FOTO: Comisión Unidos vs Trata
Cuarta parte. La Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrieron auditorías a los refugios de la panista Rosa María de la Garza Ramírez –conocida como Rosi Orozco– para determinar su destino, pues a la fecha continúan operando al margen de la ley al carecer de registro ante la Segob como centros de asistencia social, entre otras anomalías.
Las revisiones se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometiera públicamente a hacer justicia en los casos de los tres niños víctimas de trata que fueron violados sexualmente, de manera reiterada, en dichos albergues a mediados de 2020, y de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmara violaciones a sus derechos y revictimización de los infantes albergados, además de acusar que el caso sigue impune.
Fuentes consultadas por Contralínea explican que, en el caso de las auditorías de la Secretaría de Gobernación, éstas se centrarán en revisar la legalidad en el funcionamiento integral de las asociaciones civiles Comisión Unidos vs Trata y Fundación Camino a Casa –ambas de Rosi Orozco–, así como de sus dos albergues en funcionamiento y de uno más que cerró en 2021, y que se enfocan sólo en menores de edad víctimas de trata.
Sobre el refugio clausurado el año pasado, se analizará todo el contexto de su desaparición, pues la organización Unidos vs Trata argumentó que se debía a fenómenos meteorológicos. Sin embargo, ésta se dio justo cuando la CNDH intensificaba sus labores de investigación de las violencias que revictimizaron a los menores de edad bajo la custodia de esas asociaciones civiles, en el contexto de los trabajos que derivaron en la Recomendación 72/2022.
La fiscalización de la Segob determinará las responsabilidades de las personas físicas que integran ambas asociaciones civiles, pero en particular las vinculadas a la Comisión Unidos vs Trata porque ésta nunca se ha registrado como centro de asistencia social ante esa dependencia, requisito indispensable para todos los particulares –asociaciones privadas y de la sociedad civil– que brinden servicios de protección consistentes en alojamiento residencial a grupos sociales vulnerables, en este caso a menores de edad que han sido víctimas de trata en uno o varias de sus modalidades.
No haberse registrado ante la Segob le ha permitido, por años, operar en clandestinidad aún a pesar de que son las propias autoridades federales (DIF nacional) y estatales (DIF y procuradurías de protección a menores) quienes le han entregado a los infantes: los centros de asistencia social registrados están obligados a presentar informes y a ser sujetos de supervisiones periódicas para que se corroboren las condiciones en las que viven los asilados, y eso jamás lo ha cumplido la organización de Rosi Orozco.
Ejemplo de ello es lo que se apunta en el expediente sobre este caso que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, entregó a Contralínea el pasado 11 de mayo, respecto de las dificultades que enfrentó la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para supervisar estos albergues de la Comisión Unidos vs Trata, a posteriori de las violaciones sexuales contra los infantes, lo que revela, a su vez, que nunca los había vigilado ni sabía cuáles eran las condiciones en las que operaban:
“Después de tener conocimiento de la nota periodística se hacen diversas solicitudes de información tanto a autoridades federales como Segob e Indesol [Instituto Nacional de Desarrollo Social], así como del Estado de México y de la Ciudad de México para obtener antecedentes oficiales del caso y hacer una intervención oportuna por parte de la Procuraduría Federal de Protección, pues al ser centros que no están registrados en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, una de las dificultades para intervenir radicaba en el desconocimiento de sus domicilios”, se explica en el expediente.
Otra anomalía que la Segob debería documentar –ya confirmadas tanto en el documento entregado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, en la Recomendación de la CNDH y en los reportajes de Contralínea– es que el personal no estaba capacitado para esas funciones, pues fue apenas en marzo pasado cuando la Procuraduría Federal certificó a 16 personas (siete de la Comisión Unidos vs Trata y nueve de la Fundación Camino a Casa) que trabajan en los albergues.
Además, que el cuidador en el refugio donde ocurrieron las violaciones sexuales contra los tres infantes también fue víctima de trata sexual, lo que lo incapacitaba para ocupar ese cargo, pues las víctimas no pueden ser cuidadoras de otras víctimas cuando no han concluido su propio proceso de restauración.
En el caso de las auditorías del DIF nacional, se indaga todo lo que tiene que ver con el cuidado de las víctimas menores de edad. Por lo tanto, se espera que revelen los abusos y maltratos en los que ha incurrido, por lo menos, la organización Comisión Unidos vs Trata. Ésta es la responsable directa de los cinco menores revictimizados: tres infantes violados sexualmente mientras vivían en los refugios y dos adolescentes que agredieron a los primeros por la falta de asistencia profesional y diversos descuidos y negligencias.
Una de las falencias en las que podrían centrarse los auditores es precisamente que el cuidador fue víctima de trata sexual y no estaba capacitado para estar al frente del albergue donde ocurrieron los hechos, refieren las fuentes consultadas. También, podrían enfocarse en todas las condiciones que propiciaron las violaciones sexuales contra los tres infantes, como por ejemplo el hecho de que los menores pernoctaban en una misma habitación y se quedaban solos durante las noches y los fines de semana.
Lo que es un hecho es que los trabajos del DIF nacional ya se centran en revisar la idoneidad de los cuidados específicos a los infantes víctimas de trata, como la atención psicológica para superar los traumas (y en el caso de víctimas sexuales, la atención psicosexual que recibieron o no los menores con tendencias a convertirse en abusadores, como es el caso de los dos adolescentes involucrados en este caso). Para ello, ya han pedido acceso a todos los expedientes de los infantes, así como a los perfiles de todos los particulares involucrados con los refugios, y no sólo de los cuidadores.
Asimismo, y ante la ausencia de protocolos previamente detectada, el Sistema Nacional DIF está fiscalizando si se contaba con planes de atención básica sobre todo en temas de salud, incluyendo la psico-emocional. Entre otros aspectos se investiga, por ejemplo, el tema de la correcta alimentación balanceada y recomendada para menores, por edad y etapa de desarrollo; el seguimiento médico regular con pediatras y médicos especialistas, así como sus respectivos expedientes clínicos; la recurrencia de accidentes sufridos dentro de los refugios que pusieran en riesgo su salud física o su vida; su salud dental. Asimismo, todo lo relativo a las actividades físicas, recreativas, educativas y culturales.
De las instalaciones, se revisarán las condiciones generales en las que vivían o viven los infantes (bienes inmuebles y muebles adecuados); las medidas de seguridad propias de las condiciones que enfrentaban al ser víctimas de trata: circuitos de seguridad y videovigilancia, acceso restringido y controlado a internet y tecnologías de comunicación; así como las medidas de protección civil.
Al respecto, deberán tomar en cuenta –como base de su análisis– los hallazgos previos de la CNDH, que en su Recomendación 72/2022 refiere que los infantes tenían acceso a pornografía por medio de internet y que usaban redes sociales donde se geolocalizaban a pesar del riesgo que eso implicaba de que las redes de tratantes de las que habían sido víctimas pudieran ubicarlos.
Otros hallazgos previos que tendrán que retomar son los de las autoridades ministeriales del Estado de México, que han documentado que los niños vivían solos por las noches y fines de semana sin ningún cuidado de personas adultas; y pernoctaban en una misma habitación donde ocurrieron las violaciones sexuales.
“En la declaración judicial de V2 [víctima dos], del 8 de diciembre de 2020, se detalló que en el dormitorio pernoctaban seis niños abajo y tres arriba, que los de arriba eran mayores, que para llegar arriba hay unas escaleras negras, que es un mismo cuarto, que no hay puerta, que el día en que sucedieron los hechos en su agravio estaban jugando pijamadas, y que esto es cuando duermen todos abajo”, refiere la Recomendación 72/2022.
De hecho, la CNDH observa que los adolescentes tenían acceso ilimitado a internet, al grado de compartir contenido pornográfico y manejar redes sociales donde se geolocalizaban. “Este organismo nacional enfatiza el riesgo de los actos aludidos, pues a la vez que son conductas negativas para la salud mental de los niños, fomentan respuestas de tipo sexual que fueron las que originaron el presente expediente; además, a través del internet y de las redes sociales, se puede conocer la ubicación de una persona, por lo que es claro que las medidas implementadas y los cuidados brindados fueron inadecuados o inexistentes frente a un riesgo de seguridad inminente para víctimas del delito de trata de personas, lo que ya había sido previsto por la propia PRONNIF-Coahuila”.
Por ello, señala que “las condiciones en las que se brindó alojamiento a V2 y V3 [víctimas dos y tres] en el refugio de la asociación civil no fueron las apropiadas, los servicios de asistencia proporcionados no contribuyeron a superar el hecho victimizante; por el contrario, la falta de capacidad de su personal para brindarles la atención necesaria puso en riesgo a los adolescentes”.
Por su parte, el SAT investiga todo el aspecto fiscal de ambas asociaciones civiles: declaraciones de impuestos y de recepción de donativos; expedición de comprobantes deducibles de impuestos; manejos de los recursos recibidos en donación. En el caso de la Comisión Unidos vs Trata, con RFC: CUV1208295J5, se fiscalizarán los donativos que recibe vía electrónica (Paypal) y vía bancaria (cuenta en Banamex 8343173) no sólo para la operación de los refugios –donde actualmente viven 21 menores de edad–, sino también para otras supuestas labores altruistas.
Al respecto, la propia página de la organización de Rosi Orozco solicita el apoyo económico para, supuestamente, “proporcionar sustento a 85 personas que requieren de manutención y nutrición; proyectos de prevención de la trata para educar y prevenir sociedades vulnerables; becas escolares para que los sobrevivientes puedan laborar y ser autosuficientes al reinsertarse a la sociedad; atención especializada en traumas que ayuda a los sobrevivientes a enfrentar las secuelas de la explotación sexual de manera holística”. Nada dice de las violencias que las víctimas han vivido en sus albergues.
La auditoría del SAT seguirá toda la ruta del dinero y comprobará si se ha actuado conforme a las leyes aplicables. Tan sólo en seis años, entre 2016 y 2021, las dos asociaciones ligadas a Rosi Orozco aseguraron a la autoridad que obtuvieron casi 37 millones de pesos –aunque la cifra podría ser mayor, ya que la Comisión Unidos vs Trata no figura en el reporte de 2019, aunque sí operó–, de acuerdo con los reportes de donatarias autorizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Éstos dan cuenta de que en cinco años (se excluye 2019 porque no hay datos), la Comisión Unidos vs Trata obtuvo donativos por 17 millones 934 mil 731 pesos; mientras que la Fundación Camino a Casa registró donaciones por 19 millones 6 mil 353 pesos en seis años.
Adicionalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició procesos de fiscalización para establecer las cadenas de mando y responsabilidades de los dueños de los refugios donde tres niños víctimas de trata –uno de ellos con la agravante de padecer discapacidad intelectual– fueron violados sexualmente de manera reiterada en 2020. Y es que en una especie de subrogación de servicios, autoridades federales y estatales transfirieron a los menores a dichos albergues privados, bajo el argumento de no contar con espacio en sus propios asilos, lo que implica una responsabilidad compartida.
La revisión de la FGJEM se inscribe en el seguimiento hecho por la CNDH y en las actuaciones derivadas de la carpeta de investigación 5, abierta por la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y radicada en la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez el 30 de abril de 2021, por el delito de omisión de cuidados en agravio de los tres menores violados sexualmente y en contra de personal de la asociación civil Comisión Unidos vs Trata.
Ésta se abrió de oficio, luego de que los representantes de los refugios de Orozco denunciaran las violaciones sexuales que sufrieron los infantes entre junio y agosto de 2020. En dicha carpeta se señalan las presuntas responsabilidades de las personas físicas relacionadas con las asociaciones civiles, por tener en aquel momento bajo su resguardo, protección y custodia a los menores violentados.
Las auditorías a todas las actividades de las Unidos vs Trata y Fundación Camino a Casa como a sus donativos se dan luego de que, en la Recomendación 72/2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano tiene responsabilidad en este caso por el interés superior de la niñez; asimismo, documentó que, por diversas negligencias, cuatro instituciones –entre las que destaca la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes– son corresponsables de esas violaciones sexuales contra los infantes; y que 16 autoridades federales y estatales violaron los derechos humanos de cinco menores víctimas e, incluso, incurrieron en falsedad de declaraciones para proteger a Rosi Orozco, por lo que estos casos se mantienen impunes hasta la fecha.
Las fiscalizaciones también se dan en el contexto del compromiso público del presidente López Obrador, como representante del Estado mexicano, de hacer justicia en estos casos y que, de comprobarse todas las anomalías, los refugios se cerrarán. Consultado por Contralínea el pasado 19 de mayo, el primer mandatario indicó: “si esos refugios no son confiables, pues no deben de existir, no se deben de autorizar”.
La confianza hacia esos refugios será determinada a partir de los resultados de la serie de auditorías que se están llevando a cabo actualmente. Asimismo, por estas acciones también podría obligarse a la asociación Comisión Unidos vs Trata a pagar los 600 mil pesos que fijó una jueza en el Estado de México como reparación del daño a uno de los tres menores violados sexualmente. No obstante su responsabilidad en estos casos de revictimización, la organización interpuso un juicio de amparo para negarse a pagar.
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