de ellos en el registro de la Sedena. Y es que a pesar de que el tráfico ilegal de armas es considerado como el segundo negocio criminal más rentable en el mundo, sólo por debajo del narcotráfico, el gobierno mexicano carecería incluso de protocolos de custodia para los propios agentes estatales.
“Cuando el Ejército interviene en algunos municipios del país, lo primero que hace es incautar todas las armas y siempre descubre que faltan [unidades]. En algunos municipios y estados esas armas se han entregado voluntariamente o a través de venta al crimen organizado”, asegura Retana Yarto.
Según el senador perredista Benjamín Robles Montoya –promotor de una estrategia integral contra el tráfico y portación ilegal de armas de fuego–, en el país circulan alrededor de 20 millones de armas sin permiso, licencia o registro, de las que un 85 por ciento es de origen ilegal y un 65 por ciento está en manos de la delincuencia organizada.
“Parecería que México está virtualmente en un estado pre-insurreccional o de guerra civil no declarada”, observa el maestro Jorge Retana Yarto. Especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional, el académico afirma que ni el Estado ni el Ejército han sido capaces de mantener un control aceptable en este tema.
“Tenemos una ley muy rígida: la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es una de las más estrictas [del mundo] en el sentido del control que trata de ejercer la Sedena; pero la propia Sedena no ha podido evitar vender alrededor de 100 mil armas a particulares y organizaciones de caza y tiro. Además, las empresas de seguridad privada han desbordado los controles del gobierno.”
Para Retana Yarto el tema ya rebasó a las autoridades: se han perdido alrededor de 20 mil armas en las instituciones, la Sedena ha vendido alrededor de 100 mil unidades a particulares, y las empresas de seguridad tienen otras 40 mil armas en su poder. A éstas se le suman las que vienen ilícitamente de Estados Unidos y las que ya de por sí están en manos de las organizaciones criminales, indica.
Por ello pregunta: “¿Qué hacen tantas armas de fuego en manos de privados o de organizaciones criminales y de otro tipo, como autodefensas y policías comunitarias? En México hay una cifra bastante elevada que podría llegar a 1 millón de personas con armas en la mano, por distintos motivos y de organizaciones de distinta naturaleza. Y esto implica necesariamente que el Estado perdió el control”.
Personas que en total impunidad portan ese armamento, pues las autoridades tampoco realizan decomisos importantes. Según el Quinto informe de gobierno del presidente Peña Nieto, del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la Policía Federal Ministerial apenas logró el aseguramiento de 303 armas.
Entre diciembre de 2012 y octubre de 2017, al menos 106 mil 193 personas fueron asesinadas en México, de acuerdo con recuentos hechos –por separado– por el semanario Zeta y el Semáforo Delictivo; siendo 2017 el peor año en materia de violencia en lo que va del gobierno de Peña Nieto.
En ese promedio de 75 asesinatos diarios que hay en el país se refleja la ausencia de control en el tema de las armas de fuego, considera el maestro Retana Yarto. “Muchos de ellos corresponden a la delincuencia común y otros a la delincuencia trasnacional, pero en todos los casos esta enorme cantidad de armas que circula entre los mexicanos es un reflejo exacto de la situación de violencia que vive el país”.
Ello, indica el académico, se ha exacerbado porque el Estado le dio prioridad al combate armado. “El resultado es esta inmensa posesión de armas en manos de mexicanos, que genera un clima de violencia social que no sabemos en qué momento se pueda contener, porque el problema tiende a agudizarse”.
El problema del tráfico ilegal de armas también podría alcanzar al sector privado especializado en custodia de valores y seguridad, pues son al menos 20 las compañías que han reportado robos y extravíos de armas cortas y largas. Entre 2006 y 2016, fueron en total 381 unidades.
En primer lugar figura la sociedad anónima de capital variable Sepsa, con 49 armas perdidas o atracadas; y le siguen Seguritec, Transporte de Valores, con 45; Agencia de Seguridad Integral, 42; Cometra Seguridad Privada, 27; Jobamex, Seguridad Privada, 26; Servicios Terrestres de Seguridad Privada, 25; Grupo Mercurio de Transportes, 19; Servicio Pan Americano de Protección, 16.
Además, con 14, respectivamente, Trust Security Private Group y Corporativo Plus para la Prestación de Servicios; con 13, Tecnoval de México, y Protege Servicios de Seguridad Privada; Schatten Seguridad Privada, 12; con 11, respectivamente, Probain de Occidente, Salud y Seguridad de Occidente, y Servicios Integrales de Seguridad Privada e Industrial Sispi Mx; con nueve, Control Central de Vigilancia, y Sedegral Seguridad Privada Defensa en General; y con ocho, RMS Seguridad Privada.
El control más exacto y el estándar que ha establecido el gobierno, es para unas 100 mil armas de fuego, indica el maestro Retana Yarto. Por ello, detalla, todas las demás, incluyendo las de empresas privadas de seguridad, están fuera del control de la Sedena.
Y es que, advierte el experto en seguridad nacional, varias decenas de empresas operan al margen de la ley. “Ya sea que se dediquen a custodias u otras formas de seguridad para privados, no tienen la licencia colectiva para portación de armas que otorga la Sedena; muchas de ellas no están siquiera registradas ni forman parte del padrón de empresas de seguridad privada de la Secretaría”.
Para el académico de la UNAM, el control ha fallado por completo en el tema de la portación de armas de fuego, porque se fueron formando mercados paralelos y clandestinos donde circula decenas de miles de unidades.
En promedio, cada día se introducen de manera ilegal unas 2 mil armas de fuego a México provenientes de Estados Unidos, según el senador Robles Montoya.
Entre 2009 y 2016, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (conocida como ATF) identificó plenamente 137 mil 456 pistolas, revólveres, escopetas, ametralladoras, dispositivos destructivos, derringer, lanzadores de gas lacrimógeno, pistolas combinadas, cañones de bengalas, receptores/marcos y silenciadores, como unidades fabricadas y vendidas en Estados Unidos de forma legal, pero que acabaron en manos del crimen organizado mexicano.
Una cifra desconocida corresponde a las armas que, tras confiscar a los grupos delictivos, el gobierno mexicano envió a la ATF para identificación, pero de las que no se comprobó haber sido fabricadas o vendidas en ese país, así como las que contaban con números de serie clonados, pues de éstas la ATF no da información.
El problema de México es que una gran cantidad de armas no están sujetas a ningún tipo de control porque se compran de manera clandestina: hay mercados paralelos, señala el maestro Retana Yarto.
Agrega que la Sedena establece un control mínimo en este tema, no sólo a través de las revisiones periódicas o el registro del nombre de las personas, domicilios y tipos de armas que les fueron vendidos, pero sólo son unas 100 mil armas. El resto, que es la mayoría, está totalmente fuera de control.
Nancy Flores
[PORTADA, SEGURIDAD]
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