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Hasta el 11 de marzo pasado, Jessica Citlali Galván Camacho se desempeñaba como jefa de Departamento en la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Fue despedida de manera inapelable, a pesar de haber denunciado y documentado acoso sexual, violencia de género y “acoso laboral extremo”.
En la investigación interna 37/2021 se señala como supuestos responsables, en distintas acciones, a Sergio Daniel Vega Cruz, Ángel Ramírez Martínez, Rodrigo Linares Acevedo, Iván Camacho Martínez y Carlos Enrique Rojas Plasencia.
Todos siguen laborando en el CJF. Incluso, Iván Camacho Martínez fue ascendido a encargado de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento en la misma semana en que Jessica fuera despedida. No importó que el expediente estuviera abierto desde marzo de 2021 en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y en la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual. Tampoco, que se engrosara con el paso de los meses porque, lejos de parar, las agresiones contra Jessica se incrementaron.
La integración del legajo cumplió 3 años sin que haya resolución alguna. Contiene certificados médicos emitidos por médicos de la propia Dirección de Servicios Médicos del CJF y privados. Dan fe de afectaciones a causa de las agresiones y del ambiente laboral en que Jessica se encontraba: trastorno por estrés postraumático, angustia, depresión y ansiedad. Por ello, prescriben tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico.
El caso de Jessica Galván es apenas uno entre las miles de quejas que se presentan cada año en el CJF contra sus propios funcionarios por supuestas malas prácticas. Tan sólo en 2023, sumaron 4 mil 973, según el Primer Informe Anual de Labores de la Ministra Presidenta de la SCJN y del CJF Norma Lucía Peña Hernández. 2023. En el documento se consigna que, del total de quejas, 4 mil 80 se presentaron ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y 893 ante la Contraloría de la institución.
La mayoría de las quejas fue desechada. Sólo en 106 se ordenó el inicio de una investigación. De ellas, 87 se convirtieron en procedimientos de oficio derivados de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y 18 en expedientes a cargo de la Unidad General de Responsabilidades Administrativas derivados de la Contraloría.
El documento hace alarde de la supuesta eficiencia del CJF en prevenir y castigar las malas prácticas: “[…] nos mantuvimos vigilantes de los casos en que una servidora o un servidor público hubiese incurrido en una falta disciplinaria” (sic).
Más aún, asegura que: “En los asuntos en que se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa cuidamos guardar el equilibrio entre dos elementos esenciales. De una parte, dar una pronta respuesta a la persona denunciante, previo análisis de sus motivos de queja; por otra, preservar el derecho de presunción de inocencia de la persona servidora pública señalada”.
El expediente por el caso de Jessica fue considerado relevante en 2021 y se indexó en la Unidad General de Responsabilidades Administrativas. A las investigaciones también se integró la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual. Sin embargo, lejos de que el CJF resolviera el caso, o al menos, informara el estado de la investigación, despidió a la víctima.
Para Jessica todo inició en 2019, cuando, asegura, Sergio Vega intentó besarla por la fuerza. Ella se negó y, asevera, en represalia comenzó a sufrir acoso laboral y violencia de género por parte del señalado y de otros compañeros de trabajo.
De acuerdo con el expediente y con las comunicaciones que envió a la presidenta del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández –de las cuales Contralínea posee copia–, el 23 de enero de 2020 fue violentada verbalmente de nueva cuenta por Sergio Daniel Vega y ahora también por Ángel Ramírez Martínez.
De acuerdo con los documentos, y según lo manifestado por Jessica Galván Camacho, la agresión se desarrolló durante una comisión de trabajo dentro de la Ciudad de México. Se vio obligada a regresar en el mismo auto que su antiguo agresor y durante el trayecto fue sometida a improperios e insultos sexuales que los denunciados lanzaban supuestamente contra las mujeres que se cruzaban en el camino. Incluso, Vega aceleró el automóvil contra una transeúnte y lo detuvo justo antes de impactarla.
Jessica asumió que toda esa violencia estaba dirigida en contra de ella y no se sentía segura en su lugar de trabajo. En la comunicación enviada a la presidenta del CJF, Noma Piña, detalla que, antes de iniciar una denuncia interna, dio cuenta de la situación a su jefe directo, entonces Rodrigo Linares Acevedo. El funcionario sólo escuchó, pero no realizó acción alguna.
Buscó entonces al director de Proyectos, en ese tiempo Iván Camacho Martínez. Según el documento, el funcionario se limitó a exhortar a todo el personal masculino del área a que “ya no dijeran cosas frente a las mujeres, porque se están quejando”.
Las agresiones no se detuvieron. Por el contrario, en los siguientes meses se recrudecieron y se “normalizaron” por los compañeros de trabajo de Jessica. Y el día primero de marzo fue citada por Iván Camacho Martínez en su oficina. Ahí, en presencia de Carlos Enrique Rojas Plasencia, quien se desempeñaba como director de Puestos y Concursos, Jessica escuchó que debía firmar su “renuncia voluntaria” ya impresa, colocada en el escritorio.
Se negó. Y el 5 de marzo de 2021 acudió a la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del CJF a denunciar violencia de género, acoso sexual y acoso laboral. Argumentó que las agresiones “han afectado gravemente diversos aspectos de mi salud psicológica, mi estabilidad emocional, mi desarrollo profesional y laboral y también a mi núcleo familiar”. Fue esta queja la que derivó en la investigación 37/2021, hasta la fecha sin resolución ni, mucho menos, reparación de daños para Jessica.
Ante las agresiones, tanto la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas como la de Prevención y Combate al Acoso Sexual ordenaron la ejecución de varias medidas a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. A decir de Jessica, nunca se cumplieron a cabalidad.
De acuerdo con certificados médicos tanto del CJF como los emitidos por médicos privados, la violencia padecida por Jessica derivó en varios trastornos psiquiátricos, entre ellos, estrés postraumático. El programa de salud mental de la propia institución le diagnosticó depresión y ansiedad cuya causa fue la violencia en su entorno de trabajo.
Derivado de las investigaciones, se generó el ordenamiento A/37/2021. Apoyado en los dictámenes médicos y psicológicos practicados a Jessica, se dispuso que la afectada debería trabajar vía remota para no ser expuesta a más agresiones y salvaguardar su integridad emocional. De ello da cuenta el oficio SEA/DGIM/DM/438/2022 dirigido a la propia víctima.
Sin embargo, el 5 de junio de 2023 recibió un nuevo oficio, el DGIM/1058/2023, firmado por Iván Camacho Martínez. Se le ordenaba realizar su trabajo de nueva cuenta en la oficina. Lo anterior sin que hubiera avance alguno en las investigaciones, se le notificara algún cambio en el ambiente laboral o algún tipo de medida para proteger su integridad. La decisión se tomó sin siquiera pedir parecer a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas.
En la carta enviada a Norma Piña el 13 de marzo pasado, Jessica refiere que “al volver a las labores presenciales, las intimidaciones, violencia verbal, discriminación y presión en mi área de trabajo se incrementaron”. De ellas dio cuenta a la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas.
Según los certificados médicos, los padecimientos de ansiedad y depresión se hicieron más graves. Fue necesario que el Programa de Salud Mental del CJF le diera tratamiento psicológico y psiquiátrico con medicamentos. Recibió la atención médica gratuita hasta principios de 2024, cuando fue cancelado el programa. Ahora ella debe costear la atención médica especializada.
No obstante que la investigación supuestamente está en marcha y que certificados médicos advierten que Jessica sufre de padecimientos mentales derivados de violencia laboral ejercida sobre ella, el 14 de febrero pasado se le informó de manera verbal que a partir del día 15 de febrero dejaba de laboral en el CJF.
En la misiva a Norma Piña, la víctima Jessica Citlali Galván Camacho señala que desde el 14 se le prohibió el acceso a la red institucional, al correo electrónico y a la red de trabajo. El anuncio le fue hecho mediante llamada telefónica por Ana Editta de la Cruz Moreno, directora de Administración adscrita a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.
Las “opciones” que la funcionaria le dio fue que presentar su renuncia o recibir la notificación de cese. Sobre la investigación A/37/2024, le dijo que la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas estaba “cerrada” y que en tal caso era necesario presentar una nueva queja.
El despido de Jessica ocurrió 2 días antes de que Iván Camacho Martínez ascendiera a encargado de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF.
En su más reciente informe de labores, el CJF señala que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas incrementó su plantilla “a fin de fortalecer su estructura orgánica y abatir el rezago existente” (sic). Lo anterior, “con la finalidad de que las indagatorias pudieran integrarse y resolverse en el menor tiempo posible y con mayor efectividad” (sic).
De hecho, el informe reconoce que la mayoría de faltas administrativas que se investigan son por “corrupción, nepotismo, acoso laboral, conductas sexuales y de género”.
Sobre las sanciones, el documento señala que en 2023 se impusieron 80. De ellas, 38 a mujeres y 42 a hombres. Destacan los casos de dos magistrados sancionados con amonestación pública y de un juez de distrito sancionado con suspensión temporal. Se inhabilitó a dos secretarios, un oficial administrativo y otro de seguridad. No hubo destituciones.
El caso de Jessica apenas es uno de los que se archivan en la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, aunque formalmente se mantengan abiertos. Otro expediente que destaca es el J/622/2021, que data del 19 de abril de 2021, es decir, ha cumplido más de 3 años.
Otros casos se han difundido en redes sociales, como el de Leyla Aidee Sánchez Razo, secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien ha denunciado acoso laboral al interior del CJF por ser madre.
Contralínea solicitó entrevista con el CJF acerca de las denuncias por acoso sexual y laboral y por violencia de género que se presentan en la institución, particularmente sobre el expediente 37/2020. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
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