Más del 70 por ciento del territorio mexicano está colapsado por la alta incidencia de delitos vinculados al crimen organizado, revela el semáforo delictivo que el gobierno federal elaboró para definir las zonas prioritarias para la Guardia Nacional.
El diagnóstico sobre la inseguridad pública –a partir del cual se integró la estructura de los “Enlaces militares y de la Policía Federal para las coordinaciones regionales”– ubica en semáforo rojo a 21 entidades federativas, por su “alto” nivel de criminalidad. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Elaborado por el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el documento que asigna las zonas prioritarias para la Guardia Nacional descubre que en el mapa delictivo predomina el rojo, en un segundo lugar el amarillo (alrededor de un 20 por ciento del territorio) y el resto del país está en verde (menos del 10 por ciento).
Según el análisis, la operación militar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el crimen organizado ha iniciado en 266 Coordinaciones Regionales y Territoriales de la Guardia Nacional, de las cuales 153 son focos rojos por su “alto” índice delictivo, ubicados en los 22 estados del país más peligrosos; 62 registran un índice delictivo “medio”, y 53 “bajo” nivel delincuencial.
Expertos en seguridad nacional y académicos auguran el fracaso de la Guardia Nacional, mayor persecución de movimientos antisistémicos, crecimiento de la violencia y de homicidios dolosos, así como la asunción de la ultraderecha en el próximo sexenio.
En los sitios donde operará la Guardia Nacional (cada estado en promedio cuenta entre dos y seis entidades regionales, salvo el Estado de México que tiene 32; la Ciudad de México, 16; Oaxaca y Michoacán, nueve, respectivamente), el gobierno federal se propone arrebatar las plazas al crimen organizado.
Se trata de territorios bajo el dominio de 300 organizaciones delictivas donde, según se desprende del documento, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son responsables de apagar los focos rojos en 126 entidades regionales y 216 coordinaciones regionales; la Secretaría de Marina en 18 entidades y 34 coordinaciones, y la Policía Federal de seis entidades y 16 coordinaciones; estas últimas correspondientes a las alcaldías de la Ciudad de México. (Tabla 1)
Es la respuesta del gobierno a las organizaciones criminales trasnacionales que amenazan la legitimidad del Estado, considera en entrevista el contralmirante Enrique Barney Montalvo. “Las organizaciones traspasaron la barrera del terror y la delincuencia organizada, acumularon poder para enfrentar al Estado, se convirtieron en un actor político-social de facto en enclaves y adquirieron impunidad para desarrollar su actividades”.
Así, enfatiza, la debilidad institucional se alimenta de corrupción e impunidad de algunos gobiernos locales, que intrínsecamente cedieron parte del poder del Estado a esas organizaciones, hasta llegar a tener niveles de dominio que socaban la autoridad, movilizan empleados y grupos sociales, y obstruyen la capacidad del Estado para proteger a la sociedad.
La Guardia Nacional contará con un Comando Conjunto –cuya cabeza e integrantes serán designados en breve por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas–, y un cuerpo militar formado por tres generales de brigada de Estado Mayor, 69 tenientes coroneles, 62 coroneles de infantería, cuatro de caballería y uno de artillería, y 29 mayores, por la Defensa Nacional; así como 13 contralmirantes, cuatro vicealmirantes, ocho capitanes de navío y dos de fragata, por la Marina Armada de México.
En calidad de “contactos” de los enlaces militares de la Defensa y la Marina, un inspector general, dos inspectores jefe, 13 inspectores, 11 subinspectores, 22 oficiales, 47 suboficiales, 23 policías primeros, 24 policías segundos, 41 policías terceros, completan la plana militar de alto rango de la Guardia Nacional, según el documento.
En su primera fase, para cubrir 153 focos rojos, la Guardia Nacional inicia operaciones con 38 mil elementos de la Policía Militar, 20 mil de la Policía Federal y 8 mil de la Policía Naval, señala en entrevista el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva Posada.
Según el documento, en la Ciudad de México –donde operan los cárteles Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y anti Unión Tepito– aún no han sido designados los titulares de los enlaces militares a cargo de la Policía Federal; sólo la alcaldía de Azcapotzalco figura como foco rojo, por su “alto” índice delictivo.
En esta alcaldía hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, según ha dado a conocer la organización delictiva a través de mantas en las que aseguran que llegaron a la zona a limpiarla de miembros de otros grupos criminales.
Para la nueva cruzada contra el crimen, el gobierno de López Obrador contará paulatinamente durante este año con 80 mil efectivos de las policías militar, federal y naval, y un presupuesto de 20 mil millones de pesos, declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
En la conferencia matutina del presidente López Obrador, celebrada en Mexicali el pasado 27 de marzo, Durazo dijo que en una primera etapa la Guardia Nacional operará en 150 de las 266 coordinaciones regionales, consideradas focos rojos de la geografía delictiva del país.
Ese día, el funcionario reconoció que las 150 regiones están operando con limitaciones por falta de personal, y precisó que la Guardia Nacional proporcionará los recursos humanos necesarios para cubrir el resto de las coordinaciones regionales durante 2019.
“Cada una de las regiones va a tener capacidad operativa para contener, acotar y evitar que venga un desplazamiento en términos regionales o bien en términos de actividades criminales”, subrayó el funcionario. Respecto a la infraestructura, el secretario dijo que ya se cuenta con terrenos e instalaciones completas para el despliegue de la Guardia Nacional en las regiones del país.
Sin embargo, Carlos Barrachina Lisón, coautor del Atlas de seguridad y defensa de México, del Centro de Seguridad y Defensa (Casede), refiere en entrevista las limitaciones de infraestructura de la Policía Militar, la parte más numerosa hasta el momento de la Guardia Nacional, con 38 mil efectivos. “La falta de instalaciones es una limitación a la hora de operar en los territorios; en los estados donde no están operando habría que ver qué está pasando, porque todos las entidades deben tener sus propias estructuras”.
Señala que, hasta diciembre de 2018, sólo se encontraban operando seis de las 12 Bases de la Policía Militar: la Base 1, ubicada en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México y su área geográfica que abarca el Estado de México, Morelos y la capital. (Tabla II)
También la Base IV de la Policía Militar de Apodaca, Nuevo León, con cobertura en Tamaulipas y San Luis Potosí; la Base VI, localizada en Puebla; la Base X, ubicada en Cancún, Quintana Roo; la Base XII, en Guanajuato, con cobertura en Querétaro y Michoacán; así como la Base XI en Torreón, Coahuila, y su cobertura en Chihuahua y Durango.
Ello porque las Bases II, en La Paz, de Baja California, y III en El Zaus, Culiacán, Sinaloa, con su área de influencia en Baja California Sur y Sonora, y Durango, respectivamente, están aún en formación, refiere Barrachina Lisón.
Tres Bases de la Policía Militar –VII, VII y IX-, correspondientes a Chiapas y con cobertura en Tabasco, Oaxaca y Acapulco, Guerrero, respectivamente, no están en operación, lo que supone serán activadas como parte del proyecto de la Guardia Nacional, apunta el académico de la Universidad Anáhuac.
Para Tomás Miklos Ilkovics, doctor en ciencias por la UNAM y experto en planeación prospectiva y seguridad nacional, el país está cambiando, “no sólo de gobierno, sino de régimen”, y la Guardia Nacional es una estrategia de cambio que puede resultar si se maneja bien, para resolver la inseguridad pública, frenar a los grupos delictivos y a los funcionarios coludidos.
El académico plantea necesario ver el futuro hacia la seguridad ciudadana como estado de bienestar. Y considera que López Obrador ha aprendido a escuchar a los ciudadanos y con la Guardia Nacional “propone el para qué” sirve esta nueva fuerza, “que no todos sus colaboradores entienden”.
En prospectiva, dice Miklos, la prioridad de largo plazo de abatir la inseguridad requiere de un compromiso social crítico y constructivo, “como grito de angustia frente a los grupos delincuenciales”.
El documento Enlaces militares y de la Policía Federal para las coordinaciones regionales señala los responsables de las entidades y coordinaciones regionales, con excepción de las alcaldías de la capital.
Así, por ejemplo, el Estado de México, con presencia de los cárteles de La Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación, registra 25 focos rojos cuyo combate recae en los tenientes y coroneles Braulio Sánchez Martínez (Chalco), Kerndor Xala Jimémez (Chimalhuacán), Mariano Guadalupe Santiago (Atizapán de Zaragoza), Antonio Miranda Vergara (Coacalco), Felipe Rodríguez Quiroz (Cuautitlán), Carlos Márquez Hurtado (Cuautitlán Izcalli), Alejandro Zárate Nava (Ecatepec).
En Guerrero, donde operan los cárteles Pacífico, Beltrán Leyva, Familia Michoacana y Caballeros Templarios, se delimitaron 12 entidades regionales, consideradas de alta incidencia delictiva.
Los responsables de las coordinaciones de alto impacto en Guerrero son el capitán de navío Gerardo Rosas Azamar (Acapulco); los coroneles de infantería Fidencio Márquez Reyes (Ayutla de los Libres); Salvador Solórzano (Chilapa); Salvador López Ruiz (Chilpancingo); Filemón Campillo Castro (Iguala); Francisco González Galindo (Zihuatanejo), entre otros.
En Puebla, con 10 focos rojos y donde operan Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, fueron designados como coordinadores regionales tenientes y coroneles Ariel Oxte Medina (Acatlán), Hugo Licea Medina (Ajalpan), Noé Saavedra Suárez (Tehuacán), Genaro Alba Minero (Chalchicolula), Raúl Olvera Domínguez (Tepeaca), Víctor Leonado Villanueva (Huauchinango).
En Chihuahua, con presencia de cárteles Pacífico y Juárez, están al frente de las coordinaciones los tenientes y coroneles de infantería y de caballería, Pedro Morales Hermosillo (Chihuahua); Ángel Flores González (Cuauhtémoc); Felipe González Moreno (Juárez); Martín Tomás Martínez (Nuevo Casas Grandes); José López Madero (Delicias); José Luis Hernández Morales (Parral).
En Baja California y Baja California Sur, donde operan los cárteles Pacífico, Arellano Félix y Jalisco Nueva Generación, encabezan las coordinaciones con alto índice delictivo los tenientes coroneles Eduardo Villegas Velazco (Mexicali) y Reyes Hernández de la Cruz (Tecate); coronel de infantería Ernesto Gutiérrez Tapia (Tijuana); capitán de navío José Ángel Marroquín Carrizales (Ensenada); contralmirante Jesús Celorio Nava (La Paz), y el contralmirante Miguel Ángel Cobos Soto (Los Cabos).
Oaxaca registra siete focos rojos cuyos enlaces militares de la Guardia Nacional son Germán Bastida Flores (Ixtlán), Alejandro González Sánchez (Huajuapan de León), Octavio Díaz Avilés (Tlacolula), Hisael Padilla Antúnez (Miahuatlán), Rubén Jiménez Espinoza (Oaxaca), Gerardo Lara Calvillo (San Juan Bautista Tultepec), Alejandro Gutiérrez Alonso (San Pedro Mixtepec), Alberto Medina Aranda (Pinotepa Nacional).
Los generales de brigada Julio César Moreno Mijangos, encabeza la coordinación regional con alto índice delictivo de Torreón, Coahuila y Jaime Contreras Chávez en Huehuetan, Chiapas, considerada de bajo nivel delictivo, señala el documento.
La Guardia Nacional operará como mecanismo de respuesta inmediata ante el crimen organizado y delincuencia común y disturbios sociales, con un sistema interno de alertas dividido en cuatro niveles, refiere el Manual de Operaciones de Coordinaciones Regionales para la Construcción de la Paz.
Resalta el apartado de alertas nivel 1, que requieren respuesta urgente (en 30 minutos o 1 hora) de los tres niveles de gobierno, pues “representan un alto riesgo para la seguridad y estabilidad sociopolítica”, por los “delitos de alto impacto federal y local y/o mediático”; fenómenos meteorológicos y “sociorganizativos que puedan derivar en hechos delictivos (manifestaciones violentas, linchamientos, enfrentamientos de multitudes)”.
El segundo nivel operaría en situaciones que podrían derivar en una alerta nivel 1, como delitos federales y locales expuestos en medios de comunicación y denuncias ciudadanas sobre posible comisión de delitos.
Las alertas nivel 3 requieren atención de mediano plazo con respuesta de entre 24 horas y 1 semana, para delitos federales y locales, demanda ciudadana a problemas de seguridad, inconformidad generalizada de la población de una comunidad hacia acciones del gobierno y necesidad de servicios o infraestructura urbana o rural que pongan en riesgo la seguridad.
Finalmente, las alertas nivel 4 requieren atención a largo plazo (de 1 a 4 semanas), para atención de faltas administrativas reiteradas que pongan en riesgo la seguridad, demanda ciudadana de servicios, y “condiciones sociales de desigualdad que puedan considerarse factores criminógenos”.
Carlos Barrachina Lisón considera que la Guardia Nacional va directo al fracaso como ha ocurrido con las estrategias de seguridad desde 2006, cuando salieron de sus cuarteles las tropas para combatir a la delincuencia organizada, mientras no se tome en cuenta a las policías estatales y municipales.
Afirma que la Guardia Nacional es “más de lo mismo: la militarización del país; a pesar de que el gobierno federal sostenga que es de carácter civil, porque se olvidan de las policías municipales y estatales, las cuales no se pueden desechar. Es una barbaridad”.
Mientras tanto, dice el académico, la delincuencia organizada seguirá operando y la violencia continuará su tendencia al alza, ya que la Guardia Nacional tardará más de 1 año en ver resultados. “México no se puede permitir que fracase la reforma del programa de seguridad pública, y si el gobierno federal repite experiencias del pasado, el país se verá en un contexto muy débil y seguirá la delincuencia y violencia en la misma dimensión”, considera el experto de Casede.
La Guardia Nacional es una imposición, una ocurrencia igual como lo fue la Gendarmería y la Ley de Seguridad Interior (LSI), es darle la vuelta para que los militares estén de regreso con una cobertura legal de protección con la que no contaban, subraya.
La respuesta es crear instituciones locales y estatales sin simulaciones, pero no hay voluntad política de construir una fuerza de esta naturaleza; los militares han estado en las calles desde 2006 y no han hecho nada, dice. “Se requiere de inteligencia y no de caprichos”, considera Barrachina Lisón.
Y sostiene que el presidente López Obrador debería asumir que en 2019 ya es de su responsabilidad la seguridad pública. Se ha dejado convencer por los militares para crear la Guardia Nacional para protegerse, han estado en brigadas de la policía y sólo han generado mayor violencia y cuando intentaron cubrirse con la LSI la corte desechó sus intenciones y surge la Guardia Nacional, que profundiza lo mismo que se estaba haciendo.
Por su parte, el académico Javier Oliva Posada subraya que en México no hay estudios serios que avalen que la transferencia permanente de militares a tareas de seguridad hayan tenido éxito: “han sido puros fracasos, hay que aprender de la historia, no podemos equivocamos en este momento en que el país ya no tiene tiempo”.
“En todos los presidentes desde 1988 hay una inercia en materia de seguridad como común denominador: todos han utilizado a las Fuerzas Armadas”. Ahora, considera, el presidente López Obrador les dio recursos para militarizar a la policía, y constituye una cuarta fuerza armada. Por ello, se pregunta: ¿y si fallan? Es una opción y un reto muy alto.
Considera que se deben dar condiciones que al mismo tiempo plantee la cuestión armada, lo civil, la reforma a los sistemas penitenciarios estatales y federales, fortalecimiento de policías estatales y municipales, y robustecer el sistema penal acusatorio, sin lo cual la Guardia Nacional, dice, no va a funcionar.
Para el general Francisco Gallardo Rodríguez, la Guardia Nacional no es más que una militarización constitucionalizada para protección de las Fuerzas Armadas, lo cual es grave y augura una espiral de violencia más grande que la de Enrique Peña Nieto, al tiempo que advierte que habrá un quiebre en la seguridad pública y seguridad nacional.
“Es un riesgo latente de que, ante el fracaso de la Guardia Nacional, el país vaya hacia la ultraderecha como ha ocurrido en las naciones latinoamericanas, es una regresión democrática y del equilibrio entre el poder civil y militar”, puntualiza el también doctor en ciencias políticas por la UNAM.
Apunta que se vino abajo la esperanza de que el presidente López Obrador no publicara la Ley de la Guardia Nacional y que los militares regresaran a sus cuarteles y que la seguridad pública la retomara el Estado mediante controles institucionales relativos al manejo de tropas que fueron eliminados.
Finalmente, Gallardo Rodríguez subraya que las coordinaciones territoriales se contraponen a la división territorial de las Fuerzas Armadas, violentan el sistema federal, aumentarán violaciones a los derechos humanos y la persecución contra movimientos democráticos del país. Por ello, indica, “ahora los responsables del golpe de timón para revertir la reforma que dio origen a la Guardia Nacional somos los ciudadanos.
José Réyez
[D][SEMANA][INVESTIGACIÓN][SEGURIDAD]
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