FOTO: CUARTOSCURO
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, intentó negociar en lo oscurito la entrada en vigor del traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. También acusó que en esta “politiquería ramplona”, Piña intentó “abrirle el apetito” de poder a la secretaria Rosa Icela Rodríguez.
En su conferencia matutina desde el puerto de Veracruz, el primer mandatario expuso que no sólo fue Piña la que buscó llegar a acuerdos por debajo de la mesa, sino que también otros ministros mandaron mensajes al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Ayer 20 de abril, reveló el presidente de la República, algunos ministros se arrepintieron [del sentido de su voto con el que se declaró inconstitucional que la GN esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. “En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos: a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después”.
La respuesta de López Obrador fue contundente: “No. Le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública: ‘no. Nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”. Detalló que previo a estos mensajes y a la votación que quedó ocho contra tres, los ministros y ministras opositores a su gobierno “estaban muy prepotentes. Pero la gente está en contra de ellos porque ya no es el tiempo de antes”.
El titular del Ejecutivo federal detalló que esos ministros, incluida la presidenta Norma Piña querían negociar la entrada en vigor de este cambio. Pero, reiteró que la instrucción a Adán López y a Rosa Icela Rodríguez fue: “ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono”.
Asimismo, reveló que estos mensajes de la ministra Piña se dieron en el contexto de un desayuno que sostendría ayer mismo [20 de abril] con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. “Entonces, cuando me enteré […] les dije [a los secretarios Rosa Icela y a Adán Augusto]: ‘no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida’”.
En clara referencia a los ocho ministros de la Corte que votaron para que el mando regresara a la Secretaria de Seguridad, el presidente López Obrador criticó que sea una élite corrupta la que decidió un asunto tan delicado como es la seguridad del pueblo de México. Por ello, indicó: “ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda, y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo, siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbran antes”.
El primer mandatario descubrió que el desayuno entre Norma Piña y Rosa Icela Rodríguez sí se llevó a cabo: “sí, y ahí empezaron. Y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía —voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba— le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”.
Al respecto, aseguró que Rosa Icela Rodríguez contestó que no era un asunto de ella. López Obrador lamentó el nivel de indignidad de los ministros y ministras de la Corte, “cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque”.
Fue el pasado martes 18 de abril, cuando los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcantara Carrancá y Luis María Aguilar Morales declararon la invalidez del decreto que trasladaba la facultad de mando y cambio de adscripción de la Guardia Nacional. Los únicos ministros que respaldaron que el mando de la GN quedara en manos de la Sedena fueron Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Ayer 20 de abril, la Corte determinó un plazo de 8 meses para que se concluya el traspaso a la Secretaría de Seguridad.
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