Año negro para defensores indígenas: 14 asesinados en 7 meses

Recién ingresamos al segundo semestre del año, pero ya podemos señalar que este 2021 ha resultado desastroso para los indígenas defensores de territorios y derechos humanos. Con el asesinato del tsotsil Simón Pedro Pérez López, de la organización Las Abejas de Acteal, de enero a la fecha suman 14 los homicidios contra activistas de los pueblos originarios.

Un recuento, elaborado por Indigenous Peoples Rights-International (Derechos de los Pueblos Indígenas-Internacional) y los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y de la Montaña Tlachinollan, señala que las 14 víctimas mortales mexicanas se registraron en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora. Fueron atacadas en represalia por la defensa que hacían de sus territorios y cultura.

Las muertes de estos luchadores sociales son la trágica manifestación de la presión que están viviendo las comunidades indígenas mexicanas. Poderosos intereses, privados y estatales, ambicionan “recursos naturales” que para los indígenas son parte de sus territorios y de la Madre Tierra. Los intensos procesos de despojo que padecen los pueblos, tribus y naciones de lo que hoy es México no han concluido. Generalmente los pueblos resisten, pues cuentan con vigorosas vidas comunales y comunitarias y con una experiencia de lucha acumulada por siglos. Pero también hoy el capitalismo empuja, como en los peores tiempos, una acumulación por despojo que incluye la eliminación física de lo que se le interponga.

De forma por demás dolorosa, cada uno de estos asesinatos prácticamente fueron anunciados. No se trata de ataques inesperados o fortuitos. Por el contrario, cada uno de ellos tiene detrás, y desde hace meses y años, otros asesinatos y múltiples casos de intimidación y violencia… que no se castiga. De hecho, en el pronunciamiento conjunto de las organizaciones se advierte que los perpetradores parecen gozar impunidad, pues nada avanzan las investigaciones ni, menos, se detiene a los culpables.

El asesinato de Simón Pedro –el pasado lunes 5, alrededor de las 10:00 horas, en la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas– ocurrió en un contexto de violencia paramilitar que sufren las comunidades de la zona y que se ha denunciado prácticamente desde el inicio del actual sexenio. La emboscada contra el defensor de derechos humanos, pacifista y catequista ha sido el lamentable corolario del asedio armado permanente que deben soportar decenas de familias. Sólo en un periodo de 17 días de observación, realizado por el Frayba en 2020, se pudieron documentar 56 agresiones armadas en contra de 12 comunidades del municipio de Aldama. Hoy las personas desplazadas por esta violencia suman 3 mil 499, con 23 heridas de bala y seis personas asesinadas antes que Simón Pedro.

En Oaxaca, en un periodo de 3 meses han sido asesinadas cinco personas de una sola comunidad. Se trata de la chatina Paso de la Reyna, de apenas 500 habitantes. Desde hace más de una década, los pobladores se oponen a la construcción de la Presa Hidroeléctrica y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde. Entre enero y marzo de este año fueron asesinados a balazos Jaime Jiménez Ruiz (28 de marzo), exagente municipal e integrante del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde; Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes (entre el 14 y el 15 de marzo), y Fidel Heras Cruz, presidente del Comisariado Ejidal y defensor del territorio (23 de enero).

En la región purépecha de Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, se han registrado cinco asesinatos de diciembre al día de hoy. Son los casos de María Eufemia Reyes Esquivel (4 de diciembre); Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón (17 de enero), y Manuel Carmona Esquivel (17 de febrero). Todos los asesinatos están vinculados a la defensa del territorio. En los casos de Vicente, Ambrosio y José Luis ni siquiera las autoridades han investigado los hechos ni han expedido las actas de defunción. Fueron asesinados en medio de sus tareas como parte de la Ronda Comunitaria, con la que cinco comunidades ejercen su derecho a la autonomía para enfrentar al crimen organizado.

Los otros dos casos son de la Tribu Yaqui, en el sur de Sonora. El pasado 27 de mayo fue desaparecido uno de sus voceros más visibles, Tomás Rojo Valencia. Semanas más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hizo público que había encontrado su cuerpo sin vida. El 12 de junio, además, fue asesinado Luis Urbano Domínguez, otro de los yaquis más activos en la defensa del agua.

Indigenous Peoples Rights International en México lamenta la “inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno”. Señala que las autoridades tienen la obligación de investigar los asesinatos, impartir justicia, revelar la verdad y garantizar medidas de no repetición hacia los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad.

Por supuesto que 3 años –los que lleva la 4T– serían insuficientes para revertir décadas, acaso siglos, de explotación y despojo contra los pueblos originarios. Pero lo preocupante es que no queda claro si siquiera se están dando pasos en el sentido de garantizar los derechos y la cultura indígenas. “Consultas” a modo que atentan contra los territorios y montes sagrados, y “neutralidad” donde hay víctimas y victimarios, parecen indicar una política de desgaste contra los indígenas que no se hincan, contra los rebeldes. Por verse si los liberales de hoy repetirán el racismo y el menosprecio que frente a apaches, yaquis, mayas y demás pueblos mostraron los del siglo XIX y que, se asegura cada mañana, son el referente del actual gobierno mexicano.

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