Los primeros 3 años de gestión de Jair Bolsonaro no muestran avances económicos y sociales de consideración. Todo lo contrario. De la misma forma que por estas horas se lo acusó por crímenes contra la humanidad por el negacionismo ejercido durante la pandemia Covid-19, el gobierno militar liderado por Jair Bolsonaro ha consolidado el estancamiento económico, aceleró la inflación y potenció el número de desocupados y de brasileños que sufren la inseguridad alimentaria.
Más allá de este pésimo derrotero económico y social, el ámbito político mantiene una prospectiva abierta de cara a las elecciones de 2022 dado que continúa manejando la caja y los hilos del Estado, lo que podría atraer aliados potenciales para apuntalar su candidatura. Este tablero de intereses económicos y políticos es explorado en este informe.
En el marco del estancamiento macroeconómico y el fuerte deterioro social, la mayoría de las encuestas (agosto/septiembre/octubre) no dan más de 22 por ciento de aprobación a la gestión de Bolsonaro. A lo largo de estos 3 años, los desempleados y desalentados, con la parada pandémica mediante, más que se duplicaron pasando de 11.6 millones en diciembre 2018 a 23.9 millones de personas en julio de 2021, lo que significa alrededor del 21.4 por ciento de la población en edad activa con dificultades de empleo. Esta erosión del mercado de trabajo potenció el hambre que alcanzó el 59 por ciento de las familias brasileñas.
La contrapartida de la crisis económico-social ha sido la recuperación de la tasa de lucratividad de las 500 mayores empresas, tendencia que se sostiene desde la adopción de la agenda neoliberal con el golpe parlamentario liderado por Michel Temer y la continuación bajo la gestión de Paulo Guedes en el ministerio de economía. En este sentido, el sector financiero se ha erigido como el gran ganador de la década y el que consigue marcar la pauta de la agenda mediática.
Ante el avance de la reforma laboral que colocó las negociaciones particulares por encima de la ley trabalhista y la reforma jubilatoria, el plan de privatizaciones aglutina al gran empresariado brasileño. En esta línea, la potencialidad de adquirir los activos de las grandes empresas estatales como el Correo –una entidad de 360 años que tiene inmuebles en los barrios más caros a lo largo y ancho del país–, el Banco do Brasil –el cuarto de América Latina– o Petrobras –la décima petrolera global– se presenta como una gran oportunidad de apropiación de la riqueza nacional. Dado el tamaño de estas firmas, el propio proceso implica una privatización en etapas y en asociación con capitales extranjeros. Aún bajo una política de vaciamiento y de venta a bajos precios, el volumen potencial de las operaciones requiere la participación de fondos de financiamiento globales, lo que abre negocios “para todos y todas” y, sin dudas, atraerá la atención de la disputa internacional entre el eje occidental liderado por Estados Unidos y China.
Como balance de estos 3 años de gobierno, y proyectando las oportunidades electorales de Bolsonaro, se destaca que mantiene el apoyo de:
-Las principales figuras de las Iglesias Evangélicas y sus conglomerados de multimedios(radios y TV como Record). Al proyecto político-ideológico “la defensa de la familia” (tradicional), se suma el interés de los líderes evangélicos de reafirmación de su proyecto económico en el cual el Estado tiene un papel central dado que otorga las concesiones mediáticas y esto define su capacidad de expansión como multimedios y productores de contenido (particularmente telenovelas).
-Los militares y los cuerpos policiales estaduales. Además de los militares que suman 6 mil miembros ubicados en las estructuras políticas del Estado Federal con salarios que superan los 3 mil dólares mensuales, también hay que considerar las policías militares de los Estados quienes recibieron algunas concesiones laborales (quizás menos de las esperadas). En esta disputa por los fondos públicos, las Fuerzas Armadas son quienes obtuvieron los mayores beneficios dado los aumentos presupuestarios. En este sentido, militares de alta patente ya presionan también por una flexibilización del régimen militar de forma que puedan participar de las privatizaciones de las empresas públicas.
-El agronegocio (no tradicional) asociado a la expansión de la frontera productiva hacia la región centro-oeste con foco en la producción de soja y ganadería. Emergentes del boom internacional de los commodities de los 2 mil y las políticas públicas que permitieron la extensión del área productiva hacia el Cerrado, estos actores controlan una parte del Congreso a partir de la bancada que reúne a evangélicos y defensores del porte de armas bajo el anacronismo BBB (boi, bala e biblia: buey, bala y Biblia). En el marco de un mercado interno totalmente deprimido, el agronegocio ha mantenido un crecimiento de sus exportaciones con foco en soja y carne hacia China, las cuales sumadas a la devaluación y un nuevo boom de precios han potenciado sus ganancias. De la misma manera, los terratenientes de este sector han sido los principales beneficiarios de la política (anti) ambiental de avanzada sobre el Amazonas y del fin de la demarcación de tierras indígenas: la acumulación originaria que nunca se detiene.
-El sector bancario-financiero. Probablemente, es el grupo que mantiene una posición más pragmática asociada a su agenda neoliberal. No tendría dificultades en readaptarse y apoyar varios candidatos que defiendan un proyecto de alineamiento con el sistema financiero internacional, una política macroeconómica centrada plenamente en el control inflacionario y que lleve adelante el proceso de privatizaciones que abriría oportunidades de negocios para todos los segmentos de entidades financieras que aglutinen potenciales inversores locales y extranjeros.
Mientras la gestión de Bolsonaro desarticula el Bolsa Familia –el mayor programa de transferencia de renta condicionada del mundo– y se explicita el desmanejo de la pandemia por las investigaciones llevadas a cabo por el Congreso, la profundización de la crisis económica y social han derivado en el interés por un cambio político.
Por un lado, se produce la aclamación social por una candidatura de Lula da Silva bajo la memoria de un tiempo pasado mejor que, de acuerdo a distintas encuestas, lo posiciona como vencedor en segunda vuelta. En este sentido, el desafío económico es (re)construir un proyecto político y económico que supere los limitantes de la gestión anterior y que, de alguna manera, consiga encolumnar a los distintos sectores del empresariado brasilero para consolidar un modelo nacional-desarrollista con inclusión social, lo que no se presenta como un elemento sencillo. Por el momento, los esfuerzos han estado puestos en atraer la mayor cantidad de factores de poder a su coalición.
En paralelo con el aumento del rechazo a la figura de Bolsonaro, comenzó a tomar fuerza, con especial papel de los conglomerados mediáticos tradicionales (no evangélicos, como Globo), la posibilidad de que se abra una “Tercera vía” electoral. No sólo se trata de un movimiento propiciado por determinados liderazgos o partidos, sino que también es el pedido de ciertos intereses económicos. Por detrás de este proyecto, se identifican aquellos sectores productivos que, si bien adhieren a la agenda neoliberal y son contrarios a una agenda económica con redistribución del ingreso, también requieren de la expansión del mercado interno para realizar sus actividades como las grandes constructoras civiles, el entramado industrial de capitales domésticos y los conglomerados mediáticos “tradicionales” (no evangélicos). En esta contradicción yace la expectativa de consensuar un candidato “conservador” que represente sus intereses.
Si bien casi un tercio del electorado no tiene decidido su voto, actualmente ningún candidato de la “Tercera vía” pasa el 10 por ciento de las preferencias: Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), 9 por ciento, y Joao Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), 5 por ciento, son los que más fuerza inicial presentarían. En este sentido, las especulaciones rondan sobre el destino de estas fuerzas en el caso que se consolide un escenario de polarización y que no consigan establecer un candidato “propio”. De una forma u otra, el tablero está abierto y el juego político de cara a las elecciones esta sólo comenzando.
Sergio Martín Páez/Inter Press Service (IPS)*
*Economista por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Economía Política por la Flacso y doctor en Economía de la Industria y la Tecnología por la Universidad Federal de Río de Janeiro
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