La materialización de la batalla histórica de los pueblos negros o afrodescendientes –contra la exclusión social, racismo, discriminación, desigualdad, despojo, violencia y abandono gubernamental– apenas inició con la reciente reforma al artículo 2 constitucional, que por primera vez se les reconoce como parte de la composición pluricultural de México. Aunque este cambio aún no permea en la práctica institucional o en políticas públicas específicas, los pueblos afromexicanosmantienen vigente su exigencia de garantías plenas para el ejercicio de sus libertades y sus derechos

Segunda Parte. Con la aprobación de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de México, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanasfueron reconocidas como sujetos de derecho público,con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estoimplica un cambio sustancial en su relación con el Estado, y responde a una demanda histórica de acabar con la exclusión, despojo e invisibilización.

Esa reforma también responde a las luchas de estos pueblos y comunidades por un reconocimiento pleno y efectivo de sus derechos. “Ha sido un trabajo, un proceso que no ha sido fácil, que ha sido largo y que seguimos enfrentándolo, porque hoy tenemos el reconocimiento constitucional”, explica en la activista Rosa María Hernández Fitta.

La presidenta del Consejo Afroveracruzano y consejera del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) agrega que, aunque con esta reforma los pueblos y las comunidades afromexicanas son sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, “no quiere decir que hayamos dejado de enfrentar problemáticas”.

El reconocimiento constitucional trasciende el plano simbólico y se convierte en obligaciones concretas para el Estado, particularmente en la asignación de recursos públicos. El doctor Mario Alberto Azuara Cárdenas, especialista en derechos humanos por la Unidad de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), explica que este reconocimiento se traduce en la posibilidad real de exigir derechos, solicitar recursos públicos y participar en acciones afirmativas del Estado.

“Las acciones afirmativas implican definir qué va a hacer el Estado en beneficio de los pueblos afromexicanos; dígase en educación, por ejemplo, que se dé un reconocimiento en los libros de texto y se incluya la participación de los pueblos afromexicanos en la formación de México, la Independencia, Revolución y en el México Contemporáneo; que se les dote de oportunidades como becas, apoyos y programas para estos grupos que han sido históricamente marginados, discriminados y orillados a una situación de pobreza y de pobreza extrema”, añade el doctor Azuara.

Para la legisladora Rosa María Castro Salinas, secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Cámara de Diputados, “esta reforma abre toda una esperanza nueva para los pueblos y específicamente cuando hablamos de los pueblos afro representa mucho porque nosotros tenemos muy poco tiempo de ser incluidos en la Constitución”.

Y agrega que uno de los elementos más relevantes de la reforma es precisamente esa personalidad jurídica, ya que permite que los recursos públicos lleguen directamente a las comunidades. “Por primera vez, los recursos llegarán de manera directa a las comunidades afromexicanas e indígenas, no se van traspasando de mano en mano, que eso trastocaba mucho los recursos, sino que ahora llegan directo a la comunidad de acuerdo a sus costumbres, tradiciones y sistemas normativos. Esto a partir de asambleas libres, previas e informadas, donde deciden qué van a hacer con ese recurso o qué obra van a hacer”.

La legisladora Castro Salinas considera que esta reforma visibiliza a los pueblos, les concede existencia jurídica y los inscribe –por fin– como sujetos activos en la construcción de México. Ya no se trata solo de aparecer en el marco constitucional, sino de ser reconocidos en la historia, en la memoria descolonizada y en el ajetreo de la sociedad.

De acuerdo con los entrevistados, la asignación derecursos directos hará una gran diferencia. Ello, porque los pueblos indígenas y afromexicanosatraviesan condiciones de pobreza y de falta deacceso a servicios básicos, como drenaje y agua potable. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 32.2 por ciento de la población afromexicana y el 66.3 por ciento de la indígena reportaron vivir en situación de pobreza. Estas cifras evidencian que ambos grupos poblacionalessiguen padeciendo marginación y exclusión racial, económica y territorial.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Ante este contexto, el pueblo afro demandó durante décadas la asignación de un presupuesto para atender las necesidades que atraviesan. “Algo que siempre nos han indicado estas comunidades en las asambleas comunitarias es que, sin presupuesto, realmente no habría un apoyo real para estas comunidades”, dice la diputada Naty Poob Jiménez Vásquez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanosen la Cámara de Diputados.  

Para atender esta exigencia, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo creó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM),en enero de 2025.

El FAISPIAM retoma el proyecto de nación delineado por el expresidente López Obrador. Y mediante un convenio entre el gobierno de México y las entidades federativas, garantizará recursos directos para obras de infraestructura social en comunidades indígenas y afromexicanas, bajo criterios de autodeterminación, participación comunitaria y respeto a sus sistemas normativos. En su primer año, este fondo contó con 12 mil 374 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura social básica que la población eligió previamente de manera democrática en asambleas comunitarias.

Sobre el tema, la diputada Naty Poob Jiménez explica a Contralínea que “a través de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual presido, pasamos un presupuesto de FAISPIAM, que ejerce un 10 por ciento del presupuesto nacional y que es de manera transversal, porque abarca desde el tema de infraestructura, pavimentación, techados, caminos artesanales y que obviamente eso es algo en las comunidades afrodescendientes porque de por sí estaban súper rezagadas”.

El doctor Mario Alberto Azuara observa que, gracias a la reforma, se eliminarán candados y directamente la población afromexicana podrá solicitar al Estado una partida específica del presupuesto. Este cambio, dice, contrasta de manera radical con lo que ocurrió en  los gobiernos neoliberales, que no sólo omitieron el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas y afromexicanos, sino que profundizaron la desigualdad estructural y reprodujeron un discurso racial excluyente.

“Antes todo dependía de que el municipio pidiera apoyos, pero estos se destinaban de manera general a las comunidades, comuneros, campesinos o pueblos indígenas y sólo una menor proporción llegaba a pueblos afromexicanos. Entonces, en realidad, no les llegaba nada”, acusa el especialista en derechos humanos.

Con el reconocimiento expreso en la Constitución –que les otorga patrimonio y personalidad jurídica–,las comunidades afromexicanas adquieren la capacidad de participar de forma directa en la disputa presupuestal, agrega el doctor Azuara. “¿Qué quiere decir? Que pueden exigir recursos, como lo hacen otras instituciones. Así, la población afromexicana va a tener la posibilidad, por conducto de sus representantes, de decidir y decir: ‘también a mí me toca apoyo, el apoyo no es suficiente, esta es nuestra realidad, este es el estudio que tenemos aquí. Entonces, el apoyo tiene que ser más y tiene que ser directamente con nosotros’”.

Según el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación(DOF), para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos se establece la creación de Comités de Administración y de Vigilancia Comunitarios, integrados por miembros de los pueblos, comunidades y localidades beneficiarias. Asimismo, estos comités serán responsables de administrar y ejecutar los recursos del fondo, así como de supervisar y dar seguimiento a los proyectos con el objetivo de asegurar que el uso del presupuesto responda a las necesidades, prioridades y aspiraciones de cada comunidad.

“Con fecha 16 de enero de 2025 fue suscrito el Convenio entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la creación del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social denominado ‘FAISPIAM’, mediante el cual, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Bienestar, destinará el 10 por ciento de los recursos del FAIS de manera directa a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanasreconocidos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; quienes a través de Asambleas, conformarán dos Comités por comunidad: el Comité de Administración y el Comité de Vigilancia”, se lee en el Acuerdo.

A pesar de ello, la legisladora Naty Poob Jiménez cuestiona: “¿qué ocurrirá a futuro con este fondo y con su permanencia institucional?” A su juicio, el desafío no se limita a una correcta implementación, sino a su consolidación a largo plazo. En ese sentido, advierte la importancia de que el tema no se agote en el plano constitucional, más bien que se fortalezca desde el ámbito presupuestal, con el fin de blindar al FAISPIAM frente a posibles cambios de gobierno o de la política pública.

Para que estos recursos queden previstos también en la Ley de Hacienda, el trabajo debe continuar desde la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanosde la Cámara de Diputados. “La idea es que, cuando llegue otro presidente o presidenta, no sea un tema sólo de carácter constitucional, sino que sea previsto en la Ley Hacendaria y entonces así justamente vaya creciendo exponencialmente año con año”.

La preocupación de la legisladora Naty Poob se enlaza con la de la activista Rosa María Hernández Fitta, quien remite a una realidad histórica marcada por carencias estructurales profundas: “al pueblo afromexicano le hace falta todo, porque nunca hemos tenido nada”. La activista dice que una política pública verdaderamente integral no puede limitarse a la asignación de recursos, sino que debe atender múltiples dimensiones del desarrollo comunitario. Entre ellas, la necesidad de impulsar el desarrollo económico en las comunidades afromexicanas, que los municipios con presencia afrodescendiente sean oficialmente reconocidos como municipios prioritarios de atención –en condiciones equivalentes a aquellos con población indígena– para mejorar de manera sustantiva sus presupuestos y capacidades de respuesta.

A ello se suma la urgencia de subsanar una deuda histórica en el ámbito cultural y de la memoria colectiva, derivada de décadas de invisibilización de los pueblos afromexicanos en el relato de la construcción mexicana. “Necesitamos que se cuente nuestra historia, que existan museos comunitarios y que en los museos nacionales haya salas donde se hable de lo que somos, de lo que trajimos, de lo que aportamos y de lo que aún conservamos”, plantea Hernández Fitta.

Fuente: gobierno de México

Reescribir la historia para abrazar la identidad afromexicana

El reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos no sólo interpela al Estado en términos jurídicos y presupuestales, también lo obliga a revisar los silencios que moldean la historia oficial del país. Durante siglos, la presencia afrodescendiente fue borrada de los relatos fundacionales, confinada a notas marginales o reducida a estereotipos que negaron su papel en la construcción de la nación. Hoy, la disputa ya no es únicamente por recursos o por la personalidad jurídica, sino por el derecho a la memoria, a la identidad y a una narrativa nacional que reconozca todas sus raíces.

Para legisladores y especialistas, reescribir la historia mexicana no es un gesto simbólico, sino queconstituye una condición necesaria para garantizar la identidad y la ciudadanía plena. En este sentido, la consejera nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Rosa María Hernández Fitta, sostiene que la visibilización de la presencia afromexicana en la narrativa nacional es clave para combatir la exclusión histórica y avanzar hacia el reconocimiento pleno de su ciudadanía como parte constitutiva de la nación.

Dicho reconocimiento constitucional debe traducirse en oportunidades concretas. “¿Qué más necesitamos? Oportunidades para que se reconozca cuántas personas de nuestras comunidades han representado a este país, porque a veces no se reconoce desde esta perspectiva que forman parte de nuestro pueblo y de nuestra comunidad”. Con ello, dice, se suma la exigencia de fortalecer el desarrollo cultural en los territorios afromexicanos.

Como ejemplo, la activista expone lo que sucede en entidades como Veracruz, donde resulta indispensable impulsar políticas que preserven y fomenten expresiones –como el “son jarocho”–para evitar su desaparición y garantizar que niñas y niños puedan aprender a tocar instrumentos, zapatear en la tarima, hacer décima y construir sus propios instrumentos, así como preservar tradiciones musicales de origen africano, como la marimba.

La activista Rosa Fitta también señala la necesidad de valorar la gastronomía afromexicana y reconocer la herencia lingüística africana que persiste en el español que se habla en estas comunidades: “Hoy nuestra lengua es el español, pero hay vocablos de origen africano que deben ser reconocidos”. Para ella, este proceso debe ir acompañado de una educación humanista con enfoque intercultural que permita a las infancias afromexicanas sentirse orgullosas de su identidad y de su historia.

“Que los niños y las niñas de estas comunidades puedan sentirse orgullosos de lo que son, abordando también su formación y su educación desde una perspectiva intercultural. Fortalecer esa formación de los maestros que van a ir a las comunidades afro, para que no se omita nuestra historia y se enseñe desde las aulas”.

En la misma línea, la legisladora Rosa María Castro Salinas, integrante del grupo parlamentario de Morena, afirma que formar parte del proyecto de nación mexicano implica romper con la idea de extranjería que durante décadas relegó a los pueblos afromexicanos a la otredad. “Antes nos decían que éramos extranjeros porque no parecíamos mexicanos. Eso ya se acaba”.

A su juicio, el reconocimiento constitucional legitima su presencia, su origen y su participación en la vida nacional con pleno carácter jurídico. “La Constitución legitima nuestra presencia, nuestra participación, nuestro origen en México; los orígenes de las y los afromexicanos o afrodescendientes, con todos los términos jurídicos, con todo el carácter jurídico, con el reconocimiento”.

Este reconocimiento, según la legisladora Castro, es resultado de un proceso de discusión profunda en el que participaron activistas, liderazgos comunitarios y personas expertas: “Allí estuvimos trabajando, nos dividimos los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos, pero los elementos sustantivos se construyeron de manera colectiva”.

Entre ellos destaca el derecho a la consulta previa, libre e informada en los casos que se requiera por interferencia en los territorios o alteraciones en la vida comunitaria; una omisión histórica que permitió durante décadas el despojo de tierras y recursos. “Desafortunadamente muchos territorios fueron despojados porque no había esta reglamentación”, explica Castro.

Otro de los puntos centrales de la discusión legislativa fue la inclusión de conceptos clave para los pueblos afromexicanos, como la “justicia reparatoria”, la “libre determinación y la autonomía”, en consonancia con los lineamientos del Foro Permanente de los Pueblos Afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, la morenista destaca la incorporación del concepto de “trauma transgeneracional” vinculado directamente con el proceso histórico de la esclavitud.

“No es lo mismo cuando hablamos de pueblos indígenas, los pueblos indígenas no vivieron un proceso de esclavitud como tal, tal vez lo vivieron, digamos, de alguna manera, pero no deliberado como el caso de las personas de origen africano que fueron esclavizadas, que fueron encadenados, que su libertad fue destruida totalmente. Entonces, su personalidad, sus pensamientos, todo eso fue disminuido, menoscabado, en ese proceso de esclavitud”.

Añade que este daño no desapareció con el paso del tiempo, sino que se transmitió de generación en generación. “Es decir que todavía escuchamos a personajes de la vida pública diciendo: ‘ay, los negros están bien como esclavos’. Eso tiene un efecto emocional cañón, o sea, fuertísimo. Por eso, pusimos en discusión el trauma transgeneracional como un factor que ha menoscabado la vida de las y los afrodescendientes en el mundo entero”.

De manera paralela, también se insistió en nombrar el racismo no sólo como un fenómeno individual, sino como un sistema; explicó Rosa María Castro a esta revista: “Hablamos de racismo sistémico, porque existe toda una estructura que ha construido la idea de que hay personas superiores y personas inferiores. Eso es el racismo sistemático”.

Para la legisladora, estos conceptos son resultado de una larga lucha histórica que orientó a la reivindicación de los pueblos afromexicanos y al reconocimiento por parte del Estado de las violencias y exclusiones acumuladas durante más de cinco siglos. “Apenas estamos viendo los primeros actos de reivindicación. Falta mucho, pero hoy ya existen bases jurídicas para empezar a saldar esa deuda histórica”.

Fuente: Diario Oficial de la Federación

Lucha histórica

En 2001, como resultado del debate nacional intensificado tras la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas en las que por primera vez se menciona a los pueblos indígenas del país. Sin embargo, este supuesto “avance legislativo”quedó lejos de garantizar la libre determinación, autonomía y el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

Las anteriores limitaciones constituyeron una clara violación a los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el EZLN y el gobierno federal –encabezado por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León– cuyo eje central era, precisamente, el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas.

Pero, en el caso de las comunidades afrodescendientes o afromexicanas, esas negociaciones ni siquiera lograron atisbar los frutos de su propio movimiento. Para ellas, la lucha por aparecer en el marco legislativo no alcanzó la tinta; su derecho a existir y a ser nombradas jamás encontró la voluntad del Estado. Así, su exclusión profundizó la invisibilización que lleva siglos atravesándolas.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, en diciembre de 2018, su gobierno retomó la demanda del reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, no fue hasta el final de su sexenio (2024) cuando se concretó aquella promesa dirigida a los sectores más pobres, marginados, violentados y olvidados del país.

En su último día de mandato, López Obrador firmó el decreto de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Este marco logró modificar, adicionar y derogar diversas disposiciones del artículo 2 de la Constitución, con la construcción del primer paso para reconocer a dichas poblaciones como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La primera reforma de gran calado en esta materia se presentó en 2019 –cuando se adicionó un “apartado C” al artículo 2 constitucional– pero el camino hacia una reforma integral estuvo muy lejos de ser sencillo. Durante ese periodo, la iniciativa enfrentó resistencias, tanto al interior de la propia mayoría legislativa integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM); como de las fuerzas políticas de oposición: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). La iniciativa fue rechazada por algunas industrias extractivas y de los grandes capitales.

La ruta impulsada desde la Presidencia de la República comenzó cuatro días después de la llegada de López Obrador al Ejecutivo. En ese momento, el exmandatario sostuvo un encuentro con representantes de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de construir de manera conjunta la agenda que el Estado mexicano debía impulsar en materia de derechos colectivos.

Posteriormente, el entonces primer mandatario emprendió la gira “Diálogo con los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, mediante la cual recorrió alrededor de 100 comunidades del país para escuchar directamente las demandas, así como identificar y evaluar los rezagos históricos del Estado mexicano en el reconocimiento y garantía de sus derechos fundamentales.

Fuente: Presidencia de la República

Como resultado de estas giras, se delineó el “Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas” y se retomó de manera formal la propuesta de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. De manera paralela, la Cámara de Diputados avanzó en la discusión y aprobación de la legislación secundaria, entre ellas la Ley General de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; proceso legislativo que dejó al descubierto las tensiones entre las distintas bancadas parlamentarias, incluidas las de Morena y sus partidos aliados.