El movimiento social de protesta “No a los Reyes”, registrado prácticamente en todas las ciudades de Estados Unidos con más de 2 mil 600 movilizaciones y la participación de 7 millones de personas, reveló el rechazo generalizado a las políticas autoritarias y represivas de Donald Trump, a casi un año de su triunfo electoral.

Más que un “rey”, Trump se ha mostrado como un dictador enloquecido y bipolar, que ha agredido al mundo con sus decisiones arancelarias; ha sometido a países enteros a sus caprichos. México no ha escapado a esas presiones ni a los plazos perentorios que impone desde que asumió el poder el 20 de enero.

Ningún gobierno –salvo excepciones como la del también desbocado primer mandatario argentino Javier Milei– puede tener certeza de que los tratados comerciales, políticos o de paz firmados con Trump sean respetados por el magnate financiero. Su estilo errático y su desprecio por las normas internacionales han generado un ambiente de incertidumbre global.

Muestra de ello es la inquietud que rodea la renegociación del T-MEC, prevista para julio del próximo año. Tanto Trump como varios miembros de su gabinete ya han insinuado su intención de reemplazar el acuerdo trilateral por negociaciones bilaterales. De esa manera, anularían los compromisos conjuntos entre Estados Unidos, México y Canadá. Esta postura anticipa un escenario de confrontación que podría afectar la estabilidad económica de la región.

Apenas el 13 de octubre, el presidente estadunidense firmó los tratados de paz que, en teoría, pondrían fin al genocidio en la Franja de Gaza perpetrado por el gobierno israelí. Lo hizo imponiendo sus propias condiciones, sin considerar la realidad en el terreno. Sin embargo, el fascista Benjamín Netanyahu rompió el acuerdo poco después y reanudó los ataques contra centros de población civil, escudándose en supuestas incursiones violentas del grupo Hamas.

La tinta de los documentos aún no terminaba de secarse cuando volvieron a mancharse de sangre. Los bombardeos y ataques de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) dejaron un saldo de 97 muertos y 230 heridos en la Franja de Gaza.

Lejos de sancionar esta violación a la tregua, Trump y sus funcionarios responsabilizaron a Hamas de haber roto los acuerdos de paz, en un acto más de cinismo político. Con ello, el primer mandatario estadunidense volvió a mostrar su falta de coherencia y probidad, incapaz de respetar ni siquiera sus propios compromisos.

Los hechos lo confirman: Trump no respeta los derechos civiles de sus ciudadanos, ni los acuerdos de paz internacionales, y mucho menos aquellos tratados comerciales, que deberían regirse bajo las normas del derecho internacional. Su política exterior se ha convertido en una sucesión de amenazas, chantajes y rupturas.

Ante esta situación, surge una pregunta inevitable: ¿Quién puede asegurarle a nuestro gobierno que el desequilibrado dictador no decida cancelar el T-MEC el próximo año, o antes, si así se lo dicta su voluble estado de ánimo?

El próximo 16 de noviembre vence el plazo para que los distintos sectores del país –incluido el laboral– presenten sus comentarios y recomendaciones sobre las evaluaciones alcanzadas por el T-MEC, con miras a la revisión que deberá realizarse a partir del 1 de julio de 2026.

Es de esperarse que en esos consensos se propongan opciones alternativas, en caso de que Trump decida dar por terminada la vigencia del acuerdo o, en su defecto, intente reemplazar sus reglas por negociaciones bilaterales impuestas a su conveniencia. Estas acciones podrían utilizarse como instrumentos de presión política y económica contra sus socios comerciales, tal como ha hecho en el pasado.

Nadie –ni en Canadá ni en México– debería sentirse sorprendido si un escenario de ese tipo se presenta. Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con poner fin al T-MEC, calificándolo como “el peor acuerdo jamás hecho”. Su imprevisibilidad y su tendencia a gobernar mediante la confrontación han sembrado un clima de desconfianza general.

Es cierto que Estados Unidos representa el principal destino de nuestras exportaciones, pero no debe olvidarse que México, por sí mismo, posee un mercado interno de más de 120 millones de consumidores, lo que lo ubica como la duodécima economía mundial, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta realidad obliga a mirar hacia adentro, a fortalecer las capacidades propias y reducir la dependencia del vecino del norte.

En este mismo espacio se ha señalado la necesidad de que, en la próxima revisión del tratado, se alcance una mayor asimetría en los mecanismos del capítulo laboral, de modo que la protección de los derechos de las y los trabajadores sea extensible a las personas migrantes mexicanas. Sin embargo, Washington difícilmente accederá a un cambio de esa magnitud, pues implicaría reconocer una deuda moral y jurídica que se ha negado a asumir durante décadas.

Si bien las amenazas de deportaciones masivas de connacionales se han ido atenuando, no han desaparecido. Los propios sectores productivos de la economía estadounidense –la construcción, los restaurantes, la hotelería y la agricultura– presionaron a Trump para que reconsiderara el impacto negativo que tendría perder un volumen tan alto de mano de obra barata. Aun así, el tema migratorio continúa siendo una arma de chantaje y presión política contra México, a la que Trump recurre cada vez que lo considera útil.

La presidenta Claudia Sheinbaum no se equivocó al exponer las cifras sobre la aportación de las trabajadoras y trabajadores mexicanos en Estados Unidos. En 2024, las remesas enviadas a nuestro país alcanzaron los 65 mil millones de dólares, una cifra que, aunque considerable, representa solo el 20 por ciento del valor total que generan nuestros connacionales en la economía estadounidense a través de su ahorro, consumo e impuestos.

Esto significa que las y los mexicanos aportan a Estados Unidos recursos anuales por alrededor de 260 mil millones de dólares, contribución que rara vez se reconoce y que evidencia el profundo desequilibrio entre el valor que generan y el trato que reciben.

Nuestro gobierno debe estar preparado para escenarios inciertos pero previsibles, y considerar otras opciones estratégicas. México no depende exclusivamente de sus vecinos del norte; cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 naciones, 32 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con 33 países, y nueve acuerdos de alcance limitado (de complementación económica o de alcance parcial).

Estos instrumentos no pueden relegarse, pues representan una alternativa real para diversificar relaciones comerciales y construir un Plan “B” que permita acceder a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y al 60 por ciento del PIB mundial.

Otra circunstancia que debe impulsarnos a abrir nuevas posibilidades ante las probables agresiones de Trump en materia comercial es la unidad mostrada por los sectores empresariales. Desde que comenzaron las amenazas, las cámaras empresariales, de comercio y de servicios manifestaron su respaldo a la postura adoptada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una de sus conferencias matutinas, la mandataria presentó a las y los integrantes del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, conformado por 15 empresarias y empresarios que acordaron coordinarse con el gobierno federal y con instituciones académicas. El objetivo: diseñar una estrategia nacional de relocalización de empresas, promover inversiones productivas, generar empleo y fortalecer el desarrollo regional.

Desde ese momento quedó claro que, aunque muchos de esos empresarios no comparten la ideología del Segundo Piso de la 4T, comprendieron que las condiciones internacionales exigen unidad. En tiempos de incertidumbre, más allá de las diferencias políticas, entendieron que la estabilidad económica también depende de jalar parejo.

En este marco, el gobierno federal no debe dejar de impulsar la economía social y solidaria, ni de fortalecer las cooperativas que contribuyen al desarrollo interno. Estas estructuras pueden integrarse a la estrategia nacional de crecimiento, complementando la inversión privada con modelos más equitativos y sostenibles.

Opciones existen, y no son menores. Pero es indispensable prepararse por si el oligofrénico Trump decide negarse a renegociar el T-MEC o, en su defecto, busca imponer condiciones desventajosas que afecten a las y los trabajadores y a los consumidores mexicanos.

Frente a esa posibilidad, México debe mantener su independencia económica, defender su soberanía y fortalecer su mercado interno. No solo para resistir las presiones del vecino del norte, sino para afirmar su papel como nación capaz de decidir su propio rumbo.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas