Cuando en el otoño de 2019 ardieron las calles de Chile por las protestas sociales, uno de los detonantes del generalizado malestar fueron las precarias pensiones que recibió aquella generación de ancianos empobrecidos por las consecuencias del modelo de ahorro individual para el retiro impuesto por la dictadura militar de Augusto Pinochet, en 1981, bautizadas con el nombre de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Tuvieron que pasar 38 años en el país sudamericano para que los miles de jubilados empobrecidos por los raquíticos montos de sus pensiones salieran a protestar acompañados de sus nietos, exigiendo un cambio a las AFP –primas hermanas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en México–, que empezó a darse el pasado 3 de noviembre cuando al presidente chileno, Gabriel Boric, anunció un proyecto de ley para ejecutar un cambio de este modelo pensionario que quedó muy lejos de ofrecer montos por el 70 por ciento de los últimos salarios de los pensionados.

En México, la sombra de un no muy lejano estallido social de iguales dimensiones no está muy lejos si no se hace algo para desactivar la bomba de tiempo abonada por los primeros efectos de las Afores, impuestas en el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 para desplazar al sistema de ahorro solidario.

La primera generación de trabajadores pensionados bajo la calca del modelo chileno del cual se inspiró, está mostrando de igual forma que los rendimientos ofrecidos hace dos décadas por el gobierno neoliberal de Zedillo tampoco se cumplieron, pues sus pensiones no rebasan el 30 por ciento de su último salario. Y como aderezo a un fracaso mayor, algunos ni siquiera alcanzaron las semanas necesarias para su jubilación.

El sello distintivo de trasladar el sistema solidario de pensiones al de cuentas individuales, ha sido que los gobiernos se han sustraído a su responsabilidad de velar por uno de los pilares de la seguridad social, como es el garantizar una pensión digna, consintiendo un verdadero robo a los ahorros de millones de trabajadores.

En el tramposo modelo iniciado en Chile y proseguido en países como México, son los banqueros los principales beneficiados con el rentable e irresponsable manejo de millonarias cantidades; los trabajadores deben consentir el manejo discrecional de su propio dinero e, incluso, ver desaparecer cuantiosas cantidades por las llamadas minusvalías (pérdidas).

Datos recientes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), hasta el pasado mes de septiembre, y en lo que va del 2022, las Afores reportaron pérdidas por 473 mil 795 millones de pesos. Según los datos del organismo, tan solo en agosto se esfumaron del ahorro de los trabajadores mexicanos 71 mil millones de pesos.

En el 2012, legisladores de San Lázaro alertaron que a quince años de iniciado el nuevo modelo de cuentas individuales, existían graves irregularidades pues las minusvalías ya sumaban 803 mil millones de pesos, pero en contrasentido las Afores lograban ganancias por 287 mil 787 millones de pesos, sin despeinarse.

A lo largo de más de dos décadas, las Afores cobran diversas comisiones, inclusive cuando las cuentas están inactivas, no se salvan de ser sangradas con el uno por ciento del monto ahorrado por cada trabajador, pero además el contratante de la Afore debe consentir que los banqueros se cobren “a lo chino” y de manera directa, alrededor de un 10 por ciento por sus servicios de manejo de cuenta.

De acuerdo a la propia Consar, el monto captado en los 70 millones de cuentas individuales registradas hasta la fecha, asciende a poco más de 5 billones de pesos; esto es, que por ese cobro del diez por ciento, las Administradoras de Fondos para el Retiro se llevan a la bolsa 500 mil millones de pesos. Casi la mitad de lo que el país paga por los intereses de la deuda pública.

En diciembre del 2020, se aprobó en el Congreso una iniciativa que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Desde el lado de diversas organizaciones sociales y del sindicalismo independiente agrupado en la Nueva Central de Trabajadores (NCT), se valoró que dicha reforma representa un obstáculo a la garantía y disfrute de las pensiones por cesantía o vejez, inhibiendo el derecho a una vida digna y a los beneficios de una plena seguridad social.

Esto motivó que el 8 de marzo del 2021 el Sindicato Mexicano de Electricistas y la NCT, promovieran un juicio de amparo indirecto, contra este decreto, siendo radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la Ciudad de México, bajo el expediente 191/2021.

El 14 de enero del 2022, se promovió un recurso de revisión ante el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, bajo el RT11/2022.

Importante mencionar que este proceso jurídico, el pasado cuatro de mayo los integrantes del Tribunal en Materia de Trabajo, por unanimidad de votos en su Resolutivo Quinto, resolvió remitir el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver sobre el mencionado decreto.

Dos meses después, el cinco de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el Expediente RA 266/2022, relativo a la Acción de Inconstitucionalidad, turnándose el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Segunda Sala del Máximo Tribunal.

En manos del Ministro, al que el SME le hizo llegar un Amicus Curiae, está nada menos que la responsabilidad histórica de devolver a México tanto el sentido de la seguridad social contemplado en la Constitución, como en los Tratados Internacionales, referente al tema de las pensiones que como se está viendo no solo en Chile sino en otros muchos países, ha provocado un daño de incuantificables costos sociales en millones de jubilados.

La presión social en Chile fue de tal dimensión que terminó definiendo unos comicios presidenciales donde salió triunfador, Gabriel Boric. El hoy presidente chileno ha sido orillado por el estado de pobreza de los jubilados de su país a buscar caminos alternos que enmienden el daño social ocasionado por las AFPs, impuestas por Augusto Pinochet, sin pedir consentimiento ni parecer a los trabajadores.

De manera lamentable, con la aprobación de la reforma de diciembre del 2020, los congresistas mexicanos incurrieron en superlativa irresponsabilidad al no analizar de manera detallada la regresión a las conquistas adquiridas a favor de los trabajadores y sus pensiones, con el contenido del decreto que votaron a ciegas y que obliga a volver los ojos al viejo sistema solidario, antes de que las calles de México terminen ardiendo, como sucedió en Chile.

Martín Esparza/Primera parte